Los documentos fueron radicados ante la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos por su empresa TAS Rights Management. A diferencia de otros registros asociados a su nombre o productos, estas solicitudes incluyen dos fragmentos de audio y una imagen específica. La particularidad está en que buscan proteger elementos que hasta ahora no eran habituales dentro de este tipo de trámites: la voz hablada y su representación visual en un contexto muy definido.

Los clips de audio corresponden a mensajes promocionales en los que Swift anuncia el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl en plataformas como Amazon Music y Spotify. En paralelo, la imagen que intenta registrar muestra a la artista en el escenario con una guitarra rosa y un vestuario brillante, una estética asociada a su gira The Eras Tour.

Un vacío legal que la IA dejó en evidencia

El interés por registrar estos elementos no surge de una estrategia comercial tradicional, sino de una limitación jurídica. Las leyes de derechos de autor protegen grabaciones o composiciones existentes, pero no siempre cubren imitaciones creadas desde cero con inteligencia artificial. Hoy, cualquier usuario puede generar una canción o un video que “suene” o “parezca” de un artista sin utilizar material original.

Ahí aparece el uso de las marcas registradas como alternativa. Según el abogado Josh Gerben, este tipo de solicitudes busca abrir una vía distinta: en lugar de proteger una obra, se protege un rasgo identificable que podría generar confusión sobre su origen.

Si estas solicitudes prosperan, Swift tendría herramientas para cuestionar contenidos en los que su voz —o una muy similar— sea utilizada sin autorización, incluso si el material fue generado desde cero. El argumento no sería la copia, sino la posible asociación indebida con su identidad artística.

¿Cómo funciona el registro y por qué importa?

El proceso ante la autoridad estadounidense implica demostrar que el sonido o la imagen cumplen una función distintiva dentro de una actividad comercial. Luego de la revisión inicial, la solicitud pasa por etapas de evaluación y posibles oposiciones antes de ser aprobada o rechazada.

No se trata de un trámite automático ni de alcance universal. Registrar una voz como marca es poco común y su aplicación en tribunales todavía no está del todo definida. Sin embargo, el hecho de que figuras públicas empiecen a utilizar este mecanismo sugiere un cambio en la manera de proteger su trabajo.

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El actor Matthew McConaughey ha impulsado solicitudes similares en meses recientes, lo que refuerza la idea de que la industria busca respuestas fuera de los marcos tradicionales.

Para especialistas como Leticia Caminero, acumular registros no solo amplía la protección legal, también fortalece el control sobre el uso comercial de una marca personal. En un entorno donde la inteligencia artificial puede replicar identidades con facilidad, esa acumulación empieza a funcionar como una barrera preventiva.

El resultado de estas solicitudes podría sentar precedentes sobre cómo se protegerán las voces, los rostros y, en general, la identidad de los artistas en los próximos años. No es solo un caso individual: es una señal de cómo el derecho intenta alcanzar a la tecnología.

Imagen: Reuter

A medida que las transacciones migran a canales digitales, también lo hacen los riesgos. Las contraseñas tradicionales ya no son suficientes y las organizaciones están incorporando nuevas capas de seguridad que combinan biometría, comportamiento y análisis de datos para identificar a cada persona en tiempo real.

Para entender cómo funciona este cambio y qué implicaciones tiene para la industria, ENTER.CO entrevistó a Sebastián Stranieri, fundador y CEO de VU, una compañía que desarrolla soluciones de identidad digital utilizadas por bancos y organizaciones en América Latina.

En medio de tanto ruido sobre transformación financiera, cambios regulatorios y tecnología, ¿qué es realmente narrativa y qué está cambiando de forma estructural en el sistema financiero?

Lo que está cambiando de fondo —tanto en el mundo financiero como en el de la seguridad— es la capacidad de acelerar la entrega de nuevas funcionalidades. Desde nuestra perspectiva, especialmente en identidad digital, estos cambios están mejorando significativamente la experiencia de usuario.

Hoy es mucho más sencillo que un equipo de negocio se siente con un área técnica y diga: “quiero esto”. Antes, muchas ideas se perdían en un documento. Ahora es fácil crear prototipos que terminan convirtiéndose en productos reales.

