El presidente Gustavo Petro atribuyó parte del alza inflacionaria de marzo, que llegó a 0,78%, al encarecimiento de la telefonía móvil. Según el mandatario, el incremento cercano al 3% en estos servicios podría estar relacionado con la integración entre operadores como Tigo y Movistar, junto con ajustes posteriores del resto del mercado.

El señalamiento aparece en un momento sensible. La categoría de información y comunicaciones fue la que más subió dentro del IPC mensual, con una variación de 2,96%, muy por encima del promedio nacional.

Petro calificó el aumento como perjudicial para los usuarios y pidió explicaciones a los operadores, entre ellos Claro. También solicitó la intervención de las autoridades de control para revisar lo ocurrido.

La inflación de marzo de 0,78 mensual, por encima del mes de febrero se debe a dos causas fundamentales:

1. El crecimiento del costo de generación de energía eléctrica para Bogotá creció un 9% solo en el mes de marzo.

En marzo tuvimos uno de los costos más bajos de generación…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 11, 2026

Advertencias que no eran nuevas

El debate no comenzó con el dato de marzo. Desde hace meses, operadores como WOM venían alertando sobre los efectos de una posible concentración del mercado.

La preocupación giraba en torno a la reducción de competidores con capacidad real de presionar precios. Menos actores fuertes pueden traducirse en ajustes tarifarios con menor resistencia. Esa discusión también llegó a la Superintendencia de Industria y Comercio, encargada de vigilar que no se afecte la competencia.

Las decisiones regulatorias buscaban equilibrar el mercado frente al peso de empresas grandes como Claro. Sin embargo, las críticas sostienen que los cambios recientes no evitaron el riesgo de concentración.

Desde el Congreso, la representante Jennifer Pedraza cuestionó al Gobierno y señaló que el aumento en tarifas era previsible tras permitir una mayor integración entre operadores.

NO se lave las manos, Presidente. Se dio cuenta de que el agua moja.

Fue SU gobierno el que autorizó el duopolio en las telecomunicaciones en cabeza de Claro y TigoMovistar a través de su pésima superindente @cielo_rusinque. El resultado lógico: menos competencia y aumento en… https://t.co/OlkPPWGI4B

— Jennifer Pedraza (@JenniferPedraz) April 11, 2026

Un gasto que ya no se puede recortar

El aumento en telecomunicaciones tiene un efecto particular sobre los hogares. A diferencia de otros rubros, el margen para reducir este gasto es limitado. La conectividad dejó de ser opcional y se volvió parte del día a día.

Trabajo remoto, educación virtual y consumo de contenidos hacen que los usuarios dependan cada vez más de estos servicios. Por eso, incluso variaciones moderadas terminan sintiéndose con fuerza en el presupuesto mensual.

El dato del IPC deja una señal que va más allá de marzo. Los servicios de comunicación no solo subieron, también empiezan a tener un peso más visible dentro de la inflación.

Mientras los equipos como celulares bajan de precio, el acceso a la red y a los servicios asociados sigue encareciéndose. La pregunta ahora es si este comportamiento será temporal o si marca una tendencia más sostenida en el costo de estar conectado en Colombia.

La Asamblea General de Accionistas aprobó, con una votación cercana a la unanimidad, el relevo de siete miembros principales de la Junta Directiva. En paralelo, la Junta designó nuevo gerente general, nueva secretaria general y ajustes en la representación legal. En el papel, se trata de decisiones corporativas habituales en procesos de adquisición. En la práctica, marcan el comienzo de una reorganización profunda en una empresa que, hasta hace poco, operaba de forma independiente y con una estructura propia.

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El mensaje oficial se ha concentrado en la continuidad del negocio y en la normalidad de los servicios. Para los usuarios, al menos por ahora, no habrá cambios en planes, precios ni condiciones contractuales. Pero puertas adentro la conversación es otra. ¿Hasta dónde llegarán los ajustes internos? ¿Se trata solo de una alineación directiva o del primer paso de una reconfiguración más amplia?

Movistar llegó a tener más de 5.000 empleados directos en Colombia, además de miles de puestos indirectos asociados a su operación. La integración con Tigo supone la unión de dos organizaciones que, hasta hace semanas, competían en los mismos segmentos y territorios. La lógica empresarial indica que habrá áreas duplicadas, procesos que se unifican y estructuras que se revisan. La incógnita es cuándo y cómo se traducirá eso en decisiones sobre el talento humano.

Cambios que abren preguntas laborales

Los comunicados publicados por la compañía no mencionan recortes ni reestructuraciones laborales. Tampoco hacen promesas en ese sentido. Se limitan a informar los cambios en la cúpula directiva y a señalar que las decisiones se tomaron conforme a los estatutos y a las autorizaciones regulatorias. Sin embargo, en casi cualquier proceso de fusión de esta magnitud, los ajustes de personal suelen aparecer más temprano que tarde.

