Las publicaciones insertadas son aquellas en las que el post en las redes sociales se añade al cuerpo de una página o de un artículo directamente desde la red social. Esto significa que no se trata de una captura de pantalla o de una foto tomada copiada e insertada directamente en el sitio web. Y ahora hay un precedente que indica que el utilizar estos posts insertados no cuenta como una violación de los derechos de autor.

En 2016 BuzzFeed (en la época dorada en la que era el rey de las noticias en Facebook) realizó un artículo titulado “estos fotógrafos están cubriendo la campaña presidencia de a través de Instagram” en el que insertó las publicaciones de los fotógrafos Alexis Hunley y Matthew Brauer. Luego, el dúo presentó una demanda en el que acusaban a Instagram de violar sus derechos de autor al permitir que medios de comunicación utilizarán sus fotografías.

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De acuerdo con Hunley y Brauer el medio de comunicación debió pedir su autorización para utilizar el material dentro de sus artículos y que no habían obtenido las licencias respectivas para hacerlo. Como resultado, el caso aseguraba que Instagram había sido cómplice en la violación de derechos de autor y de hecho “incentivaba de manera intencional” a otros portales para que insertaran contenido que estaba protegido por los derechos de autor.

Pero el jurado a cargo del caso determinó que no había violación de derechos de autor y que Instagram no podía ser culpado por cualquier uso de publicaciones insertadas. De hecho, el caso confirmó que los posts agregados de esta manera no son “una copia de la fotografía o video” y, más importante, que un sitio web no podía ser acusado de violar los derechos de autor si el objeto protegido no está almacenado en sus servidores.

Imágenes: Foto de Kate Torline en Unsplash 

Que Riot desarrolle música, además de juegos, no debería sorprender a sus fans. La compañía incluso creo una banda de Kpop llamada K/DA, compuesta de personajes virtuales y una campeona de ‘LoL’. Ahora la compañía ha lanzado un álbum con el nombre de ‘Sessions: Vi’ que tiene 37 canciones que pueden ser utilizados en transmisiones (no necesariamente de ‘LoL’) sin necesidad de pagar una licencia. Las canciones fueron creadas por artistas como Junior State y Chromonicci.

Puedes encontrar el álbum de música sin derechos de autor de Riot, ‘Sessions: Vi’ en Apple Music, Spotify y YouTube.

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Las listas de música sin derechos de autor no son necesariamente nuevas, De hecho, se trata de uno de los recursos más apreciados y utilizados por creadores de contenidos y streamers. En Spotify y YouTube puedes encontrar listas dedicadas, que por supuesto puedes modificar para que se ajusten al tipo de juego que vayas a transmitir. Es algo, además, que sugerimos que hagas en caso de que quieras comenzar a realizar algún tipo de transmisión. Servicios como YouTube y Twitch cada vez son más agresivo al remover o advertir a sus creadores que el contenido en sus canales ha sido reclamado. Por desgracia, las compañías musicales son uno de los peores ofensores de este problema.

Imágenes: Riot Music

¿El problema? La ley está siendo pasada junto con otra ley mucho mayor que se considera como una ‘obligatoria de pasar’. Lo que esto quiere decir que si no es aprobada el gobierno de los Estados Unidos cerrará. Por lo que es, casi seguro, que terminará pasando.

No es claro cuál puede ser la consecuencia real de esta nueva norma. Lo cierto es que la distribución de material protegido por derechos de autor en plataformas como YouTube y Twitch es un terreno que siempre ha navegado entre lo apenas legal. SI nos apegamos a lo técnico, los creadores de contenido que transmiten un juego a través de plataformas como Twitch o YouTube están violando los derechos de autor pues el acuerdo de compra en ningún momento los autoriza a transmitir el videojuego. De la misma manera aquellos que hacen ensayos o críticas en YouTube están violando el material protegido, incluso si se le realiza modificaciones o críticas.

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YouTube y Twitch han sorteado este problema con su sistema de reclamos. La solución actual,  de manera simplificada, da al dueño del material protegido la potestad de solicitar todos los ingresos que se puedan recibir por pauta o incluso eliminarlo de estas plataformas. Esto ha llevado a problemas, pues las compañías suelen abusar de estas normas al utilizar 5 segundos de una canción para reclamar la totalidad de un contenido. También ha llevado a casos en los que canales enteros han desaparecido cuando un troll de derechos de autor reclama el material.

