El Bongo es un corregimiento rural en el departamento del Magdalena con una población de 400 personas que ahora cuentan con conexión a Internet. Sylvia Constain, Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) aseguró que para finales del 2019 se espera contar con 1.000 nuevas conexiones en el país, en el departamento de Magdalena tienen planeados 20 Zonas Digitales. La segunda Zona Digital fue activada en Palmor, en el municipio de El Retén (Magdalena).

Por su parte, el Presidente Duque aseguró que el país invertirá 3.000 millones de dólares en la modernización y conexión al país y que espera que esto le permita transitar hacía la conexión 5G en los próximos tres años. “Con esta Ley vamos a llegar al 70 por ciento de cobertura de internet de banda ancha en varios territorios afectados por la pobreza”, dijo el Jefe de Estado.

La ley TIC contiene 51 artículos que brindan las herramientas necesarias para incentivar la inversión privada en el sector, generar certeza jurídica y facilitar el despliegue de infraestructura de alto costo (última milla). De esta manera, se logrará una mayor equidad en el país, pues la norma será la columna vertebral de las políticas del MinTIC para garantizar la cobertura de Internet en el territorio, explica el Ministerio TIC. 

Santiago Rivas y la FLIP demandan inconstitucionalidad de la Ley TIC

Mientras en el Magdalena se iniciaba oficialmente la Ola de la Conectividad, en Bogotá La Fundación Karisma, la Comisión Colombiana de Juristas, Bejarano Abogados, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y Santiago Rivas demandaron la ley TIC ante la Corte Constitucional porque aseguran que hay motivos para creer que la misma debe ser declarada inconstitucional. Se demandaron cinco puntos de la normativa específicamente.

Por un lado, aseguran que  la forma en la que está estructurada la Ley crea graves riesgos para la democracia, debido a que otorga competencias excesivas al poder ejecutivo sobre los órganos y personas que toman decisiones sobre el Internet, la radio y la televisión que la ciudadanía colombiana consume y crea para satisfacer su derecho a la libertad de expresión e información, explicó la Flip.

También te puede interesar: el proyecto de la Ley TIC fue aprobado en el congreso.

Otro de los puntos demandados de la Ley es la asignación de frecuencias de televisión, porque le permite al MinTIC otorgar, inspeccionar y reglamentar el espectro electromagnético. “Lo que crea incentivos perversos para el gobierno y pone en riesgo la pluralidad informativa”, asegura la Flip.

Además, la demanda asegura que con la unión de los fondos FonTV y FonTIC, que quedarán a cargo del MinTIC,  pone en riesgo la diversidad de contenidos, ya que podrían solo financiarse aquellos que respondan a los intereses del Ministerio y que no se promueva la pluralidad informativa.

Por otro lado, en cuanto al uso del espectro, la Flip explica que actualmente todo tipo de actores pueden hacer uso de este para conectarse a internet. “Una forma de aprovecharlo, que a fin de cuentas es un bien público, es a través de la creación de redes comunitarias a cargo de las comunidades que sufren de diferentes formas de desconexión y pueden conectarse por su propia cuenta y con su propia tecnología”. Pero, la nueva Ley TIC le exige a actores pequeños competir con empresas como Claro y ETB.

“Es un sistema que favorece a grandes empresas privadas”, concluyen en la demanda, debido a que no se le debería pedir a una red comunitaria que cumpla con los mismos requisitos de las grandes compañías de telecomunicaciones para usar el espectro, tratando de modo igual a actores manifiestamente desiguales.

Finalmente, los demandantes de la Ley TIC aseguran que derogó la Ley 1507 de 2012 que consagraba derechos y garantías respecto al acceso a la televisión por parte de las comunidades indígenas y otros grupos étnicos, por lo que hay un estructural cambio de condiciones que requería de consulta previa.

Imágenes: MInTIC y Presidencia de la República. 

La Fundación Karisma presentó un nuevo reporte en el que critica el sistema de registro de celulares que implementó el gobierno para evitar el robo de equipos. El estudio, titulado Un rastreador en tu bolsillo. Análisis del sistema de registro de celulares en Colombia, también ofrece recomendaciones y alternativas a cómo se debería usar el sistema de registro de celulares para combatir el hurto.

De acuerdo con la investigación, el bloqueo de los IMEIs de los celulares no está dando los resultados esperados y, además, tiene consecuencias negativas para la intimidad de los ciudadanos. Es por eso que la Fundación considera que la solución es replantear la iniciativa del gobierno.

En la actualidad, el gobierno usa dos listas de registros de IMEI: la lista positiva, en la que están los IMEI registrados, y la lista ‘negra’, que son los números IMEI que están reportados como robados. Hay una tercera lista que es la de los celulares que no están en ninguna de esas dos, es decir que no están reportados como robados y tampoco están registrados. El gobierno asume que esos celulares son robados y por eso los bloquean.

Tanto los celulares robados, como los que se asume que son robados, no pueden acceder a redes móviles, en teoría quedan inservibles y por eso dicen que se desincentiva el robo. Pero esto no es del todo cierto, dice la Fundación. Los ladrones se pueden lucrar, porque pueden vender los celulares por partes. Además, el equipo sigue funcionando con conexión Wi-Fi, sirve para tomar fotos, jugar, etc. Y, finalmente, el número IMEI se puede falsificar e incluso se pueden clonar IMEI.

La Fundación Karisma dice que este sistema con dos listas, enfocado en la lista positiva es demasiado complejo y además puede estar violando la privacidad de los usuarios. El informe advierte que el gobierno les está pidiendo a los operadores guardar metadatos de los usuarios, es decir, información sobre sus llamadas, como horas, duración, números llamados, entre otros. Esta información la tienen los operadores, pero ahora el Estado podría tener acceso a ella sin necesidad de una orden judicial.