Pero más allá de la velocidad, lo estructural es que la identidad digital se ha vuelto una prioridad. Todos, varias veces al día, usamos usuarios, contraseñas, credenciales o biometría facial para acceder a servicios. Toda esta tecnología permite generar un contexto mucho más amplio del usuario: entender cómo transacciona, cómo se comporta y crear modelos de seguridad personalizados.

Esto también es positivo para los reguladores. Históricamente, implementar una nueva normativa podía tardar seis meses o más. Hoy existe la expectativa —y la posibilidad real— de que esos tiempos se acorten drásticamente.

Al mismo tiempo, la competencia entre compañías será mucho más intensa, porque lo digital es cada vez más fácil de replicar. El verdadero diferencial será lo humano. Y, como mencioné en mi charla, el contexto del fraude se amplía enormemente.

VU nace como una compañía de ciberseguridad. ¿Cuál fue el origen real de la empresa?

En realidad, VU nació por una experiencia muy concreta. Un día acompañé a mi abuela a una oficina de gobierno para hacer la “fe de vida”, un trámite necesario para que pudiera seguir cobrando su pensión. Era un proceso completamente manual, lento y presencial.

Después de varias horas, pensé: esto se tiene que poder resolver con tecnología. Así nació VU.

Diecisiete años después, puedo decir que el sistema de identidad digital de Argentina funciona con nuestra tecnología. Hoy mi abuela hace su fe de vida desde el teléfono, usando su tarjeta de débito, sobre una infraestructura crítica de gestión de identidad digital que desarrollamos en VU. La tecnología verifica que la persona sea quien dice ser, que esté viva, y genera el certificado necesario sin que tenga que moverse de su casa.

¿Siempre estuvieron enfocados exclusivamente en identidad digital o ese foco fue evolucionando con el tiempo?

Desde el inicio fuimos una empresa de identidad digital y seguimos siéndolo. Nuestra visión es que todas las personas tienen un ciclo de vida digital.

Ese ciclo incluye:
Registro en un servicio
Operación dentro de ese servicio
Recuperación de credenciales o gestión de incidentes (fraude, accesos)
Gestión de datos

Este ciclo ocurre en bancos, fintech, empresas de pagos, compañías de crédito o cualquier entorno digital. Nosotros aseguramos todo ese proceso.

La ciberseguridad y la prevención del fraude funcionan como la medicina: hay médicos generalistas y especialistas. Nosotros somos especialistas en identidad digital y fraude, y ayudamos a las compañías a resolver esa problemática de extremo a extremo.

Por ejemplo, entidades como Compensar en Colombia usan nuestro sistema para verificar identidad con doble factor de autenticación, gestionar credenciales, contraseñas y biometría.

Muchos sistemas aún usan validaciones basadas en preguntas históricas. La biometría avanza, pero también genera resistencia. ¿Cómo se equilibra seguridad y comodidad del usuario?

La biometría es solo uno de los factores. No creemos en una “bala de plata”.

Una persona no es solo su rostro o su huella: es su voz, el teléfono que usa, los lugares desde donde opera, su computadora, su comportamiento digital.

Nosotros construimos lo que llamamos una online persona. Esa identidad contextual le permite a una compañía entender si una transacción es coherente o no.

No es lo mismo que alguien acceda desde su dispositivo habitual que desde un teléfono nuevo, en otro país, con un patrón de comportamiento distinto. En función de ese contexto, se activan diferentes políticas de seguridad.

Colombia está entrando en un punto de inflexión en materia de identidad digital. No es solo una discusión regulatoria, es una decisión que impactará directamente la confianza en los negocios, la adopción de servicios digitales y la competitividad del país.

El contexto es contundente. Según el Global Online Safety Survey de Microsoft, el 71% de los colombianos sufrió algún incidente en línea en el último año y un 17% fue víctima de robo de identidad digital. A esto se suma un cambio estructural, el uso de inteligencia artificial para crear identidades sintéticas, replicar voces y generar deepfakes, lo que está acelerando y sofisticando el fraude a una escala sin precedentes.