Es claro que la nueva norma no es una idea del gobierno de los Estados Unidos, sino de las compañías que poseen estos derechos. En la campaña de relección de Tillis parte de los grandes contribuyentes fueron compañías como Comcast, Motion Pictures Association, Sony Pictures, Universal Music, Warner Music… Empresas infames por cómo han utilizado el sistema actual para hacer difícil la vida de aquellos que han encontrado en el streaming una profesión.

Actualmente un canal vive con el miedo de que sus videos sean removidos o reclamados, perdiendo una parte importante de sus ingresos. Incluso está el temor de una cancelación o eliminación de todos sus años de trabajo en una de esas maratones de reclamos que son frecuentes. La legislación nueva pondría más miedo en la producción de este contenido y haría que YouTube o Twitch se vean obligadas a imponer más restricciones o permitir a estas compañías tener más control, precisamente para evitar estos cargos criminales.

Imágenes: Pixabay

Una de las principales críticas a esta nueva Ley es que todos los sitios, por pequeños que sean, deberían tener una política para prevenir que se suban contenidos que infrinjan los derechos de autor. A esto le llaman los “filtros de subida” (upload filters) y las mayores preocupaciones son, por un lado, que no se sabe qué tan costoso puede ser desarrollar este tipo de filtros; por otro, cómo controlar la posibilidad de falsos positivos, informa el portal Wired.

Otro artículo que está creando problemas en el llamado “impuesto de enlace” (‘link tax’), según el cual los dueños de los sitios web que ofrezcan servicios deben pagarles a las publicaciones de noticias por usar sus textos y contenidos. Sin embargo, servicios como buscadores estarían exentos de este último. Gus Rossile, director de políticas de conocimiento público, dijo que este tipo de leyes a la larga limita que la información online se comparta abiertamente. “Tanto grandes como pequeños sitios se acogerán a la ley para tener usuarios internacionales, pero esto disminuirá la capacidad de los americanos para compartir memes, sátira política o noticias o artículos en línea” afirmó en un comunicado.

En resumen, de acuerdo con el portal The Verge, la idea principal del artículo 11 (sobre los ‘impuestos a los enlaces’) es que empresas como Google le paguen a los generadores de contenido cuando crean un enlace hacia sus historias. Por su parte, el artículo 13 (‘Upload filters’) pretende que plataformas como YouTube y Facebook no permitan que los usuarios compartan material que no esté licenciado por los derechos de autor.  El trabajo y costo de analizar toda la información que se sube a un sitio específico cuando tiene miles de millones de usuarios sería tal que hace poco Wikipedia apagó las búsquedas como protesta al proyecto de Ley.

Las redes sociales y la ‘censura a los usuarios’

Tal y como las conocemos, las redes sociales podrían cambiar. Ya lo vimos cuando Europa creó una nueva legislación sobre el tratamiento de datos personales, conocida como General Data Privacy Regulation (GDPR). Aunque la ley solo aplica en el territorio europeo, los sitios web la instauraron en todos los países en los que prestaban servicios. Esto creó dos meses de correos electrónicos con el asunto: “Cambiamos nuestras políticas de privacidad”.

Ahora, si esta ley se aprueba e instaura, sitios como Facebook, Twitter e Instagram serían responsables cada vez que un usuario comparte una imagen, un texto o un video sin darle crédito al autor. Actualmente, si un contenido infringe los derechos de autor, el responsable es el usuario pero no el sitio web o prestador del servicio. Solo se le atribuye cierta responsabilidad cuando el contenido es reportado y no se toman acciones como darlo de baja y comunicar al usuario sobre la infracción.

Si la ley entra en vigencia –es un mandato, no voluntario– absolutamente todo el contenido que subimos a Internet sería registrado y analizado en busca de infracciones de derechos de autor. Los memes, videos y fotografías que compartimos y que se vuelven virales podrían dejar de funcionar como los conocemos.

La ley pasará a la siguiente instancia del parlamento y sabremos si es aprobada para su implementación en todos los países en enero. Aunque cada país tendrá la opción de adoptar la ley como mejor le parezca.

