El Congreso de la República aprobó el artículo 71 que sostiene que: …las entidades estatales que conforman las ramas del poder público y todas las personas jurídicas de naturaleza privada, deberán dar acceso y suministrar toda aquella información que pueda ser empleada para facilitar el acceso a productos y servicios financieros…”.

La aprobación de este artículo permitirá que las entidades compartan la información de los usuarios, siempre y cuando, estos hayan autorizado el traspaso de los datos. Entonces, el artículo no solo facilita la vida de las entidades financieras, sino la de los usuarios, pues va de la mano con el artículo 75 que también fue aprobado hoy.

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Artículo 75 sostiene que: “El consumidor financiero tendrá derecho a solicitar el traslado de los productos financieros que tenga en una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia a otra junto con la información general y transaccional asociada a los mismos.” En algunas ocasiones, cuando queremos tener productos y servicios de distintas entidades financieras, debemos repetir la misma información una y otra vez.

Ahora, los consumidores financieros podrán solicitar el traslado de productos entre entidades y estas están en la obligación de pasar la información necesaria del usuario a la entidad que requiera. La probación de ambos artículos pretende dar un paso más hacia las finanzas abiertas.

Gabriel Santos, CEO de Colombia Fintech se pronunció a través de la cuenta oficial en Twitter, donde anunció la aprobación de los artículos y lo que esto significa para el país. “Esto va a significar innovación mucho más barata, pero, sobre todo, una oferta muchísimo más competida que va a permitir a los usuarios tener créditos y servicios financieros mucho más económicos”.

Los artículos 71 y 75 del PND ya lograron pasar su primer debate sin ninguna modificación a como logramos incluirlos en la ponencia.

Lo clave de estos artículos es que logran que el Open Finance sea obligatorio para todos los actores financieros del país.@GabrielSantosCD pic.twitter.com/DvtRn4o5ev

— Colombia Fintech (@colombiafintech) March 22, 2023

Imagen: Pexels

Recientemente les contamos cómo la reforma tributaria podría venir cargada de impuestos que le pegarían de frente a la tecnología. Pues este miércoles fue radicado en el Congreso de la República el proyecto de ley con el que el Gobierno busca ‘cuadrar caja’, y en el que, efectivamente, los servicios y productos relacionados con tecnología son protagonistas.

En esta nota nos vamos a concentrar en los teléfonos inteligentes, tabletas y computadores, los cuales no saldrían tan mal librados si la reforma es aprobada tal y como fue presentada en el Congreso. 

Para entender cómo quedaría el panorama de impuestos para estos equipos, es necesario devolvernos hasta 2012, cuando la Ley 1607 estableció que los teléfonos celulares y tabletas que costaran menos de $1.279.379 pesos no deberían tener IVA. Por cuenta de un concepto emitido por la Dian, este beneficio se empezó a aplicar exclusivamente para las tabletas, por lo que los colombianos hemos venido pagando IVA en los celulares.

Pues en esta ocasión el Gobierno quiere asegurarse de que la exención de IVA aplique tanto para tabletas como para celulares; por lo que en el proyecto de ley se establece que no pagarán impuesto a la venta “los dispositivos móviles inteligentes (tabletas) y teléfonos móviles inteligentes cuyo valor no exceda de veintidós (22) UVT”.

Esto se traduce en que los celulares y tabletas no tendrán IVA, siempre y cuando su valor no exceda $654.000. Entonces, ¿salimos ganando o perdiendo con esta medida?

Quienes quieran ver el lado positivo del asunto pueden destacar que por cuenta de la reforma tributaria los celulares ya no pagarán IVA y más colombianos podrán acceder a terminales móviles. Pero, ¿no estaba esto contemplado en la Ley de 2012? Es más, ahora el beneficio se reduce sólo a equipos de menos de $654.000, mientras que antes aplicaba para terminales de casi el doble de dicho precio.

Ya que estamos hablando de teléfonos baratos, no olviden revisar la lista de smartphones que pueden comprar con $500.000.

Ahora, pasando a las tabletas, el sabor que queda también es agridulce. Por una parte, estos dispositivos no fueron gravados con IVA -como temía parte de la industria-, pero al igual que con los celulares, se recortó a la mitad el valor en el que empezará a regir la exención.

Algunos celulares, tabletas y computadores tendrían un beneficio tributario.

¿Y en los computadores?, una historia similar. Aunque en principio la propuesta que una comisión asesora había hecho al Gobierno era la de eliminar la exención de IVA con la que cuentan los computadores de menos de $2.439.746, el Gobierno ‘suavizó’ esta medida y propuso que de ahora en adelante no tengan IVA los computadores portátiles y de escritorio que valgan menos de $750.000; todo un reto a la recursividad de los colombianos, teniendo en cuenta el incremento que han sufrido los computadores por cuenta de la subida del dólar.

