Pues parece que todo esta estrategia no está dando el resultado esperado. Así lo aseguró el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien en una rueda de prensa aseguró que la Fiscalía ha recibido un 79 por ciento más de denuncias, lo que convierte el robo de celulares en el delito con mayor crecimiento en el país.

Además, Martínez aseguró que, teniendo en cuenta que el bloqueo de los IMEI no está funcionando, la Fiscalía tiene líneas de investigación abiertas para determinar si las organizaciones criminales involucradas han permeado a las empresas de telefonía celular.

"Expansión en denuncias hurto celulares de cerca de 80% identifica que hay connivencia con delito que no vamos a aceptar en Fiscalía":Fiscal pic.twitter.com/jPbQK2ioza

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 4, 2017

“Estamos investigando responsabilidad de operadores de telefonía celular para que este delito siga creciendo”, aseguró el fiscal Martínez. Por cuenta de esta investigación, la Fiscalía anunció que serán judicializados los colaboradores corruptos de los operadores de telefonía celular.

1.000 teléfonos funcionaban con un solo IMEI

Martínez reveló que como parte de las investigaciones, la Fiscalía logró determinar casos en los que con un mismo IMEI llegan a funcionar hasta mil teléfonos hurtados. Esto, según el fiscal, compromete responsabilidad del sector privado.

Asimismo, la Fiscalía indicó que se llevaron a cabo operativos contra el hurto de celulares en países como Colombia, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Panamá. La denominada ‘Operación Alianza’ permitió que fueran desarticuladas 14 bandas, intervenidos más de 1.300 locales e incautados 11.611 equipos móviles.

En Colombia, la operación dejó 80 locales cerrados definitivamente y cuatro con medidas cautelares de extinción de dominio. Además, solo en el país, se realizaron 133 allanamientos, se recuperaron 2.497 celulares y se intervinieron 541 locales.

Como parte de una segunda ofensiva contra el hurto de celulares, la Fiscalía investigará la posible participación de funcionarios privados en los casos de robos.

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