Imagen: Bet_Noire (Vía iStock)

Comienzan a verse las respuestas al nuevo proyecto de ley de derechos de autor del TLC, mal llamada “Ley Lleras”, que pretender cambiar la legislación para lograr una regulación compatible con la de Estados Unidos. El grupo Anonymous Colombia sentó este martes una clara posición frente al tema.

En un comunicado transmitido a través de su cuenta en Twitter, la organización dijo que: “nos encontramos Sorprendidos eh indignados por las nuevas leyes que el Gobierno desea implementar Para aprobar a la fuerza ‘el tratado de libre comercio con Estados Unidos’ (…) el Gobierno Colombiano ante una cuestionable promesa de “progreso, desarrollo e inversión” limita y vulnera los derechos y libertades pertenecientes al pueblo Colombiano. Por este motivo rechazamos directamente y alzamos nuestra voz de protesta en contra de esta nueva ley tal cual como lo hicimos hace un año ante una ley similar“. Para quien no entienda el texto, que ojalá haya sido escrito a la carrera, presentaron un video expresando su posición respecto al tema, el cual se encuentra más adelante.

Además, acompañó su descontento con un ataque a la página oficial del Senado de la Republica, el cual se produjo a las 11:30 am (hasta hace poco volvió a estar en línea) y también han hecho constantes tweets al Ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, uno de los promotores del proyecto. Al parecer él no ha respondido en parte porque bloqueó la cuenta de Anonymous Colombia.

La ira de Anonymous estalló al presentarse el texto del proyecto de ley, el 201 de 2012 (PDF) que califican como una censura a Internet y dicen que no permitirán que se entreguen los “últimos vestigios de libertad” en la próxima Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Cartagena.

El proyecto, el cual resumió ENTER.CO y que expertos opinan fue un texto mal redactado, revive el capítulo y la controversia generada por la propuesta legal conocida como Ley Lleras, la cual no prosperó en noviembre de 2011.

Ya se habla de ‘Ley Sinde colombiana’, surgen hashtags en Twitter como #hadopicolombia y #LeyLleras, y grupos en Facebook como ‘Contra una Ley Sinde/Hadopi en Colombia‘ para asociar el proyecto de Ley presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia al Congreso que permitiría llevar a la cárcel a los piratas que usen Internet, así como bloquear o ‘tumbar’ sitios web que incluyan contenidos protegidos por los derechos de autor.

Se está gestando un movimiento en la Web en contra del proyecto, pocas horas después de haber sido presentado, aunque apenas ahora los creadores –encabezados por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, DNDA– han dispuesto un espacio para la discusión pública en línea, de cara a la sociedad. Por los lados del Ministerio del Interior, sus voceros señalan que “es un proyecto, queremos socializarlo y que el resultado final sea el fruto de una concertación”.

Era inevitable: en su afán por presentar el proyecto de Ley al Congreso para que pudiera ‘entrar a la fila’ de la agenda legislativa –por instrucción del propio presidente Juan Manuel Santos–, el ministro Germán Vargas Lleras encendió las alarmas por el temor de que en Colombia se repliquen los fiascos de España (Ley Sinde) y Francia (Ley Hadopi), que no han frenado la piratería, han causado efectos secundarios nocivos y, si algo positivo han generado, es la unión y la reflexión de los internautas para defender sus derechos a la libertad de expresión y de información. También se piensa que este proyecto de Ley sería un primer paso de Colombia hacia el temido Tratado Comercial Antifalsificación (ACTA).

¿Qué hay de cierto en estos temores? ¿Es el proyecto tan malo como temen los más pesimistas, o tan positivo como lo planteó el ministro Vargas Lleras, según el cual representa un gran paso histórico contra la piratería en Internet? ¿Lo necesita realmente el país?

ENTER.CO invita a que no se saquen conclusiones apresuradas y a que, antes que rechazar de plano la iniciativa –impulso natural de todos los que usamos Internet y valoramos la libertad que brinda su poder democratizador–, los usuarios de Internet aprovechen todos los espacios que puedan influir en quienes tomarán las decisiones finales, los congresistas.

