Sin embargo, la filtración de datos no es la única razón que te puede llevar a considerar esta alternativa. Para algunas personas, subir una fotografía o documento al red es sinónimo de perder el control de esa información. Sobre todo cuando se trata de un tema que pone en riesgo su integridad. En este sentido Google, que está obligada a permitirles a los usuarios el ‘derecho al olvido’ en la red.

Google ya cuenta con un formulario en el que es posible solicitar el derecho al olvid0. Está disponible desde 2014. Sin embargo, la plataforma ‘Forget.me’ te permite simplificar el proceso ya que lo convierte en un paso a paso para diligenciar el formulario real. Con este método es mucho más sencillo que el buscador lo acepte como válido.

Forget.me la mejor opción para solicitar el derecho al olvido

Cuando se trata del derecho al olvido podemos encontrar de todo, desde algún político que solicita eliminar la información de la prensa en la que, según él, lo están difamando, hasta las fotos íntimas que alguna expareja publicó en la red. En cualquiera de los dos casos es necesario que la compañía realice un ‘estudio’ para validar la información que ofrece el usuario.

El portal ‘Forget.me’ te ayuda a justificar la solicitud de eliminación a Google y Bing. Ofrece textos predeterminados para que solo sea cuestión de remplazar información. De esta forma la plataforma incrementa la probabilidad de éxito en cada solicitud.

Además, el sistema identifica fácilmente la información irrelevante, desactualizada o inapropiada. Con este mecanismo, ubica los resultados disponibles tanto en Google como en Bing.

Finalmente, cuando la solicitud es aprobada puedes mantener un registro del progreso de eliminación de enlaces. Ya que Forget.me detecta una vez que tus enlaces han sido eliminados y te avisa tan pronto como suceden.

Imagen: Al-Rasub.

Aunque el GDPR aplicará para las organizaciones que operan en países de la Unión Europea (UE), su cumplimiento ya está generando el debate respecto a cómo las empresas, sin importar el sector al que pertenezcan, están haciendo uso de los datos personales de los usuarios.

Resultados del estudio

Según el ‘Informe GDPR de Veritas 2017’, casi un tercio de los encuestados (31%) afirmó que su empresa ya cumple con los requisitos de la legislación. Sin embargo, cuando a los mismos encuestados se les preguntó sobre las disposiciones específicas del GDPR, las respuestas de la mayoría demostraron que es poco probable que estén asumiendo correctamente estas normas. Tras una inspección más detallada, solo el 2% parece cumplir con las disposiciones, lo que revela un claro malentendido respecto al cumplimiento.

Los resultados del informe también demuestran que casi la mitad de las organizaciones (48%) que declararon que cumplían no tienen visibilidad total de los incidentes de pérdidas de datos personales. Además, el 61% del mismo grupo admitió que para la organización resulta difícil identificar y denunciar una filtración de datos personales en un plazo de 72 horas a partir de que se descubre. Este es un requisito obligatorio del GDPR cuando hay riesgo para las personas interesadas.

De hecho, una organización que no puede informar la pérdida o el robo de datos personales (como registros médicos, direcciones de correo electrónico y contraseñas) al órgano de supervisión en el plazo citado, no estaría cumpliendo con este requisito fundamental.

La amenaza del exempleado

La restricción del acceso del exempleado a los datos corporativos y la eliminación de sus credenciales del sistema ayudan a prevenir la actividad maliciosa y a evitar pérdidas financieras y daños de reputación.

Sin embargo, un 50% de las organizaciones que consideran que cumplen las disposiciones afirmaron que los exempleados aún tienen acceso a los datos internos. Estos hallazgos destacan que incluso las organizaciones más seguras tienen problemas para controlar el acceso de los ex-empleados, y son potencialmente susceptibles a los ataques.

Desafíos al ejercer ‘el derecho al olvido’

Según el GDPR, en regiones como UE, los residentes tienen derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales de las bases de datos de una organización. Sin embargo, la investigación de Veritas demuestra que muchas organizaciones que consideraban que cumplían con las disposiciones no saben cómo buscar, encontrar y eliminar datos personales si un usuario ejerce el principio del ‘derecho al olvido’.

De las organizaciones que consideran que están preparadas para el cumplimiento del GDPR, una quinta parte (18%) admitió que los datos personales no se pueden depurar ni modificar. Otro 13% reconoció que no tiene la capacidad de buscar y analizar datos personales con el fin de revelar referencias explícitas e implícitas de un individuo. Tampoco pueden visualizar con precisión dónde se almacenan sus datos, porque sus fuentes de datos y depósitos no están claramente definidos.

Estas deficiencias harían que una empresa no cumpla con las disposiciones del GDPR, por lo que las organizaciones deben garantizar que los datos personales solo se utilicen para las razones por las que se recopilaron y que se eliminen cuando ya no sean necesarios.

