Google recibe millones de peticiones al año por parte de varias disqueras, productoras de cine u otro tipo de organizaciones solicitando la eliminación de direcciones web con contenido ilegal de su buscador. Hace poco le pidieron que diera de baja a The Pirate Bay, pero Google se rehusó.

La razón es muy sencilla: la URL www.thepiratebay.sx, el ‘home’ de la página de torrents, no tiene ningún contenido ilegal. Lo único que tiene es un listado de categorías y un buscador, de manera que no cumple con los requisitos para que Google la borre de sus bases de datos. La petición de la BPI, una organización de disqueras de todo el mundo, pide que den de baja el link porque infringe las leyes del copyright en la música.

Google mostró la petición de la BPI en sus reportes de transparencia, y demostró que URL de The Pirate Bay fue la única que no fue dada de baja entre todas las que fueron denunciadas por la BPI. Según lo que reporta TorrentFreak, esta no es la primera vez que Google se rehúsa a hacerlo, pero si hubo un momento en el que lo hizo por breve tiempo y por accidente.

Sitios Web de fuentes de contenidos tan reconocidas como la BBC, el Washington Post, la Wikipedia, CNN o TechCrunch son, de acuerdo con Microsoft, violadores de los derechos de autor y no deben ser indexados por el buscador de Google. Según una petición hecha por la firma de Redmond a la de Cupertino y revelada por TorrentFreak, varios links de estas fuentes infringen sus derechos de autor.

La petición fue realizada de forma automática por Microsoft, según reporta el servicio británico. Sin embargo, Google ha puesto a varios de los supuestos infractores –como la BBC, el Huffington Post y varios periódicos– en una ‘lista blanca’, que impide que sean excluidos de su buscador.

De todos modos, Google estaría en la obligación de cumplir con las solicitudes de los dueños de los derechos de autor, pues la ley DMCA, que regula estos requerimientos en Estados Unidos, así lo establece. Según TorrentFreak, en el último mes Microsoft le ha pedido al buscador que dé de baja 440.000 contenidos.

El gigante del software no se ha pronunciado hasta ahora sobre esta situación.

TorrentFreak afirma que el incremento “dramático” de esta clase de solicitudes que se ha presentado en los últimos meses se debe a la adopción generalizada de sistemas automáticos de detección de contenidos infractores. “Eso ha convertido a la Internet en un gran lío“, dice el sitio.

No es la primera vez que se levanta una polvareda por los ‘robots cazapiratas’ en la Red. YouTube ha sido un blanco constante de las críticas, pues sus sistemas de detección de música ilegal han bloqueado por error a miles de inocentes, entre ellos a la campaña presidencial de Mitt Romney. Al parecer, los creadores de los algoritmos prefieren ser conservadores y utilizan un filtro demasiado fino. 

Grooveshark está en problemas. El servicio de streaming de música acaba de romper su contrato con EMI, la única discográfica que aun le licenciaba contenidos. Esto hace que el sitio tenga que borrar las canciones ‘originales’ de EMI que alojaba, lo que hace que solo quede alimentado con las canciones que sus usuarios suban a él.

El problema que esto acarrea es que, según la legislación estadounidense, Grooveshark está obligado a bloquear el acceso a cada canción que una discográfica reporten como suya, pues su presencia en el sitio –a juicio de las compañías– viola los derechos de autor. El sitio ha dicho varias veces que siempre cumple con esa obligación y que por eso está protegido por la doctrina del ‘puerto seguro’, que estipula que ningún servicio de Internet es responsable de lo que sus usuarios hagan con él.

En una declaración citada por CNET, el servicio admite que “se vio recientemente obligado a separarse de EMI, debido a que sus actuales tarifas de streaming son insostenibles y a su fusión en curso con Universal Music Group, la cual consideramos monopolística y violatoria de la ley antimonopolio”. Grooveshark dice que ha pagado más de 2,6 millones de dólares a la disquera.