¿Habrá despidos? ¿Se ofrecerán planes de retiro voluntario? ¿Se mantendrán las condiciones laborales actuales para los trabajadores de Movistar? Son preguntas que hoy no tienen respuesta pública, pero que circulan entre los empleados y en el sector. Más aún cuando el traslado de la sede principal —los equipos de Tigo se moverán al edificio de Movistar— sugiere una integración operativa acelerada.

A este escenario se suma un elemento adicional: la participación del Estado colombiano en la compañía. Aunque el Gobierno anunció su intención de vender sus acciones, la operación no se ha hecho efectiva. Eso significa que Movistar sigue teniendo presencia estatal en su estructura accionaria, un factor que introduce otras variables en la discusión sobre empleo, gobernanza y responsabilidad pública.

La coexistencia de un nuevo controlador privado con una participación estatal pendiente de definirse plantea interrogantes legítimos. ¿Qué papel jugará el Estado en las decisiones estratégicas mientras siga siendo accionista? ¿Habrá algún tipo de salvaguarda frente a eventuales impactos laborales? ¿O la lógica del mercado se impondrá sin matices?

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El sector de telecomunicaciones en Colombia ya venía mostrando señales de concentración. Claro mantiene una posición dominante en varios segmentos, y la integración Tigo–Movistar reduce el número de grandes jugadores con red propia. En ese contexto, la creación de un nuevo grupo empresarial fuerte puede leerse como una apuesta por competir en escala y capacidad tecnológica, especialmente de cara al despliegue de 5G y a las ofertas convergentes.

Pero toda consolidación tiene costos y efectos secundarios. Más allá de los beneficios para el mercado o los usuarios, queda abierta la discusión sobre el impacto interno. El relevo casi completo de la Junta Directiva y de la alta gerencia es una señal clara de que el control cambió y que la hoja de ruta será distinta.

Tal vez la pregunta de fondo no sea si habrá cambios, sino cuáles y con qué alcance. En ese sentido, una respuesta más detallada por parte de las empresas involucradas ayudaría a despejar dudas. No para anticipar decisiones que aún no existen, sino para entender qué viene después de la fusión, especialmente para quienes han sostenido la operación durante años.

Por ahora, los comunicados hablan de nombramientos y de gobernanza. Lo que no dicen —y lo que muchos esperan escuchar— es qué pasará con las personas más allá del organigrama.

A partir de esa fecha, Movistar deja de operar como una empresa autónoma, aunque mantiene su marca, su portafolio comercial y su relación directa con los clientes. Tigo asume la dirección de las decisiones técnicas, financieras y operativas, marcando el comienzo de una transición que, por ahora, ocurre puertas adentro y no en la experiencia del usuario final.

Por ahora,  para los usuarios  de Movistar no hay cambios inmediatos; los contratos, planes, precios, condiciones de permanencia, facturación y canales de atención continúan exactamente igual. Tampoco hay migraciones automáticas, cambios de red ni modificaciones unilaterales en los servicios móviles, de internet fijo o de televisión.

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El proceso que se activa desde febrero está concentrado en la reorganización interna. La nueva estructura contempla la unificación de áreas administrativas y técnicas, la integración gradual de plataformas operativas y redes, la reorganización de sedes en distintas ciudades y la eliminación de duplicidades en cargos y procesos. El objetivo es reducir costos, ganar eficiencia y liberar capacidad de inversión en infraestructura y cobertura.

¿Qué pasará con los usuarios de Movistar y cómo se reorganiza el mercado?

Cualquier ajuste que pueda impactar a los usuarios deberá darse más adelante, de forma progresiva, con comunicación previa y bajo las reglas del regulador. En ese sentido, el corto plazo se caracteriza por estabilidad para los clientes y ajustes silenciosos en la operación.

El último paso pendiente para cerrar el capítulo societario es la venta de la participación del Gobierno Nacional en la compañía. Según el decreto expedido el 30 de diciembre de 2025, el Estado fijó el precio de las acciones en 772 pesos por título. De concretarse la operación, el Gobierno recibiría al menos 855.000 millones de pesos, sin que esto afecte la prestación del servicio, pero sí complete la salida del Estado del nuevo esquema empresarial.

Desde la perspectiva del mercado, el impacto es más profundo. Hoy, tres operadores concentran cerca del 90 % del sector. Claro mantiene el liderazgo con una participación superior al 52 %, seguido por Movistar y Tigo de forma separada. Sin embargo, una vez se materialice la integración, el bloque Tigo-Movistar alcanzaría cerca del 38 % del mercado, consolidándose como el segundo jugador y reduciendo la distancia frente al operador dominante.

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En un país con 92 millones de líneas móviles activas, donde la cobertura de telecomunicaciones llega al 92 % del territorio, el nuevo escenario plantea un reacomodo competitivo relevante. Claro seguiría siendo el líder, pero enfrentaría a un competidor con mayor escala, músculo financiero y capacidad de inversión, mientras que operadores más pequeños deberán adaptarse a un entorno más concentrado.

Más que un cambio inmediato para los usuarios, lo que comienza el 4 de febrero es una reconfiguración estructural del mercado, cuyos efectos reales se medirán en los próximos meses en términos de competencia, inversión y calidad del servicio.