Quizás respondiendo a estos ecos, ayer el Gobierno Nacional anunció una propuesta para regular las plataformas como Uber. El proyecto de ley fue anunciado por la ministra de Transporte Ángela María Orozco y el Consejero Económico y de Transformación Digital, Victor Muñoz. En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una iniciativa, por lo que su aplicación debe pasar una serie de filtros, el primero es un debate en la  Comisión VI de Cámara de Representantes.

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¿Qué es lo que propone este proyecto de Ley? Para las plataformas mayores controles y para los taxistas una modificación del sistema que ‘equilibre’ la balanza.

¿Se trata de una nueva ley?

No. Lo que la iniciativa propone es una modificación a la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 del 2002. Estas establecen las normas del transporte público en Colombia. La modificación pretende hacer un ingreso a las plataformas, de forma que se cree una categoría para este tipo de servicios bajo el nombre de ‘transporte privado mediado por plataforma’.

¿Qué exige a las plataformas?

Para las plataformas de transporte, la exigencia principal es un pago (adicional) de impuestos en Colombia. Empresas como Uber han argumentado que este tipo de aportes ya se estaba realizando, por lo que se asume que la recaudación que se les pedirá a las empresas será diferente bajo la nueva categoría que se creará con la modificación.

El segundo cambio tiene efecto inmediato en los conductores, pues es la exigencia de seguros similares a los que tienen los taxistas. En este caso, supone la imposición de una tarjeta de operación anual (el documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa), que tiene un costo cercano al millón de pesos.

¿Qué se les pide a los Taxistas?

El principal cambio que traería la modificación sería la eliminación de la regulación de cupos. En su remplazo, se propone crear un fondo que estaría sostenido en el 1% de la facturación de las plataformas. También modificaría el sistema de los taxímetros, permitiendo a los taxis manejar una tarifa dinámica. De acuerdo a los expositores, esto incentivaría que los taxistas acojan nuevas tecnologías.

Imágenes: Archivo ENTER.CO

El anuncio se presenta un día después de que se diera a conocer una notificación en la que Uber informa su intención de demandar a Colombia por violar el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos. La argumentación de la compañía está en que Uber Colombia es una subsidiara de la empresa que está establecida de manera legal en los Estados Unidos, por lo que la decisión de la entidad tiene un carácter que afecta los parámetros de este acuerdo. A esto se suma la acusación de que la decisión emitida por la entidad fue emitida en circunstancias cuestionables.

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“En contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República. Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los  intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”, lee el documento presentado por Uber.

También está en proceso una apelación por parte de Uber, que tiene pendiente su resolución por segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la plataforma informó a sus usuarios de la fecha límite para su funcionamiento. En un comunicado expandió la información, aclarando que servicios como Uber Eats no verán afectados su funcionamiento.

😢Adiós… ojalá hasta pronto. #UnaSolucionParaUberYa pic.twitter.com/rQPbjdWZR9

— Uber Colombia (@Uber_Col) January 10, 2020

“Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia”, agregó la tecnológica en su comunicado.

Imágenes: Uber

Tras la firma de un decreto de taxis de lujo que no solucionó la situación legal de Uber en Colombia, las esperanzas de la compañía están cifradas en un proyecto de Ley que presentó el año pasado ante el Congreso de la República. Ese proyecto crearía una nueva categoría de transporte que es compatible con la manera en la que Uber opera hoy en el país. Sin embargo, una consulta realizada por ENTER.CO a varias fuentes cercanas al proceso deja claro que el trámite de ese proyecto está bastante enredado.

Para convertirse en Ley, el proyecto debe pasar por cuatro debates en el Congreso, dos en la Cámara de Representantes y dos en el Senado; y al menos uno de esos debates debe darse antes de que termine la actual legislatura, es decir, el 20 de junio. Hasta ahora, como informó la compañía, hay en la agenda una audiencia pública el próximo 9 de junio, pero no hay fecha definida para el primer debate.

Al proyecto le queda menos de un mes para pasar su primer debate, y no tiene fecha programada

Voceros de Uber en Colombia nos confirmaron que la compañía “tiene un equipo que sostiene conversaciones con las autoridades y los reguladores para explicar su modelo de negocio“, y que ese equipo tiene entre sus tareas hacerle ‘lobby’ a la iniciativa en el legislativo. A pesar de eso, no parece que haya ambiente en el Congreso para hacer avanzar el proyecto de Ley. El problema es que, para el Gobierno, el Decreto es la decisión definitiva sobre el tema, y “es difícil que los congresistas que escogió Uber para representarlos le vayan a llevar la contraria al ministerio“, según nos dijo una fuente cercana al trámite, que pidió reserva de su nombre.