No está de más recordar que este es hasta ahora un proyecto de ley, que sin duda será modificado durante su paso por el Congreso. Habrá que ver si por el camino algún congresista se apiada de los bolsillos de los consumidores de tecnología en Colombia.

Imagen:  Ron Bennetts (vía Flickr)

Por: Catalina Ruiz – @catalinaruiz

¿Imaginas pagar un 3, 6 o 10 por ciento más de la suscripción mensual de Netflix para seguir disfrutando de sus series y películas favoritas?

El polémico tema volvió a ponerse sobre la mesa luego de que, a principios de agosto, Pennsylvania se sumara a la lista de los estados de Estados Unidos que ya cobran impuestos a las plataformas de entretenimiento en línea como Netflix, Spotify, Amazon Prime, iTunes, Xbox Live y Hulu. 

La medida también castiga las descargas de música, aplicaciones, juegos, libros electrónicos y timbres de celular, pero deja por fuera las suscripciones a revistas y periódicos, así como la versión digital de la Biblia.

Esto quiere decir que quienes usen la nube para estos fines y empleen una cuenta con dirección de facturación en Pennsylvania tendrán que pagar un 6 por ciento más. El gobierno local espera que con esta decisión se cubra parte del hueco fiscal de 1.300 millones de dólares que hacen parte del presupuesto del Estado para este año: 31.500 millones de dólares.

Illinois y Minnesota ya habían modificado en años pasados sus normas de gravamen tradicionales para incluir las descargas en línea y servicios de streaming. En el mundo, la tributación de los servicios digitales se ha adoptado en Canadá, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y Buenos Aires (Argentina).

En Chicago, por ejemplo, el tributo del 9 por ciento adicional se fijó argumentando que era hora de modificar los gravámenes al entretenimiento y previendo un aporte de 12 millones de dólares anuales a las arcas de la ciudad. Pero pocos días después de que se aprobara la norma, en junio del 2015, un grupo de residentes demandó al Estado por considerarla ‘ilegal’. Aún se está a la espera de la decisión final de la Corte Suprema.

Australia es, hasta el momento, el país que cobrará el impuesto más alto en este sentido: 10 por ciento. Con la norma, que entrará en vigencia a mediados del próximo año, el Gobierno prevé recolectar 350 millones de dólares entre julio del 2017 y julio del 2019.

Así, un suscriptor de Netflix pasará de pagar una membresía mensual de 8,99 dólares a 9,89 dólares, y quien compre una canción en iTunes pagará un total de 2,41 dólares frente a los 2,19 dólares actuales.

Mercado cada vez más digital

La medida, aunque es impopular en todos los países en los que se adopta, busca adaptarse a una era cada vez más digital y con la que los gobiernos locales y nacionales parecen haber encontrado una salida para recuperar los rubros de impuestos que han perdido por cuenta de las caídas en picada, año tras año, en las ventas de materiales físicos como CD, DVD, Blu-ray y libros.

El diario The Wall Street Journal calcula que los estados están perdiendo ingresos fiscales por 1.000 millones de dólares al año por las cifras en negativa de compra y alquiler de CD, DVD y Blu-ray. Solo en Estados Unidos, la industria de la música reportó ganancias por 7.000 millones de dólares durante el 2015. Según la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, el streaming se llevó la mayor tajada con el 34,3 por ciento (que equivale a 2.400 millones de dólares). Le siguieron las descargas digitales, con el 34 por ciento, y la venta de discos físicos, con el 28,8 por ciento y una caída del 10 por ciento frente al año anterior. Los vinilos fueron el único formato físico que creció con un 34 por ciento, contribuyendo con 416 millones al total de las ganancias.

En las plataformas de streaming los ingresos por suscripciones de pago crecieron un 52 por ciento (unos 1.200 millones de dólares) y el número de suscripciones de pago aumentó un 40 por ciento, lo que equivale a 10,8 millones de suscriptores.

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El mundo está ante una audiencia digital que no para de crecer. Netflix cuenta con más de 80 millones de suscriptores en todo el mundo, cerca de 40 millones de personas en todo el mundo pagaban en el 2014 por el acceso a Spotify o Deezer (en el 2013 eran 28 millones) y iTunes vende 21,6 millones de canciones al día, solo por mencionar algunos.

El panorama de impuestos en Colombia

En el país la realidad no es otra. La música digital viene generando más ganancias que la venta de discos desde el 2014 y el año pasado cerró con una cifra contundente: de los más de 56.000 millones de pesos que generó la música, el 77,5 por ciento provino del formato digital (unos 43.968 millones de pesos), de acuerdo con Codiscos.

