La autoridad de protección al consumidor revisó el periodo entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, lapso en el que se habrían realizado cerca de 23.700 pedidos a través del portal oficial de Tesla. En ese proceso encontró situaciones que, según el análisis preliminar, podrían afectar la claridad con la que los usuarios toman decisiones de compra.

Retrasos en entregas y reclamos de usuarios

Uno de los puntos más sensibles está relacionado con los tiempos de entrega prometidos. La SIC señaló que más de 1.800 vehículos que debían ser entregados entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes al cierre de abril.

Ese desfase abrió preguntas sobre la información publicada en la plataforma de venta, donde los compradores toman decisiones basadas en fechas estimadas y condiciones logísticas que no siempre se habrían cumplido.

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La Superintendencia también revisó peticiones, quejas y reclamos presentados por usuarios durante el mismo periodo. Allí encontró patrones asociados a demoras y falta de claridad en las respuestas entregadas por la compañía, especialmente en procesos de postventa.

Para la entidad, este tipo de situaciones puede afectar la confianza en el comercio electrónico de vehículos, un segmento que en Colombia todavía se encuentra en expansión y depende en gran parte de la transparencia de la información publicada en línea.

¿Qué tendrá que cambiar Tesla en Colombia?

Con la orden administrativa, Tesla Motors Colombia S.A.S. deberá ajustar varios frentes de su operación. El primero tiene que ver con la información sobre reservas, pagos y entrega de vehículos, que deberá ser más clara, verificable y coherente con la realidad logística del país.

También tendrá que fortalecer sus canales de atención al consumidor para la gestión de peticiones, quejas y reclamos, un punto que la SIC considera crítico frente al volumen de solicitudes reportadas.

Otro ajuste importante está relacionado con las garantías de los vehículos. La Superintendencia advirtió posibles inconsistencias en la forma en que se comunican estas condiciones a los compradores, lo que obliga a la empresa a detallar de manera precisa coberturas, tiempos y limitaciones.

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Además, la autoridad pidió revisar la información sobre la infraestructura de carga en Colombia. Según el organismo, los datos difundidos no pueden inducir a error ni generar expectativas que no correspondan con la disponibilidad real de la red en el país.

Si Tesla no cumple con estas órdenes, la SIC advirtió que podría enfrentar sanciones administrativas contempladas en el Estatuto del Consumidor, lo que abre un nuevo capítulo de vigilancia sobre la operación de la marca en el mercado colombiano.

Por ahora, la decisión deja a Tesla ante un reto inmediato: ajustar su comunicación comercial y operativa en un mercado donde la compra de vehículos eléctricos depende, cada vez más, de la confianza en la información que reciben los usuarios antes de pagar.