¿Estamos frente al principio del fin de Grooveshark tal como lo conocemos? Si eso ocurriera, muchísimos usuarios tendrían que hacerle el duelo a uno de los servicios web más queridos y populares en mucho tiempo. Además, tendríamos que ser testigos del hundimiento de un modelo de negocio que prometía conciliar los intereses de las disqueras con el sueño de escuchar música legal e ilimitada en Internet.

Este nuevo tropiezo se suma a los pleitos que Grooveshark ya tiene con Sony, Universal y Warner, que afirman que los empleados del sitio están subiendo material pirata a él, lo que rompería con la doctrina del ‘puerto seguro’. Además, EMI ya había demandado al servicio de streaming porque, a su juicio, no había pagado por lo menos 150.000 dólares (casi 266 millones de pesos) de regalías.

En el mundo de las contiendas por derechos de autor se han establecido varias prácticas que se han ido normalizando con el tiempo. Un ejemplo es la Ley de Albergue Seguro, aprobada con el DMCA (Ley de Derechos de Autor del Milenio, de Estados Unidos), por la cual un sitio no se hace responsable por el contenido pirata que enlacen o suban terceros.

Esta es la razón por las que sitios como YouTube y Facebook pueden albergar contenido ilegal sin ser responsables legalmente, aunque cada vez la presión es mayor y estos sitios actúan rápidamente para bloquear o ‘bajar’ esos contenidos a la mayor brevedad. En el caso de Grooveshark, sin embargo, las cosas se complican.

Fue en esos datos que los abogados de Universal encontraron indicaciones que el personal de la empresa, y específicamente los gerentes y presidentes, habían subido miles de canciones por las que la empresa no había adquirido derechos. Una vez se descubrió esa evidencia, Sony Music Group y Warner Music Group se unieron a la demanda.

Todo comenzó con una demanda por parte de Universal  Music Group el año pasado, en el estado de Nueva York. Gracias  la demanda y otra ley llamada la Ley del Descubrimiento (Discovery Law), una vez un sitio entra en litigio debe proveer a la corte con cientos de datos como correos del personal y registros de servidores.

Sin embargo, la ‘evidencia’ que acusan las disqueras se basa principalmente en dos comentarios anónimos publicados en el sitio Digital Music News, en los que los autores aseguraban que trabajaban en Grooveshark y eran testigos de ese tipo de comportamiento.

El modelo de negocios de Grooveshark funciona con una mezcla de publicidad y costos de suscripción. La empresa negociaba los derechos de distribución con las grandes disqueras (EMI, específicamente) y con artistas independientes, y no había problemas con la ley. Sin embargo, de confirmarse que la dirigencia de la empresa sí distribuía contenido sin permiso, la Ley de Albergue Seguro no aplicaría en el caso.

El colombiano Andrés Barreto, fundador de Grooveshark, habló hace algún tiempo con ENTER.CO y aseguró que el servicio es totalmente legal.

De perder la demanda, la empresa sería responsable por cientos de millones de dólares en compensación a las casas disqueras, un evento fatídico para un negocio que no tiene más de seis años.

Y es que los problemas de la empresa no son solo con las disqueras. Hace poco le tocó cortar sus servicios en Alemania, ya que no llegó a un acuerdo con GEMA, la organización que maneja los derechos de autor en el país teutón.

Para enfrentar mejor la presión de la industria musical y no tener que cerrar la operación como en Alemania, Grooveshark inició el cobro de sus servicios esta semana en algunos países de Europa Oriental, pero esto se podría extender a otras regiones como la latinoamericana.

El problema mayor es que la evidencia que están usando las grandes disqueras en contra de Grooveshark se basa en el mismo argumento que se usó para acabar con Megaupload: principalmente que los ejecutivos de la empresa estaban promoviendo el uso y la distribución de contenido ilegal. Una ofensa que al parecer, si se toma en cuenta el caso de Megaupload, no tiene vuelta atrás.