El caso Colombia

En una nota previa de ENTER.CO explicábamos que en Colombia se han generado varios debates con interesantes puntos a favor y en contra. Varias decisiones judiciales en distintos países han hecho que muchas naciones se quieran adherir al derecho al olvido. Sin embargo, en países como Colombia, el tema no parece entenderse del todo.

Muchos mencionan que el derecho al olvido puede limitar el derecho a la libertad de la información y como un bloqueo de contenidos mal manejado puede perjudicar la neutralidad de la red. No obstante, expertos como Germán Realpe, CEO de Cloud Seguro y columnista de ENTER.CO, consideran que es necesario que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) tome una posición sobre el cumplimiento de las normas de privacidad de las grandes compañías internacionales en Colombia. Así mismo, se deben actualizar las normas de protección de datos como la competencia de las autoridades judiciales.

“El derecho a la desindexación es un derecho fundamental. Es necesario empezar a entender que muchas personas tienen el derecho de no aparecer en internet. En la actualidad, todo pasa por Google, desde un candidato para un puesto laboral, un nombre, un teléfono, un correo electrónico y una posible novia. La información que ves en dos segundos en el buscador te puede marcar de por vida”, comentó Realpe.

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Desmitificación de la responsabilidad del GDPR

La investigación de Veritas también evidenció que existe un malentendido común entre las organizaciones con respecto a la responsabilidad de los datos en entornos de nube. Casi la mitad de las empresas (49%) que consideran que cumplen con el GDPR creen que es responsabilidad exclusiva del proveedor del servicio de la nube garantizar el cumplimiento de los datos en la nube.

No obstante, el GDRP explica que la responsabilidad recae en el controlador de datos (la organización). “Este falso sentido de protección que se percibe podría tener serias repercusiones una vez que se promulgue el GDPR”, afirmó Veritas.

Imagen: Pexels

Internet no perdona; lo que publicas queda grabado de por vida y es muy difícil que el contenido desaparezca. Esto solo puede suceder por que la web donde lo publicas borre la información o por que el buscador lo deje de indexar. Desde ahí es donde nace el mal llamado derecho al olvido, el cual debería llamarse derecho a desindexar, que no es otra cosa que los buscadores dejen de mostrar contenido sobre una persona.

En los recientes dos años, el derecho al olvido ha tenido puntos a favor y en contra. Todo empezó en mayo de 2014, con un fallo histórico a favor del señor Mario Costeja, cuando el tribunal europeo señaló que los motores de búsqueda como Google debían retirar los enlaces o la información pública cuando vulnere la privacidad del usuario.  Esto llevó a que buscadores como Google, Yahoo o Bing tuvieran que implementar formularios para solicitar la eliminación de los contenidos web.

La controversia de todo esto es que cada caso debe ser visto de forma individual, ya que los buscadores han recibido todo tipo de solicitudes para la eliminación de contenidos en Europa, desde la persona que ve perjudicada su privacidad y acude a Google hasta el político que quiere borrar su pasado criminal en internet.

Fallos judiciales

Se han generado varios debates con interesantes puntos a favor y en contra. También hemos visto varias decisiones judiciales en distintos países en donde muchos se han querido adherir al derecho al olvido. Sin embargo, en países como Colombia, parece que no lo entiende, no le importa. Otros, como Francia, han pedido que el derecho al olvido sea un derecho global.

Muchos mencionan que el derecho al olvido puede limitar el derecho a la libertad de la información y como un bloqueo de contenidos mal manejado puede perjudicar la neutralidad de la red.

Google, por una parte, no quiere cumplir con el derecho a desindexar, y lo que debe hacer cada particular es acudir a las vías judiciales. Parece una pelea sin una respuesta única. Hace poco, por ejemplo, se han conocido varios fallos, uno del Tribunal Supremo de lo Contencioso español en marzo de 2016, en donde se resalta que es la casa principal Google, Google Inc, y no su filial española Google España, la responsable del tratamiento de los datos personales.

Pero también se falló otro caso el pasado 5 de abril de 2016 (.pdf), donde el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil española, analizó un manejo de datos y contenido en la web del año 2010, y falló argumentando que Google España sí es responsable y que es encargado del tratamiento y del cumplimiento de las normas españolas de protección de datos.

En resumen, como Google opera en casi todos los países del mundo, los cuales entre ellos Colombia, tiene que lidiar con los temas de protección de datos diferentes en cada territorio. Google, desde el tema jurídico, siempre se sale por los lados, fundamentando que en cada país solo tiene representaciones comerciales y que todo debe manejarse desde la casa matriz de la compañía en Mountain View.

La posición de Google es facilista. Imagínense a todos los usuarios acudiendo a la justicia gringa como muy bien lo dice el fallo español de hace unas semanas: “Que las personas acudan a Estados Unidos, sería frustrar en la práctica el objetivo de garantizar una protección eficaz y completa de las libertades y los derechos fundamentales, en particular, del derecho a la intimidad.