Adicionalmente, este método afecta a las personas inocentes que no pueden demostrar que adquirieron el celular legalmente (se les perdió la factura, o les regalaron el equipo) y a aquellas que no se enteraron de que era obligatorio registrar el IMEI.

Solo una lista, la alternativa

La Fundación Karisma sugiere que el Estado considere un sistema más sencillo en el que solamente se use la base de datos negativa, tal como lo hace el resto del mundo. De esta forma, cada operador recibe reportes voluntarios de los celulares robados y comparte la lista con los demás operadores, tanto nacionales como internacionales. En estas listas negativas, la Fundación opina que el registro de información se debe limitar al número IMEI, sin metadatos o información personal de los usuarios.

Con este nuevo sistema, el gobierno obtendría los mismos resultados del programa actual, sería menos costoso y evitaría la vulneración de los derechos fundamentales de los usuarios. La Fundación Karisma asegura que continuar con el sistema de registro actual es riesgoso para nuestra intimidad.

“El problema del aumento del robo de celulares no es culpa de la medida de registro. Al contrario, creer que una solución técnica es suficiente desconoce que los sistemas fallan y que es necesario pensar el problema desde varias perspectivas”, afirmó Juan Diego Castañeda, investigador de la Fundación Karisma y autor del estudio.

La Fundación Karisma brinda en su sitio web diversos contenidos para que conozcas y apoyes sus iniciativas. Desde diagramas y cómics, hasta un video están disponibles para que estés enterado de sus investigaciones y propuestas.

Imagen: Pixabay.

‘Neutralidad de la red y economía digital en Colombia’ era el nombre de este espacio, organizado por la Fundación Karisma, en compañía del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado y el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario.

Uno de los invitados más destacados era Christopher T. Marsden, profesor de derecho de internet en la Universidad de Sussex, e investigador en Essex, Warwick, Oxford y London School of Economics (LSE). ENTER.CO aprovechó el evento para conversar con Marsden acerca de la relevancia de este tema en nuestro país. Estas fueron sus opiniones:

ENTER.CO: Seguramente lo primero que debemos preguntarnos todos es qué es la neutralidad en la red. ¿Cómo podemos definirla?

Christopher T. Marsden: La neutralidad en la red es el principio que protege el derecho de las personas a elegir contenidos, aplicaciones o servicios que reciben a través de una internet libre de interferencias arbitrarias.

En 2015 se empezó a hablar de neutralidad en la red a raíz de ‘Free Basics’, la iniciativa de Facebook para ofrecer ciertos contenidos en línea sin que estos se descuenten del plan de datos contratado del usuario (zero rating). Ahora ¿qué nos lleva a retomar este tema?

CTM: En muchos países no se habla de neutralidad en la red y una de las razones de esto es la falta de investigación frente al tema, y por ende la falta de regulación. La regulación en materia de telecomunicaciones e internet parece estar hecha solo para los casos de innovación (nuevos negocios que surgen a partir de las posibilidades que brinda la web). Pero resulta que hablar de neutralidad en la red es tocar un tema, tal vez incómodo para algunos, relacionado con ‘Zero Services’ o ‘Zero Raiting’.

En países como Colombia los planes que ofrecen las empresas de telefonía o de telecomunicaciones te hablan de cosas como “Compra ‘x’ cantidad de gigas de internet y llévate gratis Facebook y WhatsApp”. Y ahí está el primer ‘pero’. Solo aplicaciones de mensajería como WhastApp o redes sociales como Facebook son gratuitas, o pueden usarse ‘sin que gastes los datos de tu plan’. Y esto no tiene sentido porque, en realidad, enviar mensajes por estas plataformas no genera un gasto importante o considerable en internet, o un esfuerzo adicional para las compañías. Entonces ¿por qué se generan planes sobre este tipo de servicios?

Se hace creer a los usuarios la idea de que Zero Raiting no existe.

¿Es decir que las empresas de telecomunicaciones crean planes en los cuales se comercializan servicios que, en esencia, son libres?

CTM: Sí, y esto permanece sin el análisis que merece porque, entre otras cosas, la mayoría de las personas ni siquiera saben cuántos datos usan. Entonces para la mayoría resulta normal que le digan ‘tu mensajería a través de esta aplicación será gratuita en ciertos momentos del mes o siempre’. Pero así no es como debería ser.

Así mismo, las empresas de telefonía no creen que los usuarios podrían necesitar menos datos eventualmente, y de alguna manera ‘te tasan’ sobre la base de un plan cuyos datos podrías no usar en su totalidad al cabo del mes. Sin embargo, los pagas completos. Al final, la preocupación de estas compañías pareciera ser cómo las otras usan el mismo espacio.

¡En Colombia la gente paga por enviarse mensajes! ¿Acaso nos encontramos en 1920 como la industria del telegrama? Las empresas de telecomunicaciones crean “bizarre price plans (planes de precios extravagantes)”, en su afán por generar negocio a partir de internet. E internet no funciona así. Necesitan competir y conseguir planes para financiarse (creo que sería bueno que nos preguntáramos más seguido de dónde sale el dinero).

Al final, el usuario debería poder elegir, pero ante opciones más transparentes. En el Reino Unido las personas ya ni siquiera contratan un plan de telefonía fijo, es raro. Pero he visto que en Colombia las empresas de telecomunicaciones te ofrecen en sus planes cosas como ‘adquiere este plan con teléfono fijo, internet…’ ¿Teléfono fijo? ¿Por qué teléfono fijo? Es raro.

Entonces, ¿quiénes deberían contribuir a la neutralidad en la red? ¿Solo las empresas de telecomunicaciones? ¿Qué pasa con el gobierno, los usuarios, la academia (en tu caso)?

CTM: Lo primero que debemos entender es que los llamados a ser neutrales en la red son las empresas de telecomunicaciones. Sin embargo, como usuarios, podríamos contribuir con tres cosas: En primer lugar, preguntarnos a dónde va el dinero. En segundo lugar, investigar más sobre los planes de datos y cuántos datos usamos en realidad, etc. Y en tercer lugar, entender cómo están cambiando los precios porque Colombia no es especial o diferente.

