La sentencia T-256 de 2025 concluyó que Meta Platforms, Inc. aplicó sus normas de forma inconsistente y sin suficiente claridad. En particular, el fallo señala que la eliminación de contenidos y la suspensión de la cuenta no cumplieron con criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Además, se evidenció un trato desigual frente a otros perfiles que publicaban material similar.

El análisis del tribunal también cuestionó la forma en que se llevó a cabo la moderación de contenidos. Según la decisión, el procedimiento careció de transparencia y no ofreció garantías mínimas para que la afectada pudiera entender o controvertir la sanción. Esto, en la práctica, limitó el espacio digital en el que desarrollaba su actividad como creadora de contenido.

Cambios obligatorios para Meta en Colombia

Más allá del caso individual, la decisión introduce una serie de órdenes que buscan modificar la relación entre plataformas digitales y usuarios en Colombia. Entre las principales medidas, se exige a Meta habilitar un canal claro y accesible para recibir notificaciones judiciales dentro del país, una dificultad que quedó en evidencia durante el proceso.

También deberá revisar y ajustar las condiciones de uso de Instagram y su política de privacidad. El objetivo es que los usuarios comprendan con precisión por qué se elimina una cuenta, cuánto tiempo se conserva su información y qué mecanismos existen para apelar estas decisiones.

Otro punto central es la obligación de unificar y traducir al español las políticas relacionadas con desnudos, actividad sexual y servicios sexuales entre adultos. La Corte encontró que estas normas están dispersas y, en algunos casos, solo disponibles en inglés, lo que dificulta su comprensión.

La sentencia va más allá al pedir mayor claridad sobre las reglas de moderación, incluyendo cómo funciona el sistema de sanciones y si se tienen en cuenta conductas fuera de la plataforma. También invita a la compañía a publicar informes periódicos sobre sus decisiones de moderación en Colombia, como ya ocurre en otras regiones.

Un precedente para creadores digitales

El fallo reconoce que la moderación de contenidos es necesaria para evitar la circulación de material ilegal, como la explotación sexual o la pornografía infantil. Sin embargo, advierte que estas facultades no pueden ejercerse de forma arbitraria ni sin controles.

En el caso concreto, la Corte ordenó a Meta abstenerse de imponer restricciones injustificadas a la cuenta actual de Esperanza Gómez y garantizar que cualquier medida futura esté debidamente justificada.

Aunque el tribunal no concedió una indemnización económica, sí dejó abierta la posibilidad de que la influencer acuda a la justicia civil para reclamar perjuicios. La decisión aclara que existen otros mecanismos judiciales para discutir eventuales daños económicos derivados de este tipo de actuaciones.

El impacto de esta sentencia no se limita a una sola usuaria. La Corte también instó a entidades como el Ministerio del Trabajo, el Ministerio TIC y la Superintendencia de Industria y Comercio a avanzar en una regulación específica para influencers. La intención es definir con mayor precisión sus derechos, deberes y la relación que mantienen con las plataformas digitales.

Con esta decisión, el tribunal fija reglas más claras sobre los límites de las plataformas tecnológicas en Colombia y abre un debate sobre la protección de los derechos en entornos digitales cada vez más determinantes para el trabajo y la expresión.

La jugada funcionó. En pocas horas, el desempleo dejó de ser tendencia y fue reemplazado por un debate emocionalmente potente: la protección de los menores. Es un terreno difícil de cuestionar sin pagar costos políticos. Sin embargo, detrás del discurso protector aparece una agenda mucho más amplia que tiene que ver con poder, control y narrativa.

El paquete presentado por el Gobierno no se limita a una restricción etaria. Incluye responsabilizar penalmente a directivos de plataformas, castigar la manipulación algorítmica, crear sistemas de medición del odio y reforzar la capacidad del Estado para intervenir contenidos considerados ilegales. Todo gira alrededor de una palabra que Sánchez repite con insistencia: control.