A continuación presentamos un listado de 18 preguntas frecuentes y un acercamiento a sus respuestas. Se trata de un documento base, dinámico, que se irá enriqueciendo con el aporte de todos ustedes tanto con la adición de nuevas preguntas como en el complemento a las respuestas. (En una nota posterior, presentaremos la entrevista que el director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, dio a ENTER.CO, en la que responde algunas preguntas adicionales sobre el proyecto y sus implicaciones).

1. ¿Por qué el ministro Vargas Lleras sacó ‘de la manga’ este proyecto de Ley? ¿Qué sabe él de este tema? ¿No tiene otras cosas que hacer?

El proyecto no surge como una ‘ocurrencia’ de un ministro. Es la respuesta a una exigencia que viene incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 alrededor de los derechos de autor, así como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea. Además, aunque Vargas Lleras fue quien lo presentó al Congreso, es el resultado del trabajo de la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual (CIPI), conformada por 10 ministerios –incluidos el del Interior y el MinTIC–, además de otras entidades, como el Departamento Nacional de Planeación, Colciencias, la DNDA, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Sena.

2. Si todos nos unimos contra el proyecto, ¿es posible que Colombia pueda seguir sin una ley contra la piratería en Internet?

No. Como ya se dijo, la piratería en Internet debe ser algo sobre lo que se legisle, según el Plan Nacional de Desarrollo. Pero además, esta ley responderá a oblicaciones internacionales del Estado colombiano con respecto a la propiedad intelectual. En otras palabras, tener una ley en este sentido es un requisito para negociaciones tales como los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la Unión Europea.

El mayor riesgo que correría esta Ley es que, después del debate, se ‘caiga’ el proyecto y el proceso se deba iniciar de ceros.

3. ¿Entonces no hay nada que podamos hacer? ¿Este proyecto es definitivo y no podremos cambiarlo?

¡Hay mucho por hacer! Los que tomen la decisión final son los congresistas. En manos de los ciudadanos está evitar que aprueben proyectos ‘a pupitrazo’ –como ha sucedido con tantas normas importantes para el país–.

¿Cómo podemos empezar? Informándonos sobre el proyecto de Ley presentado (que es un borrador y podrá tener cambios), participando con propuestas, preguntas, peticiones de aclaraciones –sobre todo, de algunas ambigüedades– y toda clase de aportes en foros y comunidades en línea (el espacio oficial, creado por la DNDA, es este foro; también hay un foro de #BrigadaDigital, una comunidad de voluntarios impulsada por el Ministerio TIC, los espacios para comentarios en ENTER.CO y otros medios de comunicación, y audiencias públicas que las entidades organicen para socializar el proyecto).

4. ¿Estas discusiones en línea sí llevarán a alguna parte, o al final se aprobará lo que ya está escrito?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, comentó a ENTER.CO que los aportes que surjan del foro oficial se llevarán a los congresistas, quienes las tendrían en cuenta para las ponencias y los debates.

Aunque con el bajo nivel de aceptación del Congreso de la República, el hecho de que las propuestas de los ciudadanos no obliguen a los congresistas a que al menos los lean, el ejemplo de Chile, donde todo el debate se hizo después de que el proyecto se presentó al Congreso, muestra que una discusión amplia, con participación de todas las partes interesadas (industrias de creadores de contenidos, ciudadanos, proveedores de acceso a Internet y autoridades) y con el aporte de los medios puede dar resultados aceptables. Más sobre el caso de Chile, donde se aprobó la Ley de Propiedad Intelectual, en esta nota de FayerWayer.

5. Habiendo tantos criminales en el país, ¿por qué nos van a declarar como tal a los que compartimos contenidos en Internet? ¿Ahora nos llevarán a la cárcel por ‘quemar’ un CD con música descargada de Internet, por descargar un libro en PDF o por bajar una película?

“Compartir no es robar”: este es uno de los lemas de los internautas de todo el mundo. Y, al menos en este borrador que es el proyecto de Ley, este principio se respeta. El proyecto no crea nuevas causales de responsabilidad civil o penal para los usuarios de Internet (ni para los proveedores de acceso).

