El documental presenta testimonios de figuras reconocidas como Rubén Blades, Henry Fiol y Alfredo Linares, quienes comparten su visión sobre la salsa como una expresión cultural, política y social. Dirigido por Juan Carvajal, el proyecto propone una mirada al legado del género más allá del entretenimiento.

La Salsa Vive fue producido por 64A Films & Cinematic, en coproducción con Telepacífico, EFD Digital y South Shore Films. Contó con el respaldo de Caracol Televisión, Dago García Producciones y entidades locales del Valle del Cauca. Su financiación parcial fue otorgada por el Ministerio TIC, como parte de su estrategia para apoyar el sector audiovisual.

Según esa cartera, este estreno representa un paso importante para visibilizar las producciones de la televisión pública colombiana en espacios de distribución global. También se suma a un grupo creciente de contenidos nacionales que, en 2025, han empezado a aparecer en plataformas como HBO Max y Netflix.

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El documental evita recurrir exclusivamente a la nostalgia. Su enfoque se construye a partir de entrevistas, escenas urbanas y archivos que, según sus creadores, buscan mostrar cómo la salsa sigue presente como vehículo de memoria y resistencia social, especialmente en ciudades como Cali.

Desde la perspectiva institucional, este tipo de producciones reflejan una apuesta por la circulación internacional de contenidos con sello local. El ministro TIC, Julián Molina, afirmó que el ingreso de esta obra al catálogo de Netflix representa un momento histórico para la televisión pública del país.

La participación de la plataforma de streaming también ha sido interpretada como una señal del interés por contenidos con identidad cultural fuerte. En este contexto, “La Salsa Vive” aparece como un caso de estudio sobre cómo las narrativas regionales pueden integrarse a circuitos de distribución más amplios.

El documental también puede considerarse un ejemplo del papel que juegan las alianzas entre entidades públicas, privadas y comunitarias en el desarrollo del sector. En su realización participaron canales regionales, productoras independientes, gobiernos locales y el sector financiero.

A través de esta obra, se promueve el reconocimiento de la salsa como parte del patrimonio cultural inmaterial. La propuesta combina música, historia y territorio, con el objetivo de acercar nuevas generaciones a un legado que, según los protagonistas, permanece vigente.

Con este estreno, Colombia continúa ampliando su presencia en el mercado internacional de contenidos. Según el Ministerio TIC, el país busca consolidar una oferta audiovisual diversa, con capacidad de competir en plataformas globales sin perder su carácter local.

El tráiler oficial de “La Salsa Vive” está disponible en YouTube y la producción completa se puede ver en Netflix en toda Latinoamérica desde el 25 de julio.

Imagen: Mintic

Telecom, la antigua Empresa Nacional de Telecomunicaciones, fue creada en 1947 tras la nacionalización de las comunicaciones. Durante décadas, esta entidad estatal fue el principal operador de telefonía en el país, llegando a más de 4.000 localidades, muchas de ellas rurales, donde era el único proveedor. Sin embargo, tras años de ineficiencia, sobrecostos y una pesada carga laboral y pensional, Telecom fue liquidada en 2003 durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Su desaparición dejó un legado ambivalente. Por un lado, se abrió el camino a la privatización y a la llegada de nuevos jugadores como Telefónica (Movistar), que hoy controla el 67,5 % de Colombia Telecomunicaciones. Por otro lado, muchos recuerdan a Telecom como el único brazo estatal capaz de garantizar conectividad en las zonas más apartadas del país.

Ahora, el gobierno Petro quiere rescatar esa idea, pero con un enfoque diferente. Según el ministro TIC, Julián Molina, no se trata de revivir Telecom como empresa prestadora de servicios, sino como un actor encargado de desplegar infraestructura de conectividad, especialmente en las regiones olvidadas por el mercado.

Para financiar esta iniciativa, el Gobierno planea vender su participación del 32,5 % en Movistar a la multinacional Millicom, propietaria de Tigo. Se estima que la operación podría dejar alrededor de 200 millones de dólares, recursos que serían canalizados a Internexa, la empresa que construiría una red nacional de fibra óptica.

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La propuesta, en el papel, tiene sentido: Colombia sigue teniendo profundas brechas de conectividad. Según cifras oficiales, más de 10 millones de personas en zonas rurales carecen de acceso a internet de calidad. Sin redes robustas, la inclusión digital, la educación virtual y el desarrollo económico en estas regiones siguen siendo una promesa incumplida.

Sin embargo, el plan también despierta dudas. Primero, porque se basa en la venta de un activo estratégico como la participación estatal en Movistar, sin que haya plena claridad sobre la estructura y sostenibilidad de la nueva “Telecom”. Segundo, porque el costo de mantener y actualizar redes de conectividad es elevado, y experiencias pasadas, como la propia liquidación de Telecom, demuestran que los proyectos estatales mal planificados terminan en déficit y fracaso.

Además, expertos del sector advierten que el problema no es solo técnico o financiero. Existe un contexto global de crisis en las telecomunicaciones: los márgenes de rentabilidad son bajos, la competencia es feroz y la constante actualización tecnológica requiere inversiones multimillonarias. Colombia no es ajena a esta realidad.

Pese a esto, el Gobierno defiende la idea como una apuesta de largo aliento; “no importa si otro gobierno termina la obra”, dijo el ministro Molina, al insistir en que la conectividad puede ser una palanca real de desarrollo. Según sus cálculos, cerrar la brecha digital podría representar hasta 3,5 puntos del PIB.

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Lo cierto es que revivir Telecom, aunque suene nostálgico y prometedor, no será sencillo ni rápido. La clave estará en que el proyecto no se convierta en un elefante blanco burocrático, sino en una entidad eficiente, moderna y con enfoque social.

Más allá de ideologías, lo que está en juego es la posibilidad de que millones de colombianos, hoy aislados digitalmente, se conecten al país y al mundo. La pregunta es si esta vez, aprendiendo de los errores del pasado, el Estado podrá hacerlo de manera responsable y efectiva.