Del cuidado infantil al control del espacio digital

Prohibir redes sociales a menores no es una medida inocua ni simple. Para que sea efectiva, exige verificar la edad de todos los usuarios. Y verificar la edad de todos implica, en la práctica, acabar con el anonimato digital, centralizar datos sensibles y normalizar sistemas de identificación obligatoria. No solo para adolescentes, sino para toda la ciudadanía.

El choque con Elon Musk ayudó a consolidar el relato. El propietario de X respondió con acusaciones de autoritarismo que escalaron el conflicto a nivel internacional. Lejos de debilitar la estrategia del Gobierno, el enfrentamiento amplificó el mensaje y desplazó aún más otros debates incómodos. La polémica se volvió global, el ruido aumentó y la agenda quedó capturada.

Mientras tanto, las dudas técnicas y sociales quedaron relegadas. Especialistas advierten que la prohibición puede esquivarse fácilmente con herramientas básicas y que no existe consenso científico sólido sobre su impacto positivo en la salud mental de los jóvenes. También señalan que una política basada en vetos puede ser más simbólica que efectiva.

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Más allá de la discusión técnica, emergen motivaciones políticas menos explícitas. Una es la necesidad de recuperar control sobre un espacio donde el poder institucional ha perdido capacidad de marcar límites. Las redes sociales no solo amplifican desinformación, también amplifican críticas, disidencias y narrativas incómodas para los gobiernos.

Otra razón es el manejo de la agenda. Convertir la regulación digital en el eje del debate permite desplazar temas económicos adversos sin confrontarlos directamente. No se niegan los datos, pero se les quita oxígeno mediático.

La discusión de fondo no es si los menores deben o no usar redes sociales. Es quién define qué contenidos son aceptables, quién controla esa definición y qué contrapesos existen. En ese punto, la propuesta deja de ser una política pública y se convierte en una disputa abierta por el poder en el espacio digital.

Según esos reportes, durante los días de Navidad se habría conectado información que antes estaba separada. Registros de identidad, servicios financieros públicos y plataformas sociales pasaron a funcionar dentro de una misma estructura digital centralizada, lo que modifica cómo se valida a cada persona para operar en la vida diaria.

Muchos ciudadanos notaron que páginas oficiales estuvieron lentas o dejaron de responder en fechas festivas, cuando el tráfico suele ser bajo. Especialistas explican que este comportamiento suele darse cuando se mueven grandes volúmenes de información y se reorganizan bases de datos en los servidores.

¿Qué significa esto en la práctica?

La integración de sistemas implica que más aspectos de la vida cotidiana dependen de una sola validación digital. En el esquema conocido como Bóveda de Cristal en Venezuela, identidad, pagos y acceso a servicios quedan conectados, por lo que un problema en un área puede afectar inmediatamente a las demás.

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La infraestructura se apoya en registros oficiales como los administrados por el SAIME. Si los datos no coinciden entre sistemas, el ciudadano puede encontrarse con bloqueos sin recibir una explicación inmediata ni tener un funcionario que resuelva el problema.

En términos simples, esto puede traducirse en situaciones concretas. No poder usar una cuenta bancaria. No poder pagar servicios básicos. No poder comprar combustible. No poder acceder a un hospital público. No poder completar un trámite, incluso sin haber cometido ningún delito.

Por esta razón, algunos especialistas hablan de borrado civil para describir estos escenarios. No se trata de una desaparición física, sino de quedar fuera del sistema administrativo, donde la persona existe pero no puede operar con normalidad.

¿Cómo puede afectar a los ciudadanos?

Las investigaciones también señalan que los sistemas actuales pueden cruzar identidad con información de pagos electrónicos y uso de plataformas digitales. Estas funciones existen en otros países, pero generan preocupación cuando no hay información clara sobre límites, controles o formas de corregir errores.