Eso que dicen las empresas de telecomunicaciones sobre que en este país funciona diferente por sus condiciones (desde el punto de vista de la infraestructura), entre otros factores, no es un argumento válido. En países como Finlandia, con zonas apartadas y en el cual neva durante seis meses del año, los precios son más bajos. ¿Entonces?

Respecto al gobierno, no solo el colombiano, también los del resto del mundo, creo que todos han sido demasiado generosos con las empresas de telecomunicaciones. Y en la medida en que organismos como la CRC, en el caso de ustedes, investigue más y se interese por este tema, habrá neutralidad en la red. Porque ¿cómo pueden regular la neutralidad en la red si no saben de dónde viene el dinero?. Si los reguladores no tienen el poder de investigar…

El principio de neutralidad de la red también se fundamenta en la naturaleza innovadora de internet, lo que ha permitido el surgimiento de empresas con una enorme base de suscriptores en el mundo (como Facebook). De allí que los proveedores de acceso a internet consideren que es necesario reevaluar las cargas regulatorias por cuenta de la entrada en el juego de las empresas de internet. ¿Qué opina de este tema?

CTM: Efectivamente, las empresas de telecomunicaciones dicen ‘is a problem with competition law (es un problema con la ley de competencia)’, pero a mi me parece que ni siquiera deberían abordar el tema desde este perspectiva porque compañías como Facebook (una empresa de internet), con millones de ‘suscriptores gratuitos’, van a existir de aquí hasta el final de nuestros días. No creo que Facebook se vaya a acabar, pero en caso de que esto sucediera, aparecerá otra igual. Entonces me parece que las compañías de telecomunicaciones pueden lidiar con esto. Internet no se comporta como estas quieren. Tiene otras dinámicas.

Sobre las empresas de internet, hay que reconocer que en muchas ocasiones el tema que realmente ha dado pie a hablar de neutralidad en la red ha sido la privacidad. Pienso que en esta materia Colombia es un país fuerte. Sin embargo, como usuarios, es importante que entendamos que Facebook no es del todo neutral por ofrecer una suscripción gratis. Dicha suscripción en el fondo no es gratuita, porque mal que bien ellos sustentan su modelo en la posibilidad de vender nuestros datos a los advertisers (anunciantes). El slogan ‘Facebook es gratis y lo será siempre’, es curioso. ¿De qué se trata en realidad si internet va más allá?.

Imagen: Pexels.

A mediados de junio, la Fundación Karisma reveló información sobre su nueva campaña de crowdfunding para apoyar a Diego Gómez, el biólogo egresado de la Universidad del Quindío que fue acusado en 2013 de violación de derechos de autor. A pesar de que el pasado 24 de mayo Diego fue absuelto en primera instancia de este delito, el proceso legal continúa.

La campaña de financiación colectiva se denomina ‘Compartir no es delito’ (o ‘Sharing is not a Crime’) y tiene como objetivo obtener los recursos necesarios para poder financiar los costos derivados de la apelación del caso, además de buscar nuevos caminos legales que permitan que situaciones como las de Diego no se repitan.

Cuando era estudiante de biología de la Universidad del Quindío, Diego compartió una tesis de maestría de un estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá en la plataforma de documentos en línea Scribd, pensando en que otras personas pudieran acceder a ella. No hubo plagio ni ánimo de lucro, pero por este acto Gómez ha tenido que enfrentar un juicio de más de tres años.

Fundación Karisma y su lucha por el acceso abierto al conocimiento

“La decisión de la juez es un paso importante que alinea el derecho penal colombiano con los estándares internacionales donde esta arma se reserva para la lucha contra la piratería. El caso debe ser el detonante de una discusión profunda en el país sobre el sentido y pertinencia del acceso abierto”, dijo Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, a propósito de la absolución de Diego en primera instancia.

En 2014, la Fundación Karisma inició el proceso de asesoría y acompañamiento a Diego desde dos frentes: apoyo legal y difusión para “contarle al mundo su caso y educar a la sociedad sobre el acceso abierto al conocimiento”. Ahora, junto a varias organizaciones aliadas (como Creative Commons), han lanzado una campaña de crowdfunding o financiación colectiva en Indiegogo que busca ampliar el apoyo en esta nueva etapa del proceso.

¿Qué se espera de la campaña?

La meta inicial era recaudar 40.000 mil dólares en un lapso de cuatro semanas. Con este dinero, como lo dijimos previamente, Karisma espera cubrir el dinero para enfrentar el proceso de apelación y buscar nuevos caminos legales que eviten situaciones de esta índole. Igualmente, pretende producir un caso de estudio que permita contar la historia de Diego y evidenciar la necesidad del acceso abierto al conocimiento.

Sin embargo, existen gastos adicionales como poder cubrir el alojamiento y el transporte de Diego cuando sea necesario, ya que actualmente él trabaja en una reserva natural en Costa Rica como coordinador de investigaciones y sus desplazamientos son costosos. Así mismo, en caso de que se deba interponer un recurso de casación, será necesario costear los honorarios de un equipo de abogados.

“La persecución a Diego es una muestra de las consecuencias desproporcionadas de la violación al derecho de autor en la era digital. ¿Por qué estamos persiguiendo estudiantes por compartir conocimiento? Eso no está bien, y podemos hacer algo para cambiarlo”, concluyó Botero.

Para donar puedes ingresar al siguiente enlace.

Imágenes: Fundación Karisma

Diego Gómez, un biólogo egresado de la Universidad del Quindío, fue acusado en 2013 de violación de derechos de autor. ¿La razón? Encontró en Facebook una tesis de maestría de la Universidad Nacional de 2006 y la subió a internet.

