El  27 de noviembre de 2009 el gobierno español, en ese entonces a la cabeza de Jose Luis Rodríguez Zapatero, presentó un proyecto que busca, entre otras cosas, dejar en manos de una comisión fijada por el gobierno, la posibilidad de cerrar en un plazo de 48 horas un sitio web que tenga archivos digitales protegidos por derechos de autor.

Pero el nacimiento de Sinde no vino solo. Miles de usuarios de Internet alzaron sus voces de protesta en contra del proyecto del gobierno español desde el mismo año en que fue presentado al congreso. En medio del debate sobre el control de la piratería en Internet, en marzo de 2010 llegó al Ministerio de Cultura de España una lista de casi 1.200 sitios web que incluían pequeños buscadores de ‘torrents’.

La iniciativa fue implementada por la Coalición de Creadores e Industrias Culturales y la idea principal era desbordar las pretensiones del gobierno de cerrar los sitios web que estén a favor de las descargas no autorizadas. Dentro del listado, los activistas incluyeron blogs, sitios de partidos políticos, de medios de información, de autores y de creadores.

La denominada ‘Lista de Sinde’ nació para demostrar al gobierno español que el cierre de sitios web que incluyen contenidos que fomentan las descargas no sirve para nada. 

“La gente quiere compartir cultura y conocimiento (…) Tenemos la suerte de que en España la copia privada es legal, a diferencia de otros países, y hay un interés en compartir; los cambios legislativos no van a servir de nada porque el sentimiento que existe por compartir es muy fuerte”, comentó uno de los responsables del movimiento contra Sinde.

La iniciativa ha logrado mantenerse en pie hasta la actualidad pues incluso en el momento en que entró en vigor la ley Sinde, organizada por activistas de Internet, desde el sitio Hacktivistas.net, para ‘desbordar’ las pretensiones del Gobierno de clausurar aquellos sitios que favorezcan las descargas no autorizadas.

La idea, bautizada como ‘La lista de Sinde’, es animar a los autores de páginas web y blogs a incluir ‘widgets’ –pequeñas aplicaciones que se superponen en la pantalla– diseñados para buscar archivos de descarga en la Red. La finalidad es demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas “no servirá de nada”.

El músico español  Eme Navarro fue el encargado de hacer la primera denuncia una vez puesta en marcha la ley antidescargas española. Navarro presentó una notificación contra más de 200 sitios web que facilitan un enlace a una canción suya con derechos de autor, para mostrar de forma práctica la ineficacia de la ley. Utilizando los ideales de ‘La lista de Sinde’, el músico pretende demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas no funcionará.

Según informaron algunos medios españoles, Navarro compuso una canción con todos los derechos reservados, el grupo Hacktivistas la puso a disposición del público en el sitio web Wertdeenlaces y después invitó a cualquier sitio web a enlazar y usar esa obra protegida sin permiso explícito del autor. El listado que presentó Eme Navarro incluyó los más de 200 sitios que enlazaron la canción sin permiso del autor. 

La iniciativa continúa trabajando en contra de Sinde-Wert, una ley que pese a sufrir innumerables altibajos, entró en vigor el pasado primero de marzo.

Pese a que las numerosas protestas de los usuarios de Internet hicieron que el Tribunal Supremo español aceptara estudiar un recurso en contra de la medida, la Ley Sinde-Wert acaba de entrar en vigor tras más de dos años de trámites y altibajos. A partir de hoy entró a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violen los derechos de autor en España.

El músico español  Eme Navarro fue el encargado de hacer la primera denuncia una vez puesta en marcha la ley antidescargas española. Navarro presentó una notificación contra más de 200 sitios web que facilitan un enlace a una canción suya con derechos de autor, para mostrar de forma práctica la ineficacia de la ley. Utilizando los ideales de la iniciativa ‘La lista de Sinde’, el músico pretende demostrar que el cierre de determinados sitios web por fomentar las descargas “no servirá de nada”. 

Sin embargo, los movimientos que han surgido y las miles de críticas y protestas de las que ha sido protagonista la Ley Sinde-Wert no fueron ningún obstáculo para que el gobierno pensara en otra alternativa de regulación en la Red, pues según la vicepresidenta de España, Soraya Sáenz de Santamaría, con la aprobación de la ley España entra “en el estándar internacional en la lucha contra la piratería”. 

La Ley Sinde, que cambió su nombre a Ley Sinde-Wert por ser impulsada entre la exministra Gónzalez-Sinde y el ministro Wert, es el nombre con el que se conoce popularmente un apartado de la Ley de Economía Sostenible llamado Disposición final segunda con el que se pretende combatir los sitios web infractores de derechos de autor con la ayuda de un órgano gubernamental denominado Comisión de Propiedad Intelectual.

Según ALT1040, un blog muy crítico de esta norma, “en la práctica estamos ante un peligroso nuevo sistema administrativo-judicial, gestionado por una Comisión de Propiedad Intelectual que a su vez está formada por personas dependientes del Ministerio de Cultura, con el que el Estado gana en poder para controlar lo que circula por la red al disminuir la capacidad de análisis y decisión de los jueces en este tipo de caso (hasta ahora en líneas generales la justicia española ha exculpado a las webs de enlaces)”.

Dicha comisión, que depende del Ministerio de Cultura, será la encargada de determinar si los sitios web que han sido objeto de denuncia están infringiendo los derechos de autor. Además, los autores que denuncien estas faltas, tendrán que acudir a este órgano y  pedirle que se inicie un procedimiento, que podrá tener una duración entre 20 días y tres meses. Si sale bien el proceso, se podrán retirar los contenidos señalados, o incluso si la falta es más grave, el servicio del sitio web podría ser interrumpido durante un año.

La Ley Sinde nació en noviembre de 2009, cuando el gobierno del PSOE presentó el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que incluía una norma antidescargas y la creación de una comisión de propiedad intelectual. Y aunque a partir de ese momento los internautas empezaran a demostrar su inconformidad a través de las redes sociales y protestas en las calles, hoy se han encontrado con que la reglamentación de la ley ha entrado en vigor.