La medida busca frenar lo que el gobierno considera una práctica opaca en el manejo de información biométrica.

World prometía una revolución: crear una identidad global verificada que diferenciara a los humanos de los bots.

El modelo ofrecía tokens digitales como incentivo, mientras capturaba datos oculares mediante un dispositivo metálico conocido como Orb.

Pero la promesa de inclusión tecnológica pronto se vio opacada por una pregunta más profunda: ¿quién controla la información que hace única a una persona?

Según la SIC, la empresa no cumplía con las normas de protección de datos ni ofrecía claridad sobre el destino de la información.

Tampoco garantizaba mecanismos para que los usuarios pudieran eliminar sus registros o revocar su consentimiento.

En palabras de la superintendenta Cielo Rusinque, la compañía “era opaca y no demostraba garantías adecuadas de seguridad”.

La decisión colombiana no ocurre en un vacío

World enfrenta investigaciones similares en España, Portugal, Kenia y Chile, países que también exigieron suspender el escaneo de ojos por riesgos éticos y legales.

La diferencia es que Colombia actúa en un contexto donde el debate sobre inteligencia artificial y privacidad recién empieza a madurar.

Para el gobierno de Gustavo Petro, la identidad digital no puede ser una moneda de cambio.

El presidente celebró la decisión y recordó que “usted es dueño de sus datos”, reforzando la idea de que la soberanía digital también es una forma de independencia.

En un mundo donde los datos se cotizan más que el petróleo, la frase adquiere peso político.

Desde la otra orilla, la compañía Tools for Humanity —responsable del proyecto— asegura que los iris no se guardan como imágenes, sino como códigos cifrados imposibles de reconstruir.

Sin embargo, expertos en ciberseguridad advierten que el problema no está solo en el cifrado, sino en la asimetría de poder: el usuario entrega datos que no puede controlar ni auditar.

“Un código biométrico no es anónimo si puede usarse para identificarte siempre”, explica el analista digital Santiago Niño.

Lo más preocupante, según los especialistas, es el modelo de incentivos.

Ofrecer tokens a cambio de información personal puede fomentar la recolección masiva entre comunidades con menos recursos o conocimiento sobre privacidad.

En la práctica, se convierte en un trueque desigual: dinero digital a cambio de datos humanos.

El caso WorldCoin podría marcar un precedente en América Latina.

Por primera vez, una autoridad de la región actúa de forma preventiva frente a un experimento global de identificación digital.

La decisión deja una lección para las tecnológicas: no basta con hablar de innovación si el costo es la confianza del usuario.

Colombia envía así un mensaje claro al ecosistema digital: la IA puede ser poderosa, pero no está por encima del consentimiento.

Y en la carrera por crear un futuro más conectado, la identidad sigue siendo el único dato que no debería tener precio.

Imagen: Archivo ENTER.CO

La iniciativa fue presentada por los ministerios del Interior y de Trabajo como una respuesta al actual contexto político, en el que varias reformas estructurales —entre ellas la laboral— han enfrentado obstáculos en el Congreso. Según el Gobierno, esta consulta sería una forma de devolver el poder de decisión a la ciudadanía.

En palabras del ministro del Interior, Armando Benedetti, la plataforma pretende “garantizar la participación de todos”, asegurando un acceso sencillo y directo a la información. El portal también ofrece contenidos explicativos sobre qué es la Consulta Popular, cómo funcionará, y cuáles son los pasos para participar.

Pero más allá de su diseño técnico, la Consulta Digital representa un intento del Ejecutivo por reconectar con la opinión pública y legitimar su agenda. Ante un Legislativo que ha frenado reformas clave, el Gobierno acude a un mecanismo que le permite plantear directamente sus preguntas a los ciudadanos.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que la plataforma nace por un “bloqueo institucional” que, según él, ha impedido el avance de propuestas fundamentales. En este escenario, la Consulta se perfila como un puente entre el Ejecutivo y la ciudadanía.

En el portal (consultapopular.mininterior.gov.co), los usuarios pueden proponer preguntas, respaldar iniciativas y escribir directamente a los congresistas. Este último componente busca fomentar la interlocución entre representantes y electores, permitiendo que los ciudadanos expresen su apoyo o rechazo a los temas en discusión.

La herramienta también contiene una guía detallada del proceso: fechas clave, métodos de votación y criterios de selección de preguntas. Aunque esta estructura da una apariencia de orden y transparencia, todavía persisten dudas sobre el nivel real de incidencia que tendrá la participación ciudadana.

Una de las principales inquietudes gira en torno a la curaduría de las preguntas. ¿Quién decide qué temas llegan a la Consulta? ¿Cómo se evitará que la plataforma sea utilizada con fines partidistas? ¿Cuál será el destino de las propuestas que no sean tenidas en cuenta?

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En teoría, la plataforma busca democratizar el proceso legislativo, permitiendo que voces que usualmente no son escuchadas incidan en la agenda nacional. Sin embargo, el riesgo de convertirla en un ejercicio simbólico está latente si no se garantiza transparencia en la sistematización y análisis de los aportes.

Tampoco está claro qué impacto tendrá la Consulta una vez realizada. Si bien su carácter popular le otorga legitimidad, su implementación dependerá de la voluntad política y del respaldo institucional. En ese sentido, podría convertirse en un insumo valioso o en un mero gesto de participación.

Consulta Digital se presenta como una apuesta innovadora en términos de participación ciudadana, pero su éxito dependerá menos de su diseño tecnológico y más de la confianza que logre generar en una ciudadanía escéptica. Escuchar es importante, pero cumplir lo prometido lo es aún más.

Imagen: Captura de Pantalla

“… y entonces la empresa pública que aún podemos tener, que es Internexa, me la siguen manteniendo bajo la presidencia de los uribistas, dos años y medio luchando porque no sea así y no puede ser; se va el gerente de Ecopetrol, se va el gerente de ISA, pero no se le puede seguir entregando la única posibilidad de tener un estructurador público de telecomunicaciones serio en Colombia, manejado por el uribismo”, comentó Petro en la reunión televisada. “ [el uribismo]fue el que se tomó con los fusiles Telecom y echó a sus trabajadores a la calle porque querían privatizar las telecomunicaciones, como si en la comunicación no estuviera el poder.”

Esta declaración, que mezcla críticas a decisiones históricas con acusaciones sobre la orientación política de la gestión, ha encendido un debate sobre el rol y la administración de Internexa en el país. Pero, ¿qué es Internexa?

Un vistazo a la historia de Internexa

Fundada en el marco del Grupo ISA a inicios de los años 2000, Internexa ha sido fundamental en el despliegue de la infraestructura de fibra óptica en Colombia y en otros países de la región. Con una red que supera los 7,000 kilómetros de cable, la empresa se ha posicionado como un operador mayorista de conectividad, atendiendo a sectores como minería, energía, gobiernos e incluso grandes operadores de telecomunicaciones.

En los últimos años la empresa ha logrado su expansión internacional en mercados de Perú, Chile, Argentina y Brasil. Gracias a esto han logrado la consolidación de una red de fibra óptica robusta que ha contribuido al crecimiento de la conectividad regional. Además, han invertido sus recursos también en nuevas  soluciones de conectividad y servicios en la nube que han impulsado la transformación digital en varios sectores.

Pero no todo ha sido color de rosa; Internexa se ha enfrentado varias veces a conflictos y controversias en torno a la posible privatización de activos públicos en telecomunicaciones, tema que ha sido recurrente en el debate nacional. De hecho, han atravesado por momentos de incertidumbre en la gobernanza y la dirección de la empresa, con salidas de altos ejecutivos que han generado críticas sobre la influencia política en su administración.

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¿Manejada por “uribistas”?

El presidente Petro no se guarda palabras al afirmar que Internexa está “manejada por los uribistas”. Esta crítica se inscribe en una larga disputa política donde los sectores de oposición señalan que decisiones históricas—como la liquidación de Telecom durante el gobierno de Álvaro Uribe—habrían debilitado la infraestructura pública y favorecido la concentración de negocios en manos privadas (Claro, Movistar, entre otros).

Internexa, como filial del Grupo ISA, ha mantenido una estructura en la que la influencia del Estado se ha combinado con intereses corporativos. Documentos oficiales de la compañía muestran que, si bien la participación mayoritaria es estatal, la designación de altos cargos ha estado sujeta a acuerdos políticos y empresariales. En este sentido, las acusaciones de una “gestión uribista” apuntan a que parte de la administración o la orientación estratégica de la empresa estaría alineada con intereses de administraciones pasadas, que promovieron la privatización de sectores estratégicos.

La polémica por la posible privatización no es nueva. Durante el gobierno de Álvaro Uribe se impulsaron medidas que favorecieron la participación del sector privado en el mercado de telecomunicaciones, lo que incluyó maniobras que algunos interpretan como intentos de debilitar la infraestructura pública. La frase “echó a sus trabajadores a la calle” utilizada por Petro rememora esos momentos conflictivos en los que se priorizaron intereses corporativos sobre la continuidad de servicios públicos.

Según el presidente, la consecuencia de estas decisiones ha sido que, a pesar de contar con una infraestructura robusta, la capacidad de ejercer un control público y orientado al bien común en telecomunicaciones se ha perdido. De hecho, la referencia a “los business con Claro y Movistar” es una crítica a la privatización de un sector estratégico que, en opinión de Petro, debería estar bajo un control que priorice el acceso universal y la soberanía digital.

Independientemente de las inclinaciones políticas de sus gestores, lo fundamental es que la infraestructura de telecomunicaciones se mantenga robusta y orientada al desarrollo social. El riesgo de que intereses privados dominen este sector es real, y por ello las críticas de Petro, aunque polarizadas, invitan a una reflexión sobre la importancia de preservar la soberanía digital.

Imagen: Internexa

Según información revelada por Caracol Radio, WOM aseguró un nuevo inversionista que será vital para fortalecer su operación y garantizar su sostenibilidad. Este respaldo financiero permitirá al operador seguir adelante con el proceso de reorganización empresarial presentado ante la Superintendencia de Sociedades en 2024. El objetivo: no solo mantenerse a flote, sino también ofrecer a los colombianos una alternativa frente al posible monopolio.

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No obstante, WOM enfrenta grandes retos. Durante el segundo trimestre de 2024, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) reveló que WOM fue uno de los operadores que más usuarios perdió en portabilidad numérica, junto con Tigo. Esta situación refleja que, pese a su propuesta competitiva, el operador debe reforzar su oferta de valor y fidelización para retener clientes en un mercado tan dinámico.