El tema técnico

Muchos dirán que la mejor opción es acudir a la fuente original o a la pagina web que lo publica. Pero por más que la web borre el contenido o se utilicen robots.txt, el buscador en muchos casos lo sigue tomando. El conocido hacker Chema Alonso de la empresa Eleven Paths, tiene un artículo bien interesante el cual se llama No me Indexes que me cacheo, en donde muestra como los índices de Google, almacenan contenido y los títulos por más que sean borrado de internet.

Chema señala que el “fichero robots.txt sirve para decirle a los buscadores, tanto a Google como a Bing como a otros, qué partes de un sitio web no deben ser indexadas. Esto no es cierto totalmente, porque como ya sabemos puede que los enlaces y los títulos de las urls queden metidos en el índice, generando problemas de privacidad“.

La misma empresa de Chema ha creado una herramienta llamada Google Index Retriever, la cual sirve para recuperar información del índice de Google. Utilizar la herramienta permite entender que por más que se borre el contenido de la fuente principal en ocasiones Google no olvida.

Es por todo esto que la mejor respuesta en muchos casos siempre va ser el buscador, ya que es el único que puede saber que indexa y que no. Si uno mira los informes de trasparencia de Google Europa durante 2015, vemos que lo que ha eliminado en contenidos es protegiendo la privacidad de las personas. Es por eso que todo debe verse como un equilibrio entre privacidad versus acceso a la información. Al hacer esa ponderación es donde uno puede entender la importancia del derecho a desindexar. 

Política pública y casos en Colombia

Es necesario que el Ministerio de las TIC tome una posición sobre el cumplimiento de las normas de privacidad de las grandes compañías internacionales en Colombia. Así mismo, se debe actualizar las normas de protección de datos como la competencia de las autoridades judiciales.

Hace unos meses fue presentado un proyecto de ley para ampliar las competencias de la Delegatura de Protección de Datos, y que pueda tener un mayor alcance en temas de protección de datos. El proyecto es bueno, pero si no se tiene un apoyo de la política pública del MinTIC será un simple saludo a la bandera.

El tema de protección de datos y el derecho al olvido no ha tenido una discusión de fondo en Colombia. Se puede resaltar la Sentencia de la Corte Constitucional T-277 de 2015, en donde la corte ordenó que para la protección efectiva de los derechos de la accionante, el medio de comunicación deberá, por medio de la herramienta técnica ‘robots.txt’, ‘metatags’ u otra similar, limitar el libre acceso a la noticia. El problema es que la Corte no entendió como en el internet actual, acudir al titular del contenido no siempre va ser la mejor manera,  y en la ponderación sobre libertad de información versus privacidad, en algunos casos puede ganar la intimidad de las personas.

Derecho a desindexar

El derecho a la desindexación es un derecho fundamental. Es necesario empezar a entender que muchas personas tienen el derecho de no aparecer en internet. En la actualidad, todo pasa por Google, desde un candidato para un puesto laboral, un nombre, un teléfono, un correo electrónico y una posible novia. La información que tu ves en dos segundos en el buscador te puede marcar de por vida.

¿Si Google te posiciona desde el tema de marketing digital de acuerdo a lo que pagas en aspectos como Adwords, por qué no puede aplicar el derecho a desindexar cuando una persona lo solicita por privacidad?

Sin duda, es un tema muy interesante y en donde nunca se puede encontrar la verdad absoluta.  El debate no solo debe hacerse en Colombia; es un tema que tiene una trascendencia mundial y que sin duda Google lo guarda en su cache.

Imágenes: antb (vía Shutterstock), Gajus (vía Shutterstock).

Luego de cuatro años de negociaciones, el Parlamento Europeo aprobó este jueves una nueva Regulación General de Protección de Datos, que busca garantizar la privacidad de los ciudadanos en el entorno digital. La nueva reglamentación reemplaza la que estaba vigente desde 1995, y fija un estándar mucho más alto que el actual sobre las medidas que deben tomar los servicios digitales para proteger la intimidad y los datos personales de quienes los utilizan.

Todos los servicios que quieran operar en el Viejo Continente tendrán dos años, contados a partir de este momento, para adaptarse a las nuevas reglas. De no hacerlo, o de incumplir alguna de sus obligaciones, serán multados por sumas que pueden llegar incluso al 4% de sus ventas netas globales anuales.

La Unión Europea siempre ha contado con las regulaciones de privacidad más estrictas del mundo, e incluso, algunos funcionarios oficiales de la Unión han hecho fuertes declaraciones contra servicios estadounidenses.

¿Cuáles son las obligaciones que van a tener las empresas de tecnología con sus usuarios? Veamos.

