Coronell, reveló parte de los audios en La W Radio. Allí explicó que Tapia hace categóricos señalamientos contra Abuchaibe, porque al parecer buscó a uno de sus socios en el contrato de Centros Poblados y le habría solicitado “un gran pedazo porcentual por la adjudicación”.

Así mismo, la revista Cambio, reseña que la madre de la exfuncionaria del gobierno de Duque, “pidió 70.000 millones de pesos, siendo un contrato por un billón, y que esta cifra le resultó muy elevada cuando le informaron al respecto al contratista”.

“A nosotros. A mí me habían abordado. Yo no había accedido al tema. Nunca quise asistir a ninguna reunión, porque no me interesaba, no me interesaba. El socio me dijo ‘mira me está hablando la mamá de la ministra’, la mamá, aquí en Barranquilla. Y tal. Y me está llamando que para organizar el tema, que no sé qué. Yo le dije ‘mira, si tú quieres escucha pero yo no asisto a eso’. Efectivamente, se reúne, habla ¿Y sabe cuánto le pidió? 7 por ciento”, se escucha en la grabación.

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Sin embargo el periodista, señala que las acusaciones del contratista no están probadas, y la madre de la exministra, “tampoco puede dar su versión de los hechos, debido a que falleció de covid-19 en mayo de 2021”. Según la investigación periodística la presunta conversación que menciona Emilio Tapia habría tenido lugar en 2020.

Por su parte, la exministra Karen Abudinen, respondió las acusaciones de Tapia, y explicó en un comunicado que ella siempre fue una “piedra en el zapato” para el plan delictivo del contratista. “Creí que por hacer el bien, por actuar correctamente había pagado ya todos los precios que me quisieron cobrar, pero escuchar al dos veces capturado Emilio Tapia, ‘el gran ciudadano’ para muchos, pretendiendo enlodar la memoria de mi madre (…) es sencillamente una canallada”, reseña la misiva.

¿Un preacuerdo para Emilio Tapia?

Coronell, además de los audios revelados donde el contratista acusa a la mamá de la exministra por pedir coimas, también señala que que la Fiscalía tenía listo un preacuerdo con Tapia en el caso de Centros Poblados, en el que solo beneficiaba al contratista.

El periodista explica que por “su multimillonario acto de corrupción” tan solo le darían 55 meses de cárcel, con lo cual el año entrante estaría en detención domiciliaria y poco después libre como el viento”.

Además, el contratista no tendría que “entregar información, ni delatar a nadie”. Y que iba a entregar una suma de dinero simbólica a manera de restauración”.

Por su parte, la Fiscalìa negó haber acordado con Tapia, sin embargo Coronell reveló al día siguiente los “primeros audios del procesado contando de viva voz los términos del insólito convenio con el ente acusador”.

El traspaso del contrato de $1.07 billones de pesos, que le costó la salida a la abogada Karen Abudinen del ministerio, fue anunciado el jueves 17 de diciembre por la nueva ministra, quién además sostuvo públicamente que el Gobierno Nacional continúa “con la ejecución de todas las acciones para sancionar a los contratistas incumplidos”. De acuerdo a Valderrama, Centros Poblados “tendrá que devolver integralmente los más de $70 mil millones de pesos del anticipo”, además de realizar un pago de $39.015 millones de pesos contemplado en la cláusula penal del contrato, como informó Caracol Radio.

Vamos a cumplirle a los niños y niñas de las zonas rurales con los Centros Digitales a través de un nuevo contrato con la ETB. Continuamos con la ejecución de todas las acciones para sancionar a los contratistas incumplidos #ConectivadEsEquidad @infopresidencia pic.twitter.com/aa6dJnG4Ao

— Carmen Ligia Valderrama Rojas (@CarmenLigiaV) December 16, 2021

¿Dónde están los $70.000 millones que se entregaron a Centros Poblados?

A pesar de que en un principio, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque advirtió que los recursos disputados no podrían ser devueltos en dinero, puesto a que “ya se habían invertido en la consecución de equipos de soluciones solares que primero debían llevar energía a las zonas adjudicadas” (sin contar el resto de las supuestas compras que el proyecto supuestamente necesitaba), el periódico El Colombiano sostuvo que el contratista Emilio Tapia, estaría evaluando devolver los $70 millones de pesos para lograr un preacuerdo con la Fiscalía. Este dinero, según el medio antioqueño, podría salir de sus cuentas en Panamá.

La negociación habría tenido lugar 26 horas después de que Tapia, quién aún permanece recluido en la Cárcel de la Picota por este escándalo de corrupción, revelara algunos nombres de presuntos implicados en el caso.

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Con la nueva adjudicación se espera que sean más de 14.000 escuelas rurales (y no únicamente la mitad como estaba previsto en el contrato caducado) que puedan contar con el servicio de Internet. Estos colegios se encuentran en Arauca, Cundinamarca (incluida Bogotá), Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Imágenes: Radio Nacional