Ese no es el único obstáculo que tiene el proyecto. Algunos congresistas temen meterse en problemas disciplinarios si ayudan a impulsar la iniciativa. Cuando fue radicada el año pasado, el senador Jorge Pedraza, de la Comisión Sexta, había dicho que en el proyecto de Ley “habría la defensa de un interés privado“, por lo que quien lo apoye podría “incurrir en una dificultad que podría acarrear pérdida de investidura“.

De hecho, ENTER.CO pudo conocer que la Procuraduría General de la Nación está estudiando una petición dirigida a que investigue a varios senadores que han apoyado el proyecto. Eso no quiere decir que hayan cometido algo irregular, o ni siquiera que vayan a ser investigados; pero la sola perspectiva de que los ojos de esa autoridad están puestos en un tema tan polémico podría disuadir a algunos parlamentarios de apoyarla.

Por todo eso, el mejor camino para Uber es impulsar su proyecto de Ley por medio de una recolección de firmas, como lo ha venido haciendo. Si lograra recoger el equivalente al 5% del censo electoral –poco más de 1.557.000 firmas– el trámite de la iniciativa tendría prioridad en el Congreso. La obtención de las firmas comenzó después de Semana Santa y la compañía espera terminarla antes del fin de la legislatura.

Con respecto al trámite del proyecto de Ley, Uber prefirió no pronunciarse.

Imagen: montaje ENTER.CO.

Como lo anunció el lunes el director de Uber en Colombia, Mike Shoemaker, este miércoles se radicó el proyecto de Ley (PDF) que busca regular la operación de servicios como el que presta la aplicación en Colombia. El senador ponente fue Juan Carlos Restrepo Escobar.

El proyecto de Ley hace dos cosas: crea una nueva categoría de transporte llamada “servicio privado de transporte mediante plataformas tecnológicas”, y delinea un nuevo tipo de compañía llamada “empresa de red de transporte”, que ofrece la plataforma tecnológica y regula a los conductores que prestan el servicio.

La iniciativa busca que los carros que presten este servicio deban tramitar una licencia de operación ante el Ministerio de Transporte, en la que deben hacer constar que tienen los seguros exigidos por la ‘Ley Uber’, que están afiliadas a una empresa de red de transporte y que sus vehículos pasaron las pruebas técnico-mecánicas respectivas.

Por su parte, la empresas son las que “operan y/o administran una plataforma tecnológica” para el control, geolocalización o operación del servicio privado de transporte. Además, son las que operan como intermediarias para el pago del servicio entre los pasajeros y los conductores.

El proyecto plantea que deban registrarse ante el Ministerio de Transporte, y que aporten el 0,5% del valor de los viajes que realicen a un Fondo de Infraestructura y Movilidad, que deberá “financiar proyectos prioritarios de infraesctructura y movilidad, así como iniciativas enfocadas al mejoramiento de la calidad de vida de los conductores” de taxis amarillos.

Las empresas podrán afiliar todos los vehículos que quieran

Las empresas no tendrán ningún límite en la cantidad de carros con los que puedan operar, y no podrán cobrar por inscribir ningún vehículo. Dentro de ellas, dice el proyecto, podrán operar “carros de gama media y alta”, carros blancos de servicio especial y los nuevos carros negros de transporte público de lujo, creados por el Gobierno en el decreto mostrado el lunes.

Sus obligaciones serán verificar los antecedentes de los conductores, y vigilar que los vehículos sean idóneos y que cumplan con las regulaciones exigidas por el Ministerio de Transporte. También deben garantizar que cada uno de los carros tenga sus respectivos seguros en regla.

Las tarifas, según la ‘ley Uber’, serán libres, y las empresas estarán obligadas a comunicárselas oportunamente a los usuarios y a decirle a la Superintendencia de Puertos y Transporte cómo son calculadas.

Para convertirse en Ley, la iniciativa debe superar cuatro debates en el Congreso: en las Comisiones Sextas de Senado y Cámara, y en las plenarias de cada una de esas corporaciones. Todo este trámite debe surtirse en máximo dos años, y cada uno de esos debates debe realizarse en un semestre, mínimo. Luego, deberá ser firmado por el Presidente de la República.

Fotos: Wikimedia Commons