El consumo de música en línea creció un 94 por ciento entre el 2013 y el 2014 y generó ingresos por 7,8 millones de dólares, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

En el Congreso de la República se intentó tramitar una especie de ‘Ley Netflix’, pero con alcances peores para las empresas de streaming de video que funcionan en el país. El proyecto de ley del representante Diego Patiño pretendía convertirlos en un servicio público y obligarlos a registrarse ante el Estado y a no prestar sus servicios sin autorización.

En otras palabras, la iniciativa buscaba que en estas plataformas se transmitieran contenidos de ‘interés nacional’ como los partidos de la Selección Colombia, la Vuelta a Colombia en bicicleta, el Festival Iberoamericano de Teatro y hasta la entrega de los Premio Nobel. El proyecto, finalmente, fue retirado por el mismo congresista.

El Gobierno calcula que Netflix puede tener en el país unos 600.000 usuarios que pagan la mensualidad para acceder a películas y series. Con este panorama, la pregunta que surge ahora es: ¿están preparados los usuarios para pagar impuestos por la nube?

Imagen: Don Hankins (Vía Flickr)

Si el proyecto de Ley 077 de 2015 se convierte en Ley de la República, ese sería un escenario perfectamente posible. Ese proyecto busca regular fuertemente a las empresas de streaming de video que funcionen en Colombia, convertirlos en un servicio público y llenarlos de obligaciones. Los obligaría a contribuir a un Fondo Audiovisual y de Contenidos que financie contenidos digitales públicos, a registrarse ante el Estado y a no prestar sus servicios sin autorización. Aquí pueden leer un resumen detallado.

Como siempre que el Congreso se mete con internet, esto es un desastre. Colombia sí debe empujar la producción de contenidos públicos digitales, como lo hacen los mejores medios públicos del mundo: la oportunidad es demasiado grande como para desaprovecharla. Pero encarecer el acceso de los colombianos a las plataformas que permiten difundir esos contenidos es patear la gallina de los huevos de oro. Si el Estado mismo quiere usarlas, no tiene sentido que se meta en la mitad.

Esto es lo de menos: más temprano que tarde algún impuesto nos harán pagar por Netflix. Lo de tener que registrarse ante el Estado para poder emitir videos en internet, en cambio, sí es una payasada peligrosa. ¿Para montar videos en mi blog voy a tener que tener permiso de alguna autoridad? Esto desanimaría a los emprendedores colombianos, que tendrían más trabas burocráticas para hacer productos digitales audiovisuales –como si emprender en nuestro país no fuera lo suficientemente difícil–.

Además, podría convertirse en una mordaza para quienes quieran usar video para expresarse, pero no están en condiciones de ir a donde papá Gobierno a pedir permiso. Bien sea porque no tienen tiempo o ganas, o porque tienen razones para creer que les van a decir que no.

Esa es la receta de la autocensura

Ese es el principal problema de la ‘Ley Netflix’. Si el Gobierno tiene poder para controlar todos los contenidos audiovisuales que se emiten en internet, y si puede cerrar un sitio o un servicio por no cumplir tales o cuales reglas, las posibilidades de que lo que se publica sea realmente libre dejan de existir. Si el miedo de que ‘caiga el hacha’ siempre está latente, quienes producen contenidos comienzan a evaluar con mucho cuidado el impacto de lo que dirán. Y esa es la receta de la autocensura.

Ese es el escenario más pesimista. Lo más probable es que, en una época en la que todos tenemos cámaras en el bolsillo y se puede publicar video en segundos, la ‘Ley Netflix’ termine siendo ignorada por todo el mundo, como tantas otras en Colombia. Además, ¿quién en el Gobierno se va a poner a ver las 300 horas de video que se publican cada minuto en YouTube? ¿Quién se va a poner a ver las decenas de miles de capítulos que están disponibles en Netflix o HBO Go? Eso no es viable.

¿Legislar sobre internet sin conocerlo? Lo de siempre

El representante Diego Patiño, quien radicó el proyecto en el Congreso, cree que la explosión del streaming pone en riesgo ese principio que dice que la televisión es un servicio público. Supone que, si la gente deja de preferir la televisión abierta sobre otras opciones, los contenidos dejarán de promover el pluralismo, el equilibrio informativo y la difusión de la cultura en Colombia.

Lo que ocurre en realidad es exactamente lo opuesto. Cualquiera que haya visto TV colombiana alguna vez sabe que buena parte de los contenidos más populares no son ni equilibrados, ni plurales, ni autóctonos. En cambio, internet sí da cabida a una diversidad y una libertad que los medios tradicionales ni se quieren ni se pueden permitir.

