La respuesta a la pregunta de quién es internet parece obvia: de todos y cada uno de nosotros. Pero si analizamos a fondo las implicaciones que tiene saber que internet es de todos, irremediablemente nos topamos con la realidad de que la mayoría usamos esta herramienta tecnológica como un medio para comunicarnos, educarnos y entretenernos, pero rara vez nos preocupamos por hacer de este un espacio seguro y responsable para todos.

A la hora de construir un medio responsable, es importante que reflexionemos acerca de ¿qué uso le doy a internet?, ¿he presenciado situaciones que vulneran la integridad de las personas?, ¿con mis actos he contribuido a que otros usuarios se sientan inseguros o atacados en la web? ¿cuál debería ser el comportamiento ideal en este escenario? Estas preguntas, a la vez que generan conciencia sobre nuestro comportamiento digital, nos permiten establecer pautas claras para re-interpretar la información que nos presenta internet, y aprender a relacionarnos con los demás en la virtualidad.

Iniciativas como la Mesa Colombiana de Gobernanza de Internet -a la que pertenecen el gobierno, la sociedad civil, la academia y empresas del sector privado como .CO Internet- se han preocupado por discutir cómo debe utilizarse internet en Colombia, a partir de ejes temáticos tales como neutralidad en la red, internet para reducir la pobreza, gobernanza de internet, ciberseguridad y ciberdefensa, y libertad de expresión.

De los anteriores conceptos vale la pena destacar el de neutralidad en la red, que de acuerdo con este organismo, consiste en el principio según el cual el tráfico de internet es tratado con igualdad, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente de su remitente, destinatario, tipo o contenido, para que la elección que hacen los usuarios en internet no esté restringida por favorecer o desfavorecer la transmisión de tráfico de internet asociado a ciertos servicios, aplicaciones o dispositivos.

La correcta aplicación de este principio en el ecosistema digital contribuye a que la búsqueda de información en la web sea libre, y no esté ligada de forma exclusiva a una marca o empresa.

Existe –además– una carta sobre derechos en internet, elaborada por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) que puede servirnos de guía para determinar cuál sería el comportamiento adecuado en el escenario digital. En la medida en que conocemos nuestros derechos digitales, podemos vislumbrar también los deberes que adquirimos cuando usamos internet para estudiar, trabajar, comunicarnos o divertirnos.

Ahora bien, si analizamos las conductas relacionadas con compartir contenidos en la web, es importante remitirnos a un tema comúnmente ignorado en nuestra sociedad: el derecho de autor. El acceso libre a la información no puede ser sinónimo de violación del derecho de autor, razón por la cual es fundamental que los usuarios conozcamos algunas normas que regulan la reproducción y edición de obras artísticas, textos, audios o imágenes en internet.

Un ejemplo de lo anterior son las licencias Creative Commons. Estas licencias pueden concebirse como permisos que entregamos a los demás para que reproduzcan o modifiquen nuestras obras o contenidos en internet. Al ponerlas en práctica, nos estamos haciendo más conscientes de la relevancia del derecho de autor en nuestra cultura.

Pero compartir contenidos en internet también tiene que ver con evitar situaciones que ponen en peligro la dignidad de las mujeres, los adolescentes y los niños. Estrategias del gobierno como ‘En TIC Confío’ del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabajan en torno a ayudar a la sociedad a desenvolverse e interactuar responsablemente con las TIC, al tiempo que promueve la convivencia digital y la cero tolerancia con la pornografía infantil.

‘En TIC confío’ ofrece a la ciudadanía herramientas para enfrentar riesgos asociados al uso de tecnologías como bullying, grooming, sexting, phishing, ciberacoso, ciberdependencia y pornografía infantil.

Los anteriores fenómenos suelen presentarse con mayor frecuencia en las redes sociales, y pese a que algunas compañías como Facebook cuentan con Centros de Prevención del Bullying, se requiere de la ayuda de todos los usuarios para que acciones de este tipo no ocurran indiscriminadamente en internet.