Para los venezolanos que viven fuera del país, el impacto puede ser mayor. Analistas advierten que la integración de registros migratorios, financieros y administrativos puede dificultar renovar documentos, mover dinero o gestionar propiedades si el sistema considera que los datos no están actualizados dentro de Bóveda de Cristal en Venezuela.

A esto se suman denuncias de organizaciones de derechos humanos sobre detenciones sin información inmediata para las familias. Cuando una persona no aparece en los registros oficiales y además su acceso a servicios queda limitado, el impacto se extiende a su entorno familiar y económico.

Desde el punto de vista del ciudadano común, el problema no es la tecnología en sí, sino la falta de explicación. Cuando un sistema centralizado toma decisiones sin decir por qué, no hay a quién reclamar ni cómo corregir un error que afecta la vida diaria.

En el contexto descrito como Bóveda de Cristal en Venezuela, existir dentro del sistema se convierte en una condición para poder funcionar. La tecnología deja de ser solo una herramienta administrativa y pasa a determinar quién puede pagar, atenderse, moverse o ejercer derechos básicos.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

Las relaciones digitales —aquellas que se desarrollan en entornos virtuales o inmersivos— están cambiando la forma de entender el amor. Plataformas y metaversos permiten experiencias de convivencia sin contacto físico, pero con emociones tan intensas como las de una relación presencial. Lo que antes era un simple “chat” hoy puede convertirse en un vínculo con rutinas, compromisos y proyectos de vida compartidos.

La psicóloga jurídica Sonia López Rendón, docente del Politécnico Grancolombiano, ha investigado durante años este fenómeno. En su libro La pareja y la adquisición de derechos en el metaverso y la realidad virtual, acuña el término “phileverso”, un universo digital donde también hay complicidad, intimidad y deseo de permanencia. Según su estudio, las emociones expresadas en espacios virtuales no son menos reales que las físicas.

Desde la neuropsicología se ha demostrado que los vínculos digitales activan los mismos sistemas cerebrales asociados al amor y al apego. En otras palabras, el cuerpo puede estar ausente, pero el cerebro siente igual. Estas conexiones, por tanto, generan compromiso, apego y expectativas, aunque no haya contacto físico ni convivencia.

Sin embargo, la virtualidad también trae nuevos retos emocionales. La falta de lenguaje corporal puede generar malentendidos, y la exposición pública en redes —a través de likes o comentarios— puede alimentar los celos y la inseguridad. En muchos casos, estas relaciones derivan en dependencia emocional o idealización excesiva, una nueva forma de vulnerabilidad digital.

Aun así, reducirlas a algo “irreal” sería un error. Estas relaciones son otra forma de experiencia afectiva humana, con su propio lenguaje, ritmo y profundidad. Cambia el medio, no el sentimiento.

El amor virtual frente al vacío legal

Mientras la sociedad experimenta nuevas formas de amar, el sistema jurídico sigue anclado en modelos del pasado. Las leyes actuales reconocen una unión marital de hecho solo cuando hay convivencia física. Pero hoy, miles de parejas comparten una vida emocional completa sin haberse visto nunca en persona. ¿Cómo se prueba una relación virtual prolongada? ¿Qué derechos existen si la pareja “rompe” en el metaverso?

López Rendón propone repensar la ley desde un enfoque transdisciplinario. Según su investigación, los criterios para reconocer una relación no deberían limitarse al contacto físico, sino centrarse en la voluntad, la permanencia y la construcción emocional. Si dos personas mantienen una unión estable, con acuerdos afectivos y compromiso mutuo, el vínculo merece ser reconocido, incluso si ocurre en un entorno digital.

Esto implicaría reformar la legislación civil y crear mecanismos para validar el consentimiento digital, los pactos emocionales y los efectos patrimoniales de una ruptura virtual. Lo que ocurre entre dos avatares puede tener consecuencias reales en la salud mental o incluso en los bienes compartidos.

