Si todo sale como el Gobierno lo espera, los colombianos viviremos en unos años en una realidad parecida a la de Minority Report, la película de Tom Cruise que retrata una ciudad en la que la policía puede predecir quién va a cometer un crimen.

No porque vayamos a tener ‘videntes’ con poderes extraños, sino porque el Estado comenzará a apropiarse de big data, una tecnología que le permitirá comenzar a entender mejor los problemas y predecir los eventos.

El Departamento Nacional de Planeación está preparando una política pública de big data y espera publicarla a final de año en un documento Conpes. Esa política busca que todas las entidades del Estado del orden nacional –es decir, ministerios, superintendencias, departamentos administrativos, la Rama Judicial y el Congreso– comiencen a capturar, almacenar, procesar y visualizar datos.

Hoy ya existe una política de datos abiertos u open data, pero hay una diferencia clave: mientras que open data solo permite analizar y publicar datos estructurados –es decir, organizados en una base de datos, con un formato claro–, big data también incluye datos no estructurados. “Cosas como Twitter, Facebook, Google, medios digitales, videos, audio”, explicó a ENTER.CO Iván Mantilla, subdirector de TIC del Departamento de Planeación Nacional (DNP).

“Lo que no estamos haciendo todavía en el Estado es coger toda esta ‘data’, la que está abierta y estructurada, y la que no está estructurada, y usarla para comprender las cosas de una mejor manera”, añadió. En concreto, la idea es que el Estado tenga reglas claras para capturar, almacenar, procesen y visualicen una gran cantidad de datos.

¿Para qué hacer esto? “Para lograr que las políticas públicas sean más eficientes y optimizar los recursos públicos”, asegura Mantilla. La esperanza es que, de esta manera, las instituciones tengan mejores herramientas de análisis y puedan tomar mejores decisiones.

De hecho, ya se comenzaron a llevar a cabo las primeras acciones de esta política. En marzo pasado, el Ministerio de TIC y Colciencias pusieron en marcha un Centro de Excelencia y Apropiación de Big Data, con el que esperan comenzar a crear un ecosistema de academia, empresas y Estado alrededor de esa tecnología.

Como explicó Hugo Sin Triana, líder de la iniciativa de investigación, desarrollo e innovación del Ministerio TIC, un objetivo del centro es que el sector público pueda aprovechar la tecnología.“Parte de las acciones del centro están orientadas hacia el Estado”, aseguró.

Con el centro se busca impactar a varios sectores de la economía. “Big Data es una de las áreas en las que realmente vamos a tener oportunidades. Está todo por hacer. Si no aprovecha uno en este momento y espera dos años, la ventana de oportunidad se habrá cerrado significativamente”.

Una de las acciones del Centro es financiar la formación de posgrado de expertos en ‘big data’. Mantilla espera que de allí salgan los profesionales que, en el futuro, se encargarán de ejecutar la política pública.

El debate sobre los límites

¿Qué se le puede objetar a una herramienta con la que el Estado espera hacer mejor su trabajo? Que puede ser usada para fines perversos. Muchas voces han expresado alarma frente a la posibilidad de que el Gobierno pueda tener datos de todas las interacciones que tenemos los ciudadanos con él. Y, sobre todo, de que pueda relacionarlos fácilmente entre sí y hacer predicciones sobre lo que las personas haremos en el futuro.

“El algoritmo de análisis no ha sido suficientemente probado. Se sabe que, en otros países, el resultado de los ejercicios de big data ha sido discriminatorio para las personas”, asegura Juan Diego Castañeda, de la Fundación Karisma, que hace activismo a favor de los derechos humanos en internet.

¿Es legítimo quitarle a alguien una opción de trabajar con el Estado si se puede predecir que se va a enfermar pronto, o que va a tener problemas con la policía, o que va a cambiar de empleos más rápido que el promedio? Como el mismo Mantilla admite, así la ‘data’ capturada no incluya información sobre la identidad de los ciudadanos, “hay mecanismos, algoritmos y procedimientos que permiten desanonimizar los datos”.

La cuestión que se va a debatir en los próximos meses es esta: ¿cuáles van a ser los límites del big data para el Estado? “Hay unos usos que se van a prohibir, por supuesto”, dice el funcionario. Por ejemplo, según nos dijo, no se podrán usar los datos para discriminar a las personas, ni para violar las leyes relacionadas con la privacidad de los ciudadanos, como el secreto profesional o el habeas data.