Esto obliga a replantear un principio básico, ya no basta con validar datos, se deben validar personas. En la actualidad, la identidad está siendo replicada digitalmente, generando un número importante de fraudes y suplantaciones. Por eso, la seguridad está dependiendo de la capacidad tecnológica para confirmar que quien está del otro lado es real y es quien dice ser.

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Ahí es donde la regulación empieza a ser determinante. Por ejemplo, Colombia avanza hacia un marco normativo que busca fortalecer la protección de la identidad ciudadana, pero el desafío no es solo legislar, sino hacerlo con un enfoque técnico que responda a la velocidad de la tecnología.

Sin estándares claros, los sistemas de autenticación pueden convertirse en un punto crítico de vulnerabilidad, especialmente en sectores como el financiero, la salud, comercio electrónico y servicios públicos digitales, donde la identidad es el eje de la operación.

En este contexto, los mecanismos de validación fuerte, como la biometría dactilar y facial con detección de vida, se consolidan como una respuesta efectiva, al reducir significativamente los riesgos de suplantación, permitiendo confirmar que quien interactúa es una persona presente y autorizada.

Sin embargo, la tecnología no es suficiente si no está acompañada de lineamientos claros, pues desde una perspectiva técnica, la regulación debería avanzar sobre tres pilares: transparencia en los modelos automatizados, trazabilidad en el uso de datos personales y mecanismos de control sobre decisiones algorítmicas que impacten los derechos.

El reto es que este marco no sea estático, ya que los modelos de inteligencia artificial evolucionan a diario y los ataques escalan en segundos. La regulación deberá ser flexible, adaptable y alineada con la dinámica tecnológica.

Para el sector empresarial, este momento es estratégico. La confianza digital se ha convertido en un activo crítico, sin ella no hay crecimiento ni adopción de servicios, así como sostenibilidad en el entorno digital.

Por eso, regular la identidad digital no es una carga. Es una oportunidad para fortalecer la confianza de la economía digital, al proteger a los ciudadanos y habilitar modelos de negocio más seguros y escalables.

No es un problema menor, ya que en América Latina, una brecha de seguridad puede costar en promedio US$2,51 millones, según el informe Cost of a Data Breach de IBM. La cifra incluye pérdidas operativas, sanciones y afectación reputacional.

En Colombia, la presión también aumenta. El Centro Cibernético de la Policía Nacional reportó un incremento del 23% en las denuncias por incidentes cibernéticos durante el último año. Más digitalización implica más exposición.

Las empresas enfrentan un dilema: proteger la información sin frenar la experiencia del usuario. El modelo basado únicamente en usuario y contraseña ya no ofrece garantías suficientes.

La biometría toma fuerza en la seguridad digital

La autenticación biométrica gana terreno como alternativa frente al robo de credenciales. Tecnologías como el reconocimiento facial con detección de vida en tiempo real permiten validar que la persona que accede a una plataforma es real y está presente, no una imagen o un video manipulado.

En el país, la interoperabilidad marca la diferencia. La posibilidad de contrastar datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil añade una capa adicional de verificación en procesos digitales. Esto resulta relevante para banca, sector público y grandes corporaciones.

Compañías como OlimpIA promueven esquemas de identidad digital que integran biometría e inteligencia artificial. Su propuesta busca reducir el riesgo de suplantación y fortalecer la confianza en cada transacción en línea.

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Para Simbad Ceballos, CEO de la firma, el reto no se limita a impedir accesos no autorizados. También implica asegurar que cada interacción digital esté respaldada por tecnología acreditada internacionalmente.

El cambio tiene impacto directo en los usuarios. Abrir una cuenta, firmar documentos o realizar trámites sin presencia física exige mecanismos de validación más robustos. La identidad digital aparece como respuesta a esa necesidad.

Sin embargo, el avance de la biometría también abre debates sobre privacidad y protección de datos. El uso responsable de la información personal será determinante para sostener la confianza.

La tendencia es clara. Con tres de cada cuatro ataques vinculados al robo de credenciales, las organizaciones aceleran la migración hacia sistemas de autenticación más avanzados.

