“Me sorprende que lo que es indispensable para las actividades de investigación y conservación (compartir conocimiento) pueda ser considerado un delito […] Me sorprende que algunos investigadores en ciencias biológicas también consideren impertinente, y sobre todo ilegal, que otros difundan su trabajo sin buscar ánimo de lucro“, escribe Gómez en su carta. A su juicio, las actividades de investigación y difusión de ciencia y tecnología no deberían ser tratadas por la Ley como los contenidos comerciales, pues, precisamente, son hechos para su difusión libre, y es ella en la que le encuentran valor, especialmente en entornos en los que el acceso ‘legal’ a esa clase de contenidos es tan limitado.

Según el abogado Germán Realpe Delgado, quien representa a Gómez en este proceso, el caso “pone de manifiesto que hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“. Tras la caída de las leyes Lleras, el marco legal colombiano sobre estos derechos sigue sin estar pensado para la red, por lo que actos como el de Diego son vulnerables de ser señalados como delitos. En el pasado, los activistas de la red han manifestado la necesidad de llevar a cabo un debate amplio sobre este tema, y aunque el Gobierno ha abierto algunos espacios para la discusión, el tema no se ha movido en los últimos meses.

“Hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“

Además, es la primera acusación penal que se hace pública en Colombia en la que se enfrentan los derechos de autor con las dinámicas de internet y los debates que se han dado durante años en diferentes orillas. Como dice María del Pilar Sáenz de la Fundación Karisma en un ‘post’ en Las2Orillas, en este caso “la premisa de que Compartir no es Delito tiene un nombre y un rostro detrás. La injusticia hipotética de enfrentar el desbalanceado sistema de los derechos de autor donde priman los intereses comerciales sobre el interés del acceso se volvió cercanamente dolorosa“.

Mientras eso ocurre, la mejor esperanza para quienes, como Gómez, comparten contenidos de buena fe, es que los jueces entiendan las lógicas de la red. La abogada Carolina Botero asegura en su columna en El Espectador que “si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos ‘antijuridicidad’, van a procesar a muchos Diegos“.

Usted, ¿qué opina del caso de Gómez?

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