Los trolls del estado de Arizona en Estados Unidos, tendrán que tener más cuidado con lo que dicen y hacen en la Red. El ente legislativo aprobó un proyecto de ley que podría hacer que la intención de “aterrorizar, amenazar, acosar, molestar y ofender a través de cualquier dispositivo electrónico o digital” sea considerada como un delito.

Aunque la propuesta aún está pendiente de superar el último trámite administrativo, en el momento en que se convierta en ley, los trolls tendrían que pagar multas por 2.500 dólares (unos 4.400.000 pesos colombianos) o incluso llegar a pagar penas de cárcel, según el tipo de conducta y la interpretación que le den los jueces.

Con la palabra troll se ha llegado a definir a las personas que solo buscan provocar de forma intencional a los usuarios o lectores en la Red con dos objetivos: tener visibilidad y alterar de alguna forma a la persona a quien dirige sus acciones.  Comentarios fuera de tono, posiciones extremas o palabras ofensivas hacen parte del armamento que utilizan los trolls en sus ataques.

Pese a que existen formas para que los usuarios puedan defenderse sin acudir a las administraciones de los sitios web o a las autoridades, en Arizona decidieron ofrecer más herramientas empezando por intentar convertir los actos de los trolls en delitos. 

La propuesta del gobierno de este estado no ha sido acogida en su totalidad, pues algunos consideran que esta norma podría traer grandes inconvenientes a la libertad de expresión, ya que determinar el sentido de las expresiones de los usuarios podría llegar a ser bastante complejo en ciertas ocasiones.

Incluso según la Fundación para la defensa legal del Comic Book, de ser aprobada “la ley podría crear vulnerabilidades para dibujantes y editores que publican material en línea como objetivo impresionar, satirizar y criticar”.  Sin embargo, quienes están a favor del proyecto de ley aseguran que los trolls afectan el funcionamiento correcto de la Red por lo que la ley si podría llegar a ser efectiva.

¿Alguna vez han tenido que lidiar con un troll? De ser así, ¿qué piensan del proyecto de ley de Arizona? 

El CES no se trata solo de hablar de dispositivos, consolas, entretenimiento y tendencias. Entre lo que se presentará en áreas como los Ultrabooks y los televisores de ultradefinición o 4K, también habrá cabida para profundizar en temas como innovación, cuidado ambiental y legislación en tecnología.

La Cumbre de Políticas de Innovación, que organiza Constumer Electronics Association, CEA, se hace dentro de la feria aprovechando la presencia de los fabricantes, por ello representantes del gobierno estadounidense y algunos de Europa y Australia se unen para discutir estos temas que también afectan a los usuarios y consumidores.

“Las cuestiones sobre la política tecnológica tienen un impacto real en las más de 2.700 empresas y 20.000 productos en el CES. Los ponentes debatirán temas como la piratería en Internet, propiedad intelectual y las normas ambientales, los cuales darán forma al futuro de la industria de la tecnología”, comentó Gary Shapiro, presidente de la CEA en el comunicado de prensa de la Cumbre.

El tema al que se ha dedicado más entusiasmo por la coyuntura que se vive en Estados Unidos gracias a Ley SOPA, es precisamente el de legislación tecnológica. A través de un panel que será moderado por Tucker Carlson, comentarista de Fox News y The Daily Caller, varios representantes del congreso estadounidense participarán en la discusión.

Otro medio que estará pendiente de los temas de legislación es el sitio web CQ Congressional Quarterly, que por medio del periodista Keith Perinewill entrevistará al senador Ron Wyder sobre la legislación tecnológica, por lo que se puede esperar una viva polémica sobre SOPA y los temores del apagón ‘Opción Nuclear’.

Pero la Cumbre no solo tratará de temas espinosos, también se hablará de privacidad en línea, manejo de recursos energéticos, normas verdes para la industria e innovación y tecnología, los cuales estarán durante toda la próxima semana.

¿Esperan que en CES se logre algo con SOPA?

En los últimos meses muchas noticias relacionadas con Internet se han referido a restricciones a los usuarios de Internet, la vigilancia de la Red con el argumento de proteger la seguridad de los países o de combatir el delito, la suspensión del acceso por parte de regímenes en crisis, y los encuentros de líderes políticos y empresariales mundiales para regular o ‘civilizar’ Internet.