La seguridad digital dejó de ser un asunto técnico. Hoy influye en la estabilidad financiera de las compañías y en la experiencia cotidiana de millones de usuarios.

Imagen: Archivo ENTER.CO

La propuesta es histórica por diversos motivos; el más relevante es que, hasta el momento, los derechos de autor se limitaban a proteger creaciones originales como canciones, libros o imágenes. Sin embargo, esta nueva normativa pretende establecer un marco en el que la apariencia personal esté protegida por las mismas leyes que impiden el uso no autorizado de marcas registradas o propiedades intelectuales como K-Pop Demon Hunters.

Aunque la ley fue presentada originalmente en junio de 2025, esta semana la propuesta se acercó a su aprobación final. Esto ha captado la atención internacional, ya que Dinamarca podría imponer la primera ley de identidad digital de este tipo en Europa. “Si no protegemos a los titulares de los derechos, y si cada ciudadano puede falsificar o copiar las artes y las obras de otras personas, le quitamos el sustento a la comunidad artística”, aseguró Jakob Engel-Schmidt, ministro de Cultura de Dinamarca.

Protección contra los deepfakes: ¿un paso obligatorio?

La norma propuesta por Dinamarca ofrecería mecanismos legales para que una persona pueda demandar si encuentra contenido que replique su apariencia o voz sin consentimiento. Además, prohibiría de forma tajante que los deepfakes creados sin autorización sean compartidos en plataformas digitales.

Existen puntos que generan dudas sobre la operatividad de la norma a largo plazo. La propuesta otorga libertad para exigir a plataformas como Instagram o TikTok la eliminación de contenido no autorizado, de forma similar a como Disney solicita retirar clips de sus películas. No obstante, queda pendiente resolver cómo interactúa este derecho con las aplicaciones de IA cuyos términos y condiciones solicitan acceso para usar dicha información. La normativa aclara que estos derechos no aplican en casos de parodia o sátira, protegiendo así la libertad de expresión al criticar a figuras públicas.

¿Necesitamos en Colombia una norma que nos proteja contra los deepfakes?

El principal problema legal que representan los deepfakes hoy radica en la vulneración de derechos fundamentales como el honor, la propia imagen y la intimidad. Esto es crítico en casos de contenido pornográfico no consentido y suplantación de identidad para fraudes financieros. Además, estas herramientas pueden manipular la opinión pública mediante desinformación política, poniendo en jaque la integridad de los procesos electorales.

Ante esta situación, diversos países han implementado medidas regulatorias con distintos enfoques. La Unión Europea, a través de su Reglamento de Inteligencia Artificial (en vigor pleno este 2026), exige que todo contenido generado por IA sea etiquetado claramente para garantizar la transparencia. Por su parte, Estados Unidos ha avanzado con leyes federales que otorgan herramientas para la eliminación rápida de imágenes no consentidas, protegiendo la voz y apariencia frente a réplicas digitales.

En otras regiones, el enfoque se centra en el control técnico y responsabilidad penal. China fue pionera al exigir marcas de agua digitales cifradas imposibles de eliminar, vinculando la identidad del usuario con el contenido. En países como España, se han reformado los códigos penales para tipificar la difusión de deepfakes sexuales como un delito contra la integridad moral. Este esfuerzo global refleja un cambio de paradigma: la ley busca proteger la identidad digital como un activo esencial del ser humano.

La jugada funcionó. En pocas horas, el desempleo dejó de ser tendencia y fue reemplazado por un debate emocionalmente potente: la protección de los menores. Es un terreno difícil de cuestionar sin pagar costos políticos. Sin embargo, detrás del discurso protector aparece una agenda mucho más amplia que tiene que ver con poder, control y narrativa.

El paquete presentado por el Gobierno no se limita a una restricción etaria. Incluye responsabilizar penalmente a directivos de plataformas, castigar la manipulación algorítmica, crear sistemas de medición del odio y reforzar la capacidad del Estado para intervenir contenidos considerados ilegales. Todo gira alrededor de una palabra que Sánchez repite con insistencia: control.

