Aunque no existe una cifra exacta en Colombia, según la Universidad Libre en el año 2018, se presentaron 1.200 denuncias por injurias y calumnias pregonadas en las redes sociales. Cabe recalcar a qué hace referencia cada una de estas palabras. Las injurias se refieren principalmente a insultar o deshonrar a alguien; mientras que la calumnia es realizar una acusación falsa contra alguien.

Visto de esta manera, si en algún momento has pensado en levantar calumnias o injurias contra alguien por medio de las redes sociales, sin importar la razón, será mejor que te lo pienses dos veces. Actualmente, la ley penal en Colombia, dedicó un capítulo entero a las conductas que atenten contra la moralidad pública, es decir, cuando se cometa alguno de los delitos mencionados.

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Dicho así, la ley designa que aquella persona que cometa injuria, deberá someterse a prisión entre 16 y 54 meses y pagar una multa de entre $10 y $1.242 millones de pesos colombianos. Por su parte, quien comete calumnia, deberá pagar entre 16 y 72 meses de cárcel o pagar una multa de entre $10 y $1.242 millones de pesos colombianos. Así lo determina la Ley 599 del 2000 en Colombia; no, estos delitos no son considerados delitos informáticos pero son tipificados como delitos “clásicos”.

Sin embargo, hay quienes se basan en que este tipo de delitos van en contra de la libertad de expresión. En el artículo 20 de la constitución política de Colombia se lee “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación”. Esta ley no ha sido delimitada, por lo que es muy difícil determinar si la injuria y calumnia hacen parte de la libre expresión. En conclusión, solamente un juez podrá determinar si el acoso por redes sociales, la injuria y calumnia se castigan o no.

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En el comentario, López –firmando como un anónimo– acusó a Escalante de que fue despedida de la caja de compensación y del Club Colombia, que manejaba, por “malos manejos“, y se refirió a ella en términos desobligantes. Según la Fiscalía General de la Nación, los comentarios de López configuran el delito de injuria agravada porque “la conducta se cometió utilizando un ‘medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva’“.

Es poco probable que López vaya a la cárcel, pues el delito por el que fue condenado es excarcelable. Sin embargo, el haber sido declarado culpable puede traerle consecuencias negativas en otros órdenes de su vida.

En la sentencia [PDF], la Corte decidió no admitir la apelación del abogado de López, pues en ella no “se hace algún esfuerzo por satisfacer los presupuestos de lógica y debida argumentación“. Sin embargo, según algunos críticos, la Corte debió haberse pronunciado de fondo, porque este caso tiene consecuencias que tienen que ver con libertad de expresión en internet.

Es un problema de libertad de expresión

Para el director de la Fundación para la Libertad de Prensa, Pedro Vaca, “este es un caso desproporcionado. Y la Corte Suprema, en vez de corregir eso y adaptarlo a estándares de libertad de expresión, lo que hace es dejarlo pasar y no abordar el debate de fondo“. Además, a su juicio, no se ha probado que el comentario de López realmente le haya causado un daño a Escalante. “Nadie percibe los comentarios a las notas en internet como ciertos y no tienen esa capacidad de dañar, por ello tampoco se cumple el otro requisito: que la persona condenada tenga conciencia del daño. Todo el mundo percibe como algo irrelevante los comentarios que se hacen en estos foros“, le dijo a El Espectador.

“Los jueces no están entendiendo el contexto de estas cosas”

Otros expertos consultados por ENTER.CO también expresaron reparos frente a la decisión. El abogado y periodista Carlos Cortés Castillo aseguró que “los jueces no están entendiendo el contexto de estas cosas“, y aunque la Corte tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Sin embargo, Cortés cree poco probable que el caso de este comentarista se convierta en un precedente para juzgar a otros ciudadanos que expresen su opinión en al red. “No creo que esto abra un boquete para que se comience a meter a la cárcel a los tuiteros“, aseguró.

La abogada Carolina Botero, a su turno, lamentó que “estos debates están llegando tarde al país. En otros países de Latinoamérica, estos fueron los principales argumentos cuando se legisló sobre la libertad de expresión en internet, mientras que en Colombia la discusión tomó otro camino“, aseguró. A su juicio, el caso “podría tener efectos muy negativos“.