Otra cuestión que surge tiene que ver con las consecuencias políticas de usar esta herramienta. Si recuerdan, la gran diferencia entre big data y open data es la posibilidad de analizar datos no estructurados. Es decir: publicaciones en redes sociales y contenidos digitales en general, los cuales cada vez son más relevantes en el debate público. “¿Cómo va a ser usado big data en momentos en los que los ciudadanos vayan a tomar decisiones políticas?”, pregunta Castañeda. “Esa herramienta puede ser usada para controlar y predecir el comportamiento de la gente”, asegura.

Mantilla, por su parte, no comparte esa visión pesimista. “Es un tema de democracia en tiempo real. El Estado va a poder tener cuenta la opinión de la ciudadanía sin que la ciudadanía tenga que, directamente, decirle qué quiere y qué no quiere”.

Para el funcionario, lo normal es que la gente de todos modos publique sus opiniones de forma desprevenida. “Si usted no quiere que yo, como Estado, sepa su opinión, pues no tuitee sus opiniones”.

También hay dudas sobre cómo se va a regular el uso de esta herramienta, y si va a haber alguna supervisión o un contrapeso que pueda mitigar el riesgo de que se cometan excesos. “No tenemos una autoridad de datos en el sector público. No hay quien vele por que el tratamiento de datos que hace el Estado sea el adecuado”, asegura Castañeda.

Mantilla admite que, como la política está en construcción, no todos sus elementos están claros, y sobre este punto no nos compartió detalles específicos. Además, el DNP planea crear mesas de trabajo para discutir la política pública en los próximos meses, y ese será el espacio para que la sociedad civil exponga sus dudas.

De todos modos, el Gobierno está determinado a que esta política salga adelante. Al menos, Mantilla tiene clara su posición: “solo porque hay unos riesgos, ¿vamos a alejar el país de los beneficios que puede obtener?”.

Imagen: KamiPhuc (vía Flickr). 

El Estado colombiano acaba de comprometerse a llevar a cabo nuevas acciones para mejorar la seguridad en entornos digitales. Este miércoles, en una rueda de prensa en Bogotá, los ministerios de las TIC y de Defensa y el Departamento de Planeación Nacional presentaron el Documento Conpes 3854, que delinea la Política Nacional de Seguridad Digital.

Básicamente, el documento es una lista de acciones y políticas que las entidades del Estado estarán obligadas a llevar a cabo en los siguientes cuatro años para mejorar la seguridad en entornos digitales. Este documento reemplaza al Documento Conpes 3701 de 2011, que fijó la política de ciberseguridad hasta 2015 y creó una especie de línea de respuesta frente a las situaciones de riesgo de seguridad informática, la cual estaba a cargo del Ejército y la Policía. La principal novedad del nuevo Documento es que obliga a todas las entidades del Estado y todos actores los involucrados a comenzar a prevenir y mitigar los riesgos infomáticos.

“Esto es una cadena, y no podemos tener un eslabón más débil que los demás”, aseguró la viceministra de tecnologías de la información, María Isabel Mejía. Por eso, el Ministerio TIC tiene la tarea de hacer una guía para que todas las entidades del Estado sepan identificar, clasificar y gestionar su riesgo informático.

Además, parte de la nueva estrategia consiste en crear campañas y contenidos para concienciar a los ciudadanos acerca de los riesgos informáticos y la forma adecuada de prevenirlos. También, se deberán crear centros de respuesta rápida a crímenes digitales sectoriales regionales, que vendrán a complementar la labor del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas (Colcert), la cual ya funciona.

El documento también contempla un aumento de las capacidades técnicas de ciberdefensa y una estrategia de protección de la infraestructura crítica, como el sistema energético o el financiero, que corren riesgos informáticos que podrían causar problemas serios en su operación. Ese sector estaría a cargo del Ministerio de Defensa.

La nueva política pública es producto de jornadas de construcción en las que participaron, además del Gobierno, el sector público, organizaciones civiles y ciudadanos. Según los voceros del gobierno, el Documento contempla la protección a la privacidad y los derechos humanos, y la garantía del flujo libre de información. “Los comentarios de la sociedad civil estaban muy alineados con las instituciones internacionales, que decían que se debía incluir ese enfoque”, dijo Mejía. “Esos debates se están dando en todo el mundo, se deben dar entre todas las partes interesadas”, añadió.

El DNP estima que este nuevo plan requerirá de una inversión de aproximadamente 85.000 millones de pesos entre 2016 y 2019, y contempla acciones de parte de todos los ministerios. El documento estará pronto disponible para descarga en la página del DNP.

Imagen: montaje ENTER.CO.