Esto, sin contar con la legislación establecida o por establecer relacionada con derechos de autor e Internet: las famosas leyes Sinde (España), Hadopi (Francia) y el proyecto de Ley colombiano que los internautas han bautizado como ‘Ley Lleras‘, normas que buscan defender los derechos de autor, aunque han generado debates en sus países entre sus defensores y quienes aseguran que no tienen en cuenta la evolución tecnológica y cultural.

Por estos retos y amenazas que se ciernen sobre la Red –sin contar los de seguridad informática, causados por mafias y delincuentes–, el 31 de diciembre pasado en ENTER.CO publicamos nuestros 17 deseos tecnológicos para 2011, el primero de los cuales dice: “Que Internet siga siendo Internet, y no su sombra”.

Y en estos primeros meses del año, hasta el encuentro del e-G8, las noticias no habían sido muy alentadoras. Líderes internacionales han hecho declaraciones en favor de Internet, como el propio creador de la Web, Tim Berners-Lee, quien afirmó que “el acceso a la Web es un derecho humano”, pero estas palabras no habían trascendido ni tenido acogida en ámbitos en los que se toman decisiones. Pero ahora la ONU, la OEA y gobiernos de Europa y África envían un mensaje contundente en defensa de la libertad de expresión en Internet.

Esta declaración, emitida desde Budapest, va en una dirección distinta a la de las normas internacionales mencionadas, por lo que a los debates nacionales se sumarán ahora los argumentos presentados en ella.

Pedro Less, responsable de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, compartió en el blog oficial de la compañía un resumen de los principios de la declaración y su visión acerca de este importante hecho. Reproducimos el texto por ser de interés general.

Un gran día para Internet y la libertad de expresión.

Por Pedro Less Andrade.

Hoy, los relatores de libertad de expresión de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y organizaciones gubernamentales de Europa y Africa emitieron una declaración conjunta de carácter global estableciendo principios internacionales para la promoción de la libertad de expresión y el libre flujo de información e ideas a través de Internet.

En un documento que consideramos histórico, este grupo de organizaciones reconoció que ”la libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”. A su vez, reconocieron la importancia de defender la libertad de expresión mediante protecciones a los intermediarios prestadores de servicio de Internet (ISP, hosting, cache, buscadores y plataformas), limitaciones sobre los alcances del filtrado y bloqueo de contenidos, delimitación de responsabilidades penales y civiles, neutralidad en la red y acceso a Internet.

La Declaración Conjunta Sobre Libertad de Expresión e Internet, firmada por los relatores de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Naciones Unidas (ONU), Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos (ACHPR) consagra los siguientes principios:

Restricciones a la Libertad de Expresión en Internet.

• Las restricciones a la libertad de expresión en Internet solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional.
• Debe asignarse una mayor relevancia al desarrollo de enfoques alternativos que se adapten a las características singulares de Internet, destacando el importante rol de la autorregulación como herramienta efectiva para abordar éstos problemas.

Responsabilidad de Intermediarios de Internet.

• Se consagra el principio por el cuál ningún prestador de servicios de Internet que ofrezca únicamente servicios técnicos (como acceso e interconexión a Internet, alojamiento, procesamiento, referencia, búsquedas o conservación de contenidos) pueda ser considerado responsable por los contenidos nocivos o ilícitos generados por terceros.
• No se les deberá exigir a los intermediarios controlar los contenidos generados, transmitidos o almacenados por sus usuarios.
• Su responsabilidad nacerá únicamente cuando intervengan específicamente en la generación de contenidos o incumplan una orden judicial que exija la eliminación de un contenido ilícito siempre y cuando estén en condiciones de hacerlo.

Filtrado y bloqueo.

• El bloqueo obligatorio de sitios web, direcciones IP, puertos y protocolos de red constituye una medida extrema –análoga a la prohibición de un periódico o una emisora de radio o televisión– que solo podría estar justificada conforme a estándares internacionales, por ejemplo, cuando sea necesaria para proteger a menores del abuso sexual.

Responsabilidad penal y civil.

• La competencia respecto de causas vinculadas con contenidos de Internet debería corresponder exclusivamente a los Estados con los que tales causas presenten los contactos más estrechos, normalmente debido a que el autor reside en ese Estado, el contenido se publicó desde allí o este se dirige específicamente al Estado en cuestión.
• Los particulares solo deberían poder iniciar acciones judiciales en una jurisdicción en la que puedan demostrar haber sufrido un perjuicio sustancial (esta norma busca prevenir lo que se conoce como ‘turismo de la difamación‘).