– Los servicios deberán ofrecer por defecto las opciones que ofrecen la mayor privacidad. Si han intentado cambiar la configuración de privacidad de Facebook o Google, saben que no es nada fácil. Primero, porque las opciones están escondidas en lugares que poco frecuenta el usuario, y segundo, porque a menudo están redactadas en un lenguaje que poco entienden las personas comunes y corrientes.

Esta nueva directiva obliga a que los servicios adopten lo que se llama ‘privacidad por defecto’. Como lo explica Engadget, eso quiere decir que “deben asegurarse de que los usuarios tengan, de entrada, los ajustes de privacidad más estrictos”, sin que las personas que los usan tengan que hacer nada.

– Las compañías tendrán que redactar sus políticas en un lenguaje sencillo y entendible. Se acabó eso de hacer clic sin tener claridad sobre si estamos aceptando algo que no nos conviene. Además, los servicios deberán pedirles permiso “claro y afirmativo” a los usuarios cuando vayan a procesar sus datos privados.

– Las compañías deberán nombrar un funcionario encargado de la protección de datos si en sus actividades tienen que administrar grandes volúmenes de información personal. Además, cualquier robo o filtración de esa información deberá ser informado en las primeras 72 horas después de que ocurra.

– Los datos de los usuarios deben ser fácilmente portables. Básicamente, si alguien se quiere cambiar de proveedor, de operador o de servicio de correo electrónico, deberá tener la posibilidad de llevarse con él algunos de sus datos, incluyendo sus mensajes y contactos.

– El derecho al olvido ahora abarca a las redes sociales. Si una persona logra que un juez apruebe que un buscador deje de mostrar información suya que sea falsa o esté desactualizada de un buscador, también podrá pedirle a otros productos digitales, como redes sociales o sitios de noticias, que borre toda la información que tenga sobre la persona, no solo de sus productos sino de “cualquier lugar en el que los datos hayan sido replicados”, en palabras de Engadget.

Las excepciones para esto, según la Regulación, funcionan “cuando los datos son requeridos para propósitos históricos, estadísticos, científicos, por razones de salud pública o para ejercer el derecho a la libertad de expresión”.

– Los menores deberán tener permiso de sus padres para usar redes sociales. Cada país podrá poner la edad límite en la que el permiso deja de ser necesario, que nunca deberá ser de menos de 13 años, ni de más de 16.

También se aprobaron nuevos protocolos de intercambio de datos entre las fuerzas del orden de los 28 países de la Union, que, según un comunicado del Parlamento Europeo, “aseguran un alto grado de protección de datos, mientras que mejoran la cooperación en la lucha contra el terrorismo y otros crímenes serios”.

¿Mi privacidad va a mejorar con esto?

Europa es un mercado muy importante para la mayoría de servicios digitales. Google, Facebook, Twitter, Apple y casi todas las grandes compañías que producen las herramientas que más utilizamos tienen una fuerte presencia allí, y de ese continente viene una parte importante de sus ganancias.

Por eso, es de esperarse que estas regulaciones sean adoptadas por todos los servicios más importantes. Y como algunas de ellas requieren cambios en los productos actuales, es muy probable que los servicios de esas compañías en todo el mundo, y no solo en Europa, comiencen a ceñirse a esas reglas: no tiene mucho sentido que Facebook, Gmail o Twitter sean muy distintos en ese continente que en el resto del mundo. Eso se traducirá en configuraciones más claras de privacidad y, al final, en una experiencia en línea más segura.

Muchos productos deberán cambiar para acoplarse a estas reglas… y no solo en Europa

Los legisladores europeos están muy contentos con la reglamentación: “Las nuevas reglas asegurarán que el derecho fundamental a la protección de todos esté garantizado”, dijeron varios de ellos en un comunicado del Parlamento. “Los individuos deben tener poder: deben saber cuáles son sus derechos, y cómo defenderlos si sienten que no han sido respetados”, añadieron.

Pero las compañías de internet no están muy satisfechas con esta nueva reglamentación, aun cuando, como cuenta Ars Technica, “fue sometida a uno de los ‘lobbys’ más intensos que hayan experimentado los legisladores europeos, especialmente de tecnológicas estadounidenses”.

DigitalEurope, el gremio de las tecnológicas en Europa, dijo en un comunicado que las nuevas reglas “fracasan a la hora de ofrecer un balance correcto entre la protección del derecho fundamental de los europeos a la protección de datos y la posibilidad de que los negocios en Europa sean más competitivos”. De todos modos, les toca cumplirlas, y en el mismo comunicado dijeron que trabajarían para hacerlo.

Imagen: Nicolas Raymond, Angel Abril Ruiz (vía Flickr).

En mayo del año pasado, un Tribunal de Justicia de la Unión Europea le ordenó a Google permitir a los usuarios ejercer el llamado ‘derecho al olvido’. Esto quiere decir que las personas pueden presentar una solicitud a la compañía de eliminar por completo enlaces que contengan información que ellos quieren que desaparezcan de internet.