Ignorar eso es no conocer internet. Y no conocer internet e intentar legislarlo es, exactamente, la clase de negligencia que los colombianos hemos aprendido a esperar de nuestro Congreso.

Imagen: ENTER.CO.

En Colombia, la televisión abierta se considera un servicio público y sus contenidos están sujetos a una regulación bastante estricta, pero los servicios de streaming casi que no están sometidos a ninguna reglamentación. En el Congreso ya se dieron cuenta de eso, y varios proyectos de Ley buscan la reglamentación de esos servicios.

Uno de ellos, el proyecto de Ley 077 de 2015 presentado por el representante Diego Patiño, les mete el diente directamente a los que llama “servicios de provisión de contenidos audiovisuales sobre redes de comunicaciones“. Es decir, a productos de streaming como Netflix o YouTube, que ofrecen esta clase de contenidos a través de internet.

El proyecto busca que estos servicios también sean considerados en Colombia como un servicio público, y que tengan varias nuevas obligaciones.

Por una parte, pretende que sus contenidos puedan ser vigilados por una entidad estatal para verificar que cumplan con el objetivo de “promover el respeto de las garantías, deberes y derechos fundamentales y demás libertades, fortalecer la consolidación de la democracia y la paz y propender por la difusión de los valores humanos y expresiones culturales de carácter nacional, regional y local“.

Por otra parte, busca que los proveedores de los contenidos a través de streaming tengan la obligación de aportar a un Fondo Audiovisual y de Contenidos, que financie contenidos audiovisuales públicos que se transmitan a través de internet y otras redes. También busca obligar a todas las empresas que prestan estos servicios a se registren ante el Gobierno, y hace posible que puedan ser sancionadas, incluso cancelando el servicio, si no cumplen con un sinnúmero de obligaciones.

Los servicios de streaming tendrían obligaciones de contenido

Varias de esas obligaciones son de contenido. Entre ellas está someterse a lo que exijan las autoridades “para garantizar y/o restablecer el pluralismo informativo“,  no “incurrir en las prohibiciones en materia de contenidos audiovisuales sobre redes de telecomunicaciones” –aunque el proyecto no aclara cuáles son esas prohibiciones– e, incluso, retransmitir las alocuciones del Presidente de la República, tal como ocurre hoy con los canales de televisión abierta.

En otros apartes del proyecto de Ley también se busca obligar al Estado a garantizar que todos los colombianos puedan ver algunos eventos “de interés general“, que van desde los partidos de la Selección Colombia hasta la entrega de los premios Nobel, pasando por las competencias importantes de ciclismo y automovilismo en las que compiten colombianos. Dado que muchos de esos eventos solo se pueden transmitir por TV previo pago de licencias, en la práctica esto obligaría al Estado a comprar esas licencias.

Según escribió el representante en su exposición de motivos, el proyecto de ley busca evitar que la competencia de las herramientas digitales contra la TV abierta haga que la industria de contenidos deje “de lado el interés público del usuario y/o televidente […] para rendirlo al resultado de la guerra económica del más fuerte que podrá imponer los contenidos a su elección“, y así se evite “una concentración informativa“.

¿Están de acuerdo con esta iniciativa?

Imagen: Piotr Adamowicz (vía Shutterstock).

Desde el próximo 1 de julio, los operadores móviles no podrán cobrar cláusulas de permanencia mínima en sus servicios de telecomunicaciones. El ministro TIC, Diego Molano Vega, anunció la medida este miércoles en una rueda de prensa.

En adelante, los operadores no podrán ‘amarrar’ la permanencia en los servicios de telecomunicaciones a la compra o no de un terminal compatible. Quienes tengan contratos de este tipo en curso deberán esperar a que éstos terminen, pero no podrán ser renovados.

Si una persona financia un equipo a través de un operador, deberá recibir dos cobros separados: el de la financiación y el del ‘plan’ de minutos o datos. El segundo no podrá estar amarrado, en ningún caso, al primero; y el usuario podrá renunciar a su ‘plan’ aun cuando tenga deudas pendientes por su equipo.

Los usuarios que tengan contratos en curso deberán ver cuánto les queda de contrato, cuál fue el descuento que se les hizo al momento de la compra y cuánto deberá pagar para salirse de ese contrato.

Los operadores ya no podrán amarrar a sus usuarios, pero quienes tengan contratos hoy deberán cumplirlos.

Según Molano, la medida busca “promover la competencia y que los usuarios no estén atados”, y permitir la entrada de nuevos jugadores en el mercado de la venta de terminales móviles, como los minoristas y otros importadores. El Gobierno y el Congreso esperan que la competencia y la entrada de nuevos actores reduzcan los precios tanto de los equipos como de los servicios de telecomunicaciones.