Neutralidad de la Red.

• El tratamiento de los datos y el tráfico de Internet no debe ser objeto de ningún tipo de discriminación en función de factores como dispositivos, contenido, autor, origen o destino del material, servicio o aplicación.
• Se debe exigir a los intermediarios de Internet que sean transparentes respecto de las prácticas que emplean para la gestión del tráfico o la información.

Acceso a Internet.

• Los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute efectivo del derecho a la libertad de expresión como así también el de otros derechos, como el derecho a la educación, la atención de la salud y el trabajo, el derecho de reunión y asociación, y el derecho a elecciones libres.
• La negación del derecho de acceso a Internet, a modo de sanción, constituye una medida extrema que solo podría estar justificada cuando no existan otras medidas menos restrictivas y siempre que haya sido ordenada por la justicia, teniendo en cuenta su impacto para el ejercicio de los derechos humanos.

Celebramos los principios contenidos en esta declaración y felicitamos a los relatores de Libertad de Expresion firmantes por éste gran aporte a la comunidad de Internet, reconociendo particularmente el gran trabajo realizado por la Relatoria de Libertad de Expresión de la OEA en materia de protección de la libertad de expresión en Latinoamérica.

Creemos que estos principios son esenciales para garantizar que Internet continúe siendo un ámbito libre y abierto, de intercambio de ideas y opiniones.

LaDeclaración conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet fue firmada el primero de junio de 2011 por:

Frank LaRue, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión;

Catalina Botero Marino, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos;

Faith Pansy Tlakula, Relator Especial para la Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión Africana de los Derechos del Hombre y de los Pueblos; y

Dunja Mijatović, Representante para la Libertad de Medios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

Notas relacionadas:

• e-G8: ¿encuentro o desencuentro tecnológico?
• Cubrimiento de ENTER.CO sobre ‘Ley Lleras’.
• El acceso a la Web es un derecho humano, dice su ‘padre’.
• 17 deseos tecnológicos para 2011.

Como lo dijimos en nuestros primeros contenidos relacionados con el proyecto de Ley que busca regular la responsabilidad por infracciones al derecho de autor en Internet, más conocido como ‘Ley Lleras’, la mejor alternativa para que creadores, la industria cultural tradicional y los usuarios de Internet salgan bien librados es realizar un debate abierto, en el que cada uno presente sus puntos de vista y a la vez intente entender los de su contraparte.

Obviamente, además del debate es necesario el interés y el compromiso de los congresistas encargados de tomar la decisión final, ya que esta no puede ser tomada a la ligera ni como respuesta a presiones externas, sino en busca del bien común.

Por ello, hemos publicado desde un acercamiento al proyecto de Ley con 18 preguntas frecuentes y respuestas, pasando por las posiciones críticas, como las declaraciones del colectivo Anonymous, el más vehemente contra el proyecto, las brillantes reflexiones de nuestro colaborador Juan David Correa acerca de la transformación de la industria cultural y para quién debe ser la legislación, y el análisis de Germán Realpe, de Acoditic, según el cual la protección de la propiedad intelectual no puede ir en contra del acceso a la información y de la privacidad de los usuarios.

Además, publicamos la visión de la industria de la propiedad intelectual, en concreto de la industria del software, con una entrevista a Katalina Rojas, de la BSA, en la que afirmó que la lucha contra la piratería sigue siendo una prioridad.

Ahora, compartimos el punto de vista de Graciela Melo Sarmiento, abogada especializada en derechos de autor y propiedad indistrial, y presidenta del Centro Colombiano de Derechos de Autor (Cecolda), y que si bien no es la voz oficial de la organización, sí refleja el punto de vista de muchos abogados especializados en el tema, que paradójicamente no han sido los más visibles en estos debates, aunque sean los más conocedores de la teoría detrás del tema.

Sus comentarios acerca del texto de Graciela Melo son bienvenidos, como siempre, así como sus preguntas hacia ella, que nos ayudarían a profundizar su visión sobre este proyecto de Ley

Proyecto de ‘Ley Lleras’: hablemos claro.

Por Graciela Melo Sarmiento.

