En plena pandemia, mientras los hogares colombianos intentaban adaptarse a la nueva rutina del encierro, otro virus más silencioso y no menos destructivo se colaba por las pantallas. Se llama grooming y, aunque muchos aún no lo reconocen, ya lleva años viviendo entre nosotros. Es una forma de acoso sexual ejercido por adultos hacia niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales. Un depredador, un menor y un dispositivo conectado a internet: esa es la escena del crimen.

Pero este no es un delito cualquiera. Es uno que no se nombra con claridad en nuestras leyes. En Colombia, el grooming no está tipificado como tal. Esto significa que no se puede perseguir ni juzgar directamente. La Fiscalía debe encajarlo a la fuerza en otros delitos, como pornografía infantil o actos sexuales abusivos, lo que distorsiona las cifras, dificulta su prevención y deja vacíos judiciales que los agresores aprovechan con impunidad.

La tecnología ha sido el gran catalizador del grooming. Plataformas de mensajería instantánea, videojuegos en línea, redes sociales y aplicaciones de streaming permiten a los agresores acercarse a sus víctimas con facilidad, ocultando su identidad y ganándose su confianza. El anonimato digital, la falta de supervisión parental y la escasa alfabetización digital de muchos menores crean el entorno perfecto para que este crimen prospere.

Durante nuestra investigación exploratoria y documental en el Politécnico Grancolombiano, encontramos un patrón alarmante: el Estado colombiano ha mostrado una actitud pasiva frente a esta amenaza. Sí, el país ratificó el Convenio de Budapest en 2018, que establece lineamientos internacionales contra los crímenes digitales. Pero una firma no basta si no se transforma en ley concreta. Mientras tanto, los niños siguen expuestos en plataformas donde la pedagogía es débil, la vigilancia es casi inexistente y la tecnología, en lugar de proteger, se convierte en cómplice involuntaria.

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El aislamiento forzó a nuestros menores a migrar al universo virtual sin acompañamiento suficiente. Las familias, agobiadas por la supervivencia económica, bajaron la guardia. Y los depredadores digitales, astutos y pacientes, supieron esperar su momento. Lo más grave es que no hay una estrategia clara para enfrentar el fenómeno. Las campañas preventivas son aisladas, poco difundidas y sin enfoque territorial.

La tecnología, sin embargo, también puede ser parte de la solución. Existen herramientas de inteligencia artificial capaces de detectar patrones sospechosos en conversaciones digitales. Plataformas como TikTok, Instagram o Discord podrían implementar algoritmos más robustos para identificar interacciones inapropiadas entre adultos y menores. Las soluciones de control parental, los sistemas de monitoreo de actividad en línea y las aplicaciones de denuncia anónima deben ser promovidas y accesibles para todas las familias, no solo para quienes pueden pagarlas.

Además, urge una política pública que promueva la alfabetización digital crítica desde la infancia. No basta con enseñar a usar un dispositivo, hay que enseñar a identificar riesgos, a proteger la privacidad, a decir “no” en entornos virtuales. La formación debe incluir a padres, docentes y cuidadores, quienes muchas veces desconocen las dinámicas de las plataformas que sus hijos usan a diario.

También es necesario que las empresas tecnológicas asuman su cuota de responsabilidad. No pueden seguir siendo simples intermediarios. Deben invertir en mecanismos de verificación de edad, en moderación de contenido y en canales de denuncia eficaces. La autorregulación no basta: se requiere una legislación que obligue a estas plataformas a actuar con diligencia frente a los riesgos que sus entornos generan.

El grooming no es ficción, no es un término técnico para académicos. Es un crimen que ya habita en nuestras casas, disfrazado de amistad, videojuegos o redes sociales. Y mientras sigamos llamándolo con rodeos, seguirá creciendo en silencio. La tecnología no es el enemigo, pero sí es el campo de batalla.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

Ya desde el año 2018, la Organización de Naciones Unidas emitió un manual que trata sobre la violencia de género en línea contra mujeres y niñas. En este mismo documento, la ONU definió este delito como “actos de violencia por razones de género que son cometidos, instigados o agravados, en parte o en su totalidad, por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), como teléfonos móviles, internet, plataformas de redes sociales y correo electrónico”.

Hasta ahora la clasificación de este delito en el ámbito legal colombiano no está del todo claro. El fallo de la Corte se fundamenta en el caso de una mujer llamada Luz, quien tuvo que interponer una tutela por vulneración de sus derechos como el buen nombre, honra, intimidad, desarrollo de la personalidad, integridad física, entre otros.

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Se espera que con este llamado de la Corte Constitucional se ejecute una regulación que abarque actos como el ciberacoso y la obtención de datos personales. Incluyendo casos como la difusión no consentida de la identidad de género o preferencia sexual, la creación de falsos perfiles y los fotomontajes (deep fakes) y temas de extorsión digital. Para que de esta manera las denuncias de las víctimas tengan un protocolo de actuación que sea claro.

De hecho, en medio de una entrevista en Blu Radio, la abogada experta en derecho constitucional, Luisa Fernanda García, se refirió a este delito. Explicó que la penalización de estas acciones debería ser la última instancia, consideró que deben fortalecerse las medidas, estas situaciones y que lo prevengan. Para ello, apuntó a la concientización de los jóvenes porque son los que más son propensos a cometer estos actos.

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