Por medio del diario oficial del Partido Comunista, Granma, el gobierno cubano emitió una acusación a Estados Unidos por estar patrocinando el acceso clandestino a Internet satelital, burlando los controles establecidos y brindando a algunos ciudadanos equipos como receptores, antenas, tarjetas, smartphones y para transmisión de datos y comunicación por medio de llamadas telefónicas internacionales, todo de manera ilegal.

Esta historia se viene desarrollando desde abril de este año cuando fueron detenidas varias personas por montar varias redes inalámbricas sin tener la autorización debida. Granma ataca fuertemente este tipo de actividades, pues considera que en el momento en el que se pasa por encima del Estado se está generando un daño social.

“Cuando se sustrae de una entidad estatal cualquier tipo de recurso, unido a la afectación económica se produce sobre todo un gran daño social”, señala el informe de este medio, que se tituló ‘Bandidos contra la soberanía radio-electrónica‘. En un principio se hizo  referencia a una persona que instalaba antenas de transmisión y equipos de recepción de señales satelitales, asegurando que esta persona pensaba que sería su ‘negocio redondo’.

Pero paralelo a la visión del gobierno cubano y de Granma, hay que tener en cuenta la situación por la que pasa la isla: Internet en Cuba tiene prioridad para universidades, centros de investigación, entidades estatales y cierto tipo de usuarios personales, como médicos y algunos periodistas. Esto hace que el acceso a Internet para la población en general sea limitado, a altos costos y con poca velocidad, esto último en parte porque el embargo impuesto por el gobierno estadounidense ha impedido una red de fibra óptica adecuada cercana a las costas.

El gobierno decidió enfrentar esta implementación de redes clandestinas que brindan acceso a Internet por medio de una compañía con sede en Cuba y Venezuela, con la que se haría un tendido de cable submarino que comunica a los dos países. La meta era tener la red tendida a febrero de 2011 y funcionando en julio, pero hasta el momento esto no se ha cumplido y no hay explicaciones oficiales sobre el estado del proyecto.

Además de la acusación al gobierno estadounidense, Granma publicó que las personas capturadas tenían su poder teclados, discos duros, torres de computadores, fuentes de alimentación, cabezas de red inalámbrica, modems y rollos de cable para red, impresoras, teléfonos móviles y una fuerte cantidad de dinero.

El periódico oficial agregó que “tiene todo el derecho de salvaguardar su soberanía radio-electrónica. Los que intenten burlarla recibirán el peso de la aplicación de las normas administrativas correspondientes y de la Ley penal”.

En el informe, citó al ingeniero Carlos Martínez, director general de la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), quien dijo que “Cuba no está en contra del uso de la tecnología, al contrario, el mundo se mueve a velocidad vertiginosa en esa esfera. Pero se requiere orden, control, montar estaciones de satélite necesita licencia”.

Con las circunstancias de la isla y la legislación vigente que tiene todo el derecho de ser cumplida, ¿cómo deberían manejar los habitantes de la isla lo que sucede con su conexión a Internet? Si las acusaciones contra Estados Unidos son ciertas, ¿burlar los controles y brindar más opciones de acceso a Internet a la población debe ser penalizado?

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