Esta vez, Google presentó un reporte en donde muestra cifras, casos en los que accedió o negó la solicitud y cuáles son los dominios en donde hay mayor número de solicitudes de derecho al olvido. Desde que esto empezó a funcionar, Google ha recibido  en total 348.085 solicitudes.

Los 10 dominios en donde piden mayor número de solicitudes son los siguientes, con el respectivo número de URL borradas. 

Dentro de los casos que Google dio está por ejemplo el de un empresario en Polonia que le pidió al buscador remover unos artículos sobre una demanda que hizo contra un periódico; Google no removió los artículos en los resultados de búsqueda. O también el de un sacerdote condenado por abuso sexual en Francia que pidió remover los artículos reportando su sentencia, allí tampoco Google accedió a borrar los resultados.

Pero del otro lado, tenemos el caso de un activista en Letonia que fue apuñalado en una protesta y le pidió a Google que removiera el link de un artículo sobre el incidente. Google quitó la página de los resultados de búsqueda con el nombre de la víctima. O, por ejemplo, el de un profesor en Alemania que pidió borrar un artículo sobre un crimen menor que cometió hace más de 10 años, allí también accedió a remover por completo el resultado que lo asocia con su nombre. 

Imágenes: antb (vía Shutterstock) y captura de pantalla. 

Cuando María Salomé Sánchez Monsalve buscaba su nombre en Google, no aparecía ni su perfil de Facebook, ni su sitio en LinkedIn, ni su Twitter. El primer resultado que aparecía era una acusación de plagio en su tesis de pregrado, publicada en un sitio llamado Plagiosos.org.

El episodio, que comenzó como un incidente pequeño, terminó dominando su vida. “Durante mucho tiempo estuve escondida y negando la cosa, porque no lo podía entender. Estaba asustada, intimidada y como perseguida”, le contó a ENTER.CO.

La persona que estaba detrás de esto comenzó enviando un correo anónimo a la Universidad Javeriana, donde ella estudió Filosofía y Letras. “Como se trataba de una acusación anónima y de oscuras intenciones, yo me opuse a responder a la acusación, porque ello conducía a reconocerla como válida”, explicó a ENTER.CO Diego Pineda, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Javeriana.

El ’troll’, entonces, envió el caso a Plagiosos, que decidió publicarlo. El objetivo del denunciante, dice ella, era bloquearla académicamente, señalarla y dañar su buen nombre profesional.

Si se lee con cuidado, Plagiosos no afirma que Maria Salomé haya cometido plagio. Voceros del sitio, contactados por ENTER.CO, aseguraron que “en ningún momento María S. Sánchez M., ni la Pontificia Universidad Javeriana, se han comunicado con el portal”. Tampoco tuvo en cuenta que, luego de un segundo correo, en el que el anónimo aseguraba que llevaría el caso ante las autoridades, la Universidad decidió revisar la tesis y “confirmó que allí no había plagio alguno”, en palabras de Pineda. La supuesta denuncia penal, que hubiera aclarado el episodio, nunca se hizo.

El caso de María Salomé siguió publicado allí, y al poco tiempo el ’trolleo’ escaló: comenzaron a aparecer comentarios en sitios de noticias y blogs, en los que la mencionaban con nombre y apellido y enlazaban al sitio. Incluso, su firma y su número de cédula de ciudadanía aparecen en las imágenes de Google cuando se busca su nombre. Esto probablemente ayudó a que la página de Plagiosos con su nombre subiera más y más en los resultados de Google. En otros buscadores, como Bing, ni siquiera aparece.

El sitio asegura que, si bien utiliza los espacios de comentarios de los medios de comunicación para promocionarse, lo hace exclusivamente con la firma de uno de sus creadores, que no coincide con la que aparece en los comentarios que acusan a María Salomé. “No tenemos conocimiento de otros comentarios, tampoco de otros blogs relacionados con ese estudio de caso ni con otros”, nos dijeron.

María Salomé duró más de un año intentando evitar el tema. La asustaba, además, que quien hacía los comentarios sabía mucho sobre su vida. Sabía que estaba haciendo su maestría en Barcelona (España) y conocía su perfil de Facebook. El miedo la llevó a desaparecer de las redes sociales, a solo mantener contacto con los pocos amigos que le quedaban en Bogotá.

“Te pueden lanzar un ácido, o algo”

Pero el tema la perseguía. Tras el final de su maestría, llegó a Colombia a buscar trabajo como profesora. Cuando aplicó para una plaza en una institución educativa, no la quisieron recibir. “La respuesta que recibí es que, debido a este tema, no te podemos contratar. No porque dudemos de ti, sino porque eres un riesgo para la comunidad académica y para los estudiantes. Porque si quieren atacarte físicamente, si quieren lanzarte un ácido o algo, no podemos poner en riesgo a la comunidad educativa por ti”, asegura que le dijeron.

