La acción fue presentada por el abogado Germán Eduardo Castro Marín y quedó asignada al magistrado Juan Camilo Morales, de la Sección Segunda. Aunque la admisión no define el fondo del caso, habilita el control judicial del decreto y permite analizar una eventual suspensión provisional del aumento aprobado.

La posibilidad de una medida cautelar es relevante porque, de concederse, podría frenar temporalmente el incremento mientras se resuelve el litigio de fondo. Una decisión de este tipo tendría efectos inmediatos tanto para millones de trabajadores como para las empresas obligadas a aplicar el nuevo salario mínimo.

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Demandas, argumentos y antecedentes

El proceso no avanza de manera aislada. A la acción de Castro Marín se suma una demanda de nulidad presentada por la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que advirtió que el incremento salarial podría poner en riesgo cerca de 772.340 empleos formales en distintos sectores de la economía nacional.

También fue presentada una acción de tutela por el exmagistrado Alejandro Linares. La acumulación de demandas refleja la división generada por la decisión del Gobierno, adoptada tras el fracaso de la concertación con sindicatos y gremios empresariales durante las negociaciones realizadas en diciembre de 2024.

El eje central de la controversia es la presunta falta de sustento técnico del aumento. Los demandantes sostienen que el Ejecutivo dejó de aplicar las variables tradicionales, como la inflación de 2024, que fue del 5,30%, y la productividad, ubicada en 0,91%.

En su lugar, señalan que se aplicó el concepto de “salario vital”, apoyado en referencias de la Organización Internacional del Trabajo. Según las demandas, este criterio no es vinculante en Colombia y permitió un ajuste del 23%, muy superior a la suma de inflación y productividad, cercana al 6,21%.

Como antecedente relevante, los juristas recuerdan que en 2017 el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el salario mínimo de 2016. En ese caso, el tribunal concluyó que el Gobierno no presentó cálculos técnicos suficientes para respaldar la decisión adoptada.

Escenarios y ruta procesal

Tras la admisión de la demanda, el Consejo de Estado notificó a los ministerios de Hacienda y Trabajo. Ambas carteras disponen de 30 días para presentar su defensa, justificar el aumento aprobado y entregar los documentos técnicos y las actas previas a la expedición del decreto.

En una providencia separada, el magistrado ponente deberá resolver la solicitud de suspensión provisional. Si se concede, el salario mínimo retornaría de forma temporal al valor de 2025, que fue de $1.423.500, mientras se profiere una decisión de fondo.

Si la suspensión es negada, el salario de $1.750.905 continuará vigente durante el proceso judicial, que podría extenderse por varios meses o incluso más de un año, dependiendo de la complejidad del análisis y de las pruebas practicadas.

Para ordenar la suspensión, el tribunal deberá verificar la existencia de una violación manifiesta de la ley o un perjuicio grave e inminente al interés público. El fallo final sentará un precedente sobre los límites del Ejecutivo y el alcance jurídico del concepto de salario vital.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

Las familias que adquieran paneles solares con el proyecto de financiamiento del Gobierno, estarán reduciendo su huella de carbono, además de los costos de energía. Se espera que con esta propuesta se mejore la sostenibilidad energética de miles de hogares y se fomente el uso de energías renovables en el país.

¿Cómo funciona el financiamiento? 

Los colombianos que estén interesados en mejorar sus viviendas con energía solar, podrán financiar la adquisición de los sistemas solares fotovoltaicos y su instalación. El proyecto estima que el proceso de compra e instalación puede requerir una inversión entre los $10 y $20 millones de pesos colombianos. 

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“Las tasas de interés están diseñadas para ser más favorables para las familias con ingresos más bajos, comenzando con tasas desde el 10% efectivo anual para aquellos hogares con ingresos de hasta dos salarios mínimos legales vigentes (SMLV)”, argumentaron desde MinEnergía.

De acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía, la instalación de un sistema fotovoltaico puede generar ahorros entre el 40% y el 60% en las tarifas de energía. Esto disminuirá considerablemente el costo de vida de las familias colombianas de manera sostenible.