Por este acto, Gómez ha enfrentado un juicio de más de tres años que este miércoles dio un giro bastante positivo para quienes creemos en el acceso libre al conocimiento: Gómez fue absuelto en primera instancia. De acuerdo con la Fundación Karisma, la organización civil que ha acompañado a Gómez en este proceso, no solo ganó la idea de que compartir no es un delito (De allí el hashtag que por estos días inunda las redes sociales: #CompartirNoEsUnDelito), sino que lo sucedido es un llamado a abrir el debate acerca de cómo circula la ciencia y sobretodo sus datos.

El acceso libre y abierto

En una columna de 2014, Carolina Botero Cabrera -abogada experta en derechos de autor en entornos tecnológicos e integrante de la Fundación Karisma- explicaba que el auge del ‘acceso abierto’ busca evitar que el conocimiento científico (que cambia vidas e impacta el desarrollo) quede atrapado por años en las lógicas de las publicaciones y los reconocimientos egoístas.

Además, Botero argumentaba por qué lo que hizo Gómez no es un delito y considerarlo de esta forma resulta ilógico: “Diego no plagió la obra, no hizo “piratería”, nunca tuvo ánimo de lucro, solo la compartió con fines académicos. Si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos “antijuridicidad”, van a procesar a muchos Diegos. Eso, al final, no puede estar bien…”.

Así las cosas, la posibilidad de que Gómez pudiera enfrentar de cuatro a ocho años de cárcel, más multas, es hasta cierto punto ‘antiprocedente’; y hoy no nos queda más que felicitar al equipo de la Fundación Karisma, a los abogados del caso -Claudio Zambrano, Luis Bernardo Alzate y Germán Realpe (este último es columnista de ENTER.CO)- por su defensa; y por supuesto a Diego, que ha sido claro en manifestar: “el derecho de autor asume lógicas de mercado alejadas del propósito central de la investigación científica, que es dar a conocer y multiplicar el conocimiento para el desarrollo humano”.

Entre otras cosas ¿De qué era la tesis?

Como lo dijimos previamente, Diego Gómez es biólogo y la tesis que compartió era sobre biodiversidad. Su pasión y la de su grupo de investigación en la Universidad del Quindío era precisamente este tema, y al no encontrar en la biblioteca de su universidad textos de herpetología (rama de la zoología que estudia a los reptiles y anfibios), buscaba en internet la información más especializada que encontraba para compartirla con sus compañeros.

Sin embargo, el fondo de la discusión no es que la Universidad del Quindío carezca de libros, sino que -tal y como lo afirma Carolina Botero- “para ser serios en materia de biodiversidad, nuestros científicos deben contar con esta información” y hoy en día todavía nos enfrentamos a la pregunta ‘¿cómo hacer para que el saber y los conocimientos sobre las especies que conforman la biodiversidad sean también información pública?’. El Sistema de Información en Biodiversidad (SIB) es un gran adelanto, pero hace falta más.

Por amigos que trabajan en el Congreso de la República me enteré de un proyecto de ley en la Cámara de Representantes (Proyecto de Ley 208 de 2016c) que pretende crear una ‘Mediateca Nacional’. Esta sería una institución pública, abierta y gratuita que albergue de manera análoga y digital toda la información que se deriva de nuestra biodiversidad y ancestralidad (usos, saberes y prácticas ancestrales y campesinas). La información sería traducida a paletas de color, bancos de texturas, sonidos y formas, fotografías en alta resolución, videos, documentos científicos, entre otros formatos. Interesante ¿no?

Imagen: Fundación Karisma.

El abuso, el acoso y las amenazas cibernéticas excluyen cada día a más personas de internet, una realidad negativa -incluso- para el ejercicio de los derechos humanos. De acuerdo con un estudio del Pew Research Center de 2014, el 40% de las personas que usan redes sociales han admitido ser víctimas de acoso, el 18% han sido acosados de manera severa y el 73% afirma haber sido testigos de una actividad abusiva. Las personas más afectadas, según el estudio, son los jóvenes entre 18 y 29 años de edad.

Esto ha motivado a la Fundación Karisma a lanzar la guía ‘Seguridad, Protección y Privacidad en Twitter’, que a propósito del Día Internacional del Internet Seguro -a celebrarse este martes 7 de febrero- contribuye a la concientización y la prevención del abuso, el acoso y otros fenómenos recurrentes en la virtualidad. Con esta guía, la Fundación Karisma se une a la celebración de este día, compartiendo información útil sobre cómo construir una cuenta segura en Twitter, proteger la privacidad y al mismo tiempo ser social.

La Fundación Karisma fue fundada en el año 2003. Desde ese entonces, busca responder a las oportunidades y amenazas que surgen en el contexto de la ‘tecnología para el desarrollo’, con el fin de promover el ejercicio de los derechos humanos, desde perspectivas que promuevan la libertad de expresión y las equidades de género.

Además, la guía responde a una investigación realizada en Colombia por esta organización con mujeres periodistas, en la cual se concluyó que la violencia digital tiene un impacto real en la vida de las personas, ya que la autoestima, la confianza, el ingreso a la vida civil y el estado psicosocial pueden verse afectados por el continuo abuso y acoso en redes sociales.

De esta forma, el manual ‘Seguridad, protección y privacidad de Twitter‘ es también una herramienta para personas sobrevivientes de acoso y abuso, que contó con el apoyo de Twitter y fue adaptado para la región latinoamericana por la Fundación Karisma. Además de describir paso a paso cómo crear una cuenta segura en Twitter, te ofrece recomendaciones útiles para apropiarse de esta red social, expresarse libremente y participar de manera más segura en el entorno digital.  También recopila los pasos para reportar contenidos abusivos, silenciar a una persona, una conversación o ciertas palabras; y entrega recomendaciones para documentar acciones abusivas o amenazantes en la plataforma.

