“El proyecto de ley de régimen sancionatorio del Ministerio de Transporte confunde la innovación con una amenaza y traslada a la fuerza pública un debate que debería darse en el marco del diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía y la movilidad en Colombia”, menciona el comunicado compartido por la compañía.

En el documento, la empresa le recuerda al Gobierno que Uber y las otras plataformas digitales no son nuevas; llevan años en el país siendo una solución para los problemas de transporte en diferentes regiones. “Convertir esas decisiones cotidianas en un asunto penal no es el camino para Colombia, ni refleja el país moderno, libre y práctico que los ciudadanos construyen todos los días”.

El verdadero riesgo público es para los conductores

Uno de los puntos que más escozor ha causado en la propuesta para prohibir Uber en Colombia es la definición de estos servicios como un riesgo público, denominación que se utiliza para instar a la policía a perseguir a conductores y usuarios. La lógica del proyecto sostiene que, al no estar regulado, el uso de vehículos particulares supone peligros para diversos actores.

“Criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie”, responde Uber, asegurando que el único riesgo real recae sobre la seguridad y estabilidad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores de motos y vehículos. Este punto es vital, pues según cifras de Alianza In, en Colombia existen 1.283.577 cuentas de conductores que generan ingresos a través de plataformas y 21.566.073 cuentas de usuarios que las utilizan como alternativa.

“Esperamos que el Gobierno Nacional retire este proyecto, escuche a todos los actores involucrados y, sobre todo, que no ponga en riesgo la estabilidad de millones de personas que saben que utilizar la tecnología no es un delito. Los colombianos ya eligieron cómo moverse”, aseguró Camilo Segura, gerente de Comunicaciones de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

¿Qué propone el proyecto de ley del Gobierno para prohibir Uber en Colombia?

En la mañana de este lunes, Alianza In denunció el proyecto que pretende prohibir actividades de transporte en vehículos particulares. Bajo una fachada de supervisión, la propuesta eliminaría la indefinición regulatoria en la que operan estas aplicaciones, cerrando la puerta a la economía colaborativa en el país.

El impacto para los ciudadanos sería drástico, estableciendo sanciones económicas diseñadas para asfixiar el ecosistema digital. El proyecto faculta a las autoridades para realizar la inmovilización de vehículos hasta por 120 días y contempla multas de hasta $4,7 millones de pesos por cada viaje. Lo más alarmante es que la normativa ordena a la fuerza pública priorizar su prohibición como si se tratara de una amenaza a la seguridad nacional.

La ofensiva regulatoria llega incluso a la propiedad privada, involucrando a los administradores de edificios. El proyecto de ley propone multas de hasta $726 millones de pesos para conjuntos residenciales o locales que faciliten el estacionamiento o la oferta de estos servicios. Mientras el mundo avanza, esta propuesta parece decidida a retroceder el reloj, criminalizando a las plataformas y a todo su entorno de funcionamiento.

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De acuerdo al documento que ordena la liquidación, compartido por El Tiempo, se advierte que se prohíbe toda actividad en el país. El proceso también requiere de la venta de todos los bienes de la compañía para cumplir con el pago de deudas pendientes.

Ni el documento ni el comunicado emitido por la Supersociedades aclara la razón por la que Picap desaparecerá. Dicho esto, al igual que otros servicios de transporte no regulados, la aplicación se encontraba en medio de una tormenta que ya anunciaba su desaparición. De hecho, tenía el precedente de una demanda por parte del gobierno, además de una solicitud previa de liquidación por parte de la Superintendencia de Transporte a través de la Resolución 15457 de diciembre 20 de 2019.

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En este documento, entre otras cosas, se acusó a la aplicación de “poner en riesgo la seguridad y salud de los usuarios de transporte”. La justificación era que Picap no contaba con la habilitación del Ministerio de Transporte o con las disposiciones legales. También se argumentó que los vehículos utilizados no “son aptos para el transporte público”. De hecho, la entidad resaltó que CAP Technologies S.A.S no garantizaba el estado óptimo de los vehículos utilizados ya que solo solicitaban a sus conductores contar con el SOAT y revisión tecnomecanica.

El documento antes mencionado también solicitaba el proceso de liquidación de la empresa detrás de Picap al detectar una situación crítica de orden contable, que se traducía en incapacidad para cubrir sus gastos a corto plazo, así como hacer frente a sus deudas.

Dentro del proceso fue designado como liquidador el abogado César Laureano Negret Mosquera y tiene como finalidad la liquidación pronta y ordenada de los activos para el pago de los pasivos, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.

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De manera sencilla, Uber regresó, pero no de la manera en la que estaba funcionando antes. La compañía parece haber encontrado un ‘vacío legal’ que le permite operar dentro de la normativa actual, a través de la cuál su labor es la de conectar a dos partes (usuario y conductor). Cabe resaltar que la compañía aclara que este modelo es temporal, con el objetivo de reducir los daños ocasionados por las medidas adoptadas por la SIC.