En 2025, WOM se compromete a no subir tarifas, un alivio para los usuarios en un contexto de incrementos generales en servicios básicos. Además, continuará cumpliendo con los pagos exigidos por el Ministerio de las TIC por el uso del espectro, una condición crucial para garantizar la transparencia y su lugar en el mercado.

La presencia de WOM asegura que los colombianos sigan teniendo opciones competitivas en precios y servicios. Aunque el desafío de revertir la pérdida de usuarios es evidente, la llegada de nuevos recursos e inversionistas representa una oportunidad para consolidarse como un operador atractivo en el panorama nacional.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Procedimiento a seguir

El caso inicia con la investigación del CNE, que es la entidad encargada de revisar si la campaña presidencial de Petro excedió los límites permitidos de gastos. Según informes, la campaña del Pacto Histórico podría haber superado los topes en más de 5.300 millones de pesos, con aportes no reportados, como el de Fecode y gastos de transporte aéreo y publicidad. Si el CNE encuentra pruebas suficientes de que hubo irregularidades, debe enviar el caso a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esta comisión es la que se encarga de investigar y decidir si hay motivos para llevar el caso al Senado, donde se haría un juicio político.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara es la única entidad con facultades para investigar y acusar al presidente. Si se encontrara que Petro tuvo conocimiento de estas irregularidades, la Comisión podría remitir el caso al Senado, que se encargaría del juicio político. Sin embargo, solo una decisión del Senado y una eventual condena por parte de la Corte Suprema de Justicia podrían llevar a la destitución del presidente Gustavo Petro.

El camino para un juicio político es complejo y, hasta la fecha, ningún presidente colombiano ha sido destituido por este motivo. El caso más cercano fue el de Ernesto Samper, investigado por financiamiento irregular en su campaña, pero finalmente no fue destituido.

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¿Es probable la destitución del presidente?

Aunque el artículo 109 de la Constitución sanciona la violación de los topes de campaña con la pérdida del cargo, los expertos legales señalan que este artículo tiene vacíos importantes. El 109 no menciona específicamente al presidente y suele aplicarse más a congresistas y gobernadores. Además, el proceso político para destituir a un presidente requiere no solo de pruebas contundentes, sino también de un consenso político, lo cual no es común.

Petro, por su parte, ha calificado la investigación como parte de un “golpe de Estado”, sugiriendo que las acciones del CNE y otras entidades buscan desestabilizar su gobierno. En un comentario en su cuenta en X (anteriormente Twitter), mencionó: “inició el golpe de estado”.

Aunque la destitución de un presidente por exceder los gastos de campaña es técnicamente posible, es un proceso largo, con muchos obstáculos legales y políticos. Por ahora, la investigación sigue en curso y cualquier desenlace será a mediano o largo plazo.

Imagen: Nelson Cárdenas – Cancillería

Se trata del curso “WOMCY – Microsoft Cybersecurity Education & Certification Program” ,que se dictará en español y abordará temas de ciberseguridad, tecnología de la información (TI) y cumplimiento e identidad del gigante tecnológico.

Las inscripciones irán hasta el 29 de febrero de 2024 en el sitio de Womcy Training Center a través del siguiente enlace: https://womcytrainingcenter.org/account/?action=register. 

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Aquellas que completen el curso recibirán un beneficio adicional: un comprobante para obtener la certificación SC – 900 Microsoft Security, Compliance, and Identity -SCI (Seguridad, cumplimiento normativo y conceptos de identidad), de manera 100% gratuita. 

Además, las participantes del programa tendrán acceso a sesiones de tutoría para desarrollar habilidades blandas, como la creación del perfil curricular y de LinkedIn sumado a la preparación para entrevistas de trabajo.

Con este curso, el Ministerio de Educación busca aumentar la participación de las mujeres en asuntos relacionados con tecnología y ciberseguridad en aras de fortalecer las habilidades y cerrar las brechas en esta área. 

Además, se pretende proporcionar acceso a la certificación para estudiantes de bajos ingresos, ofrecer experiencia práctica e impulsar la empleabilidad y la movilidad profesional.

El curso constará de cuatro módulos que cubrirán la formación en fundamentos de seguridad y cumplimiento e identidad -SCI- en servicios de Microsoft relacionados con la nube. Esto se llevará a cabo mediante la autoformación en modalidad E-learning (Autoestudio) con una duración de cuatro horas.

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Según una encuesta realizada por Consorcio Internacional de Certificación de Seguridad de Sistemas de Información -ISC-, la brecha de género en el campo de la ciberseguridad es notable, ya que las mujeres representan solo el 24 % de la fuerza laboral global. En países como Colombia, un estudio de Linkedln reveló que las mujeres representan sólo el 17% de la mano de obra en este sector. Ante esta situación, la Oficina de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación ha establecido diversos acuerdos con aliados estratégicos del sector de TI para superar este desafío.

Imagen: Jacob Wackerhausen

La estrategia articulará actores como Gobierno, empresarios, emprendedores, inversionistas, academia y comunidades, entre otros, con aceleradores como fuentes de financiación, acceso a capital, regulación dinámica, talento digital, tecnologías emergentes y gobernanza. Todo eso con el fin de abordar retos territoriales y crear soluciones que generen impacto regional, en términos tanto de valor público como de valor económico.

¿En qué consiste ‘PotencIA Digital’?

Conectividad: Acelerar la conectividad y potenciar el talento para aprovecharla, con estrategias como Centros Digitales con acceso 24-7 en los 32 departamentos, así como conectividad ininterrumpida para 2032, con una inversión de $2,1 billones.

Educación: Desarrollar capacidades técnicas y construir rutas hacia la productividad, para llegar a un millón de personas formadas en habilidades TIC.

Ecosistemas: Convertir a Colombia en un país Potencia Digital, productivo, talentoso, exportador, atractivo y justo.

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El ministerio de las TIC también creará índices de transformación digital e innovación para los sectores público y privado, para usarlos como línea base para la toma de decisiones en política pública.

“‘Colombia PotencIA Digital’ es una estrategia de regiones, porque los ecosistemas de innovación no son nacionales, no son países que compiten entre sí. Son las regiones que compiten con otras”, aseguró el ministro Lizcano.

Para el desarrollo de la estrategia, el MinTIC se alineará con diferentes entidades del Gobierno Nacional, buscando generar sandboxes y otras formas de regulación dinámica que se adapten a la evolución de los mercados digitales, y así generar productos, servicios y modelos de negocio que fortalezcan la industria TIC.

Finalmente, el jefe de cartera señaló que “la tecnología va más hacia la Inteligencia Artificial, es allí donde está la verdadera transformación tecnológica. Eso es fundamental para las empresas, que deben lograr que sus procesos sean cada vez más digitales, lo que implica formar a las personas, tener las herramientas que se necesitan, y desarrollar una cultura de datos que les permita fortalecerse y mejorar su interoperabilidad”.

Imagen: MinTIC

En esta nueva edición del programa, cuenta con una inversión de 5.000 millones de pesos y se seleccionarán hasta 320 emprendimientos del país a partir de noviembre de 2023.

Quienes queden seleccionados el programa ALDEA les brindará asistencia técnica, acceso a capital productivo, paquetes tecnológicos, marketing, laboratorios y conexiones con inversionistas, potenciales clientes y aliados para fortalecer y potenciar los emprendimientos.

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Cómo dijimos anteriormente, la idea de MinComercio como de iNNpulsa es  fortalecer y consolidar los emprendimientos de alto impacto, es decir, aquellos que crecen de manera rentable, rápida, sostenida y que son escalables e innovadores.

Así mismo deben tener  “el potencial de impactar globalmente a su entorno, creando valor no solo para sus clientes sino también para la sociedad mediante la creación de empleos de calidad”, señala el ministerio.

Algunas de las novedades de esta versión es que los emprendedores, independiente de su nivel de madurez, que quieran postularse a ALDEA ahora podrán hacerlo las 24 horas del día, 7 días a la semana durante todo el año, hasta agotarse los recursos asignados para la ejecución de la iniciativa.

Los interesados en hacer parte de esta iniciativa, tanto emprendedores como actores del ecosistema podrán realizar su pre-registro en este enlace, y serán notificados una vez se abran las postulaciones.

Imagen: Archivo de ENTER.CO

De acuerdo con MinTIC la agencia sería un organismo de carácter técnico y especializado. El trabajo de la institución estaría enfocado en planificar, articular y gestionar los riesgos de seguridad digital en Colombia, para prevenir amenazas internas o externas contra el ecosistema.

El proyecto de Ley también trabajaría para fortalecer la confianza y seguridad de todas las partes interesadas en el ámbito digital, y establecer la gobernanza e institucionalidad de una política Espacial.

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Otros de los alcances de llegar a ser aprobada por legislativo, sería la de que Colombia tendría interdependencia de las tecnologías, optimizaría recursos administrativos, técnicos y jurídicos en el plan de Gobierno y facilitaría la coordinación de acciones entorno a la ciberseguridad y los asuntos espaciales, así como potenciar la generación de procesos que, de manera eficiente y eficaz, respondan a las necesidades del país en esta materia.

Según la cartera, la agencia contará con los principios de coordinación, confidencialidad, cooperación, integridad, neutralidad tecnológica y tendrá un enfoque basado en riesgos.

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El gobierno propone que la creación de dicha agencia sería, a través de la consejería de Transformación Digital, o quien haga sus veces, se encargaría de la estructura y la planta de personal, dentro de los seis meses siguientes.

El ministro TIC dijo, durante la radicación, que “América Latina y Colombia está llena de satélites que giran todo el día, necesitamos ser protagonistas en el mundo de lo que suceda en el espacio”.

Así mismo explicó que “el año pasado tuvimos un aumento del 83% de ciberataques en el país con 20.000 millones de ataques, además se han presentado 119.000 denuncias, por eso es tan importante este Proyecto de Ley”.

Imagen: gorodenkoff

El Government AI Readiness Index, liderado por Oxford Insights, ubicó a Colombia en la posición 47 entre 181 países. En la quinta versión de esta medición se tuvieron en cuenta 39 indicadores de 10 dimensiones agrupadas en los pilares de gobierno, sector tecnología y datos e infraestructura.