El Proyecto de Ley que presentó el Congreso el año pasado será archivado, según señaló el senador Eugenio Prieto en la rueda de prensa. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones ya estaba estudiando la medida desde el año pasado.

La medida no aplica para otros servicios de telecomunicaciones, como la banda ancha fija a través de fibra óptica o ADSL.

Habrá debate: la Ley de Derechos de Autor no estará cerrada a discusiones de parte del Gobierno. Al menos, eso es lo que prometió el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo hace pocos días. Primero lo hizo en una comunicación al colectivo RedPaTodos, y luego en una declaración del ministro Sergio Díaz-Granados a ENTER.CO. El ministro fue quien presentó al Congreso el Proyecto de Ley 306 de 2012, que reedita la ‘Ley Lleras 2’.

“El Gobierno ha estado y sigue abierto a recibir y analizar los comentarios y propuestas de la sociedad civil“, nos dijo Díaz-Granados a través de correo electrónico, y añadió que “todos los comentarios que se reciban serán evaluados“. El Ministerio, por su parte, aseguró que “acordamos abrir un espacio de diálogo en mesas de trabajo para recibir y analizar las propuestas, comentarios y observaciones” de la ciudadanía en el proceso.

Las reacciones comenzaron luego de una reunión que sostuvo RedPaTodos con funcionarios del Ministerio. Un detalle curioso: mientras que el colectivo asegura que la invitación vino directamente del Ministro a través de Twitter, él nos dijo que la iniciativa se originó en RedPaTodos. Además, a pesar de que el grupo da por sentado que habrá diálogo, el Ministro dice que “se considerará la convocatoria” a la sociedad civil, lo que indica que aun no es un hecho.

Pero eso no es lo importante; lo fundamental es que hay –o está cerca de haber– un compromiso para dialogar e intentar construir una mejor ley que busca, por cuarta vez, la aprobación del Congreso. ¿De qué tratará el debate? ¿Cuáles son los temas que se tocarán en él? ¿En qué cosas puede mejorar la Ley?

La agenda del debate

El nuevo proyecto de ley de Derechos de Autor en internet tiene algunas sutiles diferencias con respecto a la Ley 1520 de 2012, que se cayó por vicios de forma a comienzos de este año.

En primer lugar, el Proyecto de Ley 306 elimina las disposiciones sobre la llamada cuota de pantalla –la proporción mínima de programación nacional que los canales de televisión colombianos debían programar– que estaban incluidas en la Ley 1520. En el, la proporción se reducía del 50% al 30% la cuota nacional necesaria durante los fines de semana. Esa legislación ya fue incluida en una iniciativa anterior que presentó el Gobierno al Congreso: el Proyecto de Ley 226 de 2013.

Otra novedad de este proyecto consiste en que busca reglamentar las indemnizaciones que podría pedir un titular de derechos de autor si se comprueba que alguien pirateó sus contenidos.

Las mayores preocupaciones ya estaban en la derogada Ley 1520. La mayoría de las críticas apuntan a que debilita las excepciones y limitaciones a los derechos de autor. Estas excepciones y limitaciones son los casos en los que, según la legislación, está permitido usar un contenido sin permiso del autor, como la copia privada o los usos para la educación.

Por lo general, estas actividades permitidas no tienen fines de lucro. El problema –según un documento publicado por el colectivo– es que este Proyecto de Ley define lucro de una manera innecesariamente cerrada, que “podría perjudicar actividades no comerciales y externas al mercado, que reportan un beneficio individual o colectivo”. El proyecto de Ley entiende ‘lucro’ como “ganancia o provecho que se saca de algo“; una definición de diccionario que no discrimina entre ganancias comerciales y no comerciales y, se teme, podría sustentar que no hubieran excepciones.

¿Por qué es importante que existan estas excepciones? El documento señala que  “son fundamentales para conciliar los intereses protegidos por los derechos de autor con los colectivos e individuales” y hacen posibles “la ampliación del acceso del conocimiento y la estimulación de la creación”. Sin excepciones no sería posible emitir documentales en colegios, ni hacer respaldos personales de contenidos protegidos, ni hacer remezclas y parodias. Sin ellas, la libertad de expresión podría estar en serio peligro.

Además, RedPaTodos considera que el proyecto de ley también restringe el alcance de estas excepciones. Según el documento, el Proyecto de Ley no tiene en cuenta ni la introducción de cláusulas de uso justo (que sí tiene EE. UU.), ni evalúa si los usos no permitidos son lucrativos o comerciales, si son de una pequeña parte con respecto al todo de la obra y ni si amenazan el mercado real o potencial de la obra.

