Los gobiernos de algunos países han hecho público su afán por ejercer un mayor control sobre las descargas de ciertos contenidos a través de Internet. Ante este hecho, el relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank La Rue, asegura que para proteger los derechos de autor, los gobiernos deben mantenerse al margen de la línea que protege los derechos fundamentales de los ciudadanos y la democracia.

Hace unos meses el padre de la Web, Tim Berners- Lee, aseguró en un simposio realizado con motivo de los 150 años del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) que la Web es “un derecho básico de la humanidad”, comparándola además con el derecho universal de acceso al agua, y el primero de junio pasado la ONU, la OEA y los gobiernos de Europa y África emitieron una Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet en el mismo sentido: “La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación”.

En su informe, La Rue asegura que todas las leyes que se relacionan con este tema ponen en desventaja al usuario que comete la infracción, pues este no tiene las herramientas suficientes para defenderse.

El documento invita a los gobiernos a revisar y modificar, de ser necesario, las leyes que sancionan a los usuarios interrumpiendo su acceso a Internet, pues el relator de Naciones Unidas considera que es una medida que ataca un derecho fundamental.

La propuesta de algunos gobiernos de desconectar de Internet a los usuarios que realicen descargas ilegales como una forma de sanción es cuestionable para Naciones Unidas, pues según el informe esta medida vulnera el Artículo 19 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos (PDF), en el que se consigna el derecho que tiene toda persona a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo.

Pocos días antes, en el e-G8 Forum, un encuentro entre los países desarrollados y las empresas de Internet, los presidentes de los países renovaron su ‘compromiso de protección de la propiedad intelectual’, señalaron que esta requiere una aplicación efectiva y cooperación internacional entre gobiernos y organizaciones, lo que fue interpretado por analistas como una declaración en favor de normas como Hadopi y Sinde.

La Rue no se queda en generalidades en su informe: menciona explícitamente amenazas a la libertad de expresión en Internet como la persecución a WikiLeaks, las suspensiones del acceso a Internet en Egipto, Argelia, Libia y otros países, las leyes antidescargas, el ACTA (PDF) y la entrega de tareas de policías privados o de jueces a los proveedores de servicios de Internet (este es uno de los puntos que más temores y protestas ha generado el proyecto de ‘Ley Lleras’ en Colombia)

Pedro Less Andrade, responsable de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google América Latina, opina sobre la la Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet y el informe del relator de la ONU que “estos importantes documentos señalan que la libertad de expresión en Internet es equivalente a la que puede aplicarse a otros medios, y que en esa medida es un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional”.
Less agrega que esto no implica la negación a la protección de los derechos de autor, sino que “busca un balance y  proporcionalidad entre la protección de estos derechos y otros derechos fundamentales”.

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