Más allá del derecho, el desafío es cultural. La sociedad aún tiende a subestimar lo que ocurre en los entornos digitales, cuando en realidad son espacios donde se expresan deseos, lealtades y afectos. El amor digital, al fin y al cabo, no es un simulacro: es una extensión de la experiencia humana.

“Así como las relaciones físicas evolucionaron desde modelos centrados en la reproducción hacia proyectos afectivos de vida, hoy debemos entender que las uniones digitales también están pidiendo su lugar, no solo en el corazón de las personas, sino en la ley”, afirma López Rendón.

El amor digital no cuestiona la autenticidad del sentimiento, sino la capacidad del sistema legal para reconocer nuevas formas de humanidad. En tiempos donde el “hasta que la muerte nos separe” se transforma en “hasta que se caiga el WiFi”, el reto no es tecnológico, sino social: aceptar que lo virtual también tiene consecuencias reales.

Imagen: Prostock-Studio

Desde hace algunos años, se ha considerado que el acceso a internet debería ser un derecho humano. Algunos personajes relevantes en el mundo de la tecnología, como Tim Berners, creen que se debería prohibir el control público del internet. La ONU se ha expresado varias veces al respecto, con una resolución que estipuló que la libertad de expresión en internet se debe garantizar. La semana pasada, la ONU definitivamente determinó que el internet es un derecho humano.

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas firmó una resolución no vinculante en la que se condena a los países que intencionalmente interrumpen el acceso a internet de sus ciudadanos, según reportó ayer lunes The Verge.

Esta resolución se hizo sobre las previas declaraciones de la ONU en cuanto a derechos digitales, y con ella se reafirma la postura de esta organización, que considera que “los mismos derechos que las personas tienen ‘offline’ deben ser también protegidos ‘online’”. Esta declaración está estipulada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La resolución se aprobó por consenso el viernes 1 de junio, y se opuso una minoría de países como Rusia, China, Arabia Saudí, Sudáfrica e India. Estos países consideran que la ONU debería borrar el fragmento de la resolución que condena las medidas que buscan prevenir o interrumpir intencionalmente, el acceso a la información en línea.

Al ser una resolución no vinculante, los países no están obligados legalmente a cumplir lo que se estipula, sino que proveen guías con las que las naciones deben diseñar sus leyes en cuanto al internet. Así que el paso a seguir luego de esta resolución es que los gobiernos comiencen a regular activamente los problemas relacionados con libertad de expresión y cómo estos derechos podrían ser usados para difundir violencia, ideales terroristas y abuso.

Algunos países han comenzado a usar métodos de control en los que se hacen ‘apagones’ de internet. Por ejemplo, desde hace unas semanas el uso de redes sociales, como Twitter, se bloqueó, seguido a los ataques terroristas en el aeropuerto de Estambul. También, en Indonesia e India se suspendió el servicio de internet móvil debido a algunas protestas locales. Y en Algeria, las redes sociales se bloquearon para evitar que los estudiantes hagan trampa en los exámenes. Incluso, de acuerdo con la organización de derechos digitales, Access Now, en 2015 hubo al menos 15 ‘apagones’ de internet en todo el mundo; y en 2016 van 20 hasta la fecha.

Dentro de los motivos por los que la ONU considera que el internet es indispensable para las personas está que el acceso a internet “facilita las vastas oportunidades para la educación accesible e inclusiva a nivel global”. Además se considera que con los objetivos para 2030 de Desarrollo Sostenible, el esparcimiento de la tecnología tiene un gran potencial para acelerar el progreso humano, según informó Gizmodo.

La resolución también determina algunos puntos que deben ser tenidos en cuenta por los países, como la libertad de expresión en internet. También, los gobiernos deben asegurar la seguridad y la libertad en internet, es decir asegurar la responsabilidad de quienes violen los derechos humanos de otras personas por hacer uso de su libre expresión. Se pide que se reconozca la importancia de la privacidad en línea y que se estimule la participación educativa de mujeres y niñas en áreas de la tecnología.