Otro tema sensible es la prohibición de retransmitir señales televisivas sin permiso del dueño de los derechos “no obstante las limitaciones y excepciones al derecho de autor“. La crítica apuntaba entonces a que no había claridad sobre si estaban o no prohibidos usos que se reconocen como legítimos, como la educación, la construcción de memoria o la difusión cultural.

En el texto de la demanda del senador Jorge Enrique Robledo a la Ley 1520 (PDF), se afirma que ese artículo vulnera “el derecho fundamental de los colombianos al acceso a la información“, pues encarece el acceso a “los bienes que nos permiten acceder a más información y conocimientos” y “evita que la información llegue a más capas sociales“.

En el documento, RedPaTodos señala que pasar por encima de las excepciones y limitaciones “va en contravía del ordenamiento colombiano”. Además, añade que en Estados Unidos “no hay ese tipo de inmunidades para el derecho de autor, porque precisamente serían consideradas inconstitucionales”.

El ministro TIC, Diego Molano, nos había asegurado en su momento que las excepciones al derecho de autor consagradas en otras leyes seguirían vigentes. La Corte Constitucional no se pronunció de fondo sobre el argumento de Robledo.

No se discutirá pronto

Es posible que el debate de este Proyecto de Ley tome algún tiempo. Según la página web de la Cámara de Representantes, aun no tiene un representante ponente, ni una fecha para su primer debate en la comisión correspondiente. Si este no ocurre antes del 20 de junio, el proyecto quedará automáticamente aplazado para la próxima legislatura.

De ocurrir, el Gobierno y la sociedad civil ganarían tiempo para hacer una ley que, como dice el Ministerio,”responda a las necesidades concretas del país“ y sea más que un texto escrito a las carreras.

La ‘Ley Lleras’ vuelve al ring. Luego de que el Congreso decidiera archivar la primera versión, y de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1520 de 2012 (PDF) –que fue bautizada por los internautas como ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’– por vicios en su trámite, el Gobierno la puso de nuevo en la agenda del Congreso. Primero por medio del Proyecto de Ley 226 de 2013, que propone de nuevo lo que la ‘Ley Lleras 2’ decretaba sobre las señales de televisión. Y luego con otro proyecto de ley presentado este viernes, que busca que se apruebe el resto del paquete.

Desde la caída de la ‘Ley Lleras 2’, el Gobierno había guardado silencio sobre el tema. Como le dijo el ministro TIC, Diego Molano Vega, a ENTER.CO, era probable que se presentara “el mismo texto” de la derogada Ley, pero eso no se supo a ciencia cierta hasta que se conoció la nueva iniciativa. ENTER.CO no obtuvo respuestas a varios requerimientos de información que hizo a diferentes entidades del Gobierno en el último mes, y luego fuimos informados de que no había posición oficial sobre el tema.

Con el nuevo Proyecto de Ley, el Gobierno finalmente destapó sus cartas y comenzó un nuevo round de su pulso con los activistas de internet.

Activistas piden más debate

Mientras el gobierno callaba, los activistas, los académicos y los internautas ya se estaban moviendo. Su objetivo era evitar que les volvieran a pasar por encima. Decían que el Gobierno tenía en sus manos la oportunidad de evitar los errores del pasado y redactar una buena ley: una iniciativa consensuada, dialogada, que fuera producto de un proceso serio y no del afán de cumplir.

La primera ‘Ley Lleras’ tuvo mucha discusión pública, y gracias a los problemas que salieron a la luz en ese debate el Congreso decidió archivarla. Pero –como recordó el abogado, periodista e investigador Carlos Cortés Castillo– en la segunda Ley “el debate estuvo descartado de plano“. Fue aprobada a las carreras por un Legislativo cuya verdadera preocupación era hacer la tarea para que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmara el TLC en su entonces próxima visita a Cartagena.

Lo que esperaban los activistas era que el Gobierno aprovechara la derogación de esa Ley para llevar a cabo la discusión pendiente. “La nueva Ley no puede salir del bolsillo del ministro sin que haya una discusión previa. El Gobierno debería aprovechar el debate para enriquecer el proyecto de ley“, afirma el abogado Lorenzo Villegas, que se ha opuesto en varios escenarios a los proyectos de ley presentados por el Gobierno.

En opinión de Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma y la más reconocida vocera de la sociedad civil en estas discusiones, el Gobierno no tiene voluntad de hablar con la sociedad civil sobre este tema. “La posición sigue siendo que el Gobierno sabe lo que nos conviene, se lo presenta al Congreso y confía en su ‘unidad nacional’ para que pase. No se resigna a un proceso abierto con la sociedad“, dice.

