El Consejo de Estado, como máximo tribunal de lo contencioso administrativo, solo puede revisar el decreto del salario mínimo cuando un ciudadano presenta una demanda de nulidad. A diferencia de los decretos de estados de excepción, que examina de oficio la Corte Constitucional, este control se activa únicamente mediante una acción judicial formal.

La facultad del presidente para fijar el salario mínimo no es discrecional. La ley exige evaluar variables como inflación, productividad, crecimiento económico y contribución salarial al ingreso nacional. Si el decreto no explica de manera suficiente cómo influyen esos factores en la cifra final, puede ser cuestionado por falta de motivación técnica.

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Una vez admitida la demanda, el expediente se asigna a una de las secciones del Consejo de Estado. Por tratarse de un asunto laboral, el caso suele ser estudiado por la Sección Segunda, aunque la decisión depende de los argumentos incluidos en la demanda. Durante el trámite, el tribunal puede decretar medidas cautelares, como la suspensión provisional del acto.

El antecedente que explica cómo puede anularse un decreto

Existe un antecedente clave que ayuda a entender este control. En 2017, el Consejo de Estado anuló el decreto que fijó el salario mínimo de 2016, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos. En ese caso, el tribunal concluyó que el Ejecutivo se limitó a mencionar variables macroeconómicas sin explicar su incidencia real en el aumento aprobado.

La productividad fue citada como criterio, pero no se justificó qué peso concreto tuvo en el cálculo del salario, pese a existir diferencias entre las estimaciones oficiales y las de los sindicatos. Tampoco se explicó de qué manera la participación de los salarios en el ingreso nacional influyó en la decisión final.

La inflación también fue objeto de reparos. El decreto tuvo en cuenta el índice de precios de once meses del año y una meta proyectada, pero no detalló cómo esos datos se reflejaron en el valor del salario mínimo. Para el Consejo de Estado, esa falta de explicación debilitó la motivación del acto administrativo.

En su sentencia, el alto tribunal advirtió que la parte considerativa del decreto se limitó a describir el fracaso de la concertación, sin cumplir su función principal: justificar técnica y claramente la decisión adoptada. Recordó que todo acto administrativo debe contener una motivación comprensible y una parte resolutiva coherente.

Mientras se adelanta cualquier eventual proceso contra el decreto vigente, el aumento del salario mínimo continúa aplicándose. No hay decisiones automáticas ni inmediatas. El resultado dependerá del contenido del acto, de su motivación técnica y del examen jurídico que realice el Consejo de Estado una vez se presente una demanda.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT

Ahora, en lugar de esperar a que las empresas paguen la retención en la fuente al final del año fiscal, se les retiene un porcentaje de sus ingresos en el momento en que los reciben. Esto asegura un flujo constante de recursos para el Gobierno y facilita el cumplimiento tributario.

Principales cambios introducidos por el Decreto 0572 de 2025

• Aumento en las tarifas de retención y autorretención: las nuevas tarifas varían según la actividad económica, con incrementos de hasta el 4,5% para sectores como gas, oro, energía eléctrica y plantas de tratamiento de agua. Por ejemplo, las actividades inmobiliarias clasificadas bajo el código CIIU 6820 vieron un aumento en su tarifa de autorretención del 1,1% al 3,5%.

• Reducción de las bases mínimas para aplicar retención: a partir del 1 de junio de 2025, se deben practicar retenciones en la fuente por pagos de servicios iguales o superiores a 2 UVT (aproximadamente $100.000) y por compras iguales o superiores a 10 UVT (aproximadamente $498.000).

• Ampliación del universo de sujetos a retención: Al reducir las bases mínimas, más operaciones están sujetas a retención, afectando especialmente a pequeños empresarios, emprendedores y personas naturales .

Impacto en las empresas

Estos cambios tienen implicaciones significativas para las empresas, más allá del simple ajuste porcentual en las retenciones. Uno de los efectos más inmediatos se relaciona con el flujo de caja. Al incrementarse las tarifas de retención y autorretención, las compañías se ven obligadas a destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago anticipado de impuestos. Esto puede afectar directamente su liquidez, llevándolas a tomar decisiones difíciles como reducir costos, postergar inversiones o incluso buscar financiamiento adicional para mantenerse operativas.

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Otro impacto importante del decreto expedido por el presidente Petro, recae sobre la carga administrativa. Las empresas deben actualizar sus sistemas contables y de facturación para ajustarse a las nuevas tarifas y a las bases de retención establecidas por el Decreto 0572. Este proceso no solo implica modificaciones técnicas, sino también la capacitación del personal, auditorías internas y, en muchos casos, la contratación de asesoría tributaria especializada. Todo ello representa una inversión de tiempo y recursos que puede ser especialmente retadora para pequeñas y medianas empresas.

Además, será necesario revisar con lupa los contratos vigentes y las operaciones comerciales. Las nuevas tarifas pueden alterar la rentabilidad de ciertos acuerdos, sobre todo en sectores donde los márgenes ya son reducidos. Ajustar los términos contractuales, renegociar condiciones o evaluar la continuidad de algunas líneas de negocio se vuelve indispensable para adaptarse sin incurrir en pérdidas o en posibles incumplimientos fiscales.

La medida ha sido criticada por diversos sectores empresariales y políticos, quienes la consideran una “reforma tributaria encubierta” que afecta la competitividad y sostenibilidad de las empresas. La senadora María Fernanda Cabal anunció que demandará el decreto, argumentando que “expropia a los empresarios de este país” .

En todo caso, el decreto expedido por el presidente Gustavo Petro, por ahora, está vigente. Desde Enter recomendamos a los empresarios: 

• Consultar con asesores tributarios: para entender el impacto específico en su empresa y planificar adecuadamente.

• Revisar y ajustar presupuestos: considerando el aumento en los pagos anticipados de impuestos.

• Monitorear actualizaciones legales: estar atentos a posibles cambios o aclaraciones sobre la implementación del decreto.

Imagen: Dimitri Karastelev