Por esto, una forma de contrarrestar estas situaciones de riesgo consiste en adoptar una postura más crítica cuando llegan a nuestras manos fotos o videos que vulneran derechos fundamentales de las personas, como la dignidad y la privacidad; por lo cual expertos sugieren que no es correcto ser parte de ‘cadenas’ en las aplicaciones de mensajería que reproducen videos con contenido inapropiado, o participar en páginas que se refieren de forma peyorativa al aspecto físico de otras personas.

Además de Facebook, Twitter es otra de las empresas que adelanta esfuerzos para combatir el acoso y el discurso de odio. Luego de meses de críticas por parte de usuarios, grupos de activistas y exempleados, esta empresa comenzó a desplegar actualizaciones de producto y de políticas de uso que permite a los usuarios filtrar frases, palabras y hashtags específicos.

En el más reciente foro sobre Gobernanza de Internet, realizado el pasado mes de octubre, las empresas participantes como .CO Internet discutieron temas asociados a las situaciones que se presentan en las redes sociales como equidad de género, trabajo decente, crecimiento económico en el ecosistema digital, acceso para la inclusión y desarrollo de ciudades inteligentes. Estos análisis también contribuyen a generar conciencia alrededor de quién es internet.

Imagen: Pixabay, Pexels.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos confirmó este viernes que comenzará el proceso para dejar de ejercer vigilancia sobre el Icann, el organismo regulador de la web, según reportan medios como The Wall Street Journal y The Washington Post.

La principal tarea del Icann es administrar el sistema de DNS, que es el que permite conectar direcciones IP con dominios específicos, como ‘enter.co’. Además administra y regula algunos de los protocolos que hacen posible el funcionamiento de la web.

Aunque es un organismo multilateral e independiente, Washington mantiene vigilancia sobre él –que el WSJ califica como “burocrática“–. Se desconocen las consecuencias prácticas de la decisión de Estados Unidos.

Esa vigilancia ha estado bajo sospecha desde que el excontratista de la CIA Edward Snowden reveló las actividades de vigilancia masiva de la NSA. Muchos gobiernos internacionales han cuestionado la neutralidad del Icann y han criticado el hecho de que Estados Unidos pueda tener una influencia sobredimensionada en el gobierno de Internet. Además, se ha señalado que Washington podría usar ese poder para restringir, o al menos dificultar, el acceso a algunos sitios web que vayan en contra de sus intereses.

Pero la presión sobre el Icann viene de hace mucho tiempo. En 2012, la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo de Naciones Unidas que fija algunos estándares de comunicaciones y tiene representantes de casi 200 países, discutió si la red debería pasar a manos de un organismo manejado y supervisado por varios gobiernos.

La principal preocupación de Estados Unidos es que eso no ocurra. Una de las condiciones que puso el Departamento de Comercio para comenzar el proceso de transición es que el control de la red no quede en manos de ningún otro gobierno ni grupo de gobiernos. Esto responde a los temores de que, en caso de que la gobernanza de la red se hiciera como lo pide la UIT, países como China, proclives a la censura, adquirieran un poder desmesurado.

Otra de las preocupaciones que podrían surgir en el proceso tiene que ver con la intención, expresada por varios países, de comenzar a cobrarles a los proveedores de contenidos por el uso de la infraestructura de telecomunicaciones. Se ha dicho que eso financiaría la construcción de accesos a la red en lugares donde éstos no existen, pero a cambio se ha criticado que una medida así haría que la barrera de entrada de nuevos jugadores al negocio de internet fuera muy alta.

El presidente del Icann, Fadi Chehade, expresó su complacencia por la decisión estadounidense y aseguró que en el proceso “no se hará nada que, de alguna manera, ponga en riesgo la seguridad y estabilidad de internet“.

Por Carlos Cortés Castillo*

Detrás de la campaña ‘Libre y abierto’ que lanzó Google la semana pasada hay algo mucho más complejo que el ideal de luchar por un Internet abierto. Se trata de un pulso económico y político entre dos visiones distintas para el desarrollo de Internet y el sector de las telecomunicaciones. En este caso, el problema es quién manda en Internet, y cómo lo hace.

En una esquina está la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), una agencia de Naciones Unidas con sede en Ginebra que funciona con un esquema de participación público-privada de 193 países y más de 700 entidades (entre empresas y organizaciones). La UIT representa una visión tradicional y asentada del modelo de las telecomunicaciones previo a Internet, donde los dueños de las redes manejan el contenido según sea más conveniente para su negocio.