Este año, el Día Internacional del Internet Seguro tiene como principal público a las personas jóvenes, a las niñas y niños, quienes se encuentran entre los grupos demográficos más afectados por la violencia digital. El manual aportará a la mejora de la seguridad y privacidad digital de este grupo poblacional.

En Twitter, la celebración del Día Internacional del Internet Seguro espera volverse tendencia a través de los numerales #FuerzaEnMiVoz y #SaferInternetDay.

Imagen: Pexels, Pixabay.

Dos cartas, una firmada por 67 organizaciones de derechos digitales de todo el mundo y otra publicada por la Electronic Frontier Foundation (EFF), quizá la organización de derechos digitales más influyente del planeta, aumentaron la presión sobre Internet.org, la solución de Facebook para ofrecer algunos servicios en línea gratuitos orientada a las más de 3.000 millones de personas que aun no tienen acceso a internet.

La primera, una comunicación abierta dirigida a Mark Zuckerberg, hace siete reclamos básicos a la iniciativa de Internet.org. Las organizaciones piden que Facebook “afirme su apoyo a una definición de neutralidad en la red en la que todas las aplicaciones y servicios sean tratados sin discriminación”; que abandone la práctica “inherentemente discriminatoria” del ‘zero rating’, que consiste en permitir el uso de algunas aplicaciones sin generarle cargos al usuario; y que deje de proclamar que ofrece acceso a internet “cuando solo se trata de una pequeña porción de éste”.

Otras peticiones a Zuckerberg son que proteja de mejor manera la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión de sus usuarios y que evite, en últimas, que las personas más pobres del planeta “queden atrapadas en un camino separado y desigual a la conectividad, que amplíe y no estreche la brecha digital”. En la carta son firmantes las organizaciones colombianas Ageia Densi, Colnodo, Fundación Karisma, RedPaTo2 y Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); además de ONG de México, Panamá, Ecuador y Paraguay y organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Europa y África.

A pesar del anuncio de Mark Zuckerberg de que Internet.org ahora será una plataforma a la que cualquier app puede acceder cumpliendo algunos requisitos técnicos, la EFF insistió en sus críticas. Dice que una de las exigencias que se les hacen a las apps que quieren ser parte del servicio, que les impide cifrar su tráfico de modo que puedan ser sujetas al ‘zero rating’, “pone en riesgo la privacidad y la seguridad de las personas”.

Aunque los usuarios de Android tienen una solución que permite el cifrado del tráfico, quienes acceden al servicio a través de un equipo básico no tienen ninguna encriptación, por lo que “cualquier información que los usuarios envíen o reciban de los servicios de Internet.org podría ser interceptada por la policía local o las agencias de inteligencia nacionales, exponiendo a los usuarios a peligros”.

¿Tienen futuro estas peticiones?

Algunas sí, otras no tanto. Aunque Facebook mostró que está abierto a hacer cambios en Internet.org –y se ha reunido con varias organizaciones para escuchar las objeciones, según conoció ENTER.CO–, Zuckerberg ya planteó un par de puntos que considera innegociables: el modelo de negocio y su definición de neutralidad en la red.

El primero, según dice, es la única manera en la que puede alinear a operadores y desarrolladores para que la conexión pueda llegar a las personas de bajos ingresos. La segunda, asegura, es más “razonable” frente al “purismo tecnológico” de los críticos de la iniciativa.

Es una cuestión de principios

Así pues, el tema del cifrado podría llegar a solucionarse –aunque la EFF asegura que es un problema “extremadamente difícil desde una perspectiva técnica”–, pero Facebook ni va a renunciar a los jardines vallados y al ‘zero rating’, ni a una definición de neutralidad en la red que se acomode a su producto.

Y esos puntos, que parecen innegociables para Facebook, también lo son para los activistas. “Su posición como porteros de Internet sigue siendo ampliamente problemática”, dice la EFF, que critica que el modelo es “una invitación abierta para que los gobiernos y grupos de interés presionen, persuadan o amenacen” para que el contenido al que se accede a través de Internet.org esté de acuerdo con sus intereses.

Para las 67 ONG, lo que está en juego la “neutralidad en la red, libertad de expresión, […] igualdad de oportunidades, seguridad, privacidad e innovación”. Es decir: es una cuestión de principios.

Imagen: ENTER.CO

Gómez, un biólogo de 26 años graduado de la Universidad del Quindío, se dedica a investigar la conservación de las especies de anfibios y actualmente estudia una maestría en Costa Rica. Según cuenta en una carta difundida por la Fundación Karisma, internet le ayudó a suplir las carencias de la biblioteca de su universidad. Por medio de la red, afirma, “solicitaba y accedía a la información necesaria para dar los primeros pasos en investigación y conservación de la biodiversidad de mi región y, como retribución, […] compartía documentos útiles“, algo que –asegura– se convirtió en una “práctica cotidiana“.

Tras compartir uno de esos documentos –una tesis de maestría de una universidad pública de Bogotá–,  fue acusado penalmente por su autor, por el delito de Violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y Derechos Conexos, y el proceso se adelanta actualmente en la Fiscalía General de la Nación. La audiencia preparatoria, que había sido programada para el pasado 16 de julio, fue aplazada.

Derechos de autor, al banquillo

“Me sorprende que lo que es indispensable para las actividades de investigación y conservación (compartir conocimiento) pueda ser considerado un delito […] Me sorprende que algunos investigadores en ciencias biológicas también consideren impertinente, y sobre todo ilegal, que otros difundan su trabajo sin buscar ánimo de lucro“, escribe Gómez en su carta. A su juicio, las actividades de investigación y difusión de ciencia y tecnología no deberían ser tratadas por la Ley como los contenidos comerciales, pues, precisamente, son hechos para su difusión libre, y es ella en la que le encuentran valor, especialmente en entornos en los que el acceso ‘legal’ a esa clase de contenidos es tan limitado.

