El anuncio se da como parte de una estrategia del Gobierno Nacional para impulsar la fabricación local de medicamentos esenciales. El proyecto fue financiado en 2023 con cerca de 2.000 millones de pesos del Fondo de Investigación en Salud (FIS), con participación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Ministerio de Salud.

El benznidazol es uno de los principales tratamientos para el Chagas, una enfermedad parasitaria que puede avanzar sin síntomas durante años. Su detección tardía complica la atención médica y eleva el riesgo de afectaciones cardíacas y digestivas.

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Con este registro, Colombia suma un nuevo desarrollo farmacéutico propio enfocado en enfermedades que han tenido menor acceso a tratamientos oportunos. La Universidad de Antioquia ya cuenta con otros dos medicamentos avalados dentro del mismo proyecto: cloroquina y praziquantel.

Chagas: cifras que mantienen la alerta en el país

Según datos del Ministerio de Salud, más de 12 millones de personas en Colombia están en riesgo de contraer la enfermedad de Chagas. El insecto transmisor está presente en 595 municipios, lo que mantiene activa la vigilancia epidemiológica en varias regiones.

Durante 2024, el sistema SIVIGILA reportó 947 casos crónicos y 18 casos agudos, uno de ellos con resultado fatal. Las comunidades indígenas siguen siendo las más afectadas: el 28 % de los casos crónicos se concentra en estos grupos, lo que evidencia dificultades en el acceso a diagnóstico y tratamiento.

El registro del benznidazol se suma a una serie de iniciativas que buscan ampliar la disponibilidad de medicamentos en el país y reducir la dependencia de importaciones en áreas críticas. También abre la puerta a que estos desarrollos puedan integrarse a programas de atención en salud pública, especialmente en zonas donde el Chagas tiene mayor incidencia.

El talio no es un compuesto nuevo ni misterioso. Fue utilizado durante décadas en la industria y como rodenticida, hasta que su alta toxicidad obligó a retirarlo del mercado. Sin embargo, su historia revela un problema que sigue vigente: el acceso indirecto a sustancias peligrosas y la dificultad de rastrear su circulación. Para entender ese vacío, hablamos con José Julián López Gutiérrez, químico farmacéutico, doctor en Ciencias Farmacéuticas y miembro de la Comisión Revisora de Medicamentos del Invima.

El talio es considerado uno de los venenos más difíciles de detectar porque combina tres características clave: es soluble en agua, no altera el sabor ni el olor de los alimentos y resulta letal en dosis muy pequeñas. Esa combinación lo convierte en un compuesto particularmente peligroso cuando se usa de forma intencional. No requiere grandes cantidades ni deja señales evidentes en el momento de la ingesta, lo que retrasa el diagnóstico y el tratamiento.

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Aunque su uso está prohibido, el problema no se limita a esta sustancia específica. Existen otros compuestos con propiedades similares que siguen circulando legalmente porque tienen aplicaciones industriales, domésticas o comerciales. Muchos se venden fuera del circuito farmacéutico, en ferreterías o centros de insumos químicos, espacios que no siempre están bajo vigilancia directa de las autoridades sanitarias.

Desde el punto de vista normativo, Colombia no carece de leyes. El país ha desarrollado un marco regulatorio amplio para controlar sustancias peligrosas. El verdadero desafío está en la trazabilidad. Saber quién compra un químico, con qué propósito y dónde termina su uso es una tarea compleja en un mercado fragmentado, con pocos inspectores y alta rotación de establecimientos.

Prohibir más productos no es, necesariamente, la solución. La experiencia demuestra que la prohibición absoluta suele empujar estos compuestos hacia canales informales, donde el control es aún menor. El resultado suele ser el contrario al esperado: menos vigilancia y más riesgo. Por eso, el debate se ha desplazado hacia la necesidad de sistemas de seguimiento más robustos y mecanismos que permitan identificar el recorrido real de una sustancia desde su venta hasta su uso final.

En el ámbito científico, los estudios sobre toxicidad continúan, pero con límites claros. No se realizan pruebas en seres humanos por razones éticas. Hoy se recurre a modelos en tejidos, animales de laboratorio y, cada vez más, a simulaciones computacionales y herramientas de inteligencia artificial que permiten anticipar el impacto de un compuesto antes de su comercialización.

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Para López Gutiérrez, el mensaje de fondo va más allá del caso puntual. La química ha sido uno de los motores del progreso humano: ha permitido desarrollar medicamentos, materiales y tecnologías que salvan vidas. Pero ese mismo conocimiento puede causar daños irreversibles si se usa sin responsabilidad. La diferencia entre avance científico y tragedia no está en la sustancia, sino en el uso que se hace de ella.

El caso del talio no solo interpela a la justicia. También deja en evidencia una deuda pendiente: mejorar la capacidad del Estado y del mercado para seguir el rastro de aquello que, en las manos equivocadas, puede convertirse en un arma silenciosa.

Imagen: jarmoluk

La malaria afecta cada año a miles de personas en Colombia. Según datos oficiales, en 2024 se registraron más de 110.000 casos, con mayor incidencia en la Costa Pacífica, la Amazonía, la Orinoquía y zonas de frontera. Hasta ahora, el tratamiento se importaba, lo que implicaba riesgos logísticos y financieros.

Con el registro sanitario otorgado por el INVIMA, la Universidad de Antioquia proyecta una producción anual de 1,3 millones de tabletas. El primer lote, estimado en 240.000 unidades, será entregado en los próximos meses al Ministerio de Salud para su distribución en las regiones con más casos reportados.