Del cuidado infantil al control del espacio digital

Prohibir redes sociales a menores no es una medida inocua ni simple. Para que sea efectiva, exige verificar la edad de todos los usuarios. Y verificar la edad de todos implica, en la práctica, acabar con el anonimato digital, centralizar datos sensibles y normalizar sistemas de identificación obligatoria. No solo para adolescentes, sino para toda la ciudadanía.

El choque con Elon Musk ayudó a consolidar el relato. El propietario de X respondió con acusaciones de autoritarismo que escalaron el conflicto a nivel internacional. Lejos de debilitar la estrategia del Gobierno, el enfrentamiento amplificó el mensaje y desplazó aún más otros debates incómodos. La polémica se volvió global, el ruido aumentó y la agenda quedó capturada.

Mientras tanto, las dudas técnicas y sociales quedaron relegadas. Especialistas advierten que la prohibición puede esquivarse fácilmente con herramientas básicas y que no existe consenso científico sólido sobre su impacto positivo en la salud mental de los jóvenes. También señalan que una política basada en vetos puede ser más simbólica que efectiva.

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Más allá de la discusión técnica, emergen motivaciones políticas menos explícitas. Una es la necesidad de recuperar control sobre un espacio donde el poder institucional ha perdido capacidad de marcar límites. Las redes sociales no solo amplifican desinformación, también amplifican críticas, disidencias y narrativas incómodas para los gobiernos.

Otra razón es el manejo de la agenda. Convertir la regulación digital en el eje del debate permite desplazar temas económicos adversos sin confrontarlos directamente. No se niegan los datos, pero se les quita oxígeno mediático.

La discusión de fondo no es si los menores deben o no usar redes sociales. Es quién define qué contenidos son aceptables, quién controla esa definición y qué contrapesos existen. En ese punto, la propuesta deja de ser una política pública y se convierte en una disputa abierta por el poder en el espacio digital.

Según esos reportes, durante los días de Navidad se habría conectado información que antes estaba separada. Registros de identidad, servicios financieros públicos y plataformas sociales pasaron a funcionar dentro de una misma estructura digital centralizada, lo que modifica cómo se valida a cada persona para operar en la vida diaria.

Muchos ciudadanos notaron que páginas oficiales estuvieron lentas o dejaron de responder en fechas festivas, cuando el tráfico suele ser bajo. Especialistas explican que este comportamiento suele darse cuando se mueven grandes volúmenes de información y se reorganizan bases de datos en los servidores.

¿Qué significa esto en la práctica?

La integración de sistemas implica que más aspectos de la vida cotidiana dependen de una sola validación digital. En el esquema conocido como Bóveda de Cristal en Venezuela, identidad, pagos y acceso a servicios quedan conectados, por lo que un problema en un área puede afectar inmediatamente a las demás.

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La infraestructura se apoya en registros oficiales como los administrados por el SAIME. Si los datos no coinciden entre sistemas, el ciudadano puede encontrarse con bloqueos sin recibir una explicación inmediata ni tener un funcionario que resuelva el problema.

En términos simples, esto puede traducirse en situaciones concretas. No poder usar una cuenta bancaria. No poder pagar servicios básicos. No poder comprar combustible. No poder acceder a un hospital público. No poder completar un trámite, incluso sin haber cometido ningún delito.

Por esta razón, algunos especialistas hablan de borrado civil para describir estos escenarios. No se trata de una desaparición física, sino de quedar fuera del sistema administrativo, donde la persona existe pero no puede operar con normalidad.

¿Cómo puede afectar a los ciudadanos?

Las investigaciones también señalan que los sistemas actuales pueden cruzar identidad con información de pagos electrónicos y uso de plataformas digitales. Estas funciones existen en otros países, pero generan preocupación cuando no hay información clara sobre límites, controles o formas de corregir errores.

Para los venezolanos que viven fuera del país, el impacto puede ser mayor. Analistas advierten que la integración de registros migratorios, financieros y administrativos puede dificultar renovar documentos, mover dinero o gestionar propiedades si el sistema considera que los datos no están actualizados dentro de Bóveda de Cristal en Venezuela.

A esto se suman denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre detenciones sin información inmediata para las familias. Cuando una persona no aparece en los registros oficiales y además su acceso a servicios queda limitado, el impacto se extiende a su entorno familiar y económico.