El informe destaca el puntaje de Colombia en el pilar de gobierno. Este se compone de las dimensiones de visión, gobernanza y ética, capacidad digital y adaptabilidad y mide la visión estratégica de los gobiernos para desarrollar y gestionar inteligencia artificial respaldada por una regulación adecuada y con atención a problemas éticos.

“Cinco países, Chile, Brasil, Colombia, Uruguay y Argentina, se destacan del resto, con puntajes entre 57,39 y 62,52. Vale la pena señalar el desempeño particularmente sólido de Chile en el pilar de Datos e Infraestructura (76,97) y Colombia en Gobierno (74.27). preparación para la IA y el tamaño”, reseña el documento.

Pese a que Colombia tuvo un lugar destacado en el ranking, la evaluación en América Latina y el Caribe no es nada alentadora. Oxford Insights, señala que para este año la región “presenta un puntaje promedio de 39.88. Existe un patrón claro en términos de pilares: todos los países obtienen los peores puntajes en el Pilar del Sector de Tecnología”.

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Sin embargo, resalta que los hallazgos no son sorprendentes, pues en términos de tecnología solo incluye en el continente, dos países que son líderes mundiales en preparación para la IA, con EE. UU. en el primer lugar a nivel mundial y Canadá en el quinto.

Frente a esto, Eugenio García, diplomático tecnológico del Consulado de Brasil en San Francisco, explica que, uno de los factores que obstaculiza el desarrollo de la preparación para la IA en la región, “es la falta de coherencia y compromiso de muchos gobiernos con respecto a la gobernanza y la financiación de la IA”.

El poco compromiso de los estados en esta materia, ha afectado la continuidad a medio y largo plazo de las políticas de IA. No obstante, García destaca algunos “desarrollos prometedores en 2022. Por ejemplo, a principios de este año, Perú lanzó una estrategia nacional de IA. La Estrategia Nacional Peruana de Inteligencia Artificial tiene como objetivo gobernar la IA de manera efectiva en Perú”

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Sobre Colombia, el documento expone que tiene una oportunidad de mejora en relación con el suministro de herramientas de IA por parte del sector tecnológico, el cual debe ser lo suficientemente maduro como para abastecer al sector público. Así mismo, indica que se debe avanzar en la creación de sinergias entre los sectores público y privado para potenciar la investigación en IA y para fomentar la capacitación del capital humano en nuevas tecnologías.

Según el Ministerio TIC, han desarrollado ejercicios con IA en entidades públicas, lo que amplía la oferta de nuevos servicios al ciudadano y mejora la toma de decisiones en el sector público. Estos aprendizajes y avances permitieron encaminar esfuerzos para llevar a cabo la actualización de la Política de Gobierno Digital, a través del Decreto 767 de 2022, el cual establece la importancia de que las entidades públicas del país identifiquen e implementen tecnologías emergentes con un enfoque de innovación pública digital.

Imagen: Archivo ENTER.CO

Una de esas iniciativas gratuitas es Cine para Todos, un proyecto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que, además, les da la posibilidad de acceder al séptimo arte a personas con discapacidades auditivas, cognitivas o visuales.

Lee más sobre cine en este enlace.

Cine para Todos iniciará este sábado 27 de julio con la película animada ‘Corgi, un perro real’, de los directores Ben Stassen y Vincent Kasteloot, que originalmente se había estrenado en el país el 6 de junio y actualmente no está en cartelera para todo el público.

Además, las personas que asistan este sábado a la función podrán ingresar de forma gratuita. Habrá prioridad para las personas con discapacidades, que podrán ingresar con un acompañante y acceder a la tecnología de audiodescripción, subtitulado especial y lengua de señas colombiana, que les permitirá vivir la experiencia cinematográfica sin problemas.

¿Dónde podrás ver la película?

En Bogotá, la película será proyectada en la sala uno del multiplex Cine Colombia de Gran Estación, y en la sala 3 de Las Américas. También estará disponible en el Portal Quindío de Armenia, en Alamedas del Sinú de Montería, en Tierra Plaza de Popayán, en Centro Chía, en Buenavista de Barranquilla, en Cacique de Bucaramanga, en Castellana de Cartagena, en Cosmocentro de Cali, en La Estación de Ibagué, en Molinos de Medellín y en Viva Villavicencio.

En todas las salas la función será simultánea y comenzará a las 9:30 a.m., con cupo limitado según la disponibilidad; los asientos se asignan según el orden de llegada. A partir de entonces, los últimos sábados de cada mes se proyectará una película gratuita, en una función simultánea, en las 12 ciudades ya mencionadas y, adicionalmente, en Pereira.

El proyecto Cine para Todos ha beneficiado a 14.834 personas desde su inicio en agosto del 2018. Ellos han asistido a 75 funciones regulares de 10 películas diferentes. Para más información, ingresa a la página de Cine para Todos o escribe un correo electrónico a cineparatodos@mintic.gov.co.

Imágenes: Imdb.

No es sino leer la entrevista publicada en ‘Portafolio’ con el CEO de Millicom, quien afirma que las condiciones legales para que los operadores de telefonía celular inviertan en el país no son las mejores. Al contrario, esa inestabilidad está haciendo que muchas compañías de tecnología lo piensen dos veces antes de venirse al país, debido a los grandes huecos legislativos que hay en la regulación de este sector, en especial las telecomunicaciones. Por esto no se ha sacado la subasta de los 700 megahercios, y la implementación de 5G está bastante demorada desde hace ya varios años.

Están consolidándose muchas aplicaciones ‘fintech’ –las que tienen que ver con el mundo financiero– que requieren una legislación flexible y adecuada para la dinámica de estas apps, que ofrecen servicios que antes no se creían posibles.

Solo para dar un ejemplo, no es sino ver lo que sucede con Uber. Nada. Siguen siendo vandalizados por los taxistas; sus carros, inmovilizados porque los cavernarios ejecutivos de los gobiernos anteriores no han sido capaces de hacer nada para que ese servicio, que beneficia a muchos colombianos, se pueda prestar de una forma tranquila. Esperamos que en estos cuatro años se sacudan, entiendan qué es todo lo que viene y se comporten adecuadamente para que puedan surgir bien.

Es difícil para el común de la gente, entre ellos los del Gobierno, imaginarse los servicios futuros que se van a ofrecer en ‘apps’ y en forma digital. Esto no los excusa de comprender sus beneficios y pavimentar el camino legal para que puedan ser utilizados sin trabas, una vez salgan al aire.

Los reguladores deben estar a la altura de la evolución de la tecnología

Los gobiernos que vienen, incluyendo este, tienen este reto, y es claro que no solo recae sobre el Mintic, sino que los diferentes entes reguladores, Congreso, ministros y demás influenciadores, deben estar a la altura para que los beneficiados seamos los colombianos, así sean tocadas otras formas tradicionales de prestar servicios. Estas también deben actualizarse para estar a la altura de todo lo que viene en este mundo digital.

Publicado con autorización de El Tiempo.

Imágenes: Geralt (vía Pixabay).

Por eso, Lexmark anunció en días pasados un nuevo portafolio de soluciones para el mercado de América Latina, que incluye un quiosco de impresión para el sector Gobierno, la herramienta de seguridad Lexmark Secure DocumentMonitor y un sistema de impresión de etiquetas para la identificación de sustancias químicas.

Quioscos más efectivos para el sector Gobierno

Lexmark MFP Kiosk es una solución que aprovecha la potencia de las impresoras multifuncionales inteligentes de la empresa para que las agencias gubernamentales puedan atender mejor a sus clientes. 

El sistema de quioscos le permite al personal de la oficina liberar el tiempo que dedican a clasificar documentos y verificar datos. Por su parte, los contribuyentes pueden evitarse las colas y autogestionar la mayoría de solicitudes.

MFP Kiosk también sirve como un repositorio de formularios para imprimir documentos bajo demanda, de manera que se pueda acceder a cualquier formulario de la entidad gubernamental, solicitud u otro documento. Esto permite que muchas diligencias que antes tomaban horas ahora se realicen en tan solo unos pocos minutos. 

Más seguridad en los entornos de impresión corporativos

Por su parte, Secure Document Monitor (LSDM) permite recopilar datos de todas las fuentes en un dispositivo de impresión –desde papel hasta digital–, así como supervisar a todos los usuarios y la información desde un solo lugar. De esta manera se puede comprender mejor cómo se usan los datos y crear archivos e investigaciones de casos más sólidos.

En otras palabras, cualquier actividad fuera de lo normal en el entorno de impresión es detectado por el sistema, que lanza una alerta para que se pueda hacer el seguimiento y tomar las medidas pertinentes. La supervisión es mejorada gracias a la inclusión en el sistema de un  DLP (Data Loss Prevention). De esta manera, los clientes tienen una mayor visibilidad y conocimiento de datos críticos para la empresa y monitorear amenazas y vulnerabilidades con mayor facilidad.

Si quieres saber más sobre seguridad informática, visita este enlace.

Etiquetas para productos químicos

Finalmente, el almacenamiento y transporte de sustancias químicas requiere el uso de etiquetas hechas a partir de estándares internacionales. Para ese mercado, Lexmark desarrolló GHS, un sistema que permite imprimir etiquetas para los procesos de clasificación y transporte de dichas sustancias, que obviamente cumple con las normas mencionadas.

Con esta herramientas se eliminan las etiquetas preimpresas en las que se debe completar alguna información manualmente y se aprovechan las características de color de alta calidad de Lexmark.

En la actualidad, la empresa está renovando su portafolio de productos y servicios, que ofrecen soluciones para diferentes tipos de industrias, como banca, manufactura, retail, salud y el sector Gobierno, entre otros.

Imágenes: Lexmark

El South Summit 2017 es un evento para los actores clave del ecosistema emprendedor mundial. Este se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de octubre en Madrid, España. Se espera contar con la participación de emprendedores, inversores y empresas que buscan mejorar su competitividad a través de la innovación.

La internacionalización de Ctzen

Ctzen empezó a internacionalizarse gracias a su participación en Y Combinator Fellowship. Este programa, creado en 2015 por la reconocida aceleradora, trabaja con emprendimientos en etapa inicial de forma remota para ayudarlos a desarrollar su negocio.

Desde el año pasado, Ctzen ha trabajado para expandirse y así llegó a Estados Unidos. Allí, se encuentra trabajando proyectos en Boston, Chicago y San Francisco, para complementar el servicio 311. Este funciona a través de la aplicación de la compañía. Además, permite a los ciudadanos hacer reportes con imágenes desde su dispositivo móvil.