Aunque la iniciativa estará abierta para todas las personas de estratos 1,2 y 3, se tendrá como prioridad a las familias con estas características pero que residan en la región Caribe, pues el potencial solar es mayor allí. Lo cierto es que cualquiera puede afiliar el crédito con cesantías o con ahorros voluntarios.

Los interesados pueden acceder a los créditos a través del Fondo Nacional del Ahorro.

Imagen: Los Muertos Crew

En el contexto del Día Mundial del Emprendimiento, iNNpulsa Colombia reveló una agenda integral para 2024, la cual incluye una variedad de programas adaptados a las necesidades de diferentes sectores empresariales. “Esta iniciativa es posible gracias al respaldo continuo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y refleja nuestro compromiso con el desarrollo económico inclusivo y sostenible”, explicó Hernán Ceballos, gerente general de iNNpulsa.

Los servicios ofrecidos se distribuyen a través de múltiples programas y centros de capacitación en todo el país. Los Centros de Reindustrialización ZASCA son un ejemplo destacado, enfocados en sectores clave como la manufactura y la agroindustria. Este año, se proyecta la apertura de 57 nuevos centros que colaborarán estrechamente con cámaras de comercio locales y otros socios estratégicos.

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Además, el programa FortaleSER está diseñado para proporcionar asesoramiento a negocios locales, incluyendo tiendas de barrio y restaurantes, ayudando a mejorar sus prácticas empresariales y aumentar su productividad. A partir de junio, se planea expandir este programa para incluir a más de 4,200 emprendedores adicionales en múltiples departamentos del país.

En un esfuerzo por fomentar la innovación disruptiva, iNNpulsa también lanzó el programa ALDEA, con una inversión inicial de $5.000 millones de pesos destinada a apoyar a 320 emprendimientos con potencial de alto impacto. Este programa ya ha comenzado a distribuir fondos significativos para los primeros beneficiarios, estableciendo un precedente para el apoyo financiero y el crecimiento acelerado en el ecosistema de startups.

Para obtener más información sobre cómo participar o beneficiarse de estos programas, los interesados ​​pueden visitar el sitio web oficial de iNNpulsa para conocer las últimas actualizaciones y convocatorias.

Imagen: Innpulsa

Por si no lo sabes, el DPS es la entidad del Gobierno que encabeza el Sector de Inclusión Social y Reconciliación, admás de ser la encargada de crear la Renta Ciudadana, un incentivo para las familias más vulnerables del país. Es justamente este argumento el que están usando los estafadores para engañar a sus víctimas a través de correo electrónico. 

La estafa llega como un correo del Departamento de Prosperidad Social en el que se le informa a la persona que fue seleccionada como beneficiaria para recibir “las ayudas asignadas por el gobierno nacional”. Adicionalmente, avisan que los $500.000 pesos con los que ha sido beneficiada, llegarán a la cuenta de Daviplata de la persona. El mensaje también avisa que los “hogares que no estén bancarizados recibirán un mensaje de texto con la confirmación y el código para retirar en cualquier punto #efecty”. 

El correo explica que, para recibir el pago, la persona deberá primero aceptarlo, pero realmente es ahí donde se encuentra el gancho con el que la víctima será robada si lo pica. Al pulsar el enlace en el que la persona debe aceptar el supuesto pago, será remitido a una página donde tendrá que digitar el número de celular que esté vinculado a la cuenta de DaviPlata. 

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“Recuerde que a su número de celular registrado en DaviPlata llegara un mensaje con el codigo de confirmación”, concluye el correo estafa. Cuando la víctima digita su número, los estafadores inmediatamente envían un código con el que podrán ingresar a la cuenta de la persona para robar su dinero. 

La estafa se puede detectar desde el momento en el que no se menciona tu nombre dentro del correo sino que se refiere a ti por tu correo electrónico, algo como: “estimado pepito@gmail.com”. Por otro lado, podemos revisar la ortografía del mensaje y la forma de expresarse; en este caso no incluyen tildes, además de tutear y ustear al tiempo. Por último, tener en cuenta si perteneces o no al grupo A o B del Sisbén, quienes son los que pueden recibir estas ayudas del DPS. 