En el foro público en el Senado, realizado el pasado 4 de mayo, varios creadores (como la productora de cine Paula Jaramillo, el escritor Jorge Franco, el compositor y productor musical Jose Gaviria y el actor Juan Sebastian Aragón) expusieron sus opiniones en favor del Proyecto de Ley 241 (por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet).

No se hicieron presentes creadores o emprendedores independientes, pero tanto los unos como los otros son directos beneficiarios de este proyecto, es útil y necesariauna ley de este tipo tanto para la industria cultural tradicional como para las corrientes que abogan por nuevos modelos de negocios en el entorno digital, y lo que sí no es, en todo caso, es un proyecto diseñado para atacar al usuario.

Conforme a las normas generales, junto con la Decisión Andina 351 de 1993 (Régimen de Derechos de Autor que rige en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) ya existen instrumentos legales en Colombia que pueden conducir a establecer responsabilidad solidaria del prestador de servicios de Internet (ISP) por las infracciones cometidas por sus usuarios-contratistas.

Con este mismo escenario, muy similar al que hoy existe en Argentina y con el que contaba Chile en 1999 (casi 10 años antes de expedir su ley de regulación de responsabilidad de ISP) se han expedido fallos judiciales en los que tal responsabilidad ha sido reconocida (casos Taringa! y Entel).

Situación parecida acontecía en otras legislaciones, lo que condujo a la adopción de mecanismos y procedimientos mediante los cuales se definen condiciones en las que el ISP, colaborando en un procedimiento privado tanto con el titular de derechos de autor como con el usuario, bloquea el acceso al contenido (descuelga el contenido) y eventualmente lo vuelve a subir a la Red, atendiendo en el primer caso la solicitud escrita del titular de derechos de autor y en el segundo, la del usuario.

El titular de derechos de autor está ya definido en la normatividad de derechos de autor como la persona natural o jurídica que es propietaria de los derechos de autor sobre una obra –canción, película, video, fotografía, libro, artículo de opinión, etc.–.

Entonces, el sujeto que se beneficia con el contenido del proyecto de Ley 241 es tanto la empresa nacional o extranjera editora, productora de discos, de cine, de software o videojuegos, como el autor creador independiente, que con el uso de los recursos tecnológicos a su alcance crea sus obras y las pone a disposición del público en la Red sin la intermediación de un agente editor o productor.

El propósito es lograr seguridad jurídica para quien arriesga en el emprendimiento de comunicar obras en la Red y, por tanto, estimular tal actividad. Claro está, el titular de derechos de autor es libre de decidir cómo quiere aprovechar sus obras y producciones, puede legítimamente decidir no remunerarse con ellas o autorizar a cualquiera su libre reproduccióny transformación. Ese es su legítimo derecho como dueño, pero no es ese un privilegio que le corresponda al usuario frente a esa obra, pues él no es dueño. Así, el uso del mecanismo del proyecto de Ley 241 es opcional para los autores.

El derecho moral de los autores, es decir, su legítimo derecho exclusivo al reconocimiento de la paternidad de su obra (su nombre como autor) y a la defensa de la integridad de la misma, para ser él quien decida y controle cómo o hasta donde la obra se puede transformar, está integrado al bloque de constitucionalidad en Colombia y ha sido reconocido en las declaraciones de derechos humanos del siglo XX.

Es un derecho humano que coexiste pacíficamente con la libertad de expresión, y que además es garantía de dicha libertad en la medida en que provee instrumentos jurídicos para la defensa del producto en el que se concreta la expresión humana: la obra protegida por el Derecho de Autor.

Argumentar entonces que el proyecto de Ley 241 viola la libertad de expresión por establecer un mecanismo privado mediante el cual el ISP bloquee el acceso a un contenido protegido por el derecho de autor (una obra) no resulta correcto.

El proyecto de Ley 241 es difícil de leer: los términos técnicos que contiene no son del manejo de todos, pero eso sucede también con otras normas, y eso no les quita legitimidad. Este podría mejorarse incluyendo definiciones técnicas, y aclarando la redacción del procedimiento para que quede completamente claro que puede acudir a él tanto el titular de derecho de autor como el usuario que había subido el contenido y que, de haber disputa, resolverla corresponderá a un juez.