Desde el punto de vista del ciudadano común, el problema no es la tecnología en sí, sino la falta de explicación. Cuando un sistema centralizado toma decisiones sin decir por qué, no hay a quién reclamar ni cómo corregir un error que afecta la vida diaria.

En el contexto descrito como Bóveda de Cristal en Venezuela, existir dentro del sistema se convierte en una condición para poder funcionar. La tecnología deja de ser solo una herramienta administrativa y pasa a determinar quién puede pagar, atenderse, moverse o ejercer derechos básicos.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

Hace poco circuló en medios internacionales la historia de un joven cuya imagen fue utilizada en un video falso creado con inteligencia artificial. El material era tan realista que engañó incluso a personas cercanas a él. Este caso no ocurrió en Colombia, pero bien podría haber pasado aquí. La anécdota refleja el alcance de los deepfakes y pone sobre la mesa una preocupación que no distingue fronteras y es la manipulación de la identidad digital.

Frente a esta situación, Colombia dio un paso significativo con la aprobación de la Ley 2502 de 2025, que modificó el artículo 296 del Código Penal. La norma establece sanciones para quienes suplanten a otra persona o alteren su identidad con fines de provecho o daño, y contempla un agravante cuando estas conductas se realizan mediante inteligencia artificial. Con esta decisión, el país reconoce que los fraudes digitales son una realidad presente que afecta la confianza ciudadana.

Este avance resuena con otras iniciativas relevantes aplicadas en otras naciones. Por ejemplo, en el Reino Unido se aprobó una legislación que castiga con prisión la creación y difusión de deepfakes sexuales sin consentimiento, luego de registrarse un incremento superior al 400 % en este tipo de fraude desde 2017. Casos como este demuestran que el problema no es exclusivo de una región y que la respuesta debe estar acompañada de un marco regulatorio que brinde herramientas reales para la prevención y protección de las víctimas.

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El deepfake no es un simple juego tecnológico: es un mecanismo que puede usarse para extorsionar, suplantar, manipular pruebas electrónicas o incidir en la opinión pública. Tipificar estas prácticas como delito contribuye a cerrar vacíos legales y nos deja un mensaje contundente: la dignidad en el entorno digital debe ser protegida.

Desde mi experiencia, es evidente que la regulación debe acompañarse de tecnología avanzada y una cultura ciudadana más crítica frente a lo que consume, comparte y produce en línea. La alfabetización digital en el uso de tecnologías emergentes y construcción de entornos confiables son pilares fundamentales para enfrentar los nuevos riesgos con criterio y responsabilidad.

El debate sobre los deepfakes no es únicamente un asunto técnico; es un desafío que compromete la democracia, reputación de las personas y estabilidad institucional. Apuntemos a sostener un ecosistema tecnológico ético, consciente y seguro.

La experiencia fue compartida en LinkedIn por Borys Musielak, quien aseguró que no buscaba cometer fraude, sino mostrar un problema real: los sistemas digitales que usamos para verificar identidades no están preparados para detectar documentos falsos creados con IA.

Estos sistemas, conocidos como KYC (Know Your Customer), son muy comunes en bancos, aseguradoras, plataformas de criptomonedas y servicios de viaje. En la mayoría de los casos, las personas verifican su identidad desde casa, sin ir a una oficina, lo que facilita la suplantación si los filtros no son lo suficientemente estrictos.

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El ingeniero fue claro en su mensaje: “Si trabajas con procesos KYC, es momento de actualizarlos. Tus usuarios lo merecen. Tu equipo de cumplimiento también.” Como solución, propone que se adopten sistemas de identidad digital más seguros, como las billeteras electrónicas de identificación impulsadas por la Unión Europea.

Este tipo de recursos permite confirmar la identidad de una persona con mayor seguridad, usando tecnologías como biometría y firmas digitales verificadas. La idea es que los documentos no solo “parezcan reales”, sino que estén conectados a una fuente oficial que garantice su autenticidad.