Algunos ciudadanos reportaron que esta misma estafa se está realizando vía telefónica, pero en ese caso sí  confirman todos sus datos personales, desde cédula de identidad hasta dirección de residencia. Podrás identificar la estafa porque te aseguran que depositarán los $500.000 pesos inmediatamente y solicitarán tu número de Nequi, seguido de un código que llegará a tu celular. Al entregar el código, perderás el dinero que tengas en Nequi. El DPS no utiliza estos medios para informarte que eres beneficiario; puedes dirigirte a su página web para confirmarlo.

Imagen: Yan Krukau

La compañía tuvo que activar su sistema de seguridad luego de identificar un ataque cibernético Ransomware en sus máquinas. De acuerdo con el comunicado sobre las 5:50 a.m. del 12 de septiembre, toda su infraestructura en la nube “recibió un ataque de ciberseguridad externo tipo Ransomware, afectando algunas de sus máquinas virtuales”.

La primera entidad en reportar la falla fue Supersalud, quien aseguró que “que el proveedor IFX de la entidad está presentando una falla masiva que afecta el acceso a nuestros sistemas NRVCC, Supercor y sitio web”.

Así mismo, la Rama Judicial confirmó que se han presentado fallas de sus páginas luego del ataque. En tanto, al Consejo Superior de la Judicatura señaló que la radicación de tutelas y la firma virtual de los jueces no está funcionando.

La Unidad de Informática de Dirección Ejecutiva de Admón Judicial trabaja en el restablecimiento del portal web y algunos sistemas de la #RamaJudicial, los cuales han presentado fallas en los servicios que presta el sitio web. Estaremos informando cuando se normalice el servicio.

— Rama Judicial (@judicaturacsj) September 12, 2023

“La Unidad de Informática de Dirección Ejecutiva de Admón Judicial trabaja en el restablecimiento del portal web y algunos sistemas de la Rama Judicial, los cuales han presentado fallas en los servicios que presta el sitio web. Estaremos informando cuando se normalice el servicio”, se lee en el comunicado.

Por su parte la Fiscalía, posteo en X (Twitter) que en “relación a los ataques cibernéticos reportados por varias entidades estatales en las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada Contra los Delitos Informáticos, destacó un fiscal y un equipo de policía judicial para que adelante la investigación correspondiente”.

Con relación a los ataques cibernéticos reportados por varias entidades estatales en las últimas horas, la #Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada Contra los Delitos Informáticos, destacó un fiscal y un equipo de policía judicial para que adelante…

— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 13, 2023

Luego de que se convocara un Puesto de Mando Unificado (PMU) de carácter urgente para intentar restablecer rápidamente las páginas web y servicios de diferentes entidades de gobierno, MinTIC informó que IFX, de acuerdo a  sus acciones preliminares, reportó que la data no se ha visto afectada en ninguna plataforma y esperan conocer en las próximas horas el número de activos de información que se encuentran afectados en el país.

El ministro Mauricio Lizcano aseguró que el PMU Ciber seguirá abierto y estará informando el estado de restablecimiento de las operaciones en el país.

Este proyecto fue creado por el Gobierno nacional y dirigido por el Ministerio de Hacienda para ayudar a superar la crisis económica que sufrieron las micro y pequeñas empresas en medio de la pandemia. Según las cifras de Portafolio, hasta la fecha con el PAEF se han logrado mantener 4,15 millones de empleos, a los cuales se han destinado $ 6,8 billones en recursos.

En esta convocatoria, el auxilio económico se brindará para las nóminas de junio, julio y agosto de 2021. Es decir, tres de seis ciclos de extensión del proyecto que estableció esta Ley.

Las empresas que puedan acceder al beneficio, recibirán un apoyo económico del 50 % del salario mínimo por cada empleada mujer, esto equivale a $454.000 pesos. El mismo beneficio obtendrán las empresas que pertenecen a los sectores turístico, de hotelería, gastronomía, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, pero esta vez por todos los trabajadores sin distinción alguna.