De acuerdo con Daniel Marulanda, uno de los fundadores de la empresa, la idea de Ctzen es lograr que los gobiernos sean más eficientes con la información que proporcionan los reportes ciudadanos. Por lo tanto, una de las novedades para el servicio ha sido la implementación de los algoritmos de priorización. Con estos, los funcionarios públicos pueden saber rápidamente cuáles son los problemas más importantes para la ciudadanía, usuaria del servicio.

Ctzen quiere ayudar los gobiernos a tomar decisiones inteligentes basadas en datos

Así, se busca ayudar a las entidades gubernamentales a enfocar el presupuesto en lo que más le importa a las personas. Esto se logra ayudando al gobierno a tomar decisiones inteligentes basadas en datos reales, que al final tendrán mayor impacto.

Por ejemplo, comenta Marulanda, en Chicago uno de los problemas más importantes reportados tiene que ver con seguridad. Así, los problemas de iluminación de la ciudad corresponden al 37% de los reportes. Sin embargo, en ciertos barrios se puede ver que hay otros problemas como el estado de las calles o las señalizaciones, y eso es lo que ayuda a visibilizar su plataforma.

Adicionalmente, Ctzen hace parte de la tercera generación de Parallel 18. Este es un programa para emprendedores establecido en Puerto Rico.

Ctzen en Colombia

La compañía también trabajó con la alcaldía de Bello, en Antioquia, dónde adelantó un proyecto piloto con agentes de tránsito para disminuir el tiempo de respuesta después de que se reportara un incidente de tránsito. También se tuvieron acercamientos con las alcaldías de Copacabana y Caldas en Antioquia. Además, se quiere llegar a Cundinamarca y, en especial, a Bogotá con soluciones para la movilidad. 

Daniel Marulanda afirma que Colombia sigue siendo un mercado importante para la compañía, debido a que es una empresa local. Sin embargo, los acercamientos no han sido tan fáciles.

La participación en el South Summit 2017

Ctzen espera ganar mayor visibilidad de su plataforma después de la participación en el South Summit 2017 en Madrid. Aunque el South Summit es una gran vitrina para conseguir inversionistas, la compañía espera encontrar socios con los cuales se puedan acercar a nuevos mercados a través de contratos de ‘reselling’. Estas empresas, usualmente, tienen trabajos adelantados con los gobiernos y han trabajado en gestión del territorio a través de los mapas.

Imagen: Ctzen.

Hoy, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) dio a conocer el Tercer Estudio de Transacciones No Presenciales en Colombia, correspondiente a la medición realizada durante 2015.

El estudio fue realizado por KPMG y se tuvieron en cuenta los datos entregados por redes procesadoras de pago como Credibanco, Redeban y PSE, las cuales reportaron un total de 49 millones de transacciones por valor de 16.329 millones de dólares. Estas transacciones equivalen al 4,08% del PIB del año 2015 (En el 2014, dichas transacciones representaron el 2,63% del PIB).

Las cifras también evidenciaron la madurez que ha ido adquiriendo el comercio electrónico en el país. Además del incremento de las transacciones por internet en 2015 –que fue del 64% con respecto al 2014– las categorías que mostraron mayor relevancia fueron: gobierno (18%), financiero (17%), tecnología y comunicaciones (15%), transporte (12%), comercio (9%), educación (6%), servicios públicos y tv por cable (4%), salud y belleza (2%), entretenimiento (2%), vivienda (2%) y servicios empresariales (1%).

Vale la pena aclarar que la categoría de gobierno se refiere a todas aquellas transacciones no presenciales realizadas por entidades del gobierno nacional, como ministerios, municipios, alcaldías, departamentos, así como transacciones relacionadas con recaudos del estado, servicios estatales e impuestos nacionales (DIAN).

Por otro lado, el medio de pago preferido por los colombianos continúa siendo la tarjeta de crédito con un 56% del total de transacciones realizadas, mientras que el 44% corresponde a tarjeta débito. El estudio también reveló que el ticket promedio de pago con tarjeta de crédito fue de $188 dólares, y el de tarjeta débito de cuenta bancaria fue de $517 dólares.

De acuerdo con Victoria Virviescas, directora ejecutiva de la CCCE, “es halagador para el sector compartir estas cifras a través del Tercer Estudio de Transacciones No Presenciales/comercio electrónico, en razón a que –entre 2013 y 2014– el incremento correspondió al 29% y entre 2014 y 2015 al 64%. Aunque aún se detectan muchas barreras en Colombia para la evolución del comercio electrónico, cada vez hay más confianza por parte de los usuarios en utilizar los medios digitales y por supuesto esto genera mayor evolución en la industria”.

El Segundo Estudio de Transacciones No Presenciales había sido presentado por esta entidad en noviembre del año pasado, y en esa oportunidad, reportaba transacciones por valor de 9.961 millones de dólares.

Imagen: Pixabay.

Durante este miércoles cientos de ciudadanos han reportado que al consultar en la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil el lugar en el que deben votar el próximo domingo, reciben una notificación de que su cédula ha sido cancelada por muerte. 

El hecho, que se presenta a pocos días de la votación del plebiscito mediante el cual los colombianos decidirán si avalan o no los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, fue reportado ampliamente en redes sociales, especialmente por miembros de los partidos políticos que apoyan el No.

La Registraduría emitió un pronunciamiento en el que señala que: “En las últimas horas la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil generó alertas, automáticamente el mismo sistema desmontó el aplicativo de consulta de información al votante, como medida de seguridad”.

A pesar de la aclaración, la entidad no detalló el tipo de alertas que generó su sitio web ni tampoco explicó o si esto tiene algún tipo de relación con un ataque cibernético. Sin embargo, el módulo de consulta de los lugares de votación ha sido deshabilitado de forma momentánea.

No puedo votar por el NO en el plebiscito este domingo.
Aparezco muerto por la Registraduría pic.twitter.com/xd5oJbpFSK

— Alfredo Ramos Maya (@AlfredoRamosM) September 28, 2016

La posibilidad de que la web de la Registraduría haya sido víctima de un ataque empezó a tomar fuerza luego de que muchos de los ciudadanos afectados empezarán a recibir el siguiente mensaje: “La información se encuentra en actualización, por favor intenta más tarde. Si estas vivo, sonríe”.

El módulo de consulta para jurados de votación en el plebiscito opera con normalidad. Cifras de la entidad señalan que 34,8 millones de colombianos están habilitados podrán votar en el país y en el exterior.

Imagen: Registraduría, captura de pantalla

Ctzen no solo funciona como un sistema de información para los usuarios, pues también se encuentra trabajando con entidades del gobierno como la alcaldía de Bello, Antioquia. Con este proyecto, enfocado en movilidad, se busca que los usuarios reporten accidentes de tránsito desde su celular. Así, los oficiales del departamento de tránsito pueden llegar en unos cinco a diez minutos al lugar de los hechos. Esta información es gestionada por los oficiales a través del aplicativo web.

Ctzen también te permitirá comunicarte directamente con las entidades gubernamentales

De acuerdo con Daniel Marulanda, uno de los fundadores de la empresa, en este momento también tienen adelantados acuerdos con el municipio de Copacabana, Antioquia, así como planes con otros municipios del departamento. Además, la aplicación tiene más de 3.000 usuarios registrados, y cuenta con más de 2.500 reportes al día de hoy.

Cualquier persona puede descargar esta app y reportar los incidentes en su ciudad, aunque el gobierno no esté trabajando directamente con ella. De hecho, en la medida en que haya más usuarios, será más fácil llegar a las diferentes entidades y de esta manera, Ctzen podrá convertirse en una especie de canal directo de los ciudadanos y el gobierno.

Ctzen, la primera aplicación colombiana en el Y-Combinator Fellowship

El año pasado se creó el Y-Combinator Fellowship, un programa de la incubadora de Silicon Valley más reconocida a nivel mundial, que entrega 20.000 dólares a diferentes emprendimientos que estén en una etapa inicial y trabaja con ellos de forma remota para ayudarlos a desarrollar su negocio. Además de este acompañamiento, la empresa recibe diferentes servicios en la nube, que le ayudan a prestar sus servicios.

Marulanda nos cuenta que sus próximos planes son lograr mayores acuerdos con el Gobierno y en especial llegar a ciudades más grandes a las de los municipios actuales, pues esto les permitirá crecer y poder llegar a diferentes lugares de Latinoamérica. Una de las metas es tener un servicio tan robusto como el de los servicios 311 de Estados Unidos, pero a través de una app, que es mucho más rápida y permite hacer reportes con mayor detalle, debido a que se puede enviar imágenes.

Para acceder a Ctzen puedes descargar la aplicación para iOS, la aplicación para Android o acceder directamente en un computador.

Imagen: Ctzen.

Si la categoría de taxis de lujo hubiera existido cuando Uber llegó a Colombia, quizás el problema que tenemos hoy sería un poco menos grave. La aplicación no solo mostró que había demanda para un servicio de transporte que no se ofrecía en el país. También nos dejó claro que no estábamos condenados a la tiranía del servicio de taxis.

Ese es un servicio que está haciendo agua hace rato. No solo porque el mal comportamiento de algunos taxistas ha llevado a una crisis de reputación a un sector lleno de gente honrada y decente, que solo quiere ganarse el pan en un entorno difícil. También, porque sus regulaciones no parecen tener ningún sentido.

Mientras la demanda por viajes crece a la par de la población de las ciudades y del poder adquisitivo de la gente, la oferta de taxis se mantiene constante. La mayoría de los conductores trabajan en condiciones de lacayos; conducen por horas en medio del tráfico y, a pesar de la demanda, apenas hacen lo suficiente para su propio sustento: la cuota del dueño del carro, la gasolina y los gastos no se hacen esperar.

¿Por qué pasa eso? Porque un taxi solo puede trabajar con un cupo, y ese cupo vale dos o tres veces más que el carro: es un bien escaso y preciado. La barrera de entrada es muy alta, y eso hace que la mayoría de taxistas sean empleados. Eso los convierte en la parte más débil de un negocio informal y rapaz; en los reclutas de una guerra del centavo que se libra a bordo de carros de mala calidad, con conductores que aceptan esas condiciones precarias porque las alternativas probablemente son aun peores, y en el que los pasajeros eran rehenes porque no tenían opción.