Imagen: James Cridland (vía Flickr). 

Dos cartas, una firmada por 67 organizaciones de derechos digitales de todo el mundo y otra publicada por la Electronic Frontier Foundation (EFF), quizá la organización de derechos digitales más influyente del planeta, aumentaron la presión sobre Internet.org, la solución de Facebook para ofrecer algunos servicios en línea gratuitos orientada a las más de 3.000 millones de personas que aun no tienen acceso a internet.

La primera, una comunicación abierta dirigida a Mark Zuckerberg, hace siete reclamos básicos a la iniciativa de Internet.org. Las organizaciones piden que Facebook “afirme su apoyo a una definición de neutralidad en la red en la que todas las aplicaciones y servicios sean tratados sin discriminación”; que abandone la práctica “inherentemente discriminatoria” del ‘zero rating’, que consiste en permitir el uso de algunas aplicaciones sin generarle cargos al usuario; y que deje de proclamar que ofrece acceso a internet “cuando solo se trata de una pequeña porción de éste”.

Otras peticiones a Zuckerberg son que proteja de mejor manera la seguridad, la privacidad y la libertad de expresión de sus usuarios y que evite, en últimas, que las personas más pobres del planeta “queden atrapadas en un camino separado y desigual a la conectividad, que amplíe y no estreche la brecha digital”. En la carta son firmantes las organizaciones colombianas Ageia Densi, Colnodo, Fundación Karisma, RedPaTo2 y Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP); además de ONG de México, Panamá, Ecuador y Paraguay y organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Europa y África.

A pesar del anuncio de Mark Zuckerberg de que Internet.org ahora será una plataforma a la que cualquier app puede acceder cumpliendo algunos requisitos técnicos, la EFF insistió en sus críticas. Dice que una de las exigencias que se les hacen a las apps que quieren ser parte del servicio, que les impide cifrar su tráfico de modo que puedan ser sujetas al ‘zero rating’, “pone en riesgo la privacidad y la seguridad de las personas”.

Aunque los usuarios de Android tienen una solución que permite el cifrado del tráfico, quienes acceden al servicio a través de un equipo básico no tienen ninguna encriptación, por lo que “cualquier información que los usuarios envíen o reciban de los servicios de Internet.org podría ser interceptada por la policía local o las agencias de inteligencia nacionales, exponiendo a los usuarios a peligros”.

¿Tienen futuro estas peticiones?

Algunas sí, otras no tanto. Aunque Facebook mostró que está abierto a hacer cambios en Internet.org –y se ha reunido con varias organizaciones para escuchar las objeciones, según conoció ENTER.CO–, Zuckerberg ya planteó un par de puntos que considera innegociables: el modelo de negocio y su definición de neutralidad en la red.

El primero, según dice, es la única manera en la que puede alinear a operadores y desarrolladores para que la conexión pueda llegar a las personas de bajos ingresos. La segunda, asegura, es más “razonable” frente al “purismo tecnológico” de los críticos de la iniciativa.

Es una cuestión de principios

Así pues, el tema del cifrado podría llegar a solucionarse –aunque la EFF asegura que es un problema “extremadamente difícil desde una perspectiva técnica”–, pero Facebook ni va a renunciar a los jardines vallados y al ‘zero rating’, ni a una definición de neutralidad en la red que se acomode a su producto.

Y esos puntos, que parecen innegociables para Facebook, también lo son para los activistas. “Su posición como porteros de Internet sigue siendo ampliamente problemática”, dice la EFF, que critica que el modelo es “una invitación abierta para que los gobiernos y grupos de interés presionen, persuadan o amenacen” para que el contenido al que se accede a través de Internet.org esté de acuerdo con sus intereses.

Para las 67 ONG, lo que está en juego la “neutralidad en la red, libertad de expresión, […] igualdad de oportunidades, seguridad, privacidad e innovación”. Es decir: es una cuestión de principios.

Imagen: ENTER.CO