Por otro lado, las empresas que pertenezcan a los demás sectores, tendrán un auxilio económico del 40% del salario mínimo por sus trabajadores hombres, equivalente a 363.000 pesos colombianos.

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¿Quiénes pueden postularse? 

Se pueden postular las personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, consorcios, cooperativas y personas naturales que cuenten con mínimo dos trabajadores reportados en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) desde febrero del 2020.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al PAEF?

Tener un producto de depósito en una entidad financiera.

Estar constituido antes del 1 de enero de 2020. Para las personas naturales, se toma como referencia la fecha de inscripción en el registro mercantil.

Haber tenido una caída del 20 % o más en los ingresos, comparado con el mismo mes de 2019, o con el promedio enero – febrero 2020.

Contar con una inscripción en el registro mercantil realizada o renovada por lo menos en 2020 (no aplica para entidades sin ánimo de lucro, la sociedad nacional de la Cruz Roja Colombiana y su sistema federado, consorcios o uniones temporales).

Personas naturales o jurídicas titulares de licencia de funcionamiento de establecimientos educativos no oficiales de la educación formal, deben contar con licencia de funcionamiento expedida por la Secretaría de Educación, en los términos establecido en la normativa del sector educación.

Entidades sin ánimo de lucro, consorcios o uniones temporales deben aportar copia del Registro Único Tributario- RUT.
No tener participación de la Nación y/o sus entidades descentralizadas mayor al 50 por ciento de su capital.

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El Ministerio de Comercio de Colombia firmó un Memorando de Entendimiento con el Ministerio de Pequeñas y Medianas Empresas y Startups de Corea. Esto significa un apoyo mutuo para impulsar el emprendimiento y una oportunidad para que las empresas colombianas puedan abrirse camino en el exterior.

La firma de este memorando implicará poner en marcha actividades referentes a la transferencia de conocimiento, transformación digital, asistencia técnica para incorporación de tecnología, intercambio de experiencias y buenas prácticas de cooperación entre ecosistemas, modelos de financiamiento, escalamiento de emprendimiento y participación en ferias y exhibiciones que promuevan los negocios.

Una gran noticia para dos de los países más emprendedores de la OCDE, según el estudio de CircleLoop. “El estudio muestra que los coreanos son buenos emprendedores porque creen que esa opción es una buena alternativa para su desarrollo profesional, y porque confían en sus capacidades para crear nuevos negocios. Aprovechar esa cultura es uno de los objetivos del memorando de entendimiento” manifestó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Maria Ximena Lombana.

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El acuerdo permitirá impulsar la actividad de las startups, que están cobrando gran importancia en la economía global. Además facilitará la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas, abriendo el camino para que más productores colombianos tengan acceso a Corea del Sur. Sin dudas, esta será una importante puerta de acceso al mercado asiático.

Además del Memorando de Entendimiento, el Gobierno Nacional también logró una alianza para fomentar el desarrollo en tecnología agrícola, innovación y ciencia, seguridad alimentaria, producción agrícola, cooperación verde, inclusiva, digital y ambiental.

Imagen de aymane jdidi en Pixabay 

Es época de balances. El pasado 7 de agosto marcó la primera mitad del segundo periodo de Juan Manuel Santos al frente del Gobierno colombiano, por lo que desde muchos frentes se midió cuál ha sido el avance logrado por el país en relación con las metas establecidas para el cuatrienio 2014-2018.

A través del Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia), el Gobierno reveló qué tan avanzadas, o quedadas, van las metas del cuatrienio en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Las cifras muestran cuál fue la línea base, el avance alcanzado a junio de 2016 y la meta establecida para 2018. 

En materia de apropiación de las TIC, las empresas son las que dejan mejor parado al Gobierno. Al inicio del cuatrienio, el 60% de las micro, pequeñas y medianas empresas estaban conectadas a internet, cifra que se incrementó hasta el 75% con corte a junio de este año. Esta es una meta cumplida para el Ejecutivo, que tenía como objetivo cerrar el 2018 con un 70% de las MiPymes conectadas a la red.