Los taxistas son reclutas en la guerra del centavo

Uber X soluciona el último de esos tres problemas. Quizás de forma oportunista y sin pensar en el bien de los taxistas –no es que tenga que hacerlo–, pero lo soluciona. En cambio, el decreto de taxis de lujo no solo no hace nada para remediar la situación de los taxistas, sino que también deja a Uber X en el limbo.

No es nada claro que los taxis de lujo vayan a mejorar las condiciones de los taxistas. Los cupos siguen siendo escasos: para que entre un vehículo negro, tiene que salir un amarillo. Y en el decreto –según Uber, nosotros no tenemos el texto completo– no se menciona a Uber X, ni a otros servicios. En el resumen que está en la página de Presidencia tampoco se habla de otras categorías.

De hecho, tampoco es claro que el decreto vaya a solucionar el dilema de Uber Black: la empresa no ha dicho expresamente que se acogerá a la nueva categoría, y parecería que le tiene un poco de desconfianza: su director en Colombia, Mike Shoemaker, se limitó a decir que “estudiará” la oportunidad. Le convendría acogerse, si es que quiere seguir teniendo interlocución con las autoridades. Algo muy importante cuando está a punto de radicar un proyecto de Ley.

El Gobierno ha dicho varias veces que Uber X es ilegal, pero Uber ha sido muy hábil. La Policía no puede regularlo porque no puede parar todos los autos particulares de la ciudad. Tampoco puede aceptar el apoyo de ciertos taxistas y sus ejércitos de la cruceta, porque eso equivaldría a legitimar un concierto para delinquir.
Además, el apoyo de sus decenas de miles de usuarios, que lo adoran con buena razón, es una poderosa fuerza de influencia y relaciones públicas.

La verdad es que las autoridades tienen las manos atadas: Uber X quizás es ilegal, pero sigue creciendo todos los meses a un ritmo que desborda la capacidad de cualquier policía. Y eso es así porque la reglamentación de los taxis está rota.

Así que, si el Gobierno realmente quiere recuperar el control de la situación, si de verdad quiere mantener tranquilos a los taxistas y a los ciudadanos, debe concentrarse en solucionar lo que pueda solucionar. Y eso significa: darles a los taxistas amarillos, a los que no son de lujo, la oportunidad de ser competitivos contra Uber X.

Imagen: ENTER.CO

No es contrabando, ni mucho menos: normalmente los compramos en una tienda en línea estadounidense o china, y los importamos a través de una empresa de correos seria y legal (incluso de propiedad del Estado, algunas veces), que pasa los equipos por la aduana y nos cobra muy puntualmente los impuestos en la factura.
Esto no es nada ilegal. Simplemente es libre mercado. Es una mejor forma de adquirir un equipo, bien sea porque en Colombia no se consigue, o porque el ahorro puede llegar a ser sustancial.

“Es el mercado gris”, dicen los operadores con desdén. Y las razones por las que lo detestan son obvias: los usuarios astutos les quitan las ganancias que vienen del sobreprecio de los celulares, sobre todo en la gama alta, que es donde están los márgenes.

Ese sobreprecio no solo viene de los impuestos. También de las tácticas de negociación de los operadores, que tienen la escala suficiente para pagar lo que quieran y la voluntad de ganarse cualquier centavo extra que se puedan obtener.

Por eso huele muy mal que en un paquete de medidas que, se supone, son para combatir el robo de celulares, se prohíba esta práctica. El Decreto 2025 de 2015 dice que “no se permitirá la importación teléfonos móviles inteligentes o teléfonos móviles celulares, o partes, bajo la modalidad tráfico postal y envíos urgentes”. Esta medida forma parte de la nueva ofensiva contra el robo de celulares que develó el Gobierno Nacional hace unos meses. La medida entrará en vigencia el 1 de diciembre.

Un problema que no es problema

Pero, ¿qué tiene que ver la importación de celulares por correo con el robo de celulares? Le pregunté al Gobierno sobre el tema. La respuesta fue que “el correo y los envíos urgentes eran dos de los mecanismos que utilizan con mayor frecuencia las estructuras criminales para movilizar los equipos robados”.

Eso tiene sentido a la hora de sacar los equipos robados en el país a otros mercados, pero, ¿por qué prohibir la importación? Un funcionario del Ministerio de Comercio nos dijo que esa prohibición tiene que ver con “la imposibilidad de registrar dichos equipos previo a que se surta el proceso de nacionalización”. Lo que busca el Gobierno es que todos los celulares que entren a Colombia sean registrados en la base de datos positiva, de modo que si alguno no lo está, sea fácil bloquearlo.

¿Esto era realmente necesario? Si alguien compra legalmente un celular en el exterior, siempre puede mostrar la factura cuando llegue el momento de registrarlo en la base de datos positiva. El problema nunca ha sido ese, sino que la bases de datos ‘blanca’ se actualizaba tan lentamente que en la práctica no servía para nada.

El envío de celulares por correo nunca ha sido un problema

El Gobierno dice que esta restricción “permitirá el bloqueo efectivo de los celulares que han sido robados o han sido manipulados para modificarles el IMEI”: hasta ahora, si alguien compra en el exterior un celular robado al que le hayan cambiado el IMEI, podría legalizarlo en Colombia.

Esto tendría sentido si los celulares no tuvieran impreso en alguna parte el IMEI con el que salieron de la fábrica. En caso de duda, que miren el equipo por dentro, que en algún lado tiene una etiqueta. De hecho, eso es lo que hacen los operadores cuando quieren verificar la identidad de un equipo.

Algo no cuadra

Mejor dicho, el Gobierno está curando una gripa con una eutanasia. Y no puedo evitar sentir que algo no cuadra: los mismos operadores fueron quienes ayudaron al Gobierno a escribir el decreto. El CEO de Asomóvil, Sergio González, me describió hace un par de meses cómo el gremio que lidera trabajó al lado del Gobierno para implementar las medidas contra el robo de celulares que anunció el presidente Juan Manuel Santos.

Le pregunté hace varios días por qué un paquete de medidas en el que hubo tanta mano de los operadores terminó beneficiándolos. No ha habido respuesta hasta ahora (actualizaré este texto tan pronto responda, si lo hace).

Huele mal que los operadores probablemente estén usando su influencia para intentar quitarse de encima un competidor (si eso no es así, que por favor nos cuenten). Huele aun peor cuando los precios de los equipos que ellos mismos fijan están tan inflados, lo que hace que traerlos del exterior se convierta en una opción muy atractiva.

Es como si nos estuvieran haciendo una encerrona: están volviendo ilegal lo único que les impide cobrarnos lo que les da la gana. Y aunque quizás estamos viendo un mico donde no lo hay, no se entiende por qué ir tan lejos para solucionar un problema que ya tenía solución.

Imagen: Aniwhite (vía Shutterstock).

Y si estás en el bus, manejando o simplemente quieres escucharnos sin necesidad de abrir un video, esta es la versión de audio del programa:

Recuerda que nos puedes encontrar en iTunes o en cualquier repositorio de podcasts en línea:

Imagen: ENTER.CO.

Facebook ha sido una de las compañías más transparentes a la hora de informar a sus usuarios acerca de las solicitudes que realizan los gobiernos a la red social. No es la primera vez que la empresa presenta un informe sobre los países y los pedidos que recibe durante los semestres del año.

En el último informe, conocido a través del grupo de noticias para periodistas de Facebook, se puede ver que hubo un aumento considerable en las solicitudes de datos y restricciones de contenido desde el último informe. Según Facebook, en los primeros seis meses de 2014, los gobiernos de todo el mundo realizaron 34.946 solicitudes de datos, lo que representa un aumento de un 24% en comparación al primer semestre de 2013.

Además, también en el primer semestre de 2014, el contenido restringido a causa de las leyes locales aumentó en un 19%. Si ingresan al reporte, podrán ver que hay un mapa de todo el mundo en el que pueden seleccionar cada región para la obtención de datos específicos.

Según el comunicado de Facebook, “esta solicitud sin precedentes fue, por lejos, la mayor jamás antes recibida. Argumentamos que ese tipo de órdenes demasiado generales viola los derechos de privacidad de las personas en Facebook e ignora las salvaguardias constitucionales contra búsquedas e incautaciones no razonables. A pesar de un fallo desfavorable, estamos intentando agresivamente apelar a una corte superior”.

Imagen: Alexander Smolianitski (vía Flickr).

The Independent señala que el Ministro de Comunicaciones de Irak pidió este martes a los principales proveedores de internet del país que bloquearan el acceso a sus servicios en cinco de las provincias del territorio. En toda la nación, obligaron a bloquear Facebook, YouTube, Twitter, Viber, Skype, Tanto, Wechat, Instagram y Didi.

El Gobierno busca justificar la medida al afirmar que “los incidentes de seguridad y la situación excepcional que sucede en Irak” lo exigen.

Como informa Mashable, la medida responde, en parte, al tipo de material que ISIS ha estado subiendo a su sitio web y que luego se mueve por redes sociales. El grupo militante ha publicado varias fotos de masacres y de soldados iraquíes capturados. Aun con las órdenes del gobierno en marcha, hay muchos proveedores que están lejos del alcance de las autoridades, y por lo tanto, un bloqueo total no puede ser confirmado.

Los recientes bloqueos de internet, como el de China, Turquía y Pakistán, nos han enseñado que la ciudadanía siempre encontrará formas de evadir la medida y acceder de nuevo a la red.

Según informa The Verge, las descargas de la aplicación de mensajería instantánea Firechat se han disparado en el territorio iraquí, con más de 30.000 descargas desde el sábado. Representantes de la compañía dueña de la aplicación han afirmado que, aun cuando el uso de Firechat en Bagdag suele ser elevado, el movimiento de los últimos días está a un nivel muy superior del normal.

Los ciudadanos iraquíes también empiezan a mirar hacia el Proyecto Tor, un software que permite superar algunas restricciones de censura y acceder a internet de manera anónima. Desgraciadamente, el Gobierno también puso su ojo sobre Tor y bloqueó el sitio web oficial para evitar que sea descargado.

Con el panorama actual, medidas como el bloqueo de internet no parecen tener un fin cercano. Por ello, en los días por venir, es probable que conozcamos nuevas medidas del Gobierno y nuevas formas en que los ciudadanos buscan evadirlas.

Imagen: ALBAZ (vía Flickr).

Las elecciones presidenciales tienen un tema central: las negociaciones de paz. Pero en otros campos, como la tecnología, innovación y derechos de internet, los candidatos quedan debiendo. Pero ni siquiera por propuestas mal estructuradas o demasiado generales, sino por el desértico panorama que presentan sus campañas a la hora de tocar estos temas.