La preocupación no es teórica. Plataformas como OnlyFake ya han sido descubiertas vendiendo documentos de identidad falsos creados con IA en la dark web, por menos de 14 euros. Eran usados para engañar plataformas online, y algunos incluso parecían emitidos por gobiernos reales.

La advertencia es clara: si no se toman medidas pronto, los fraudes digitales serán cada vez más comunes. La inteligencia artificial sigue avanzando, y si los sistemas no evolucionan con ella, los riesgos para la seguridad digital serán cada vez más difíciles de controlar.

Imagen: Generada con IA / Gemini

Estas tecnologías, en su mayoría, usan el Open Banking o la apertura financiera mediante el uso de los datos. Esta es la posibilidad de compartir información de los usuarios entre entidades financieras y no financieras, lo que ofrece distintos beneficios para las empresas y los usuarios; por ejemplo, a disminución de los tiempos que usualmente toma acceder a un servicio o realizar un trámite, ya que las empresas pueden agilizar notablemente sus procesos al tener la información de los usuarios disponible más fácilmente. Pero la principal pregunta es si los usuarios saben que está información se está compartiendo y cuáles tienen todas estas entidades.

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Es precisamente por esto que ahora los usuarios son más y más conscientes de la información que comparten con las empresas y su identidad digital. De hecho, el 35,9 % de los usuarios colombianos se preocupan por el uso que hagan las empresas de su información personal, según Digital Global Overview Report, desarrollado por We Are Social y Hootsuite. Los servicios de identidad digital en Colombia funcionan como herramienta para certificar la validez de los datos y reducir riesgos de suplantación en los procesos de apertura de productos financieros.

“El Open Banking sin lugar a duda llegará a Colombia, con un sinnúmero de beneficios a los que tendremos acceso si alcanzamos este concepto. Un gran grado de responsabilidad recae en la industria privada como veedores del uso de los datos de los usuarios. Debemos otorgar a las personas la autoridad frente a su información y la seguridad de poder compartirla sin riesgos y de manera fácil”, explica Santiago Aldana, CEO de SoyYo. Además, resalta que, con la identidad digital creada en cada uno de los colombianos, toda la información asociada a ésta podrá ser compartida con las empresas de una forma rápida y sin fricción.

Con aplicaciones como SoyYo, la información se cifra en el teléfono del usuario, no en la de las entidades, y en cada transacción en la que es necesario identificarse, es la persona la que se encarga de decidir qué datos comparte con las entidades.

Imagen: Freepik. 

Hoy, las tecnologías digitales como los servicios en la nube, la biometría, las redes móviles y los teléfonos inteligentes son nuestras herramientas para aumentar la disponibilidad de acceso y la seguridad, permitiendo un sistema onmicanal donde toda la población este registrada, todo gracias a los servicios de identidad digital.  De hecho, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones espera que para el 2022 existan aproximadamente 3 millones de usuarios únicos como “ciudadanos digitales”. 

¿Cuáles son los alcances de la identidad digital?

Con estas soluciones tendremos a disposición múltiples opciones que no se creían posibles hace un tiempo: realizar compras, pagar facturas, realizar trámites públicos, comercializar productos y servicios sin el miedo de ser suplantados y de una manera muy práctica.

Es importante destacar que suele cometerse un error con el término “identidad digital”, porque muchas personas lo relacionan directamente al sector financiero. Esto es debido a que es la industria que más la ha explotado. Principalmente, por la necesidad de autenticarnos como usuarios en sus canales digitales a través de contraseñas y otras herramientas para garantizar la identidad y seguridad de los movimientos bancarios. Sin embargo, la necesidad de autenticación de identidad ya es cuestión de todas las industrias.

En general la necesidad se hace visible cuando deseamos vincular a un nuevo cliente o empleado, y también cuando optamos por la autenticar al usuario para la realización de diferentes transacciones, con el fin de proteger la seguridad del usuario y la nuestra desde una visión corporativa.

Por eso es importante proponer un ecosistema integral para que la población que pueda demostrar su identidad mitigando el fraude o la suplantación de identidad, de manera ágil y reduciendo el esfuerzo en el proceso.