Juan Carlos Monroy, director de la DNDA, explicó en los comentarios a la noticia inicial de ENTER.CO:

• “En la piratería tradicional no se penaliza al comprador sino al fabricante y vendedor (ver Artículo 271, numeral 1, del Código Penal). Con la misma lógica, en la piratería de Internet no se busca penalizar al que accede o descarga un contenido, sino a quien vende, ofrece o pone a disposición a efectos de comercialización las creaciones protegidas (ver Artículo 17 del proyecto de Ley)”.
• “En general, el usuario de la Red no es responsable de infracción al derecho de autor por el simple hecho de descargar, acceder o compartir contenidos. Otra cosa es cuando el usuario publica o pone a disposición contenidos protegidos sin autorización, entonces puede ser una infracción civil, y si además se lucra o comercializa dichos contenidos, podrá existir entonces una infracción penal”.

Aquí hay un parte de tranquilidad: descargar contenidos no debería representar ningún problema, aunque queda en el aire cierta ambigüedad sobre en qué se diferencian exactamente ‘compartir’ de ‘publicar’.

6. ¿Los proveedores de acceso a Internet (ISP) monitorearán mi tráfico y saber dónde navego y qué contenidos descargo y comparto?

No. Con el proyecto de Ley, los ISP no adquieren la obligación de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni tampoco la de realizar búsquedas de hechos o circunstancias que impliquen actividades ilícitas.

7. Si la Ley es aprobada, ¿los ISP podrán ‘tumbar’ o bloquear sitios a su antojo? ¿O deberán hacerlo obligados por las autoridades?

El proyecto señala que no se podrán bloquear sitios web completos, solo los contenidos específicos debidamente identificados como infractores al derecho de autor, y no por orden de cualquier autoridad sino de un juez.

Un ejemplo: si un bloguero publicara un video del cantante Fausto, estaría violando los derechos de autor; si algún interesado (por ejemplo, las asociaciones que defienden los intereses de los músicos y compositores) exige que se elimine ese contenido, el ISP podría bloquear la página del video, pero el blog seguiría funcionando.

‘Podría bloquear’, no ‘deberá bloquear’: el retiro del material infractor por parte de los ISP es facultativo –no obligatorio–, a menos que una autoridad judicial disponga lo contrario.

(A partir de este punto pueden surgir más preguntas: ¿y si el blog tiene 10 o 50 páginas con videos protegidos por derechos de autor, las autoridades deberán ordenar el bloqueo de estas páginas cada vez que surjan? ¿O podrán calificar al bloguero como ‘reincidente’ y, ahí sí, bloquear todo el blog? ¿Y qué pasa si el video de Fausto no se publica en un blog, sino en YouTube?

Lo que está claro es que servicios en línea como YouTube están obligados, por la DMCA, de Estados Unidos, a bloquear estos contenidos que infringen las normas.

8. ¿Están bajo amenaza de cierre sitios como Google, YouTube, Flickr, SlideShare, Scribd y otros que nos permiten acceder a la información y al conocimiento?

Al menos por lo que dice el texto del borrador, no. Primero, porque como se dice en la respuesta anterior, no se bloquearían los sitios, sino solo las páginas con contenidos que violen los derechos de autor.

Y segundo, porque incluso un sitio que deliberadamente venda contenidos ilegalmente no puede ser bloqueado desde Colombia si está alojado en el exterior. Lo máximo que se podría hacer contra estos últimos sitios es lograr que los ISP los bloqueen –impidan su acceso desde el país–.

9. Si tengo un sitio web, ¿corro el riesgo de que me lo bloqueen sin saber por qué? ¿Tendré derecho a defenderme?

En teoría, no. El proyecto de Ley obliga a los ISP a informar la causa de los retiros de contenido o bloqueos, y restaurar los contenidos o su acceso en caso de que exista algún tipo de discrepancia o el responsable de los contenidos demuestre que estos no violan los derechos de autor.

En sus artículos 9 a 12, el proyecto plantea los procedimientos que deberán seguir los titulares de derechos de autor, los ISP y prestadores de servicios, así como los que puede realizar quien tenga un reclamo sobre un bloqueo injusto de un contenido.

10. ¿El proyecto es una copia –pirata– de la Ley Sinde o de la Ley Hadopi?

El director de la DNDA, Juan Carlos Monroy, explica que la CIPI estudió las normas en muchos países, y ni la española ni la francesa inspiraron el proyecto de Ley. Si este proyecto tiene similitudes con lo establecido en otros países, señala, es con Estados Unidos y Chile (ver la entrevista en la nota correspondiente).

