Por Carlos Cortés Castillo*.

El pasado jueves fue un buen día para Internet. El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por su nombre en inglés) quedó a punto de hundirse en el Parlamento Europeo. Un escenario que nadie habría soñado en enero. Sí, fue un buena día, pero un día breve. En la batalla por restringir y controlar el uso de contenidos en línea, los gobiernos y la industria del entretenimiento nos llevan una ventaja larga.

En términos generales, el tratado ACTA comparte el mismo objetivo de iniciativas como SOPA, en Estados Unidos, o la ‘Ley Lleras’ (versión 2011), en Colombia: combatir las supuestas violaciones de derechos de autor en Internet por parte de personas como usted o yo.

Para hacerlo, ACTA busca que los intermediarios –Telmex, Facebook o Google, por ejemplo– trabajen de la mano con los dueños de los derechos de autor –Sony, EMI, Universal–. Una colaboración que implica revelar datos de los usuarios, bajar contenidos, cortar conexiones e, incluso, imponer sanciones económicas. Mecanismos que se aplican indiscriminadamente y sin instancias previas de defensa.

Digo que es un triunfo breve porque la inminente caída de ACTA no cambiará, en esencia, lo que ya existe en varios países: Estados Unidos, Francia y España, entre otros, cuentan con normas que permiten hacer básicamente lo mismo. Y no se olviden de que en Colombia el gobierno regresará en cualquier momento con el virus de la ‘Ley Lleras’.

La noticia de ACTA es importante, sobre todo, por la manera como se está hundiendo. Y tal vez ese antecedente –el cómo, más que el qué– sea lo más importante:

• Abrieron el cuarto oscuro. Los delegados de varios países y el lobby de la industria del entretenimiento negociaron ACTA de manera silenciosa y de espaldas a la gente. Nada de esto es nuevo. Lo que sí es nuevo es que la luz alcanzó a prenderse antes de que todos firmaran. Cada vez será más difícil obviar el debate público.
• La sociedad civil se pone al día. La propiedad intelectual siempre ha sido un área vetada para el ciudadano común y corriente (para todo el mundo, realmente). Es un debate técnico y largo. Pero el cabildeo de la sociedad civil en contra de ACTA (o SOPA) demuestra que la gente está empezando a entender el tema, al menos lo suficiente para dar la pelea.
• Podemos revisar el sistema. El marco de protección de los derechos de autor se remonta a la Convención de Berna de 1886. Después de eso vienen convenciones, tratados, leyes y miles y miles de abogados. Pensar que este sistema se puede revisar y adaptar a nuestro entorno digital –para potenciar el uso de la información, la interconexión y la innovación– parece imposible. Por eso es tan importante que la Unión Europea se niegue a incorporar un tratado ya firmado. Puede ser la cuota inicial. Tal vez quiere decir que este carro sí tiene reversa.

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* Carlos Cortés Castillo es abogado y periodista, investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo (Argentina) y estudiante de maestría en Gobernanza de Medios de Comunicación en el London School of Economics. Fue director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia. Tiene un blog en La Silla Vacía y en Twitter lo encuentran como @CCortesC.