Efim Bushmanov, un investigador independiente de origen ruso reveló en su blog el protocolo de Skype para las versiones 1, 3 y 4, y el algoritmo de encriptación RC4 (usado para que las comunicaciones sean seguras), incluyendo códigos para su uso. Aunque no es el primer intento de descifrar el protocolo de Skype, es el que ha obtenido mayor éxito hasta ahora. De acuerdo con este desarrollador, su objetivo es encontrar más personas interesadas en desarrollar un Skype libre y abierto, y más ahora que la compañía fue comprada por Microsoft.

El proceso que llevó a cabo para obtener el ‘código secreto’ de Skype se denomina ingeniería inversa, que es el proceso de analizar a fondo y descubrir los principios tecnológicos de un software o sistema y su funcionamiento del que no se puede conocer su código (como ocurre con Skype), para luego desarrollar una solución compatible.

Como podrían esperar, esto no ha gustado nada en las huestes de Skype. De acuerdo con el sitio web Phoronix, Skype se ha pronunciado diciendo que tomará acciones: “El uso no autorizado de nuestra aplicación para actividades maliciosas como spamming o phishing infringe la propiedad intelectual de Skype. Estamos tomando todos los pasos necesarios para prevenir y evitar intentos que boicotear la experiencia de usuario de Skype. Skype se toma la seguridad de sus usuarios en serio y trabajamos sin descanso para asegurar que cada persona tiene la mejor experiencia de usuario posible“.

¿El resultado? Un par de días después, la página del blog de Bushmanov ha sido deshabilitada y el autor del post revela que recibió una notificación para que deshabilitara el contenido por parte de Microsoft, basada en la Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Hay que recordar que el protocolo de Skype es cerrado y la aplicación de ingeniería inversa está prohibida en el acuerdo de licencia que firma el usuario. Según las motivaciones de Bushmanov, un Skype cerrado y controlado por una compañia, llámese como se llame, es fácilmente doblegable por un régimen que quiera monitorear lo que que están conversando sus ciudadanos.

“Tengan la seguridad de que una verdadera comunicación privada es lo más importante para derrocar un régimen. Egipto es prueba de ello. (…) Por eso deben seguir usando Skype para garantizar una comunicación segura (…) aún más cuando tengamos una especificación abierta del protocolo”.

El mundo del software libre no necesariamente busca una confrontación abierta con el del software privativo, pero este es uno de los casos en los que los intereses de una empresa y los de un desarrollador chocan. ¿Cree que Bushmanov tiene razón con sus motivaciones, o que Microsoft –Skype– tiene el legítimo derecho de defender su código?

Notas relacionadas:

• Llamadas por Skype se adornarán con publicidad.
• Catalogan a Skype como amenaza para la seguridad.
• Skype podrá usarse en televisores Sony.
• 14 horas sin Skype y no termina la pesadilla.

La pregunta que inspira este segundo debate alternativo motivado por la #LeyLleras (el primero, sobra la transformación de la industria cultural, se encuentra aquí) ha surgido en las mentes y discursos de un gran número de compatriotas, tras la discusión alrededor de este proyecto de Ley y el creciente influjo de la tecnología moderna.

¿Para quién (o quiénes) legisla el Congreso de la República de Colombia? Estamos hablando del órgano elegido por los colombianos como máximo representante del poder legislativo, y que en una lógica democrática, debe ser una expresión de la voluntad de nuestro pueblo. En el caso particular del proyecto de ley que genera el debate, la respuesta es sumamente clara, y conviene en este artículo desmitificar algunos de los argumentos que se han presentado en favor del proyecto, y que con un análisis básico  y cierto conocimiento de los contextos, es sencillo debatir.

La #LeyLleras: una obra derivada.