11. ¿Morirá en el país el intercambio de archivos mediante redes P2P?

Parte de tranquilidad para los usuarios de Vuze, Ares y otras redes y aplicaciones P2P: no. Ni siquiera se verá afectado, porque el proyecto no regula el intercambio de archivos entre usuarios en redes P2P.

12. Si un bloguero publica una canción o un video protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A simple vista, no, porque no estaría vendiendo estos contenidos, y si no hay ánimo de lucro, no hay responsabilidad penal: solo se propone un castigo a la publicación de obras con fines comerciales sin el permiso de los titulares. Sin embargo, el proyecto deja en una zona gris qué es lucrarse con un contenido. Si el bloguero tiene anuncios publicitarios de Google AdSense, y percibe 10, 50 o 200 dólares mensuales, ¿se está lucrando con esa canción o el video? ¿Tiene el riesgo, así sea remoto, de ir a prisión?

13. Si alguien en Facebook, Twitter u otra red social comparte un contenido protegido por derechos de autor, ¿puede ir a la cárcel?

A diferencia del caso del bloguero, aquí el usuario no tiene ningún riesgo –solo que se borre o bloquee el contenido–, pues en estos servicios no tiene posibilidad de vender publicidad.

Publicar enlaces no está penalizado. El internauta puede acceder, descargar o compartir información y archivos por medio de hipervínculos, sin que esto le represente responsabilidad civil ni penal. Lo que estará penalizado es la publicación o puesta a disposición de contenidos protegidos por derecho de autor sin la debida autorización.

14. Si una persona vende un DVD pirata, un libro descargable en formato PDF u otro, un CD de música en su propia tienda virtual, o en sitios de comercio o subastas, ¿puede ir a la cárcel?

En teoría, sí: se está lucrando con obras que están protegidas por derechos de autor.

Sin embargo, no está claro si practicar la piratería ‘caseramente’ sea suficiente para ir a prisión. ¿La cantidad de obras vendidas, los ingresos percibidos o el tiempo de práctica de la piratería influirían en las decisiones?

15. ¿Se empezarán a ver en Colombia casos de multas ridículas –millonarias– por descargar o compartir música o películas, como ocurre en Estados Unidos y otros países?

Por lo pronto, el proyecto no contempla multas para los usuarios de Internet que descarguen o compartan obras protegidas.

16. ¿Por qué en lugar de criminalizar el acceso a los contenidos, no se promueve que haya más disponibilidad comercial de estos? ¿Por qué no podemos contar con un iTunes Store en Colombia?

La pregunta parte de una premisa muy válida: no todos los que bajan contenidos de Internet lo hacen para no pagar por ellos, sino porque no se consiguen (por ejemplo, producciones musicales europeas) o son excesivamente costosas. Si la tienda iTunes Store, de Apple, ha sido un éxito y distribuye más música que muchos sitios y servicios que no pagan sus derechos de autor, ¿por qué no en Colombia?

En el país –y en otros de Latinoamérica– no hay una iTunes Store porque las negociaciones con las casas disqueras han sido aún más difíciles que con la poderosa RIAA de Estados Unidos, lo cual, probablemente, demuestre que la industria local todavía no ha entendido el potencial de negocio de Internet. Ve la amenaza, pero no ve la oportunidad.

Sin embargo, para responder la pregunta, hay que empezar por decir que las normas no deben depender de la oferta comercial (aunque podría ser algo deseable). Que las disqueras y otras industrias de contenidos evolucionen al nuevo mundo no depende de esta Ley. Y, por otra parte, sí existen en el país algunos servicios de descarga o reproducción en línea de música, aunque su catálogo no sea el más completo ni la experiencia y facilidad de uso sean comparables a una tienda como la de Apple. En este enlace de la DNDA se presentan 8 servicios gratuitos o comerciales.

17. En resumidas cuentas, ¿en qué nos afecta a los usuarios –consumidores de contenidos– esta Ley?

En teoría, por descargar o compartir contenidos sin fines de lucro, no se afecta a los usuarios de Internet. El proyecto de Ley se centra en los ISP, los prestadores de servicios de almacenamiento y otros relacionados con Internet, y en los que publican o distribuyen contenidos ilegalmente.

18. ¿Quiénes tendrán la última palabra sobre el bloqueo de un sitio o las sanciones a quienes violen la Ley?