“Los obstáculos en el camino nos motivan a replantear las cosas, a pensar diferente, a buscar nuevas alternativas. Esto fue justamente lo que comenzamos a hacer desde que supimos que teníamos que irnos de Colombia el pasado diciembre”, lee el comunicado que la empresa publicó esta mañana en su blog.

¿Cómo funciona Uber en su regreso a Colombia?

En el nuevo modelo de Uber, el usuario está ‘alquilando’ el carro y conductor. Lo primero que impone este cambio es que cada vez que el usuario decida tomar un vehículo deberá firmar un contrato que ampare que no está tomando un servicio de transporte, sino alquilando el vehículo y la persona que provee el servicio.

En palabras de Uber, el contrato “sirve para que tú como arrendatario asegures que deseas alquilar un carro con conductor por un periodo de tiempo, haciendo uso de la tecnología que como portal de contacto aportamos. Es una formalidad entre ambas partes. Todos los contratos se terminan cuando llegas al destino elegido. Si quieres volver a alquilar otro carro, se genera otro contrato y listo”.

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Junto con los cambios del modelo, Uber presentó también nuevos productos que se adaptan a esta idea de ‘alquilar’. De manera sencilla, los tipos de alquiler permiten decidir si se renta el carro y conductor por horas, o qué tipo de vehículo será el que se utilizará.

“El modelo de negocio de Uber siempre ha sido legal, muestra de esto es que ha pagado más de 70 mil millones de pesos en impuestos. Estos cambios son legales también, como portal de contacto para las dos partes que alquilan un carro con conductor”.

Noticia en desarrollo

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Quizás respondiendo a estos ecos, ayer el Gobierno Nacional anunció una propuesta para regular las plataformas como Uber. El proyecto de ley fue anunciado por la ministra de Transporte Ángela María Orozco y el Consejero Económico y de Transformación Digital, Victor Muñoz. En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una iniciativa, por lo que su aplicación debe pasar una serie de filtros, el primero es un debate en la  Comisión VI de Cámara de Representantes.

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¿Qué es lo que propone este proyecto de Ley? Para las plataformas mayores controles y para los taxistas una modificación del sistema que ‘equilibre’ la balanza.

¿Se trata de una nueva ley?

No. Lo que la iniciativa propone es una modificación a la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 del 2002. Estas establecen las normas del transporte público en Colombia. La modificación pretende hacer un ingreso a las plataformas, de forma que se cree una categoría para este tipo de servicios bajo el nombre de ‘transporte privado mediado por plataforma’.

¿Qué exige a las plataformas?

Para las plataformas de transporte, la exigencia principal es un pago (adicional) de impuestos en Colombia. Empresas como Uber han argumentado que este tipo de aportes ya se estaba realizando, por lo que se asume que la recaudación que se les pedirá a las empresas será diferente bajo la nueva categoría que se creará con la modificación.

El segundo cambio tiene efecto inmediato en los conductores, pues es la exigencia de seguros similares a los que tienen los taxistas. En este caso, supone la imposición de una tarjeta de operación anual (el documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa), que tiene un costo cercano al millón de pesos.

¿Qué se les pide a los Taxistas?

El principal cambio que traería la modificación sería la eliminación de la regulación de cupos. En su remplazo, se propone crear un fondo que estaría sostenido en el 1% de la facturación de las plataformas. También modificaría el sistema de los taxímetros, permitiendo a los taxis manejar una tarifa dinámica. De acuerdo a los expositores, esto incentivaría que los taxistas acojan nuevas tecnologías.

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El anuncio se presenta un día después de que se diera a conocer una notificación en la que Uber informa su intención de demandar a Colombia por violar el tratado de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos. La argumentación de la compañía está en que Uber Colombia es una subsidiara de la empresa que está establecida de manera legal en los Estados Unidos, por lo que la decisión de la entidad tiene un carácter que afecta los parámetros de este acuerdo. A esto se suma la acusación de que la decisión emitida por la entidad fue emitida en circunstancias cuestionables.

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“En contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República. Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los  intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”, lee el documento presentado por Uber.

También está en proceso una apelación por parte de Uber, que tiene pendiente su resolución por segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la plataforma informó a sus usuarios de la fecha límite para su funcionamiento. En un comunicado expandió la información, aclarando que servicios como Uber Eats no verán afectados su funcionamiento.

😢Adiós… ojalá hasta pronto. #UnaSolucionParaUberYa pic.twitter.com/rQPbjdWZR9

— Uber Colombia (@Uber_Col) January 10, 2020

“Uber respeta la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. Sin embargo, decisiones como esta, responden también a la ausencia de una reglamentación del servicio de movilidad colaborativa a través de plataformas tecnológicas en Colombia”, agregó la tecnológica en su comunicado.

Imágenes: Uber

La pelea de Uber no termina. Hoy se reveló, a través de un documento publicado por la W, que la empresa envío una notificación al Estado Colombiano sobre su intención de adelantar un pleito. La compañía argumenta que la decisión de bloquear la aplicación y solicitar a los operadores el impedir su uso es una violación al Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia tiene con los Estados Unidos.