El número de personas sensibilizadas frente al uso responsable de las TIC es otro de los frentes en los que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) puede sacar pecho. En este apartado, la meta se ubicaba en 1,4 millones de personas sensibilizadas, cifra que fue altamente superada en los dos primeros años de la administración Santos, en la que se superó la barrera de las 2 millones de personas que han aprendido a usar las TIC de manera responsable.

Sin embargo, no todos los indicadores en materia de apropiación van tan avanzados. En indicadores como formación en TIC para docentes, personas teletrabajando en el país o zonas Wi-Fi públicas en el territorio nacional, el avance del cuatrienio no supera el 20%.

Más profesionales TI

Por el lado de fomento al desarrollo de aplicaciones, software y contenidos, el indicador con mejores resultados es el número de empresas de la industria TIC, que ha pasado de 1.800 a 2.823 en dos años. Otra cifra para destacar en este segmento es el déficit de profesionales TI, que en dos años se redujo en más de 40.000 profesionales.

Durante los últimos años, el Ministerio TIC ha promocionado la carpeta ciudadana digital, un servicio pensado para que cada colombiano cuente con una identificación digital, un correo electrónico, un espacio en la nube y acceso a todos los servicios del Gobierno a través de internet. Este proyecto aparece como el de peores resultados en este segmento, ya que de la meta de 800.000 colombianos haciendo uso de esta herramienta a 2018, a la fecha no se suma el primer beneficiado.

En el segmento de infraestructura TIC, la meta más avanzada es la relacionada con la contratación pública de bienes y servicios TIC mediante los acuerdos marco de precio. En este frente el avance del cuatrienio es de 92%.

Si bien algunos de los indicadores en los que el cumplimiento de metas es bajo cuentan con proyectos en marcha que apuntan a mejorar dichas cifras, lo cierto es que Colombia tiene dos años de arduo trabajo si quiere que en la foto de finales de 2018 el sector TIC salga bien librado.

Imagen: Pablo Gonzalez, Ministerio TIC Colombia (vía Flickr).

Pese a que muchos sectores rechazan la ‘ley del TLC’ de forma abierta y emotiva, hay sectores que resultaron beneficiados con la iniciativa e incluso han salido a defenderla públicamente. ¿Quiénes son?

El Gobierno Nacional.

Con la aprobación del polémico proyecto de ley antes de la Cumbre de las Américas, el Gobierno se salió con la suya. El objetivo era lograr que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC junto con Juan Manuel Santos cuando estuviera en Cartagena. Para ello, este proyecto y otros más debían estar aprobados antes del 13 de abril; y el Congreso hizo la tarea obedientemente. Pero falta ver si Obama finalmente firma o no el tratado, pues no se ha confirmado que lo vaya a hacer. Si no lo hace, -como dicen las abuelas- del afán solo habrá quedado el cansancio.

Los canales y programadores de TV.

Ganan por partida doble. Por una parte, ahora cuentan con un nuevo instrumento legal para que se castigue a quien reproduzca sus señales sin su permiso, con lo que se ilegalizan los sitios como Cuevana o Roja Directa, los cuales son competencia de los servicios de ‘streaming’ de los propios canales y proveedores de cable. Por otra parte, con la reducción de la ‘cuota de pantalla’ (la proporción de producciones nacionales que están obligados a emitir), podrán disminuir sus costos: producir un programa en el país es más costoso que comprar los derechos de un ‘show’ extranjero.

Los ‘hackers’ éticos.

El artículo 15 de esta ley permite romper ‘candados digitales’ para ciertos usos éticos: hacer que un software pueda operar en conjunto con otros, evaluar fallas de seguridad en un software o un sistema, desactivar herramientas que puedan vulnerar la privacidad del usuario, entre otros. Esto saca del limbo legal a quienes hagan esta clase de tareas de buena fe y garantiza que no serán acusados penalmente por lo que hacen. Si el texto de la ley hubiera incluido excepciones para otros usos justos –que de hecho, según el ministro TIC, siguen existiendo-, el Gobierno se hubiera ahorrado la tormenta de críticas que le ha caído.

¿Cree que la oposición a la ‘ley del TLC’ podrá servir para algo?

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