Según el abogado Germán Realpe Delgado, quien representa a Gómez en este proceso, el caso “pone de manifiesto que hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“. Tras la caída de las leyes Lleras, el marco legal colombiano sobre estos derechos sigue sin estar pensado para la red, por lo que actos como el de Diego son vulnerables de ser señalados como delitos. En el pasado, los activistas de la red han manifestado la necesidad de llevar a cabo un debate amplio sobre este tema, y aunque el Gobierno ha abierto algunos espacios para la discusión, el tema no se ha movido en los últimos meses.

“Hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“

Además, es la primera acusación penal que se hace pública en Colombia en la que se enfrentan los derechos de autor con las dinámicas de internet y los debates que se han dado durante años en diferentes orillas. Como dice María del Pilar Sáenz de la Fundación Karisma en un ‘post’ en Las2Orillas, en este caso “la premisa de que Compartir no es Delito tiene un nombre y un rostro detrás. La injusticia hipotética de enfrentar el desbalanceado sistema de los derechos de autor donde priman los intereses comerciales sobre el interés del acceso se volvió cercanamente dolorosa“.

Mientras eso ocurre, la mejor esperanza para quienes, como Gómez, comparten contenidos de buena fe, es que los jueces entiendan las lógicas de la red. La abogada Carolina Botero asegura en su columna en El Espectador que “si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos ‘antijuridicidad’, van a procesar a muchos Diegos“.

Usted, ¿qué opina del caso de Gómez?

Imagen: Shutterstock

La ‘Ley Lleras’ vuelve al ring. Luego de que el Congreso decidiera archivar la primera versión, y de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1520 de 2012 (PDF) –que fue bautizada por los internautas como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’– por vicios en su trámite, el Gobierno la puso de nuevo en la agenda del Congreso. Primero por medio del Proyecto de Ley 226 de 2013, que propone de nuevo lo que la ‘Ley Lleras 2’ decretaba sobre las señales de televisión. Y luego con otro proyecto de ley presentado este viernes, que busca que se apruebe el resto del paquete.

Desde la caída de la ‘Ley Lleras 2’, el Gobierno había guardado silencio sobre el tema. Como le dijo el ministro TIC, Diego Molano Vega, a ENTER.CO, era probable que se presentara “el mismo texto” de la derogada Ley, pero eso no se supo a ciencia cierta hasta que se conoció la nueva iniciativa. ENTER.CO no obtuvo respuestas a varios requerimientos de información que hizo a diferentes entidades del Gobierno en el último mes, y luego fuimos informados de que no había posición oficial sobre el tema.

Con el nuevo Proyecto de Ley, el Gobierno finalmente destapó sus cartas y comenzó un nuevo round de su pulso con los activistas de internet.

Activistas piden más debate

Mientras el gobierno callaba, los activistas, los académicos y los internautas ya se estaban moviendo. Su objetivo era evitar que les volvieran a pasar por encima. Decían que el Gobierno tenía en sus manos la oportunidad de evitar los errores del pasado y redactar una buena ley: una iniciativa consensuada, dialogada, que fuera producto de un proceso serio y no del afán de cumplir.

La primera ‘Ley Lleras’ tuvo mucha discusión pública, y gracias a los problemas que salieron a la luz en ese debate el Congreso decidió archivarla. Pero –como recordó el abogado, periodista e investigador Carlos Cortés Castillo– en la segunda Ley “el debate estuvo descartado de plano“. Fue aprobada a las carreras por un Legislativo cuya verdadera preocupación era hacer la tarea para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC en su entonces próxima visita a Cartagena.

Lo que esperaban los activistas era que el Gobierno aprovechara la derogación de esa Ley para llevar a cabo la discusión pendiente. “La nueva Ley no puede salir del bolsillo del ministro sin que haya una discusión previa. El Gobierno debería aprovechar el debate para enriquecer el proyecto de ley“, afirma el abogado Lorenzo Villegas, que se ha opuesto en varios escenarios a los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En opinión de Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y la más reconocida vocera de la sociedad civil en estas discusiones, el Gobierno no tiene voluntad de hablar con la sociedad civil sobre este tema. “La posición sigue siendo que el Gobierno sabe lo que nos conviene, se lo presenta al Congreso y confía en su ‘unidad nacional’ para que pase. No se resigna a un proceso abierto con la sociedad“, dice.

Incluso los representantes de la industria musical están de acuerdo con que hay que dialogar más: “Me gustaría ver sistemas adaptados a las realidades de cada país“, dice Gustavo Palacio, director ejecutivo de APDIF Colombia, el gremio de los productores fonográficos. “Lo que quisiéramos –añade– es una discusión franca y abierta, que construyamos un sistema real”.

Si hay alguien interesado en que haya una reglamentación efectiva de los derechos de autor es, precisamente, el gremio de los dueños de esos derechos. La intención de las discográficas, como dice Palacio, es llegar a “mecanismos que permitan acceder a los contenidos, y que la gente se acostumbre a acceder a los contenidos en un entorno de legalidad“. Lo que quieren no es, asegura, enviar a la cárcel a los internautas: “La posición de la industria no es ir detrás de personas que descargan música”.

Pero el Gobierno prefirió el silencio. El diálogo ya no ocurrió, y los malentendidos siguen en el aire. El espacio que les queda a los colombianos para debatir el tema es el Congreso de la República, algo que no le gusta mucho a algunos activistas. “El proceso de participación ciudadana en el Congreso es todo menos amable con ciudadanos“, dice Botero.

El argumento que suele esgrimir el Gobierno para negar que estas leyes fueron presentadas a espaldas de la ciudadanía consiste en que su contenido fue discutido ampliamente cuando se redactó y se negoció el TLC, entre 2000 y 2007. “Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado“, nos dijo el ministro TIC, Diego Molano, en ese momento.