A diferencia de lo que ocurre en otros países con sus nuevas leyes, este proyecto propone que sea el Poder Judicial –los jueces– el encargado de exigir bloqueo o eliminación de contenidos, o de sancionar a los responsables de publicar o comercializar sin permiso obras protegidas por derechos de autor.

Seguramente surgirán muchas preguntas nuevas sobre este proyecto, en parte porque algunos apartes de su texto se prestan para distintas interpretaciones, y también porque cada uno de los interesados (autores, gremios, ISP y, por supuesto, los usuarios) desearán saber más qué cambiará cuando este proyecto se convierta en Ley de la República.

¿Tiene alguna pregunta que no esté en el listado? ¿O quiere complementar, corregir o mejorar alguna de las respuestas? Sus comentarios también ayudarán a enriquecer este debate que apenas comienza.

Notas relacionadas:

• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• Agencia antipiratería Hadopi recibe 25.000 denuncias diarias.
• Firman acuerdo contra la piratería en Colombia.

Con el proyecto, resultado del trabajo conjunto entre este ministerio y otras entidades como el Ministerio TIC, de una comisión intersectorial de Propiedad Intelectual, según el ministro Vargas Lleras “por primera vez en Colombia se toman medidas serias contra la piratería en todo el uso de la Red”. El ministro agregó que “las autoridades judiciales y la propia Fiscalía señalaban que nos les era posible hacer uso del derecho penal a quienes venían y vienen utilizando internet con propósitos de piratería; esta ley establece penas severas”, agregó.

A primera vista, esta Ley, que es la respuesta a una exigencia incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, sería muy benéfica para los autores en campos como la música, las producciones audiovisuales, los libros, el software, la televisión, la radio, la fotografía y otras artes. Y, por supuesto, el proyecto debe ser muy bien recibido por las industrias relacionadas; el ministerio, al menos, asegura que “contribuye a su crecimiento, competitividad y productividad”.

Pero desde las mismas declaraciones del ministro surgen preguntas como qué es exactamente la piratería y en qué se diferencia de compartir contenidos, y si esta Ley busca beneficiar solo la industria a costa de los usuarios de Internet.

Si este proyecto de Ley supera todo el proceso legislativo, no solo representaría riesgo de cárcel para quien distribuya ilegalmente y con fines comerciales contenidos protegidos por derechos de autor, sino que también significaría que cualquier sitio web que publique estos contenidos corre el riesgo de ser bloqueado o de que se retiren contenidos, algo que con la legislación actual solo es posible con los sitios que promueven la pornografía infantil y la pedofilia. El proyecto de Ley también presenta los mecanismos para que los proveedores de acceso a Internet colaboren con los autores y titulares de derechos de autor y conexos para impedir la piratería de sus obras.

A simple vista, el proyecto de Ley tiene una buena intención y responde a una necesidad real del país de ponerse a tono con los desafíos y oportunidades que brinda Internet para los autores. Sin embargo, preocupa que en su comunicado de prensa, el Ministerio del Interior destaque, como un gran logro, que esta iniciativa ubica a Colombia al nivel de Estados Unidos, España, Francia, Irlanda, Corea, Nueva Zelanda y Chile.

¿Es esto algo bueno? El solo equiparar este proyecto de Ley con la famosa y criticada Ley Sinde de España no deja un buen sabor a los observadores, pues esta ley ha puesto en pie de lucha a los usuarios de Internet en España, que sienten amenazada la libertad de expresión. (Una muy buena explicación de la Ley Sinde la publica el sitio Alt1040 en esta nota). Lo mismo ocurre con la cuestionada –y al parecer poco efectiva– Ley Hadopi, de Francia.

Carolina Botero, abogada, bloguera, colíder de Creative Commons en Colombia y una de las mayores conocedoras de los temas de derechos en Internet, considera que este proyecto de Ley representa un paso hacia adelante en la protección de derechos de autor en el país. “Este tipo de normas es una de las mejores herramientas que se vienen desarrollando dentro de la tendencia internacional de reforzar la  protección del derecho de autor, especialmente en Internet. Pero es precisamente esa la razón de su gran crítica: el hecho de que ignore el ecosistema creativo al favorecer solo un punto y olvidar el resto”.