Hablamos con tres activistas que luchan día a día por los derechos en la red y por el desarrollo de Colombia en temas de TIC. El consenso entre ellos es que en estas elecciones el paisaje sobre estos temas es, efectivamente, un desierto.

La abogada Carolina Botero, miembro de la fundación Karisma; Julian Casasbuenas, director de Colnodo; y el abogado, asesor e investigador en temas de gobernanza de internet, Carlos Cortes Castillo; nos contaron cuáles, a su juicio, son las políticas que los candidatos deberían tener en cuenta. Además, expresaron su preocupación por la poca importancia que tiene el tema dentro de las propuestas de los candidatos.

¿Tienen en cuenta los candidatos los temas de internet, innovación y TIC?

La respuesta corta es un rotundo no. Carolina Botero afirma que los derechos de internet son un “tema huérfano” en los programas de campaña de los candidatos. “Es un tema acéfalo y ajeno a las discusiones políticas”, afirma.

En la columna de opinión que escribe la activista para El Espectador, ella señala un aspecto preocupante para todos aquellos interesados en encontrar nuevas propuestas sobre internet y derechos en las propuestas de los candidatos: “Revisamos entonces si en sus buenas intenciones (las propuestas de los candidatos) hablaban del ejercicio de derechos en la Red, y ya no nos sorprendimos: Nada.”

Los derechos de internet son un “tema huérfano” en esta campaña

A ojos de los candidatos, internet únicamente es una herramienta de publicidad, pero la campaña no ve el tema como un sustento para sus propuestas. “Todos están usando masivamente las redes sociales pero ninguno pasa del uso instrumental al posicionamiento en temas como ‘Ley Lleras’ (que volverá, pues es compromiso del TLC), espionaje masivo en Internet, gobernanza de Internet o similares”, escribe Botero en su columna.

Julián Casasbuenas señala que es preocupante que las propuestas sobre TIC hayan estado ausentes de los programas de los candidatos a Cámara y Senado. Por esto, Botero concluye en su columna que los candidatos “se rajan con los posibles electores net-ciudadanos”.

Una nueva visión de la mano de una ‘agenda positiva’

Un cambio importante para Colombia, según nuestros entrevistados, sería empezar a ver con nuevos ojos la agenda del país sobre los temas de tecnología. Casasbuenas espera que el próximo presidente de Colombia tenga en cuenta que “internet es una alternativa y oportunidad para el desarrollo”. Según dice, “estudios en Chile han demostrado que el PIB (producto interno bruto) puede aumentar cuando aumenta el uso de internet”.

¿El gobierno le tiene miedo a internet?

Para Botero, los movimientos en la política de la red están enfocados a la infraestructura, no a los derechos. A su juicio, cuando el gobierno habla de derechos relacionados con internet, es “temeroso y criminalizante”, lo que explica que muchos temas importantes estén quedando por fuera. “Se habla de datos personales, pero no de privacidad. Se habla de la libertad de expresión, pero como algo secundario a los derechos de autor”.

¿Estamos bien en infraestructura?

Para el abogado Carlos Cortes, los logros de infraestructura se están quedando más pequeños de lo que pensamos: “A pesar que existen cifras sobre expansión y penetración de internet, creo que siguen siendo bajas”, señala Cortes.

Cortes afirma que un aspecto para tener en cuenta es la dirección que quiera tomar el próximo Gobierno en el tema. “El gobierno [actual] ha vendido un poco la idea que con infraestructura y tecnología de 4G se empezará a cubrir el acceso a acceso a internet en zonas donde no hay posibilidad de tener un cable. Es muy difícil que eso suceda”.

Las cifras de expansión de la red “siguen siendo bajas”

Cortes señala que zonas como el Putumayo o Amazonas no son lugares factibles para que la tecnología 4G llegue a reemplazar “el cable que no llega”. ¿La razón? Son servicios con un alto costo, y al final no existe una oportunidad económica tan grande como para que alguna empresa vea la ventaja de ofrecer el servicio.

El director de Colnodo apunta a otro lugar que deberían examinar los candidatos: la infraestructura y los costos de conectividad. “Cuando uno como innovador y ciudadano utiliza internet, nota que los costos son altos y la calidad no es buena, sobre todo el internet móvil”

El costo de infraestructura y el camino que toman esos recursos debe ser redefinido. Pero por ahora no existe una propuesta seria sobre el tema entre los candidatos, salvo los proyectos que ya viene implementando el Ministerio de las TIC.

¿Qué es banda ancha para nuestro país?

Botero y Casasbuenas llegan a una misma conclusión: Hay que definir qué es y qué  no es banda ancha.

Según ambos activistas, el termino banda ancha no está definido seriamente en el país. Para Botero, en Colombia “banda ancha es cualquier cosa”. Por su parte, Casasbuenas, dice que “Internet móvil en Colombia es cualquier cosa”.

Hay que definir qué es y qué no es banda ancha

El termino banda ancha en el país se estaría usando para ofrecer servicios que no cumplen realmente con la calidad que esperan los usuarios. Para los activistas es necesario que sea definido de forma más exigente, de modo que sí soporte lo que requieren los nuevos desarrollos. Casasbuenas añade que “necesitamos conocer las políticas del país a largo plazo sobre el acceso a banda ancha”, pues no es suficiente con aumentar la penetración si la calidad y capacidad del servicio no dan la talla.

Políticas y gobernanza en internet

Colombia está atrasado en el tema de políticas y gobernanza de internet. Para el director de Colnodo, “Colombia no tiene políticas sobre neutralidad en internet”, un tema que Brasil ha puesto sobre la mesa tras el anuncio de su nuevo Marco Legal. Para los activistas, es necesario que Colombia se ponga a la par.

En medio de las revelaciones de Edward Snowden, en las que quedó claro que los usuarios latinoamericanos fuimos víctimas del espionaje masivo por utilizar servicios estadounidenses, la autonomía regional de internet se está convirtiendo en un tema que, según Cortés, debería estar en la agenda del gobierno.

¿Y la neutralidad en la red?

Según señala, la alternativa para Colombia en temas de gobernanza de internet es clara: “Colombia debería asumir una actitud regional”. Latinoamérica, dice, “puede volverse un contrapeso en el tema de gobernanza, exigiendo protección para nuestros usuarios y construyendo alternativas para que internet tenga un nivel de autonomía en la región”.

La vigilancia masiva es un debate que no debe ser ignorado

Snowden confirmó una idea alrededor del mundo: la vigilancia masiva existe y hace parte de la estrategia de defensa de varios países.

Para Casasbuenas, es imperativo que el gobierno colombiano demuestre cuál es su posición sobre el tema y que, con ello, los debates sobre el derecho a la privacidad tomen más fuerza. “Los gobiernos tienen que definir claramente que sucede con la recopilación, vigilancia y procesamiento de información”, y debe hacer posible “que podamos comprobar que se garantizan los derechos humanos en ese proceso”.

Hay que proteger los contenidos

Cortés teme que los nuevos contenidos que producen innovadores, creadores, periodistas y,  en general, los nativos digitales del país, terminen siendo aplacados por las normas de derechos de autor. La clave, según señala el abogado, está en “darle cierto nivel de flexibilidad a nuestras industrias creativas”.

Las leyes ‘Lleras’ y similares aplacan a los creadores

Para Cortes, estas actividades están desprotegidas en Colombia. “Necesitamos promoción de proyectos y una regulación que no nos afecte y nos restrinja”, afirma. El abogado señala con preocupación que, a futuro, “terminaremos implementando unas normas que pondrán nuestro consumo de contenido al servicio de las industrias creativas estadounidenses”.

La participación civil en el debate de internet es necesaria

Los debates alrededor de los derechos de internet están dejando por fuera a la sociedad civil. “El usuario final no se tiene en cuenta”, afirma Casasbuenas. Para el director de Colnodo, es importante que se tengan en cuenta las opiniones de organizaciones civiles sobre estos temas.

“El usuario final no se tiene en cuenta“ en los debates sobre internet

Las opiniones de los tres activistas y expertos sustentan esta necesidad. Muchos de estos temas se están dejando fuera de la agenda, guardados tras alguna puerta muy alejada, detrás de otros debates que sí están recibiendo atención en esta campaña.

Un par de conclusiones

El director de Colnodo concluye que internet debe ser visto de una nueva forma por el futuro presidente: como una “red de servicios, motor de desarrollo con acceso universal, que brinde igualdad de oportunidades, asequible y de alta calidad”.

Por su parte Botero advierte que, con seguridad, “con internet nos va a pasar igual que con las carreteras: quedaremos colgados”. La activista está convencida de algo: “El internet es facilitador de derechos humanos”. Una forma de ver el tema que, a futuro, le gustaría que compartiera el ganador estas las contiendas presidenciales.

El Ministerio TIC entregó esta semana en licitación la construcción de 5.524 kioscos Vive Digital en zonas rurales del país, con lo que beneficiará a usuarios rurales de los 32 departamentos del país con servicios de acceso a la red y capacitación en tecnologías a la población que reside en estask zonas.

De acuerdo con una comunicación del Ministerio, cada uno de ellos es un “espacio de acceso a Internet y capacitación en centros poblados de más de 100 habitantes“, y “ofrecen otros servicios como telefonía, fax, escáner y fotocopias, además de recibir capacitaciones gratuitas en uso y apropiación de las TIC“.

La construcción de los kioscos debe finalizar en agosto de 2014, cuando –de acuerdo con el Ministerio– se contará con 6.648 instalaciones de este tipo en el país. Hoy funcionan 1.144 kioscos en 325 municipios del país. Algunos de ellos, además, ofrecen tecnología especial para que las personas en condición de discapacidad también puedan acceder a la red.

La inversión de parte del Gobierno será de 551.527 millones de pesos, lo que de acuerdo con el Ministerio la convierte en “la mayor inversión en tecnología para zonas campesinas que haya realizado el país en su historia“. La construcción de los kioscos estará a cargo de cuatro concesionarios, que repartieron el país en seis zonas.

El tema de la vigilancia y el espionaje han causado importantes repercusiones que están afectando las políticas y herramientas de las empresas de tecnología más emblemáticas de Estados Unidos. Microsoft tomó el camino de Yahoo! y Google y fortaleció el cifrado de los datos que pasan entre sus centros de datos. Además dijo que los planes de espionaje gubernamentales son amenazas persistentes avanzadas (ATP, en inglés), lo que demuestra que los ataques son planeados y ejecutados con precisión.