Incluso los representantes de la industria musical están de acuerdo con que hay que dialogar más: “Me gustaría ver sistemas adaptados a las realidades de cada país“, dice Gustavo Palacio, director ejecutivo de APDIF Colombia, el gremio de los productores fonográficos. “Lo que quisiéramos –añade– es una discusión franca y abierta, que construyamos un sistema real”.

Si hay alguien interesado en que haya una reglamentación efectiva de los derechos de autor es, precisamente, el gremio de los dueños de esos derechos. La intención de las discográficas, como dice Palacio, es llegar a “mecanismos que permitan acceder a los contenidos, y que la gente se acostumbre a acceder a los contenidos en un entorno de legalidad“. Lo que quieren no es, asegura, enviar a la cárcel a los internautas: “La posición de la industria no es ir detrás de personas que descargan música”.

Pero el Gobierno prefirió el silencio. El diálogo ya no ocurrió, y los malentendidos siguen en el aire. El espacio que les queda a los colombianos para debatir el tema es el Congreso de la República, algo que no le gusta mucho a algunos activistas. “El proceso de participación ciudadana en el Congreso es todo menos amable con ciudadanos“, dice Botero.

El argumento que suele esgrimir el Gobierno para negar que estas leyes fueron presentadas a espaldas de la ciudadanía consiste en que su contenido fue discutido ampliamente cuando se redactó y se negoció el TLC, entre 2000 y 2007. “Este no es un tema que haya sido hecho a la ligera. Estas negociaciones duraron años, y fueron discutidas con el sector privado“, nos dijo el ministro TIC, Diego Molano, en ese momento.

Pero para Botero, desde 2007 han pasado cosas en el mundo TIC que hacen que sea necesario que el debate se actualice. “Es ridículo creer que debemos adoptar las medidas que en EE. UU. ya tienen 15 años. La propia registradora de derecho de autor de Estados Unidos dice que hay que reformar el derecho de autor“, afirma.

Lo que exige el TLC

Ninguna de las dos leyes ‘Lleras’ salió de una iniciativa propia del gobierno colombiano. Fueron producto de los compromisos que adquirió el país para poder firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. ¿Cuáles son esos compromisos?

El capítulo 16 del texto del tratado (PDF) compromete al país a hacer que sus leyes de propiedad intelectual sean compatibles con las estadounidenses. Para ello, nuestra legislación debe tener varios instrumentos que hoy no tiene. Uno de ellos es lo que se conoce como “limitaciones a la responsabilidad de los proveedores de servicios“. La ‘Ley Lleras’ original tenía el objetivo de incluirlo en las leyes colombianas.

Estas limitaciones buscan que un prestador de servicios digitales (es decir, alguien que enlace, almacene o distribuya contenidos digitales) quede eximido de cualquier responsabilidad civil o penal por piratería si desactiva el acceso a ese contenido siempre que el dueño de los derechos se lo pida.

En Estados Unidos, la ley de derechos de autor en internet, conocida como DMCA (Digital Millenium Copyright Act), establece un procedimiento similar. Por ejemplo: si una disquera descubre que un video de YouTube reproduce sin autorización una canción de cualquier artista representado por ella, se comunica con Google pidiéndole que ‘dé de baja’ ese video. Google podría no hacerlo, pero en ese caso se expondría a ser responsabilizado por piratería. La empresa prefiere jugar seguro, y por eso el resultado suele ser que el video es bloqueado de YouTube.

Otra obligación que se impone en el TLC es la de prohibir “la retransmisión de señales de televisión (sean terrestres, por cable o por satélite) a través de Internet sin la autorización del titular o titulares del derecho del contenido de la señal“. La ‘Ley Lleras 2’, tanto en su primera como en su segunda versión, copian esa prohibición palabra por palabra.

¿Es copiar la legislación estadounidense una buena idea?

En su momento, el ministro TIC, Diego Molano Vega, nos dijo que las dos leyes ‘Lleras’ ponen a Colombia “al mismo nivel de derechos que Estados Unidos”con respecto a las leyes de derechos de autor. Sin embargo, la opinión entre los opositores de la iniciativa es que ceñirse de forma cerrada a la legislación estadounidense no es ni una obligación ni una buena idea.

“El TLC no dice que Colombia deba copiar el DMCA“, dice Villegas. Para él, y para Botero, no es necesariamente cierto que el acuerdo suscrito entre Colombia y Estados Unidos llegue hasta ese punto.

“Nosotros no hemos dicho nunca que no se honren los compromisos adquiridos“, dice Botero. Sin embargo, añade, “el TLC no es una camisa de fuerza. Lo que dice es que debes usar camisa; pero el color, el tipo de manga, de cuello e incluso el material todavía está por decidirse“.

