Más allá de las cifras, el documento advierte sobre un fenómeno cada vez más visible y difícil de contener: el uso de plataformas digitales para atraer a menores de edad a las filas de los grupos ilegales. Redes como TikTok y Facebook, que deberían ser espacios de entretenimiento o socialización, se han convertido en escenarios de reclutamiento, normalización de la violencia y apología de la guerra.

A través de perfiles falsos o reales, miembros de estos grupos interactúan con adolescentes, principalmente en foros públicos o por mensajes privados, ofreciéndoles supuestas ventajas, estatus, dinero o protección. Lo que comienza como una conversación informal, termina por ser el primer paso en un camino sin retorno hacia la violencia y la ilegalidad.

Este uso de las redes sociales agrava la situación de comunidades históricamente vulnerables. Según el informe, entre 2022 y 2024, el 48,3% de las víctimas de reclutamiento infantil verificadas por la ONU pertenecían a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. En total, se confirmaron 260 casos de niños indígenas y 58 de menores afrocolombianos atrapados en el conflicto armado.

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Además, el impacto es particularmente grave sobre las niñas y adolescentes mujeres, quienes representan casi el 40% de las víctimas. Más allá del reclutamiento, estas niñas enfrentan violencia de género, abuso sexual y explotación con fines reproductivos, en un contexto en el que la violencia se sigue expandiendo territorialmente.

La preocupación internacional se centra no solo en el incremento de casos, sino en la sofisticación de las estrategias de los grupos armados. Según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el fenómeno parece agravarse aún más en este 2025, en un contexto preelectoral y de aumento de tensiones sociales.

El reclutamiento de menores no solo fortalece el pie de fuerza de estas organizaciones, sino que también facilita sus operaciones ilegales, como la expansión de cultivos ilícitos y el tráfico de drogas. En zonas donde el Estado tiene poca o nula presencia, los grupos armados se consolidan como la única autoridad, utilizando a los niños no solo como combatientes, sino también como piezas clave de sus economías criminales.

Frente a este panorama, la ONU insta al Estado colombiano a redoblar los esfuerzos en la protección de los derechos de los menores, con especial énfasis en la prevención, la desmovilización y la reintegración efectiva de quienes ya han sido reclutados.

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De igual forma, se hace un llamado urgente a las empresas de redes sociales para que asuman su responsabilidad y fortalezcan los mecanismos de detección y prevención de este tipo de actividades en sus plataformas. La falta de control y la permisividad frente a estos contenidos contribuyen directamente a que la violencia se expanda y a que los niños se conviertan en víctimas de un conflicto que, lejos de extinguirse, sigue mutando y atrapando nuevas generaciones.

La realidad es contundente: mientras las redes sociales sigan siendo usadas como un canal de reclutamiento, el conflicto armado en Colombia tendrá un rostro cada vez más joven, y las esperanzas de paz seguirán diluyéndose entre los algoritmos y la desprotección estatal.

Imagen: Archivo ENTER.CO

El uso de drones por parte de grupos armados no es un fenómeno nuevo, pero su frecuencia y sofisticación han crecido de manera alarmante. Estos dispositivos no tripulados han sido empleados para realizar ataques, recolectar información estratégica e incluso transportar sustancias ilegales. Las autoridades colombianas identificaron que estas acciones representan un riesgo significativo no solo para la seguridad nacional, sino también para la población civil y la infraestructura crítica del país.

La implementación de tecnología antidrones tiene como objetivo mitigar estos riesgos. Este sistema incluye equipos capaces de detectar, rastrear y neutralizar drones no autorizados en tiempo real. Con esta tecnología, las fuerzas de seguridad podrían desactivar drones mediante interferencia de señales o capturarlos en pleno vuelo.

El Gobierno ha invertido 20.000 millones de pesos en los nuevos sistemas, “una inversión significativa que refuerza su compromiso con la seguridad de los colombianos”, comentó el Ministerio en el comunicado oficial. 

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“El sistema antidrones es una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con la innovación tecnológica y la defensa de la soberanía. Esta inversión no sólo refuerza nuestra seguridad nacional, sino que posiciona a Colombia como referente regional en la lucha contra amenazas emergentes”, aseguró el ministro de Defensa, Iván Velásquez, citado en un comunicado.

Implicaciones para la seguridad y el futuro

La adopción de tecnología anti drones representa un paso adelante en la modernización de las fuerzas de seguridad colombianas. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre los límites de su uso y la necesidad de garantizar que estas herramientas no se utilicen de manera indebida.

Por otro lado, esta iniciativa también podría tener un efecto disuasivo. Al saber que las fuerzas de seguridad cuentan con la capacidad de neutralizar drones, los grupos armados podrían reconsiderar su uso, lo que ayudaría a reducir el número de incidentes.

imagen: Karl Greif