La argumentación de la compañía está en que se trata de una empresa que se encuentra establecida bajo las leyes de los Estados Unidos. Así, sus inversiones en nuestro país y Uber Colombia es una subsidiaria de Uber. Por lo tanto, la empresa es un inversor que se encuentra protegido por los Estados Unidos y el tratado.

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El documento también explica como la orden de la SIC fue emitida bajo circunstancias cuestionables. El documento afirma que la citación fue publicada el último día del calendario judicial en Colombia con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en apelación. Según la compañía, debido a que la orden tuvo efecto inmediato, ha frustrado sustancialmente las operaciones comerciales de la empresa en Colombia. Además, en un aparente esfuerzo concertado contra la aplicaciín, la orden del SIC fue precedida por una que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos minutos antes, sin siquiera brindarle la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción.

“En contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República. Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los  intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”, lee el documento presentado por Uber.

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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el viernes 20 de diciembre, durante una audiencia, la orden de “el cese de la prestación de servicio de Uber”. La decisión tiene como argumento que, de acuerdo con la entidad, la plataforma incurrió en competencia desleal.

La orden de la SIC tiene efecto de cumplimiento inmediato, pero procede el recurso de apelación ante la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

La decisión viene acompañada de una multa que se impuso el miércoles 18 de diciembre a  Uber por 414.058.000 pesos (o 500 salarios mínimos legales vigentes). Es una sanción radical, considerando que es la máxima multa a una empresa por la facilitación y promoción de servicios de transporte no autorizados en el país. Es una lucha que la plataforma perdió cuando, por ejemplo, en los últimos meses se le ordenó el desmonte de vallas publicitarias en algunas de las ciudades más importantes de Colombia.

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Se trata de un conflicto que ha escalado, en parte por la decisión de la plataforma de no cesar sus actividades frente a las solicitudes repetidas de diferentes entidades del Estado. Ya en 2015 y 2017 la Supertransporte había impuesto sanciones a Uber por la prestación de servicios ilegales.

En 2017, según la SIC, Uber obstruyó una visita que se realizó en octubre. Según la entidad, a los empleados se les instruyó para no entregar información del negocio o acceso a hardware (como computadores). El resultado en su momento fue una multa por 2.130 millones a Uber y tres personas naturales. Sobre esta acusación, la plataforma afirmó que no recibió notificación de la decisión de primera instancia adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El 6 de diciembre de este año, la SIC solicitó explicaciones a Uber por el incumplimiento de una orden que esta entidad había emitido para que cesara la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados. Las acciones más recientes parecen ser la respuesta a la negativa del servicio de acatar con las órdenes de la entidad.

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Hablar de Uber ya no es hacer referencia a un simple servicio digital o a una de las empresas más destacadas de la era digital. Hablamos de un gigante económico que ha ingresado en nuevos negocios y que hace presencia en diferentes países con servicios que van más allá del transporte de pasajeros. Sin embargo, así como ha crecido su relevancia también han aumentado sus problemas. 2017 será recordado como un año en el que Uber tuvo que librar múltiples batallas, muchas de ellas con un saldo negativo.

Este año, solo por citar algunos ejemplos, la compañía enfrentó reveses en tribunales judiciales, se vio afectada por demandas de parte de sus usuarios, fue víctima de robo de datos y perdió dinero como nunca en su historia.

Los hechos que marcaron el mal año de Uber

Las denuncias de usuarios de Uber en diferentes lugares del mundo fueron una constante durante el año. Casos de robo e intentos de violación fueron algunos de los más repetidos. SI bien la compañía siempre actuó en defensa de sus usuarios, dada la cantidad de conductores que usan la aplicación y el poco control que la empresa puede ejercer sobre ellos, es difícil que Uber pueda hacer frente a este tipo de problemas. Otra de las demandas que tuvo que enfrentar la empresa fue la de Waymoo (empresa de Google), que le acusa de robar información relacionada con conducción autónoma.  

Recientemente, la justicia europea falló en contra de Uber. Según su decisión, Uber es, de forma oficial, una empresa de transporte y no una plataforma tecnológica. Esto significa que la plataforma debe estar sometida a los mismos requisitos y exigencias de cualquier compañía de taxis.

Por otra parte, durante el año se conoció que Uber fue víctima de un robo datos que afectó a unos 57 millones de clientes, incluidos usuarios y conductores. Más allá del ‘hackeo’, el escándalo estalló luego de que se conociera que, en vez de dar aviso a las autoridades, Uber pagó 100.000 dólares a los atacantes para deshacerse de los datos a fin de mantener el robo de datos en secreto.

Además, recientemente se conocieron los estados financieros de la compañía. Medios internacionales como Arstechnica reportaron que Uber perdió 1.500 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, un periodo en el que la empresa estuvo por un largo periodo sin CEO tras la renuncia de Travis Kalanick, quien es también uno de sus fundadores.

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El concurso se cerrará el próximo viernes 5 de enero de 2018 a las 11:59 p.m. Hasta esa fecha tendrás plazo para votar por tu ganador. Todo formulario que sea diligenciado después de la fecha no será tenido en cuenta para entregar el premio, así que no te quedes por fuera y participa.

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