Sin embargo, no nos corresponde enlistarlos, pronunciarnos de forma entusiasta sobre ellos ni encasillarlos como un retroceso para la humanidad. Lo cierto es que, en los últimos meses, los modelos de inteligencia artificial generativa han logrado avances significativos en su desarrollo, optimización y capacidad de respuesta en distintos contextos profesionales, impactando directamente la IA en el derecho.

Microsoft creó su propia herramienta, Copilot, con una visión más organizativa e integrada en entornos laborales. También se evidencia la evolución en Google con Google IA Studio, que incorpora criterios más transparentes para el usuario, permitiendo abordar temas como código de programación, prompt, API, temperature —para mitigar alucinaciones— y tokens, entre otros conceptos técnicos.

Surge entonces, a lo largo de esta narrativa tecnológica, un interrogante fundamental que articula el ejercicio del derecho procesal con los procesos de enseñanza-aprendizaje: ¿los abogados y futuros juristas están realmente preparados para un uso adecuado de los modelos de inteligencia artificial generativa en sus diferentes plataformas y aplicaciones prácticas?

Un fallo que prende las alarmas en el uso de IA en el derecho

Para responder a esta pregunta, resulta pertinente analizar los hechos relacionados con el auto AC739-2026 de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión resolvía un recurso de revisión contra un fallo emitido por el Tribunal Superior de Villavicencio, generando importantes reflexiones jurídicas.

En este caso, el apoderado presentó la demanda del recurso extraordinario de revisión citando un artículo incorrecto del Código General del Proceso (CGP) e invocando causales inexistentes. Posteriormente, en la subsanación, corrigió el artículo aplicable (Ley 1564 de 2012, art. 355), pero modificó el sentido taxativo de las causales invocadas, generando inconsistencias sustanciales.

Además, sustentó su argumentación con diez referencias jurisprudenciales apócrifas entre la demanda inicial y su corrección. Esta situación evidencia un uso inadecuado de herramientas tecnológicas, posiblemente derivado de una confianza excesiva en modelos de inteligencia artificial generativa sin la debida verificación jurídica.

La Corte concluyó que el apoderado incurrió en temeridad procesal (Ley 1564 de 2012, art. 79), considerando la conducta desplegada. A pesar de advertirse inconsistencias normativas y de que el mismo apoderado aceptó el uso de modelos de IA generativa, persistió en su postura sin realizar un control riguroso de la información presentada.

Como consecuencia, se le impuso una sanción consistente en una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y la compulsa de copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. Este caso plantea una pregunta crucial: ¿estamos realmente preparados para integrar la inteligencia artificial en el ejercicio jurídico?

Los modelos de IA generativa y las herramientas digitales requieren una comprensión multidisciplinaria que permita su uso adecuado, ético y seguro, especialmente frente a las partes representadas y al sistema judicial. No se trata solo de eficiencia, sino de responsabilidad profesional y rigor técnico en cada actuación procesal.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

En un mundo donde la inteligencia artificial redacta textos, analiza contratos y hasta predice fallos judiciales, las facultades de Derecho en Colombia deben asumir con rigor esas implicaciones, sus desafíos y oportunidades. La transformación tecnológica está tocando la puerta de nuestras aulas, está cuestionando paradigmas y debemos integrarla crítica y creativamente.

Formar abogados hoy supone trascender lo normativo, la teoría y la práctica jurídica. Es también prepararlos para un entorno donde la tecnología es protagonista, donde los datos adquieren fuerza argumentativa y donde las herramientas digitales pueden marcar la diferencia para un ejercicio profesional pertinente e innovador.

Todo empieza por el currículo. Si queremos abogados que comprendan, apropien y usen la tecnología, tenemos que incorporar esta formación desde la base. Eso implica desarrollar formas de intervención pedagógica más allá de las asignaturas y los contenidos. Abordar realidades que tradicionalmente no estaban en el radar de las escuelas de Derecho: legislación digital, protección de datos personales y derechos digitales, ética tecnológica, y el uso de plataformas que permiten automatizar tareas legales.

No se trata de transitar hacia el reemplazo del profesional por una máquina, sino de hacerlo partícipe y protagonista de los desarrollos tecnológicos que ponen a su favor esas nuevas realidades del ejercicio de la profesión. ¿Por qué pasar horas buscando jurisprudencia si una plataforma puede hacerlo en segundos? ¿Por qué no usar IA para entender patrones en decisiones judiciales y tomar mejores decisiones estratégicas?

Los robustos programas de sistematización de datos se están convirtiendo en una herramienta clave para la práctica legal. Poder identificar tendencias, patrones y comportamientos a partir de grandes volúmenes de información jurídica no solo mejora la toma de decisiones, sino que también permite anticiparse a posibles escenarios de aplicación.

Pero con estas herramientas también llegan nuevos dilemas. La ética digital se vuelve más importante que nunca. La IA no es neutral: puede replicar sesgos, discriminar o violar la privacidad si no se usa con cuidado. Por eso, nuestros estudiantes deben aprender a cuestionar: ¿qué hay detrás esa lógica del algoritmo? ¿A quién beneficia? ¿Qué derechos podría estar afectando? La tecnología debe estar al servicio de la justicia y eso exige una formación ética profunda, crítica y actualizada.

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Otro aspecto clave es la interdisciplinariedad. El Derecho ya no puede caminar solo. Necesita dialogar con la ingeniería, la informática y fortalecer los vasos comunicantes con la sociología, la psicología y las humanidades digitales. Estas disciplinas enriquecen la interpretación jurídica, la solución de conflictos y la comprensión del contexto social.

Trabajar con ingenieros permite desarrollar conjuntamente herramientas legales más eficientes y rigurosas. Colaborar con psicólogos ayuda a entender mejor el comportamiento humano. Y las humanidades digitales nos enseñan a organizar y analizar grandes volúmenes de información jurídica, poniéndolos al servicio de la sociedad.

La tecnología también puede democratizar el derecho. Plataformas que explican leyes en lenguaje sencillo, bases de datos abiertas con jurisprudencia, asistentes legales virtuales; espacios que pueden acercar la justicia a quienes más la necesitan. Y para lograrlo, necesitamos abogados que vean en la tecnología las oportunidades para alcanzar el propósito superior de la profesión y que lo hagan con criterio, con espíritu crítico y con responsabilidad social.

Las facultades de derecho en Colombia están en plena evolución. No es un cambio fácil, pero sí necesario. Estamos formando una nueva generación de abogados, con mayores desafíos en un mundo digital, con retos éticos aún por resolver y con múltiples oportunidades de ampliar su horizonte interdisciplinar en el ejercicio profesional. Tenemos tarea y es urgente asumirla con decisión y con la indeclinable convicción de la defender los derechos de una sociedad compleja y cambiante.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT