La norma crea la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), una entidad especializada que asumirá las funciones de regulación, vigilancia, inspección y licenciamiento de las actividades relacionadas con el uso civil de tecnologías nucleares. Con ello, se busca superar la dispersión institucional que durante años limitó el desarrollo de estas capacidades en Colombia.

La aprobación de la ley representa uno de los cambios regulatorios más importantes para el sector científico nacional en las últimas décadas. Aunque el término “nuclear” suele asociarse de inmediato con la generación de electricidad, el alcance de la nueva legislación va mucho más allá de la producción energética.

Una apuesta por la salud y la autonomía tecnológica

Uno de los puntos más relevantes de la ley está relacionado con la producción de radiofármacos, sustancias utilizadas en el diagnóstico y tratamiento de diversas enfermedades, entre ellas varios tipos de cáncer.

Actualmente, Colombia depende de importaciones para acceder a muchos de estos insumos médicos. La nueva regulación abre la posibilidad de fortalecer capacidades nacionales para producir radioisótopos y radiofármacos, reduciendo la dependencia de proveedores internacionales y mejorando la disponibilidad de tratamientos especializados.

Además, la normativa busca fortalecer la supervisión de equipos de radioterapia y medicina nuclear mediante estándares alineados con los lineamientos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Los impulsores del proyecto consideran que esta actualización normativa permitirá impulsar nuevas capacidades científicas, facilitar investigaciones avanzadas y fortalecer áreas estratégicas para el sistema de salud colombiano.

¿La ley autoriza construir plantas nucleares?

No. Uno de los puntos que más debate ha generado es la relación entre la nueva ley y la generación de energía nuclear.

El texto aprobado no autoriza de forma automática la construcción de centrales nucleares ni pone en marcha proyectos específicos. Lo que hace es crear un marco regulatorio moderno que permitirá evaluar, en el futuro, distintas aplicaciones de esta tecnología bajo criterios de seguridad y supervisión especializada.

La legislación también contempla usos en agricultura, como el mejoramiento de semillas, el control de plagas y la detección de patógenos. Asimismo, incluye aplicaciones para monitoreo ambiental y gestión segura de materiales radiactivos.

Otro aspecto destacado es que Colombia ya cuenta con un reactor nuclear de investigación, una condición poco común en la región. Sin embargo, hasta ahora el país no había desarrollado plenamente capacidades asociadas a la producción local de insumos nucleares para aplicaciones médicas e industriales.

Con la aprobación de la Ley Nuclear, Colombia inicia una nueva etapa en la regulación de tecnologías nucleares con fines pacíficos. El verdadero reto comenzará tras la sanción presidencial, cuando el país deba convertir el nuevo marco legal en capacidades reales para la salud, la ciencia y el desarrollo tecnológico nacional.

Imagen: Generada con IA

El proyecto, presentado con respaldo multipartidista y ponencia de la representante María del Mar Pizarro, plantea la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Nuclear (ANSN), un ente técnico y autónomo que será responsable de autorizar, vigilar y sancionar todas las actividades que involucren materiales nucleares o radiactivos en el país.

La ANSN se encargaría, además, de garantizar que cualquier uso de esta tecnología cumpla con estándares internacionales de seguridad y se limite a fines exclusivamente pacíficos, en concordancia con tratados como el TNP y el Tratado de Tlatelolco, firmados por Colombia.

Aunque el proyecto ya superó su primer debate, aún le resta un largo camino en el Congreso. Debe pasar a la plenaria de la Cámara de Representantes y posteriormente a las comisiones y plenaria del Senado, antes de convertirse en ley de la República. Su avance en comisión, sin embargo, marca un hito en la discusión sobre el desarrollo de capacidades nucleares en el país bajo criterios de control civil y estatal.

¿Cuál es el objetivo de la ley?

Uno de los objetivos principales del texto legislativo es habilitar el uso de radiofármacos para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades como el cáncer, así como establecer condiciones para su importación, uso, almacenamiento y eliminación de residuos, bajo estricta supervisión. La ausencia de una regulación específica ha limitado hasta ahora el acceso a este tipo de tecnologías en el sistema de salud colombiano.

El proyecto también contempla aplicaciones en la agricultura, como el uso de radiación para conservar alimentos y mejorar cultivos, y abre espacio al desarrollo de investigación científica con apoyo internacional. Según lo aprobado, la futura ANSN podrá emitir licencias, realizar inspecciones, aplicar sanciones y promover políticas de formación y divulgación sobre el uso seguro de la tecnología nuclear.

La ley incluye disposiciones expresas para proteger a trabajadores expuestos a radiación, así como medidas para evitar el uso indebido de materiales radiactivos, con protocolos de ciberseguridad y control físico. También prevé un sistema de respuesta ante emergencias nucleares o radiológicas, con participación coordinada de otras entidades del Estado.

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En el articulado se establece de forma explícita que ningún material nuclear en Colombia podrá destinarse a la fabricación o desarrollo de armas. Se trata de una ratificación del principio de uso exclusivamente pacífico, como lo exige la normativa internacional.

Para su implementación, el Gobierno Nacional deberá estructurar la planta de personal, asignar presupuesto y definir el funcionamiento de la ANSN, en caso de que el proyecto se convierta en ley. Esta agencia tendría sede en Bogotá y contaría con autonomía técnica, financiera y administrativa.

Con la aprobación inicial del proyecto en Comisión, Colombia se suma al debate global sobre el aprovechamiento seguro y controlado de la energía nuclear. Si el Congreso le da luz verde en los próximos debates, el país podría contar por primera vez con una legislación integral en la materia, capaz de abrir nuevas oportunidades científicas y médicas, sin perder de vista la protección de la ciudadanía y el ambiente.

Imagen: distelAPPArath