El desarrollo del medicamento se llevó a cabo en la planta pública de producción farmacéutica de la universidad, certificada por el INVIMA. Participaron grupos de investigación y jóvenes investigadores de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias. La iniciativa fue financiada a través del Fondo de Investigación en Salud.

La decisión se enmarca en una política de fortalecimiento de la soberanía sanitaria. Según los ministerios involucrados, producir medicamentos desde el sector público contribuye a garantizar el acceso oportuno y gratuito, especialmente en zonas históricamente desatendidas.

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Además de atender una necesidad de salud pública, el proyecto busca consolidar capacidades científicas e industriales. La producción local permite mayor control sobre procesos clave como calidad, distribución y costos. También impulsa la formación de talento en investigación aplicada y tecnología farmacéutica.

El Gobierno ha señalado que esta iniciativa responde a una visión de ciencia orientada al bienestar social. No se trata solo de fabricar medicamentos, sino de desarrollar herramientas propias para enfrentar los retos de salud en el territorio.

La malaria, causada por parásitos del género Plasmodium y transmitida por mosquitos infectados, sigue siendo un problema de salud pública en varias regiones del país. La cloroquina es uno de los tratamientos utilizados para combatir la enfermedad, aunque requiere seguimiento médico para su uso adecuado.

Con esta medida, Colombia se suma a los países que han optado por fortalecer su producción interna de medicamentos esenciales. En un contexto de alta concentración de la industria farmacéutica global, esta estrategia busca asegurar el acceso sin depender exclusivamente del mercado internacional.

El proyecto representa una articulación entre Estado, universidad y sector salud. Se espera que este modelo se amplíe a otros medicamentos considerados estratégicos por su impacto en la salud de la población.

Más allá del anuncio, la producción nacional de cloroquina marca un precedente. Permite responder con mayor rapidez a brotes epidémicos, mejora la planificación sanitaria y refuerza el papel de la ciencia pública en la toma de decisiones.

Imagen: Minciencias

La entidad asegura que los ladrones cibernéticos están pidiendo entre dos y cinco millones de dólares en criptomonedas para que la página vuelta a funcionar sin problemas. Fue el pasado 3 de octubre cuando la entidad reconoció que su página web había sido vulnerada por piratas informáticos. A través de sus redes sociales, el INVIMA informó a la ciudadanía que algunos servicios de su sitio web se estaban viendo afectados por el ataque cibernético. En ese momento, la entidad catalogó el ataque como un “secuestro de información”.

Cabe recordar que esta última ofensiva contra la entidad no es la única que ha sufrido. Hace aproximadamente ocho meses, el INVIMA también presentó un ataque cibernético del que lograron levantarse días después. Sin embargo, dicho ataque logró retrasar la entrada y salida de contenedores de alimentos y otros productos indispensables en los puertos del país.

“Esto hace que varias de nuestras plataformas no puedan continuar operando, las hemos suspendido para que el daño se pueda contener y se pueda evaluar antes de reiniciar operaciones. No fue un robo de información, lo que hicieron los hackers fue cambiar el idioma de toda la programación y de toda la documentación de la que dispone la institución. El problema es que el INVIMA no puede utilizar la información. Se trata de un encriptado. Nuestros sistemas no pueden funcionar. El INVIMA ya había tenido un ataque en febrero o marzo”, Comentó Rossi, en su momento.

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Ahora, a diferencia del comunicado del pasado 3 de octubre emitido por la entidad, Rossi asegura que el término “secuestro” no es el adecuado para referirse a la información. Adicionalmente, argumentó que los delincuentes informáticos están pidiendo que se les pague. “los hackers hacen esto porque estos ataques siempre salen en los periódicos y también atacan instituciones privadas, las cuales sí pagan. Esto les sirve para hacer un poco de publicidad”, aseguró Rossi.

Pero el INVIMA no fue la única entidad afectada. Se cumple más de un mes desde que la página y el sistema del comando central de las Fuerzas Militares fue hackeada, desde entonces, la entidad ha estado realizando un diagnóstico del robo de información. Se pudo determinar es que el ataque cibernético viene por parte de un grupo de piratas informáticos denominado ‘Guacamayas’. Por otro lado, el grupo de delincuentes cibernéticos no solo tomó a las Fuerzas Militares colombianas como su blanco de robo. El hackeo también se presentó en el sistema militar de México, Chile, El Salvador y Perú.

Imagen: Pexels

Algunos de los productos que se vendían a través de estos perfiles no contaban con registro sanitario y otros tienen su venta prohibida porque tienen componentes peligrosos para la salud, según informó el Invima a través de un comunicado. Además, el Invima resaltó que estos ofrecían beneficios no autorizados y virtudes terapéuticas que engañaban a los consumidores.

Dentro de los perfiles eliminados se encuentran las siguientes marcas: Ultrasbelt, Xibion, Eurofit y Ultra ZX, Nitro Fit, Airt Fit, Green Tea, Sundown Naturals, Ghee Mantequilla, Blue Energy, entre otros.

Comprar por Internet no adelgaza

El Invima también advierte que comprar este tipo de productos por Internet puede ser peligroso, por lo que recomienda visitar su página para conocer si los que tienes la intención de comprar cuentan con un registro sanitario veraz. Esto puede hacerse a través de este enlace.

No es la primera vez que algo así sucede en el país. Ya personajes de la farándula nacional han tenido que borrar imágenes de sus redes sociales en las que hacen publicidad a este tipo de productos.

Imagen: Stevepb (Vía Pixabay)