Pero para Botero, desde 2007 han pasado cosas en el mundo TIC que hacen que sea necesario que el debate se actualice. “Es ridículo creer que debemos adoptar las medidas que en EE. UU. ya tienen 15 años. La propia registradora de derecho de autor de Estados Unidos dice que hay que reformar el derecho de autor“, afirma.

Lo que exige el TLC

Ninguna de las dos leyes ‘Lleras’ salió de una iniciativa propia del gobierno colombiano. Fueron producto de los compromisos que adquirió el país para poder firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos compromisos?

El capítulo 16 del texto del tratado (PDF) compromete al país a hacer que sus leyes de propiedad intelectual sean compatibles con las estadounidenses. Para ello, nuestra legislación debe tener varios instrumentos que hoy no tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como “limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios“. La ‘Ley Lleras’ original tenía el objetivo de incluirlo en las leyes colombianas.

Estas limitaciones buscan que un prestador de servicios digitales (es decir, alguien que enlace, almacene o distribuya contenidos digitales) quede eximido de cualquier responsabilidad civil o penal por piratería si desactiva el acceso a ese contenido siempre que el dueño de los derechos se lo pida.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor en internet, conocida como DMCA (Digital Millenium Copyright Act), establece un procedimiento similar. Por ejemplo: si una disquera descubre que un video de YouTube reproduce sin autorización una canción de cualquier artista representado por ella, se comunica con Google pidiéndole que ‘dé de baja’ ese video. Google podría no hacerlo, pero en ese caso se expondría a ser responsabilizado por piratería. La empresa prefiere jugar seguro, y por eso el resultado suele ser que el video es bloqueado de YouTube.

Otra obligación que se impone en el TLC es la de prohibir “la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal“. La ‘Ley Lleras 2’, tanto en su primera como en su segunda versión, copian esa prohibición palabra por palabra.

¿Es copiar la legislación estadounidense una buena idea?

En su momento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, nos dijo que las dos leyes ‘Lleras’ ponen a Colombia “al mismo nivel de derechos que Estados Unidos”con respecto a las leyes de derechos de autor. Sin embargo, la opinión entre los opositores de la iniciativa es que ceñirse de forma cerrada a la legislación estadounidense no es ni una obligación ni una buena idea.

“El TLC no dice que Colombia deba copiar el DMCA“, dice Villegas. Para él, y para Botero, no es necesariamente cierto que el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos llegue hasta ese punto.

“Nosotros no hemos dicho nunca que no se honren los compromisos adquiridos“, dice Botero. Sin embargo, añade, “el TLC no es una camisa de fuerza. Lo que dice es que debes usar camisa; pero el color, el tipo de manga, de cuello e incluso el material todavía está por decidirse“.

Incluso Palacio, representante de las discográficas, dice que copiar el sistema estadounidense no es obligación. “Nadie dice, ni la industria, que necesariamente tengamos que tener acá exactamente el sistema norteamericano“.

Los activistas han señalado que otros países que también tienen TLC han creado legislaciones que no son copias exactas de las leyes de Estados Unidos. “Los tratados de EE. UU. con Chile, con Europa o con Australia, tienen condiciones similares a las nuestras, pero los procedimientos en cada uno de esos países han sido diferentes“, asegura Botero.

El problema es que no conocemos el problema

El temor de los activistas es que el Gobierno y el Congreso estén creando leyes para solucionar un problema que no conocen bien, y que de hecho ni siquiera están seguros de que exista.

En el primer acto público a favor de la ‘Ley Lleras’, aparecieron varios trabajadores de las industrias culturales a intentar convencer al Congreso de que esa ley iba a salvar de las garras de la piratería al producto de su sufrido trabajo. Para conmover al auditorio, la productora de cine Paula Jaramillo comparó los cinco rollos de una de sus películas –que, asevera, le costó “ocho años de trabajo“– con la copia pirata que consiguió en un semáforo. “La piratería nos imposibilita la recuperación de la inversión en una producción de cine“, dijo.

Nadie estaba intentando penalizar esa clase de piratería. Eso ya era delito entonces, y sigue siéndolo hoy.

La ‘Ley Lleras 2’ también fue tramitada en medio de la falta de información de muchos de los actores de las dos partes del debate. Entre otras imprecisiones, el senador ponente de la Ley 1520, Carlos Ramiro Chavarro, confundió en una de sus intervenciones las protecciones anticopia DRM con los archivos PDF, seguramente con la idea de que los segundos no podían ser editados con un procesador de textos.

Por otra parte, muchos activistas también han cometido desatinos y ligerezas en sus declaraciones públicas: el que esa ley haya sido llamada tan prontamente ‘Ley Lleras 2’, cuando en lo fundamental era diferente de su antecesora, es una prueba de ello. Además, según Cortés, algunos detractores de la Ley se han equivocado al “dar una conversación demasiado sofisticada, que de pronto no sirve para el debate“.

Para Cortés, para crear un ambiente apto para la discusión hay que aclarar estos malentendidos y definir de qué se está hablando. La clave, según dice, es aclarar sobre qué –y sobre qué no– es lo que se pretende legislar. “Necesitamos volver al debate sobre qué es la piratería, cómo está el tema de la piratería en Colombia y qué relación tiene con el uso de Internet“, anota.

Cortes dice que los músicos y los directores de cine “tienen que perderle un poco el temor a inspeccionar ese paradigma que les vende el gobierno de que esta ley es para salvarles el empleo“. Mientras tanto los internautas, añade Cortés, deberían “dejar de pensar que esta ley es la que va a volver piratas y delincuentes a los usuarios de internet“.