Según Carolina Botero, quien estuvo al tanto del desarrollo del proyecto de Ley, se suponía que el grupo de trabajo había acordado que el texto pasaría a discusión pública, para que contara con el aporte de organizaciones, expertos y los colombianos en general. Sin embargo, ella cree que “parece que las premuras de la agenda legislativa terminaron con las buenas intenciones, y el proyecto pasó derecho al Congreso”.

“Se debe tener presente que el gran tema dentro de la construcción de estas leyes en el tiempo que vivimos (y teniendo en cuenta a Francia, España, Chile e incluso Brasil) es la participación de la sociedad civil, del público. Durante las últimas décadas estas leyes han sido construidas por los autores y titulares desde su óptica, y poca o nula atención se ha puesto a las necesidades como el acceso y  la información, las del público, que es el otro extremo de esta ecuación. Creo que es un error haber ignorado a la gente en este sentido, las leyes que lo han hecho han generado una reacción de impopularidad muy fuerte (Sinde o Hadopi)”.

A diferencia de los casos de España y Francia, Botero señala que en Chile el proceso no fue fácil pero se consiguieron acuerdos y el Estado cumplió su papel de garante de la sociedad. “Hoy por hoy ignorar al público como parte de la ecuación de cualquier ley sobre derecho de autor es un error que el Estado colombiano está cometiendo, no lo hizo antes pero tampoco lo hace ahora”, agrega.

Ministerio del Interior, apresurado.

ENTER.CO pudo establecer extraoficialmente que, como lo supone Carolina Botero, el Ministerio del Interior se adelantó a la presentación del proyecto de Ley, probablemente por las urgencias de la agenda del Congreso, y no consultó esto con las otras entidades que participaron en el desarrollo del proyecto, ni socializó el texto entre los usuarios de Internet –los directamente afectados por la futura Ley– ni con otras instancias.

En el último tiempo, el Ministerio TIC ha acostumbrado a los colombianos a socializar sus proyectos, con lo cual estos terminan siendo el resultado de debates, propuestas de diferentes ámbitos y consensos. Por ello, que el Ministerio de Interior, por ser el responsable directo de los derechos de autor en el país a través de una dirección a su cargo, maneje un tema tan sensible para los usuarios de Internet –alrededor de 23 millones en el país– a sus espaldas, molesta y genera desconfianza. (ENTER.CO intentó comunicarse con Juan Carlos Monroy, director de la Dirección Nacional del Derecho de Autor, pero hasta ahora no ha sido posible obtener sus declaraciones y esperamos tenerlas en un siguiente informe).

Sin embargo, hay un parte de tranquilidad para quienes temen que en Colombia haya una ley arbitraria que solo beneficie a la industria a costa de  amordazar a los usuarios de Internet: una fuente del Ministerio TIC reveló que este proyecto de Ley no es definitivo y que se intentará que haya un proceso de socialización, ya no con los tiempos y mecanismos que usa ahora el MinTIC, pero al menos sí se permitirán los aportes de los ciudadanos.

Por lo pronto, y antes de que se saquen conclusiones como ‘Colombia ya tiene Ley Sinde’ o, al contrario, ‘por fin se acabará la piratería en el país’, conviene leer con atención el proyecto de Ley y participar en las discusiones en línea que se generarán alrededor de él.

Algunas preguntas incómodas.

Para iniciar la discusión, planteamos algunas preguntas a nuestros usuarios (cuyas respuestas, según nuestra fuente en el Ministerio TIC, serán tenidas en cuenta para las mejoras al proyecto de Ley):

• ¿Encuentran similitudes concretas entre este proyecto de Ley y las leyes Sinde y Hadopi? ¿Cuáles?
• ¿Qué debería tener esta ley para dejar contentos no solo a las industrias, sino también a los usuarios de Internet?
• ¿Un proyecto que amordazara la libertad de expresión y de acceso a la información en línea frenaría los avances que ha tenido Internet en el país?
• ¿Sería conveniente que el ministro Germán Vargas Lleras fuera igual de enérgico con la verdadera industria de la piratería en el país, que no necesita estar anónima detrás de un computador, sino que se encuentra en grandes centros de comercio en las principales ciudades, y que venden sus productos con total libertad frente a las autoridades?

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