Ella ignoró que la respuesta quizás encubría otra preocupación; y que quienes están detrás de esto probablemente habían logrado su cometido de desacreditarla. La impactó otra cosa: “hasta ese momento, yo no había pensado que esto pudiera trascender a la parte física”.

La lucha

Desde entonces, dejó de buscar trabajo como profesora. Decidió perder el miedo, reunir fuerza y dignidad y enfrentar la situación como lo que era: como un acoso.

Comenzó pidiéndole a Google que desindexara el sitio en el que aparecía la acusación, pero asegura que nunca recibió respuesta a las solicitudes que hizo a través del formulario estándar del buscador para esa clase de casos. Luego, entabló una queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra Plagiosos, pues consideraba que el sitio violaba el derecho a la protección de sus datos personales.

En su decisión, la SIC consideró que Plagiosos “no ha dispuesto un canal o medio para que [María Salomé] ejerza sus derechos de acceso, corrección, actualización o supresión de los datos personales divulgados” en el sitio, y ordenó su bloqueo.

Una semana después de la demanda, el texto en Plagiosos sobre María Salomé no estaba disponible en el sitio, pero se podía leer desde el caché de Google y seguía apareciendo arriba cuando se buscaba su nombre allí. Al parecer, el buscador luego lo desindexó y ya no aparece ni en el caché. De todos modos, el primer resultado de búsqueda sigue siendo uno de los comentarios en los que se le acusa de plagio.

“La ley de datos personales se queda corta” 

Lo que sigue para María Salomé es explorar la posibilidad de entablar una demanda penal por injuria y calumnia contra Plagiosos. Ella espera que, “a partir de que se haga público esto, se paren todos los comentarios que han dañado mi imagen, que han sido demasiados”. Además, espera probar que “en Colombia la ley de datos personales se queda corta, pues no existe el derecho al olvido” para casos que comprometen el buen nombre de las personas.

Al final, y aunque no sea lo más importante, también “quisiera saber quién es la persona” que le está haciendo esto. Esa pregunta aún se la hace en silencio, en las noches, cuando ya no tiene que hacerse la fuerte ni evitar que se le quiebre la voz.

Imagen: ENTER.CO, igor kisselev (vía Shutterstock).

La tutelante le pidió a El Tiempo Casa Editorial que removiera o rectificara la noticia en la que aparecía como sindicada, y el medio se negó. En el veredicto, según un comunicado de la Corte, se “consideró que no era procedente ordenar al medio de comunicación eliminar la noticia, debido a que ello afectaría de forma desproporcionada su derecho a la libertad de expresión”, pero sí creyó necesario “disponer medidas para proteger los derechos fundamentales de la tutelante”, que a juicio del tribunal, fueron vulnerados por la negativa del medio.

Google no deberá hacer nada

Ahora, El Tiempo deberá impedir que el ‘robot’ de Google y otros buscadores indexen la URL en la que está la noticia, de modo que ésta no aparezca en los resultados de búsqueda cuando se busque el nombre de la tutelante. La sentencia no le impone alguna obligación a Google o a otro buscador. Según El Espectador, la subsidiaria en Colombia del gigante de internet fue consultada por la Corte, y manifestó que los dueños de los contenidos podían excluirlos de su buscador.

La decisión de la Corte tiene una diferencia importante con respecto a la manera en la que se ha tratado el derecho al olvido en la Unión Europea. Desde el año pasado, Google está obligado a remover contenidos de sus resultados de búsqueda en esa región del mundo cuando una corte considera que lesionan los derechos de alguna persona.

¿Un fallo a medias, o novedoso?

Para el abogado Germán Realpe, experto en derecho informático, la sentencia opta por una salida fácil. “Es un desacierto decir que Google no tiene nada que ver. La empresa tiene una responsabilidad, porque almacena datos de los usuarios y tiene metadatos de esa publicación en sus bases de datos”, aseguró. Pero para Santiago La Rotta, periodista de El Espectador, el fallo “tiene profundas implicaciones para el tratamiento de internet en Colombia, pues le quita la responsabilidad a un intermediario de la red a la hora de modificar cosas como los resultados de búsqueda”.

El Tiempo Casa Editorial no se ha pronunciado hasta el momento.

Imagen: Gajus (vía Shutterstock)

Esta conducta, denominada ‘porno de venganza’, es delito en algunas partes del mundo y una total falta de respeto en todas ellas. Para frenarla, Google dio un paso inédito: este viernes, la empresa anunció que facilitará el retiro de su buscador de imágenes sexuales que hayan sido publicadas sin el consentimiento de quien aparece en ellos. 