Lo que se debe hacer, entonces, en lugar de rechazarlo o hacer que fracase su paso por el Congreso, es mejorarlo, darle trámite y convertirlo en Ley de la República en bien de los autores y las industrias culturales que proveen el 3,3% al PIB en Colombia, y en bien de toda la nación.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• ¿Para quién legislamos? (segundo debate inspirado por #LeyLleras).
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.

La pregunta que inspira este segundo debate alternativo motivado por la #LeyLleras (el primero, sobra la transformación de la industria cultural, se encuentra aquí) ha surgido en las mentes y discursos de un gran número de compatriotas, tras la discusión alrededor de este proyecto de Ley y el creciente influjo de la tecnología moderna.

¿Para quién (o quiénes) legisla el Congreso de la República de Colombia? Estamos hablando del órgano elegido por los colombianos como máximo representante del poder legislativo, y que en una lógica democrática, debe ser una expresión de la voluntad de nuestro pueblo. En el caso particular del proyecto de ley que genera el debate, la respuesta es sumamente clara, y conviene en este artículo desmitificar algunos de los argumentos que se han presentado en favor del proyecto, y que con un análisis básico  y cierto conocimiento de los contextos, es sencillo debatir.

La #LeyLleras: una obra derivada.

El proyecto de Ley “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” es una obra derivada de la Digital Millenium Copyright Act (en adelante DMCA). Esta afirmación, realizada casi instantáneamente por parte de los principales actores en el debate defensores del ala ‘copyleft‘, es también una afirmación directa de los promotores del proyecto en su exposición de motivos (o ala copyright).  Textualmente, en esta disertación se expresa: “(…) La mayoría de estas disposiciones están basadas (sic) en la ley Digital Millenium Copyright Act de los Estados Unidos, adoptada en 1998“.

Originalmente, dicha exposición de motivos fue compartida por los promotores de la ley en la publicación del blog que se destinó para su debate. Curiosamente, dicha exposición fue retirada del blog oficial poco tiempo después, pero por efecto de la velocidad y facilidad que tienen los internautas para realizar copias (y aclaro, copiar textos de proyectos de Ley es totalmente legal en Colombia: Ley 23 de 1982, Artículo 41) podemos contar con dicho texto como sustento de nuestras afirmaciones.

Los promotores de la DMCA y su poder exportador.

Tampoco es para nada difícil encontrar cientos (o quizás miles) de referencias en Internet que permiten establecer quiénes fueron los verdaderos promotores de la Digital Millenium Copyright Act en el Congreso de los Estados Unidos:  “Los defensores radicales del modelo ‘copyright’ (lease: grandes disqueras, grandes editoriales, grandes estudios de Hollywood, grandes casas de software, etc.)”, quienes a través de mecanismos de cabildeo, lograron sacar adelante esta legislación.

Dichas disposiciones legales se han exportado a otros países –o adaptado por ellos–, con nombres que por estos días ya son bastante comunes (Hadopi, Sinde, Tres Strikes…) mediante los mecanismos que proporcionan los tratados de libre comercio.

De aprobarse sin ningún miramiento el tan sonado proyecto de #LeyLleras, la asociación será muy simple y directa: en Colombia se legisla para proteger los intereses de grandes multinacionales de la industria ‘copyright’. Esperamos que nuestros padres de la patria dejen sin piso esta afirmación con su importante trabajo.

La #LeyLleras, inspirada en legislación antiquísima.

Otra parte del contexto de la ley inspiradora por el proyecto presentado por el Ministro del Interior es la que se refiere al momento histórico en el cual se aprobó  la DMCA en Estados Unidos: 1998. Para muchas personas, puede sonar que es una ley reciente y hasta moderna, pero este tipo de apreciaciones, dado precisamente el campo de lo que se pretende ‘reglar’ (Internet), es sumamente distante de la realidad.

Para Internet, 1998 puede entenderse como una era remota. Solo basta decir que para la época Google era una empresa de garaje, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) era un colegial, AOL era el sitio web más popular, los únicos que trinaban eran los pájaros, y el video y el audio en Internet eran aún una utopía.

Legislar con base en una ley de 1998 los destinos de la Internet actual sería como intentar legislar en materia penal siguiendo estrictamente el Código de Hamuurabi.

Desmitificando argumentos en pro de la #LeyLleras.