La medida que tomará Microsoft es la misma que tomaron las otras dos compañías: cifrar toda la información que pasa de un centro de datos a otro. Aunque ninguna empresa se ha referido a que estas movidas son en respuesta a las amenazas de la NSA, no es difícil deducirlo. El anuncio de estas medidas vino cuando se conoció que la agencia estaba interceptando las comunicaciones entre los centros de datos para acumular toda la información de los usuarios y almacenarla para analizarla.

“En particular, reportes recientes de la prensa alegan que el gobierno está interceptando y recolectando -sin órdenes de búsqueda- la información de los usuarios mientras viaja a través de nuestros servidores y clientes”, escribió Brad Smith vicepresidente ejecutivo de la rama legal y corporativa de la empresa en su blog oficial.

“Si esto es cierto, estos esfuerzos amenazan seriamente la confianza en la seguridad y privacidad de las comunicaciones en línea. Es más, el espionaje del gobierno constituye potencialmente una amenaza avanzada persistente (ATP), al lado del malware sofisticado y los ataques cibernéticos”, agregó el abogado.

De acuerdo a lo que reportó el Washington Post, los miembros más importantes de Microsoft están por decidir qué método de cifrado implementarán; también están determinando el cronograma para hacer los cambios. Google ya integrar el nuevo modelo de seguridad y Yahoo! espera que su método de cifrado este listo durante 2014, protegiendo inicialmente el servicio de correo electrónico.

Uno de los temas que explicó el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MinTic) durante la inauguración del ViveLab Bogotá fue la apuesta por instalar los llamados Kioscos Vive Digital, que hasta esa fecha, tenían en la mira a más de 900 municipios.

Hacer que la conectividad llegue a todas las zonas rurales del país es uno de los grandes retos de este gobierno. Los Kioscos Vive Digital son puntos de acceso a internet comunitarios para las veredas y corregimientos que tengan más de 100 habitantes.

El objetivo de estos Kioscos es permitir que niños y adultos tengan acceso a internet y puedan recibir capacitaciones gratuitas. Estarán instalados en zonas comunes como tiendas, colegios y salones comunales. Además de internet, los Kioscos Vive Digital también tienen servicios de telefonía, fax, pago de impuestos y algunas operaciones bancarias.

Hoy, el gobierno hará entrega de los primeros 500 kioscos de un total de 5.300 en 286 municipios de 10 departamentos del país (Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Córdoba, Chocó, Magdalena, Norte de Santander y Valle del Cauca). Durante la jornada #ElCampoSeConecta, se hará la entrega oficial a las primeras poblaciones rurales que empezarán a contar con este nuevo servicio.

El Presidente Juan Manuel Santos y el Ministro TIC, Diego Molano Vega, inauguraron hoy el kiosco Vive Digital del centro poblado de Morca en Sogamoso, Boyacá. Internet en el campo es posible gracias a la conexión satelital.

En Sim City uno juega a ser un alcalde con el objetivo de hacer crecer una ciudad, y el jugador recibe constantemente indicadores de crecimiento: cómo está aumentando o disminuyendo el crimen y la polución, donde hay un buen cubrimiento educativo y donde no, etc.

Boston, la ciudad estadounidense, hace casi un año dio un paso para llegar a eso abriendo una página en la que sus ciudadanos pueden ver en tiempo real el comportamiento de su ciudad.

Se trata de un sitio web público y una aplicación para iPad que muestra en tiempo información sobre lo que ocurre en ella. Si se dirigen al sitio, pueden encontrar una serie de gráficos que evidencian el comportamiento de factores claves de la sociedad, como el trabajo o la criminalidad. Gracias a que existe este sitio web, diferentes organizaciones y habitantes pueden ver de primera mano las áreas en las que la ciudad está progresando y en las que no.

Esto fue desarrollado por SAP, y se basa en información reunida a partir de 2011. La información no solo muestra el crecimiento o disminución de un problema, sino que permite evidenciar las estrategias de solución que el gobierno está implementando y las medidas que se tomaron en un tiempo determinado. De esa manera no solo se puede ver el desarrollo de un área, sino que se puede contraponer y evaluar con respecto a las soluciones que se están llevando a cabo.

El nivel de detalle en esta información es muy útil. Por ejemplo si observamos el comportamiento del crimen en la ciudad, encontramos que en septiembre de 2012 hubo un pico de criminalidad: 944 llamadas de emergencia a la policía en un mes. Pero también vemos que en diciembre la cifra se reduce a 415. Vemos que en ese momento se promovió la formación de pequeños grupos de vigilancia entre los mismos habitantes, y en junio de 2013 encontramos 319 de estos cuidando y velando por su propia seguridad.

Barack Obama hizo algunas afirmaciones respecto a PRISM y la NSA, donde se mostró de acuerdo con la existencia del polémico programa. En una entrevista con el periodista Charlie Rose, afirmó lo siguiente:

“En la NSA trabajan profesionales extraordinarios que se consagraron a la seguridad del pueblo estadounidense […] Mi trabajo es proteger al pueblo americano, así como el estilo de vida americano, que incluye nuestra esfera privada”.

Durante el reportaje que se grabó en la Casa Blanca, el gobernante señaló que se tiene conocimiento de diferentes mecanismos de regulación y control para evitar los abusos, y que una de las preocupaciones como primer mandatario de Estados Unidos es tener el control sobre los diferentes estamentos de control de la nación.

En la entrevista, Obama afirmo que existe un juzgado autónomo que supervisa los programas de la NSA. Sin embargo, en la misma entrevista Obama evito preguntas sobre si alguna vez aquél tribunal había rechazado alguna solicitud de vigilancia.

Según The Guardian Obama afirmó este miércoles que los programas de espionaje a cargo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) “han salvado vidas”, en una conferencia de prensa en Berlín junto a Angela Merkel, canciller y Jefe de Estado alemana.

Por su parte, el jefe de la NSA, Keith Alexander, afirmó a The Australian: “Me gustaría mucho estar hoy aquí debatiendo este punto en vez de explicar cómo hemos fallado para evitar otro 9/11”.

Keith defiende el papel de la NSA, donde el sistema de vigilancia de llamadas telefónicas y comunicaciones por internet –según dice– sirvió para estropear aproximadamente 50 conspiraciones terroristas en una veintena de países durante los últimos años.

La opinión oficial del primer mandatario de los norteamericanos deja preocupados a sus ciudadanos, y no es para menos: empresas como Verizon, que gozan de alto tráfico y muchos usuarios, están colaborando con la NSA, y al parecer no mucho se esta haciendo para detenerlo.

El debate es este: ¿la seguridad de un país debe estar por encima de la privacidad e intimidad de sus habitantes? Queremos conocer sus posiciones en la zona de comentarios.

El sistema operativo móvil de Microsoft crece un 44% trimestre a trimestre en Latinoamérica, según las mediciones que hizo IDC con ‘Mobile Phone Tracker’. El reporte muestra que Windows Phone ha venido ganando cuota de mercado en la región: pasó de un 5% el último trimestre del año pasado a tener un 7% de participación durante los primeros tres meses de 2013. Estas cifras ubican a Latinoamérica como la segunda región del mundo en términos del tamaño de la participación del SO móvil de Microsoft en el mercado.

“Los datos son claros al mostrar la fortaleza que Windows Phone está adquiriendo en la región; en cada reporte se ve cómo aumenta su presencia. Su crecimiento se resalta frente a otros actores como en relación al mercado mismo”, señala Oliver Flores, analista regional de teléfonos móviles para IDC Latinoamérica, quien además añade: “con nuevos modelos disponibles en el mercado esperamos que la tendencia siga así en los próximos meses”.

Liliana González directora de Windows Phone para Latinoamérica afirma que “Windows Phone ha sido muy bien recibido ya sea que se trate de una persona que quiere un equipo con gran diseño y variedad de aplicaciones útiles y divertidas o también para aquéllos que necesitan un teléfono seguro y productivo para sus labores”.

La variedad de aplicaciones sobre Windows Phone cada vez es mayor. Colombia es uno de los países de esta región que más ha aportado para aumentar el numero de aplicaciones en la tienda de este sistema operativo móvil, en parte gracias a las iniciativas del ministerio TIC y Microsoft para impulsar el desarrollo de apps.

La ‘Ley Lleras’ vuelve al ring. Luego de que el Congreso decidiera archivar la primera versión, y de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1520 de 2012 (PDF) –que fue bautizada por los internautas como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’– por vicios en su trámite, el Gobierno la puso de nuevo en la agenda del Congreso. Primero por medio del Proyecto de Ley 226 de 2013, que propone de nuevo lo que la ‘Ley Lleras 2’ decretaba sobre las señales de televisión. Y luego con otro proyecto de ley presentado este viernes, que busca que se apruebe el resto del paquete.

Desde la caída de la ‘Ley Lleras 2’, el Gobierno había guardado silencio sobre el tema. Como le dijo el ministro TIC, Diego Molano Vega, a ENTER.CO, era probable que se presentara “el mismo texto” de la derogada Ley, pero eso no se supo a ciencia cierta hasta que se conoció la nueva iniciativa. ENTER.CO no obtuvo respuestas a varios requerimientos de información que hizo a diferentes entidades del Gobierno en el último mes, y luego fuimos informados de que no había posición oficial sobre el tema.

Con el nuevo Proyecto de Ley, el Gobierno finalmente destapó sus cartas y comenzó un nuevo round de su pulso con los activistas de internet.

Activistas piden más debate

Mientras el gobierno callaba, los activistas, los académicos y los internautas ya se estaban moviendo. Su objetivo era evitar que les volvieran a pasar por encima. Decían que el Gobierno tenía en sus manos la oportunidad de evitar los errores del pasado y redactar una buena ley: una iniciativa consensuada, dialogada, que fuera producto de un proceso serio y no del afán de cumplir.

La primera ‘Ley Lleras’ tuvo mucha discusión pública, y gracias a los problemas que salieron a la luz en ese debate el Congreso decidió archivarla. Pero –como recordó el abogado, periodista e investigador Carlos Cortés Castillo– en la segunda Ley “el debate estuvo descartado de plano“. Fue aprobada a las carreras por un Legislativo cuya verdadera preocupación era hacer la tarea para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC en su entonces próxima visita a Cartagena.