En concreto, el buscador pondrá en línea en próximos días un formulario para facilitar el proceso de retiro de esas imágenes cuando las víctimas lo requieran. Google dice que les dará a estas fotos un trato “similar al que se le da a otra información personal altamente sensible, como los números de cuenta bancaria o las firmas que puedan aparecer en nuestros resultados de búsqueda”.

“Las imágenes de porno de venganza son intensamente personales, producen mucho daño emocional y solo sirven para degradar a las víctimas –principalmente mujeres–”, dice Google en su anuncio.  Y aunque la desaparición de esas imágenes solo es posible si los sitios que las alojan las dan de baja de la red, Google espera “que esto ayude”.

Esto es un cambio importante de actitud del buscador, que normalmente suele ser reacio a las solicitudes de eliminación de información. La implementación del derecho al olvido, que le fue exigida a Google por la Comisión Europea, ha sido tortuosa. Es más: no hay un consenso real sobre en qué casos se trata realmente de un derecho.

Esta forma de violencia sexual también ocurre en Colombia y Latinoamérica. En nuestro país se han denunciado decenas de casos similares, con el agravante de que las autoridades muy pocas veces logran entender el delito de forma apropiada y tratar a la víctima con la dignidad que merece.

Imagen: l i g h t p o e t (vía Shutterstock)

Craig Brittain era el administrador de un sitio de ‘revenge porn’ llamado Anybody Down. Allí, diferentes personas le pedían a Brittain que publicara fotos privadas de exparejas. ¿Cuál era el negocio? Para eliminar cualquier material, las víctimas debían pagar entre 200 y 500 dólares. 

Sin embargo, ahora que el sitio fue prohibido por la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), Brittain ha hecho la solicitud del famoso derecho al olvido de Google, pidiendo que la compañía elimine los resultados de búsqueda cuando la gente escribe su nombre en el buscador, pues según él, incluyen información personal, así como fotos que no están autorizadas, informó The Verge. Irónico, ¿no?

En la solicitud se puede ver algunos de los links que arroja el buscador al escribir su nombre y generalmente son artículos sobre la decisión de la FTC contra él, noticia que fue publicada en enero de este año. La FTC, además de prohibir el sitio, agregó que el comportamiento de Brittain no solo fue ilegal sino también reprobable.

A pesar de eso, Brittain dice que el cubrimiento de su caso en los medios ha sido injusto, alegando que solo 50 imágenes publicadas en el sitio eran realmente ‘revenge porn’. Según el acusado, la mayoría eran simplemente imágenes reproducidas en otros sitios web.

Quizá, ahora es un poco irónico que él sea el que esté pidiendo que borren su información personal, cuando estuvo a cargo de un sitio web que publicaba fotos privadas de extraños y además, recibía un beneficio económico por este tipo de comportamientos.

Es poco probable que Google elimine su información bajo el famoso ‘derecho al olvido’, o eso esperamos. No estaría mal un poco de sus propia medicina.

Imagen: captura de pantalla. 

Como les habíamos informado, en mayo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenó a Google permitir a los usuarios solicitar el derecho al olvido, el cual implica la supresión de enlaces del motor de búsqueda que contengan información relacionada a alguna persona que no se quiere que esté a la luz pública.

Actualmente, en Europa, Google ha atendido varias solicitudes de usuarios que quieren que sus nombres desaparezcan del buscador. No obstante, atender esta petición no es tan fáci,l porque como explicó a la BBC el Tribunal de Justicia “debe haber un equilibrio entre la vida privada del usuario y el interés público que representa esa información”.

Por esta razón, un grupo de reguladores de la privacidad de diferentes países de la Unión Europea denominado ‘Article 29 Working Party’ (WP29) creó una guía con 13 criterios para que Google y otros buscadores sepan cómo atender estas solicitudes, como informó ZDNet.

WP29 recomendó que el ‘derecho al olvido’ debe cubrir el sitio global de google.com así como el sitio específico de cada país, como google.co.uk o google.es. También, señaló que para garantizar los derechos de privacidad de los usuarios en todos los dominios .com que sean relevantes se debería aplicar el derecho al olvido.

Un representante de Google afirmó que “nosotros no hemos leído la guía elaborada por WP29, pero la estudiaremos cuidadosamente cuando esté publicada”.

Hasta el momento, Google ha recibido más de 174.000 solicitudes para retirar más de 602.000 enlaces. El Tribunal Europeo aclaró que la información de los motores de búsqueda de Google se borra si se recibe una solicitud por parte de una persona que se ve afectada por el resultado de la búsqueda y cumple con los criterios del Tribunal para eliminarla. En los casos en los que los motores de búsqueda no excluyan los links, la persona que se ve afectada puede recurrir a las cortes.

Imagen:  ENTER.CO

La ley del ‘derecho al olvidó’ que fue aprobada por el Parlamento Europeo y que permite a las personas completar un formulario en el que solicitan a Google la supresión de enlaces que contengan información privada que muchos consideran amenazante o comprometedora, es un tema complejo con el que el gigante motor de búsqueda está tratando de lidiar de la mejor manera.