Vale la pena confrontar de manera directa algunos de los argumentos que ciertos defensores del articulado del proyecto en cuestión tienden a enarbolar.  En un mundo hiperconectado, hiperinformado e hiperveloz, algunas de las afirmaciones que en adelante se controvierten resultan muy endebles y faltas de sustento.  Nos vamos a dar licencia de hablar muy claro.

La #LeyLleras NO legisla para los artistas.

Nos podríamos explayar casi indefinidamente para sustentar esta afirmación, pero en este caso aplicaré la la vieja y útil técnica de que una imagen vale más que mil palabras. Extracto esta contundente imagen de El manual de uso para la creatividad sostenible en la era digital, en la que se muestra claramente cómo se reparte la torta de los ingresos, por concepto de regalías, de la industria ‘copyright’.  Los artistas (en este caso musicales) están muy lejos, con contadas pero muy sonadas excepciones, de beneficiarse realmente en medio de esta realidad.

Como conviene contrastar fuentes, para evitar sesgos, presento también la siguiente tabla, extractada de un muy detallado estudio sobre la industria musical realizado en Argentina y contratado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires.

Conviene preguntarse entonces si no es mucho más benéfico para los artistas colombianos promover una legislación que modere ciertos ingresos de algunos participantes en su cadena de valor. ¿No será más beneficioso para el artista construir leyes que promuevan el uso de la tecnología para abaratar, por ejemplo, los costos de distribución de sus obras?

La #LeyLleras NO legisla para combatir la piratería.

La lucha contra la piratería es otro de los argumentos que más se esgrimen para defender el proyecto de Ley.  En este punto simplemente haré dos afirmaciones: las cifras que se han utilizado durante años para caracterizar este flagelo resultan sumamente imprecisas, razón por la cual es perfectamente posible afirmar que el impacto de una norma como la #LeyLleras será virtualmente imposible de cuantificar en relación directa con el combate a esta práctica ilegal y, por lo tanto, cualquier afirmación al respecto será una muy vaga especulación.

Por otro lado, leyes que en otras latitudes han sido proferidas con el argumento de la lucha contra los filibusteros han demostrado no ser para nada efectivas (un ejemplo: el caso español).  No hay nada que nos lleve a pensar que este no será el caso colombiano, de pasar el tan sonado proyecto sin ajustes técnicos y consideraciones modernas.

La #LeyLleras NO legisla para promover la cultura.

Quienes afirman que esta colección de 19 artículos que nos propone el ministro Vargas Lleras será un arma efectiva para promover las expresiones culturales, desconocen de manera profunda las transformaciones que la industria cultural experimenta en nuestra era. Tuve la oportunidad de organizar y participar en un corto debate con el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy (uno de los promotores de la Ley) y una serie de gestores de empresas e instituciones culturales (bibliotecas, museos, centros de acceso a Internet, agencias de promoción digital, etc.).

La sensación que quedó en el ambiente es que definiciones como las establecidas en el proyecto de Ley ocasionarán muchos más tropiezos y confusiones que beneficios a un gran número de esfuerzos que contribuyen a la promoción de la cultura.

¿Y todo esto qué tiene que ver con la tecnología?

Por escribir en ENTER.CO, cuya temática principal es la tecnología, es una pregunta que no puedo dejar de plantearme para concluir el presente artículo.  Es necesario establecer que estamos en la era de la ‘tecnología en pro de la transparencia’. Los ciudadanos de la actualidad, por el solo hecho de contar con una conexión a Internet, tenemos una gran ventana a los debates que tienen injerencia directa en el contexto social de nuestro interés y que antaño eran verdaderas ‘cajas negras’ accesibles a los argumentos e ideas de unos cuantos individuos (poderosos por demás).

La tecnología actual nos permite analizar a profundidad argumentos y contraargumentos, decantar las verdades que son el fundamento de lo que pasa en nuestra sociedad, colaborar, proponer, alertar y socializar los contenidos que alimentan una democracia y que deberían propender por el bien común. Estamos ante una verdadera era de transformación de la democracia, temática que trataremos en el tercer y último artículo de esta serie.

Señores promotores de la #LeyLleras: por favor, hablen con claridad al pueblo que les dio las dignidades que actualmente ostentan. De no hacerlo con prontitud, los costos para nuestra sociedad pueden ser inmensos y muy seguramente la historia terminará dando veredictos categóricos sobre su gestión.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• “La información es un todo”: otra mirada a la ‘Ley Lleras’.
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.