En la otra esquina hay varios actores. Uno de los protagonistas es la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Dominios (Icann), que administra los Sistemas de Nombre de Dominio en Internet (DNS). Éste permite conectar las direcciones IP de todos los computadores con nombres específicos. En la práctica, gracias a ellos su computador sabe dónde ir cuando usted digita, por ejemplo, enter.co.

Icann es una organización sin ánimo de lucro basada en California, y funciona mediante procesos consensuales impulsados por la sociedad civil. Este modelo de gobernanza, donde la prioridad es el acceso y uso de la red, fue vital en la creación y fortalecimiento de Internet.

El round de Dubái.

En la reunión de la próxima semana en Dubái, la UIT quiere revisar el tratado sobre telecomunicaciones internacionales. Entre otros, se dice que discutirán temas como roaming en comunicaciones móviles, acceso a tecnología para personas con discapacidad e inversión en banda ancha, entre otros. La labor de este organismo en desarrollo de estándares para el sector ha sido fundamental.

Según sus detractores, la agenda real tiene dos objetivos: por un lado, que las empresas de telecomunicaciones –los ‘telcos’– recuperen el poder de antaño. Por el otro, que países con una hoja de vida negra en libertad de expresión y derechos humanos –como Rusia o China– tengan mayor control global sobre Internet. Una manera de hacerlo sería que la UIT asumiera las funciones de Icann.

Devolverle el poder a los ‘telcos’ se lograría si, por ejemplo, se formaliza un mecanismo para que estos les cobren a los proveedores de contenidos de Internet por llevar los datos al usuario (cosa que vienen tratando de hacer en algunos países). Es decir, que –por ejemplo– Google o Facebook les tengan que pagar a un operador, como Telmex o EPM, para que nosotros podamos acceder a este servicio desde nuestra casa.

Por supuesto, la mayoría de sitios de Internet –blogs, medios digitales, portales de grupos musicales– no tendrían músculo para sobrevivir y terminarían por desaparecer. Sería el fin de lo que conocemos como ‘neutralidad de la red’ y un estrechamiento radical de la libertad de expresión en línea.

Que la UIT haga parte de Naciones Unidas implica que está contaminada por la cultura del cabildeo privado, la negociación a puerta cerrada y la politización de sus decisiones. Pero también implica, y esto es importante en términos políticos, que tiene la bandera de legitimidad –así sea teórica y formal– de casi 200 países.

Icann puede mostrar la efectividad y transparencia de su gestión (al contrario de UIT, los documentos técnicos están abiertos para discusión y consulta). Sin embargo, en términos políticos su debilidad es la falta de legitimidad internacional de carácter formal. Por bien que funcione este sistema (y funciona bien), está inexorablemente ligado, para muchos, al poder imperial de Estados Unidos.

La UIT enfrenta un ambiente muy adverso de cara a la reunión de la próxima semana, por lo que es posible que no haya ningún un ‘golpe de Estado’. Y aún si hubiera una reforma radical del tratado, Internet no va a cambiar de la noche a la mañana. El cambio está en marcha, y ese punto suele pasarse por alto en campañas como la de Google.

En los últimos años la red enfrenta problemas en el sistema que se vende como perfecto: control de contenidos desproporcionado de parte de gobiernos democráticos, vigilancia y monitoreo poco transparente de la actividad de los usuarios (con fines comerciales o políticos), y una expansión de la brecha digital en muchos zonas. La pelea, tal vez, incluye ponernos de acuerdo sobre qué es lo que defendemos cuando decimos que defendemos el Internet abierto.

* Carlos Cortés Castillo es abogado y periodista, investigador del Centro de Estudios en Libertad de Expresión de la Universidad de Palermo (Argentina) y estudiante de maestría en Gobernanza de Medios de Comunicación en el London School of Economics. Fue director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) en Colombia. Tuvo hasta hace poco un blog en La Silla Vacía y en Twitter lo encuentran como @CCortesC.

(El artículo estuvo varias horas sin la firma de su autor. Le pedimos disculpas por nuestro descuido)