Lo que esperaban los activistas era que el Gobierno aprovechara la derogación de esa Ley para llevar a cabo la discusión pendiente. “La nueva Ley no puede salir del bolsillo del ministro sin que haya una discusión previa. El Gobierno debería aprovechar el debate para enriquecer el proyecto de ley“, afirma el abogado Lorenzo Villegas, que se ha opuesto en varios escenarios a los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En opinión de Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y la más reconocida vocera de la sociedad civil en estas discusiones, el Gobierno no tiene voluntad de hablar con la sociedad civil sobre este tema. “La posición sigue siendo que el Gobierno sabe lo que nos conviene, se lo presenta al Congreso y confía en su ‘unidad nacional’ para que pase. No se resigna a un proceso abierto con la sociedad“, dice.

Incluso los representantes de la industria musical están de acuerdo con que hay que dialogar más: “Me gustaría ver sistemas adaptados a las realidades de cada país“, dice Gustavo Palacio, director ejecutivo de APDIF Colombia, el gremio de los productores fonográficos. “Lo que quisiéramos –añade– es una discusión franca y abierta, que construyamos un sistema real”.

Si hay alguien interesado en que haya una reglamentación efectiva de los derechos de autor es, precisamente, el gremio de los dueños de esos derechos. La intención de las discográficas, como dice Palacio, es llegar a “mecanismos que permitan acceder a los contenidos, y que la gente se acostumbre a acceder a los contenidos en un entorno de legalidad“. Lo que quieren no es, asegura, enviar a la cárcel a los internautas: “La posición de la industria no es ir detrás de personas que descargan música”.

Pero el Gobierno prefirió el silencio. El diálogo ya no ocurrió, y los malentendidos siguen en el aire. El espacio que les queda a los colombianos para debatir el tema es el Congreso de la República, algo que no le gusta mucho a algunos activistas. “El proceso de participación ciudadana en el Congreso es todo menos amable con ciudadanos“, dice Botero.

El argumento que suele esgrimir el Gobierno para negar que estas leyes fueron presentadas a espaldas de la ciudadanía consiste en que su contenido fue discutido ampliamente cuando se redactó y se negoció el TLC, entre 2000 y 2007. “Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado“, nos dijo el ministro TIC, Diego Molano, en ese momento.

Pero para Botero, desde 2007 han pasado cosas en el mundo TIC que hacen que sea necesario que el debate se actualice. “Es ridículo creer que debemos adoptar las medidas que en EE. UU. ya tienen 15 años. La propia registradora de derecho de autor de Estados Unidos dice que hay que reformar el derecho de autor“, afirma.

Lo que exige el TLC

Ninguna de las dos leyes ‘Lleras’ salió de una iniciativa propia del gobierno colombiano. Fueron producto de los compromisos que adquirió el país para poder firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos compromisos?

El capítulo 16 del texto del tratado (PDF) compromete al país a hacer que sus leyes de propiedad intelectual sean compatibles con las estadounidenses. Para ello, nuestra legislación debe tener varios instrumentos que hoy no tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como “limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios“. La ‘Ley Lleras’ original tenía el objetivo de incluirlo en las leyes colombianas.

Estas limitaciones buscan que un prestador de servicios digitales (es decir, alguien que enlace, almacene o distribuya contenidos digitales) quede eximido de cualquier responsabilidad civil o penal por piratería si desactiva el acceso a ese contenido siempre que el dueño de los derechos se lo pida.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor en internet, conocida como DMCA (Digital Millenium Copyright Act), establece un procedimiento similar. Por ejemplo: si una disquera descubre que un video de YouTube reproduce sin autorización una canción de cualquier artista representado por ella, se comunica con Google pidiéndole que ‘dé de baja’ ese video. Google podría no hacerlo, pero en ese caso se expondría a ser responsabilizado por piratería. La empresa prefiere jugar seguro, y por eso el resultado suele ser que el video es bloqueado de YouTube.

Otra obligación que se impone en el TLC es la de prohibir “la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal“. La ‘Ley Lleras 2’, tanto en su primera como en su segunda versión, copian esa prohibición palabra por palabra.

¿Es copiar la legislación estadounidense una buena idea?

En su momento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, nos dijo que las dos leyes ‘Lleras’ ponen a Colombia “al mismo nivel de derechos que Estados Unidos”con respecto a las leyes de derechos de autor. Sin embargo, la opinión entre los opositores de la iniciativa es que ceñirse de forma cerrada a la legislación estadounidense no es ni una obligación ni una buena idea.

“El TLC no dice que Colombia deba copiar el DMCA“, dice Villegas. Para él, y para Botero, no es necesariamente cierto que el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos llegue hasta ese punto.

“Nosotros no hemos dicho nunca que no se honren los compromisos adquiridos“, dice Botero. Sin embargo, añade, “el TLC no es una camisa de fuerza. Lo que dice es que debes usar camisa; pero el color, el tipo de manga, de cuello e incluso el material todavía está por decidirse“.

Incluso Palacio, representante de las discográficas, dice que copiar el sistema estadounidense no es obligación. “Nadie dice, ni la industria, que necesariamente tengamos que tener acá exactamente el sistema norteamericano“.

Los activistas han señalado que otros países que también tienen TLC han creado legislaciones que no son copias exactas de las leyes de Estados Unidos. “Los tratados de EE. UU. con Chile, con Europa o con Australia, tienen condiciones similares a las nuestras, pero los procedimientos en cada uno de esos países han sido diferentes“, asegura Botero.

El problema es que no conocemos el problema

El temor de los activistas es que el Gobierno y el Congreso estén creando leyes para solucionar un problema que no conocen bien, y que de hecho ni siquiera están seguros de que exista.

En el primer acto público a favor de la ‘Ley Lleras’, aparecieron varios trabajadores de las industrias culturales a intentar convencer al Congreso de que esa ley iba a salvar de las garras de la piratería al producto de su sufrido trabajo. Para conmover al auditorio, la productora de cine Paula Jaramillo comparó los cinco rollos de una de sus películas –que, asevera, le costó “ocho años de trabajo“– con la copia pirata que consiguió en un semáforo. “La piratería nos imposibilita la recuperación de la inversión en una producción de cine“, dijo.

Nadie estaba intentando penalizar esa clase de piratería. Eso ya era delito entonces, y sigue siéndolo hoy.

La ‘Ley Lleras 2’ también fue tramitada en medio de la falta de información de muchos de los actores de las dos partes del debate. Entre otras imprecisiones, el senador ponente de la Ley 1520, Carlos Ramiro Chavarro, confundió en una de sus intervenciones las protecciones anticopia DRM con los archivos PDF, seguramente con la idea de que los segundos no podían ser editados con un procesador de textos.

Por otra parte, muchos activistas también han cometido desatinos y ligerezas en sus declaraciones públicas: el que esa ley haya sido llamada tan prontamente ‘Ley Lleras 2’, cuando en lo fundamental era diferente de su antecesora, es una prueba de ello. Además, según Cortés, algunos detractores de la Ley se han equivocado al “dar una conversación demasiado sofisticada, que de pronto no sirve para el debate“.

Para Cortés, para crear un ambiente apto para la discusión hay que aclarar estos malentendidos y definir de qué se está hablando. La clave, según dice, es aclarar sobre qué –y sobre qué no– es lo que se pretende legislar. “Necesitamos volver al debate sobre qué es la piratería, cómo está el tema de la piratería en Colombia y qué relación tiene con el uso de Internet“, anota.

Cortes dice que los músicos y los directores de cine “tienen que perderle un poco el temor a inspeccionar ese paradigma que les vende el gobierno de que esta ley es para salvarles el empleo“. Mientras tanto los internautas, añade Cortés, deberían “dejar de pensar que esta ley es la que va a volver piratas y delincuentes a los usuarios de internet“.

Otro problema es que se desconoce el tamaño de la situación que se intenta atacar. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el tamaño de la piratería, ni la proporción que ocupa con respecto al mercado legal. A pesar de esto, hay algunas cifras que ayudan a perfilar el fenómeno:

• Business Software Alliance (BSA), el gremio de los creadores de programas informáticos, publicó un estudio el año pasado que dice que el 53% del software es pirata, y su valor comercial equivaldría a 295 millones de dólares.
• En una entrevista reciente con El Espectador, Juan Hardoy, director legal antipiratería de Microsoft para América Latina, dijo que la red es –por encima de las ventas callejeras– el espacio más ‘pirata’ en Colombia. “A través de internet se ejecutan el 45% de las acciones que tienen que ver con la piratería“, aseguró.
• MusicMetric, un servicio que mide la popularidad en internet de los músicos y rastrea la cantidad de descargas por BitTorrent, dice que en nuestro país hay 3.041.490 personas que bajan música a través de ese servicio.  

Ninguna de esas cifras fue mencionada en alguno de los debates, a pesar de que algunas ya estaban disponibles en ese momento. Y más allá de los números, nadie sabe quiénes son los piratas colombianos. Nadie conoce nada sobre su demografía, su educación, su nivel de ingresos o sus intereses. No se sabe bien si lo hacen para robar o para obtener contenidos que no están disponibles de otra manera.

Si eso no se sabe, no se puede avanzar en una solución. Las leyes ‘Lleras’ buscan ponerle talanqueras penales a la piratería; y sus promotores nunca se detuvieron a pensar si, como dicen algunos empresarios y académicos, lo que alimenta el fenómeno son las deficiencias del mercado.

Faltan más ’rounds’

Aunque el nuevo proyecto de ley hasta ahora comienza su camino, ese no es el único tema pendiente. El asunto más fuerte, que es la responsabilidad de las ISP y el procedimiento para el bloqueo de contenidos, sigue sin discutirse tras el hundimiento de la primera ‘Ley Lleras’.

El ministro Molano nos dijo el año pasado que ese debate se haría sobre la mesa: la discusión, aseguró, la “daremos abiertamente al país […] y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia“. De hacerlo, el Gobierno tendría la oportunidad de crear una mejor ley, y de pagar un menor costo político por ella. No es gratuito que, después de más dos años de haber radicado la primera iniciativa, hoy nada de esto esté vigente en nuestra legislación.

Mientras tanto, como dice Villegas, “la sociedad civil toma conciencia de su importancia en todo este tema“. Y a pesar de que ya le pasaron por encima dos veces, esa misma sociedad civil está esperando que el Gobierno cumpla esa promesa.