La sentencia T-256 de 2025 concluyó que Meta Platforms, Inc. aplicó sus normas de forma inconsistente y sin suficiente claridad. En particular, el fallo señala que la eliminación de contenidos y la suspensión de la cuenta no cumplieron con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, se evidenció un trato desigual frente a otros perfiles que publicaban material similar.

El análisis del tribunal también cuestionó la forma en que se llevó a cabo la moderación de contenidos. Según la decisión, el procedimiento careció de transparencia y no ofreció garantías mínimas para que la afectada pudiera entender o controvertir la sanción. Esto, en la práctica, limitó el espacio digital en el que desarrollaba su actividad como creadora de contenido.

Cambios obligatorios para Meta en Colombia

Más allá del caso individual, la decisión introduce una serie de órdenes que buscan modificar la relación entre plataformas digitales y usuarios en Colombia. Entre las principales medidas, se exige a Meta habilitar un canal claro y accesible para recibir notificaciones judiciales dentro del país, una dificultad que quedó en evidencia durante el proceso.

También deberá revisar y ajustar las condiciones de uso de Instagram y su política de privacidad. El objetivo es que los usuarios comprendan con precisión por qué se elimina una cuenta, cuánto tiempo se conserva su información y qué mecanismos existen para apelar estas decisiones.

Otro punto central es la obligación de unificar y traducir al español las políticas relacionadas con desnudos, actividad sexual y servicios sexuales entre adultos. La Corte encontró que estas normas están dispersas y, en algunos casos, solo disponibles en inglés, lo que dificulta su comprensión.

La sentencia va más allá al pedir mayor claridad sobre las reglas de moderación, incluyendo cómo funciona el sistema de sanciones y si se tienen en cuenta conductas fuera de la plataforma. También invita a la compañía a publicar informes periódicos sobre sus decisiones de moderación en Colombia, como ya ocurre en otras regiones.

Un precedente para creadores digitales

El fallo reconoce que la moderación de contenidos es necesaria para evitar la circulación de material ilegal, como la explotación sexual o la pornografía infantil. Sin embargo, advierte que estas facultades no pueden ejercerse de forma arbitraria ni sin controles.

En el caso concreto, la Corte ordenó a Meta abstenerse de imponer restricciones injustificadas a la cuenta actual de Esperanza Gómez y garantizar que cualquier medida futura esté debidamente justificada.

Aunque el tribunal no concedió una indemnización económica, sí dejó abierta la posibilidad de que la influencer acuda a la justicia civil para reclamar perjuicios. La decisión aclara que existen otros mecanismos judiciales para discutir eventuales daños económicos derivados de este tipo de actuaciones.

El impacto de esta sentencia no se limita a una sola usuaria. La Corte también instó a entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio a avanzar en una regulación específica para influencers. La intención es definir con mayor precisión sus derechos, deberes y la relación que mantienen con las plataformas digitales.

Con esta decisión, el tribunal fija reglas más claras sobre los límites de las plataformas tecnológicas en Colombia y abre un debate sobre la protección de los derechos en entornos digitales cada vez más determinantes para el trabajo y la expresión.