Los múltiples factores de autenticación son la solución a la identificación en línea

La combinación de estos factores de autenticación, permiten la validación de nuestra identidad y la generación de diferentes niveles para autenticarla, según el trámite; a la vez que se construye más confianza para que todos podamos realizar transacciones y contribuir a los planes del MinTIC de alcanzar en el 2022 más de 290 millones de transacciones digitales.

La digitalización claramente se ha acelerado durante la pandemia impulsando el teletrabajo y el comercio electrónico, entre otras. Pero la emergencia también ha evidenciado el reto que tenemos como país en la inclusión digital de la población. En países como Estonia el 99 % de los servicios del estado están digitalizados y alrededor del 98 % de los ciudadanos tienen forma de efectuar sus trámites digitalmente.  Otros países ya cuentan con múltiples sectores esenciales para la sociedad como la salud; en Singapur, por ejemplo, se ha creado un pasaporte digital para almacenar los datos médicos e identidad de cada paciente, con el fin de que puedan optimizar sus trámites con estas entidades.  Estos, como muchos otros más, son referentes importantes para nosotros en la implementación de un ecosistema de identidad digital dentro del país.

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La inclusión de nuestra identidad en el mundo digital es un camino que está tomando rumbo en Colombia donde empresas de diferentes sectores podrán proveer a los usuarios una experiencia en dónde los trámites y procesos se agilicen con ayuda de la tecnología. Para las empresas, tener múltiples factores de autenticación implica alcanzar un nivel de seguridad que se verá en la disminución del fraude, mejora de índices reputacionales y de conversión de ventas o transacciones.

Con la identidad digital vincularnos a un servicio, adquirir una autorización para un tratamiento médico, evitar la suplantación en un pago, solicitar un crédito o hacer un trámite notarial será tan sencillo como tomarnos una selfie. Por detrás de esta autenticación habrá múltiples validaciones en un proceso con muy baja fricción, imperceptible para los usuarios. Con este tipo de iniciativas no solo lograremos incluir a más población dentro del ecosistema digital, sino transformar la sociedad en su forma de interactuar, dónde hoy los usuarios no la tenemos fáciles.

Imagen: Prostockestudio (Vía Freepik).

Pero la plataforma decidió hacer su primera inversión en un emprendimiento de blockchain de la Universidad de Cambridge llamado Blockchain Cambridge. Este busca que las personas construyan una identidad que les permita autenticarse en línea sin tener que abrir en una cuenta en las grandes empresas o redes de Internet, como Facebook.

Para leer más sobre blockchain, visita este enlace.

PayPal usaría Blockchain Cambridge, inicialmente, para permitir que sus usuarios prueben quiénes son (sin necesidad de dar un correo electrónico, dar permiso a aplicaciones de terceros u obtener datos desde plataformas como Facebook) y al mismo tiempo impedir que la información personal se comparta innecesariamente, explica el portal Forbes.

PayPal, la identidad digital y el blockchain

“Hemos hecho la inversión en Cambridge Blockchain porque están aplicando esta tecnología para crear identidades digitales de una manera que consideramos que puede beneficiar a servicios financieros como los que presta PayPal”, le dijo un vocero de la empresa al portal Forbes.

La inversión hecha al emprendimiento ascendería a 10,5 millones de dólares, según informó el portal Coindesk. Así mismo, un vocero de PayPal confirmó que es la primera inversión que se hace en blockchain. Además, se planea invertir en investigación y desarrollo de esta tecnología.

Por el momento, este departamento tendrá a 15 personas que estarán dispersas en distintas partes del planeta con diferentes objetivos. De ellas, 11 se ubicarán en Boston para investigación e ingeniería y 3 en París para encargarse de un despliegue que se hará en Luxemburgo este año. Por último, habrá una persona en Beijing para ayudar con proyectos que se están manejando desde Taiwan.

El usuario será el dueño de su identidad digital

La idea principal de Cambridge Blockchain es que las personas sean dueñas de su identidad digital y que no dependan de empresas para construirla. Pero otras empresas como Foxconn, fabricantes de equipos para Apple, usan esta tecnología para conectar directamente a los fabricantes con los proveedores, eliminando la necesidad de un almacén central.

Imagen: ipopba y Prykhodov (Vía iStock).