El proyecto de Ley “Por el cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en Internet” es una obra derivada de la Digital Millenium Copyright Act (en adelante DMCA). Esta afirmación, realizada casi instantáneamente por parte de los principales actores en el debate defensores del ala ‘copyleft‘, es también una afirmación directa de los promotores del proyecto en su exposición de motivos (o ala copyright).  Textualmente, en esta disertación se expresa: “(…) La mayoría de estas disposiciones están basadas (sic) en la ley Digital Millenium Copyright Act de los Estados Unidos, adoptada en 1998“.

Originalmente, dicha exposición de motivos fue compartida por los promotores de la ley en la publicación del blog que se destinó para su debate. Curiosamente, dicha exposición fue retirada del blog oficial poco tiempo después, pero por efecto de la velocidad y facilidad que tienen los internautas para realizar copias (y aclaro, copiar textos de proyectos de Ley es totalmente legal en Colombia: Ley 23 de 1982, Artículo 41) podemos contar con dicho texto como sustento de nuestras afirmaciones.

Los promotores de la DMCA y su poder exportador.

Tampoco es para nada difícil encontrar cientos (o quizás miles) de referencias en Internet que permiten establecer quiénes fueron los verdaderos promotores de la Digital Millenium Copyright Act en el Congreso de los Estados Unidos:  “Los defensores radicales del modelo ‘copyright’ (lease: grandes disqueras, grandes editoriales, grandes estudios de Hollywood, grandes casas de software, etc.)”, quienes a través de mecanismos de cabildeo, lograron sacar adelante esta legislación.

Dichas disposiciones legales se han exportado a otros países –o adaptado por ellos–, con nombres que por estos días ya son bastante comunes (Hadopi, Sinde, Tres Strikes…) mediante los mecanismos que proporcionan los tratados de libre comercio.

De aprobarse sin ningún miramiento el tan sonado proyecto de #LeyLleras, la asociación será muy simple y directa: en Colombia se legisla para proteger los intereses de grandes multinacionales de la industria ‘copyright’. Esperamos que nuestros padres de la patria dejen sin piso esta afirmación con su importante trabajo.

La #LeyLleras, inspirada en legislación antiquísima.

Otra parte del contexto de la ley inspiradora por el proyecto presentado por el Ministro del Interior es la que se refiere al momento histórico en el cual se aprobó  la DMCA en Estados Unidos: 1998. Para muchas personas, puede sonar que es una ley reciente y hasta moderna, pero este tipo de apreciaciones, dado precisamente el campo de lo que se pretende ‘reglar’ (Internet), es sumamente distante de la realidad.

Para Internet, 1998 puede entenderse como una era remota. Solo basta decir que para la época Google era una empresa de garaje, Mark Zuckerberg (fundador de Facebook) era un colegial, AOL era el sitio web más popular, los únicos que trinaban eran los pájaros, y el video y el audio en Internet eran aún una utopía.

Legislar con base en una ley de 1998 los destinos de la Internet actual sería como intentar legislar en materia penal siguiendo estrictamente el Código de Hamuurabi.

Desmitificando argumentos en pro de la #LeyLleras.

Vale la pena confrontar de manera directa algunos de los argumentos que ciertos defensores del articulado del proyecto en cuestión tienden a enarbolar.  En un mundo hiperconectado, hiperinformado e hiperveloz, algunas de las afirmaciones que en adelante se controvierten resultan muy endebles y faltas de sustento.  Nos vamos a dar licencia de hablar muy claro.

La #LeyLleras NO legisla para los artistas.

Nos podríamos explayar casi indefinidamente para sustentar esta afirmación, pero en este caso aplicaré la la vieja y útil técnica de que una imagen vale más que mil palabras. Extracto esta contundente imagen de El manual de uso para la creatividad sostenible en la era digital, en la que se muestra claramente cómo se reparte la torta de los ingresos, por concepto de regalías, de la industria ‘copyright’.  Los artistas (en este caso musicales) están muy lejos, con contadas pero muy sonadas excepciones, de beneficiarse realmente en medio de esta realidad.