En un mes y medio (tiempo que lleva la ley en vigencia) Google ha recibido más de 91.000 peticiones que solicitan la supresión definitiva de más de 328.000 enlaces.

Como señala The Verge, Google no dijo exactamente cuántas de estas solicitudes han sido completadas, pero en una carta enviada a un grupo de agencias europeas de protección de datos que solicitaron información al respecto, la compañía explicó por qué un enlace puede ser removido legalmente, por qué es considerado un enlace como irrelevante y lo que tiene que hacer para ser eliminado.

Además, en el mismo documento señaló que Francia, Alemania y el Reino Unido tienen el mayor número de solicitudes. Google no critica la práctica en este documento, a pesar de haber sentado su oposición en un artículo de opinión hecho por David Drummond, vicepresidente senior de desarrollo corporativo y director legal de Google, en varios periódicos del mundo.

En la columna, Drummond puso algunos ejemplos perjudiciales de esta nueva ley como los casos en los que políticos quieren eliminar artículos que critican sus labores durante el cargo o delincuentes peligrosos y violentos que piden que se borren artículos sobre sus crímenes.

Imagen: Google (vía Facebook).

En mayo de este año salió a la luz una noticia en la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ordenaba a Google permitir a los usuarios ejercer el llamado ‘derecho al olvido’, el cual implica la supresión de enlaces del motor de búsqueda que contengan información privada que muchos no quieren que esté a la luz pública.  

Para ello, el usuario debe enviar una petición al buscador indicando cuál es la información que desea que sea suprimida. Hasta el momento Google se había limitado a cumplir las directrices pero no había hecho un pronunciamiento oficial como el que conocimos hoy a través de Mashable.

El pronunciamiento es un artículo de opinión de David Drummond, vicepresidente senior de desarrollo corporativo y director legal de Google que fue publicado en varios de los grandes periódicos europeos como The Guardian, Frnkfurter Algemeine Zitung y El País.

Drummond empieza su nota poniendo en primer lugar lo que representa para Google el desafío de descifrar qué información deben omitir de manera deliberada de los resultados de búsqueda a raíz del fallo del Tribunal.

También hizo un repaso por las veces en las que el gigante motor de búsqueda sí suprimió información considerada ilegal “(como la difamación), contenido pirata (una vez que el titular de los derechos nos ha notificado), malware, información personal como datos bancarios, imágenes de abuso sexual infantil y otras cosas prohibidas por las leyes locales (como puede ser el material que glorifique el nazismo en Alemania)”.

Al momento de considerar qué se debe eliminar, los motores de búsqueda también deben tener en cuenta el interés público, algo que puede desembocar en análisis vagos y subjetivos. Además, el tribunal también decidió que los motores de búsqueda no tienen derecho a una excepción periodística. Es decir: “The Guardian podría tener un artículo en su sitio web acerca de una persona de manera perfectamente legal, pero nosotros podríamos no ser legalmente capaces de mostrar enlaces a dicha nota en los resultados generados al buscar el nombre de esa persona”.

Google no está de acuerdo en absoluto con el fallo, pero respeta la decisión y está trabajando por cumplirla de la forma más eficaz. Desde que se empezó a ejecutarse ya han recibido más de 70.000 peticiones de eliminación que abarcan más de 250.000 sitios web, por eso “ahora tenemos un equipo de personas revisando las aplicaciones individualmente, en la mayoría de los casos con información limitada y casi sin ningún contexto”.

Dentro de los ejemplos más críticos que destacó puso en la mesa algunos que nos sirven a todos para reflexionar si efectivamente es una buena idea ‘el derecho al olvido’. “Políticos quieren eliminar artículos que critican sus labores durante el cargo; delincuentes peligrosos y violentos piden que se borren artículos sobre sus crímenes; malas críticas a profesionales como arquitectos y maestros; comentarios que las propias personas han escrito sobre ellas mismas (y de los que ahora se arrepienten). En cada caso, alguien quiere ocultar información, mientras que otros pueden argumentar que debiera ser pública”, fue algunos de los ejemplos que puso Drummond ¿Cómo manejar los juicios de valor en estos casos?

Al final de la columna, Google informó que ha creado un consejo de expertos: “Estos expertos externos del mundo de la academia, los medios de comunicación, la protección de datos, la sociedad civil y el sector tecnológico se desempeñan como asesores independientes para Google. El consejo solicitará evidencia y recomendaciones de diferentes grupos, y celebrará reuniones públicas en otoño a lo largo de Europa para examinar estos temas con mayor profundidad.”.

Como ven, es un tema bastante complicado que merece un amplio debate y tal como señala Drummond, ningún motor de búsqueda puede tener una respuesta instantánea o perfecta.

Imagen: Carlos Luna (vía Flickr).