Otro problema es que se desconoce el tamaño de la situación que se intenta atacar. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el tamaño de la piratería, ni la proporción que ocupa con respecto al mercado legal. A pesar de esto, hay algunas cifras que ayudan a perfilar el fenómeno:

• Business Software Alliance (BSA), el gremio de los creadores de programas informáticos, publicó un estudio el año pasado que dice que el 53% del software es pirata, y su valor comercial equivaldría a 295 millones de dólares.
• En una entrevista reciente con El Espectador, Juan Hardoy, director legal antipiratería de Microsoft para América Latina, dijo que la red es –por encima de las ventas callejeras– el espacio más ‘pirata’ en Colombia. “A través de internet se ejecutan el 45% de las acciones que tienen que ver con la piratería“, aseguró.
• MusicMetric, un servicio que mide la popularidad en internet de los músicos y rastrea la cantidad de descargas por BitTorrent, dice que en nuestro país hay 3.041.490 personas que bajan música a través de ese servicio.  

Ninguna de esas cifras fue mencionada en alguno de los debates, a pesar de que algunas ya estaban disponibles en ese momento. Y más allá de los números, nadie sabe quiénes son los piratas colombianos. Nadie conoce nada sobre su demografía, su educación, su nivel de ingresos o sus intereses. No se sabe bien si lo hacen para robar o para obtener contenidos que no están disponibles de otra manera.

Si eso no se sabe, no se puede avanzar en una solución. Las leyes ‘Lleras’ buscan ponerle talanqueras penales a la piratería; y sus promotores nunca se detuvieron a pensar si, como dicen algunos empresarios y académicos, lo que alimenta el fenómeno son las deficiencias del mercado.

Faltan más ’rounds’

Aunque el nuevo proyecto de ley hasta ahora comienza su camino, ese no es el único tema pendiente. El asunto más fuerte, que es la responsabilidad de las ISP y el procedimiento para el bloqueo de contenidos, sigue sin discutirse tras el hundimiento de la primera ‘Ley Lleras’.

El ministro Molano nos dijo el año pasado que ese debate se haría sobre la mesa: la discusión, aseguró, la “daremos abiertamente al país […] y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia“. De hacerlo, el Gobierno tendría la oportunidad de crear una mejor ley, y de pagar un menor costo político por ella. No es gratuito que, después de más dos años de haber radicado la primera iniciativa, hoy nada de esto esté vigente en nuestra legislación.

Mientras tanto, como dice Villegas, “la sociedad civil toma conciencia de su importancia en todo este tema“. Y a pesar de que ya le pasaron por encima dos veces, esa misma sociedad civil está esperando que el Gobierno cumpla esa promesa.

Cuando les presentamos Internet Activa, les contamos que el objetivo de ese proyecto era darles herramientas a los internautas para convertirse en ciudadanos y activistas digitales. Tras un primer ciclo de conferencias, ahora viene una serie de talleres prácticos sobre temas útiles para llevar estas ideas a la práctica.

Los talleres se llevarán a cabo en Bogotá el 7 y 8 de febrero. Tendrá cuatro módulos: activismo en redes sociales, licenciamiento libre, seguridad y privacidad y crowdfounding. Como explica Carolina Botero, de RedPaTodos –uno de los colectivos que organizó la iniciativa, junto con la Fundación Karisma y Google Colombia– los talleres ofrecen “algunas herramientas para que aquellos ciudadanos que quieren actuar, activar y defender el internet participativo, abierto y público puedan usarlas y entiendan su impacto“.

Entre los talleristas estarán miembros de RedPaTodos –que hace activismo a favor de una legislación justa de derechos de autor– y Fundación Karisma –que promueve el licenciamiento y el uso responsable de Creative Commons–; además de Daniel Vázquez y Antonio Pardo, miembros del colectivo Hacktivistas que ayudó a organizar el movimiento de Indignados en España; y el colectivo ibérico Goteo, cuya aproximación al crowdfunding –como explica Botero– “tiene toda una propuesta que incluye comunidad y trabajo social“.

Si quieren inscribirse en los talleres, deben hacerlo en la página de Internet Activa. Si quieren ir a todos, deben registrarse en cada uno de ellos. Háganlo pronto, pues los cupos son limitados. Es gratis: el único requisito es llevar un computador para poder aprovechar la actividad al máximo.

Internet se convirtió en un escenario político. Las leyes y los debates sobre la regulación de la Red, que pasan por temas como derechos de autor, neutralidad de la Red, acceso al conocimiento y libertad de expresión están cada vez más presentes y son cada vez más acuciantes. Sin embargo, muchos usuarios no tienen mucha idea de sus derechos como ciudadanos, y menos de cómo defenderlos y ejercerlos cuando hay que hacerlo. Para llenar ese vacío, la Fundación Karisma, el colectivo Red Pa Todos y Google se asociaron para crear Internet Activa. 

Se trata de un sitio que buscará formar a sus usuarios en los temas cruciales que involucran política pública, Internet y derechos ciudadanos. Para ello, se realizarán columnas por streaming cada 15 días, en las que expertos latinoamericanos darán sus conferencias sobre estas temáticas y comenzarán una discusión con la audiencia, que podrá participar por medio de hangouts o chats. La primera de ellas es este jueves a las 7:00 p.m., hora de Bogotá.

Además, en varias ciudades de Colombia y Latinoamérica se organizaron grupos de discusión para ver los contenidos y generar debates a partir de ellos. Las conferencias, y otro material adicional sobre las temáticas que sean tratadas, quedarán disponibles de forma gratuita y abierta en el sitio Web.

“Es la oportunidad de formar ciudadanos. Los internautas somos ciudadanos“, afirma Carolina Botero, de la fundación Karisma. “Los que queremos discutir debemos entender la base detrás de la forma de trasladar el ejercicio de nuestros derechos fundamentales al entorno de Internet“, añade. Al final, el objetivo es llevar a cabo un taller para enseñar a hacer e impulsar el activismo a través de la Red.

Las conferencias son los jueves cada 15 días, a las 7:00 p.m. hora de Bogotá. “Le dedicas cuatro horas al mes, arma el debate y te vas a formar mejor para la discusión“, invita Botero. Si quiere saber más, puede visitar el sitio internetactiva.org o visitar el perfil en Twitter de la iniciativa.