Como conviene contrastar fuentes, para evitar sesgos, presento también la siguiente tabla, extractada de un muy detallado estudio sobre la industria musical realizado en Argentina y contratado por la Secretaría de Cultura de Buenos Aires.

Conviene preguntarse entonces si no es mucho más benéfico para los artistas colombianos promover una legislación que modere ciertos ingresos de algunos participantes en su cadena de valor. ¿No será más beneficioso para el artista construir leyes que promuevan el uso de la tecnología para abaratar, por ejemplo, los costos de distribución de sus obras?

La #LeyLleras NO legisla para combatir la piratería.

La lucha contra la piratería es otro de los argumentos que más se esgrimen para defender el proyecto de Ley.  En este punto simplemente haré dos afirmaciones: las cifras que se han utilizado durante años para caracterizar este flagelo resultan sumamente imprecisas, razón por la cual es perfectamente posible afirmar que el impacto de una norma como la #LeyLleras será virtualmente imposible de cuantificar en relación directa con el combate a esta práctica ilegal y, por lo tanto, cualquier afirmación al respecto será una muy vaga especulación.

Por otro lado, leyes que en otras latitudes han sido proferidas con el argumento de la lucha contra los filibusteros han demostrado no ser para nada efectivas (un ejemplo: el caso español).  No hay nada que nos lleve a pensar que este no será el caso colombiano, de pasar el tan sonado proyecto sin ajustes técnicos y consideraciones modernas.

La #LeyLleras NO legisla para promover la cultura.

Quienes afirman que esta colección de 19 artículos que nos propone el ministro Vargas Lleras será un arma efectiva para promover las expresiones culturales, desconocen de manera profunda las transformaciones que la industria cultural experimenta en nuestra era. Tuve la oportunidad de organizar y participar en un corto debate con el director de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy (uno de los promotores de la Ley) y una serie de gestores de empresas e instituciones culturales (bibliotecas, museos, centros de acceso a Internet, agencias de promoción digital, etc.).

La sensación que quedó en el ambiente es que definiciones como las establecidas en el proyecto de Ley ocasionarán muchos más tropiezos y confusiones que beneficios a un gran número de esfuerzos que contribuyen a la promoción de la cultura.

¿Y todo esto qué tiene que ver con la tecnología?

Por escribir en ENTER.CO, cuya temática principal es la tecnología, es una pregunta que no puedo dejar de plantearme para concluir el presente artículo.  Es necesario establecer que estamos en la era de la ‘tecnología en pro de la transparencia’. Los ciudadanos de la actualidad, por el solo hecho de contar con una conexión a Internet, tenemos una gran ventana a los debates que tienen injerencia directa en el contexto social de nuestro interés y que antaño eran verdaderas ‘cajas negras’ accesibles a los argumentos e ideas de unos cuantos individuos (poderosos por demás).

La tecnología actual nos permite analizar a profundidad argumentos y contraargumentos, decantar las verdades que son el fundamento de lo que pasa en nuestra sociedad, colaborar, proponer, alertar y socializar los contenidos que alimentan una democracia y que deberían propender por el bien común. Estamos ante una verdadera era de transformación de la democracia, temática que trataremos en el tercer y último artículo de esta serie.

Señores promotores de la #LeyLleras: por favor, hablen con claridad al pueblo que les dio las dignidades que actualmente ostentan. De no hacerlo con prontitud, los costos para nuestra sociedad pueden ser inmensos y muy seguramente la historia terminará dando veredictos categóricos sobre su gestión.

Notas relacionadas:

• La transformación de la industria cultural (primer debate sobre #LeyLleras).
• “La información es un todo”: otra mirada a la ‘Ley Lleras’.
• Infografía y video buscan explicar fácilmente la ‘Ley Lleras’.
• Prisión para piratas en Internet se abre paso en Colombia.
• 18 preguntas (y respuestas) sobre el proyecto antipiratería en Colombia.