Incluso Palacio, representante de las discográficas, dice que copiar el sistema estadounidense no es obligación. “Nadie dice, ni la industria, que necesariamente tengamos que tener acá exactamente el sistema norteamericano“.

Los activistas han señalado que otros países que también tienen TLC han creado legislaciones que no son copias exactas de las leyes de Estados Unidos. “Los tratados de EE. UU. con Chile, con Europa o con Australia, tienen condiciones similares a las nuestras, pero los procedimientos en cada uno de esos países han sido diferentes“, asegura Botero.

El problema es que no conocemos el problema

El temor de los activistas es que el Gobierno y el Congreso estén creando leyes para solucionar un problema que no conocen bien, y que de hecho ni siquiera están seguros de que exista.

En el primer acto público a favor de la ‘Ley Lleras’, aparecieron varios trabajadores de las industrias culturales a intentar convencer al Congreso de que esa ley iba a salvar de las garras de la piratería al producto de su sufrido trabajo. Para conmover al auditorio, la productora de cine Paula Jaramillo comparó los cinco rollos de una de sus películas –que, asevera, le costó “ocho años de trabajo“– con la copia pirata que consiguió en un semáforo. “La piratería nos imposibilita la recuperación de la inversión en una producción de cine“, dijo.

Nadie estaba intentando penalizar esa clase de piratería. Eso ya era delito entonces, y sigue siéndolo hoy.

La ‘Ley Lleras 2’ también fue tramitada en medio de la falta de información de muchos de los actores de las dos partes del debate. Entre otras imprecisiones, el senador ponente de la Ley 1520, Carlos Ramiro Chavarro, confundió en una de sus intervenciones las protecciones anticopia DRM con los archivos PDF, seguramente con la idea de que los segundos no podían ser editados con un procesador de textos.

Por otra parte, muchos activistas también han cometido desatinos y ligerezas en sus declaraciones públicas: el que esa ley haya sido llamada tan prontamente ‘Ley Lleras 2’, cuando en lo fundamental era diferente de su antecesora, es una prueba de ello. Además, según Cortés, algunos detractores de la Ley se han equivocado al “dar una conversación demasiado sofisticada, que de pronto no sirve para el debate“.

Para Cortés, para crear un ambiente apto para la discusión hay que aclarar estos malentendidos y definir de qué se está hablando. La clave, según dice, es aclarar sobre qué –y sobre qué no– es lo que se pretende legislar. “Necesitamos volver al debate sobre qué es la piratería, cómo está el tema de la piratería en Colombia y qué relación tiene con el uso de Internet“, anota.

Cortes dice que los músicos y los directores de cine “tienen que perderle un poco el temor a inspeccionar ese paradigma que les vende el gobierno de que esta ley es para salvarles el empleo“. Mientras tanto los internautas, añade Cortés, deberían “dejar de pensar que esta ley es la que va a volver piratas y delincuentes a los usuarios de internet“.

Otro problema es que se desconoce el tamaño de la situación que se intenta atacar. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es el tamaño de la piratería, ni la proporción que ocupa con respecto al mercado legal. A pesar de esto, hay algunas cifras que ayudan a perfilar el fenómeno:

• Business Software Alliance (BSA), el gremio de los creadores de programas informáticos, publicó un estudio el año pasado que dice que el 53% del software es pirata, y su valor comercial equivaldría a 295 millones de dólares.
• En una entrevista reciente con El Espectador, Juan Hardoy, director legal antipiratería de Microsoft para América Latina, dijo que la red es –por encima de las ventas callejeras– el espacio más ‘pirata’ en Colombia. “A través de internet se ejecutan el 45% de las acciones que tienen que ver con la piratería“, aseguró.
• MusicMetric, un servicio que mide la popularidad en internet de los músicos y rastrea la cantidad de descargas por BitTorrent, dice que en nuestro país hay 3.041.490 personas que bajan música a través de ese servicio.  

Ninguna de esas cifras fue mencionada en alguno de los debates, a pesar de que algunas ya estaban disponibles en ese momento. Y más allá de los números, nadie sabe quiénes son los piratas colombianos. Nadie conoce nada sobre su demografía, su educación, su nivel de ingresos o sus intereses. No se sabe bien si lo hacen para robar o para obtener contenidos que no están disponibles de otra manera.

Si eso no se sabe, no se puede avanzar en una solución. Las leyes ‘Lleras’ buscan ponerle talanqueras penales a la piratería; y sus promotores nunca se detuvieron a pensar si, como dicen algunos empresarios y académicos, lo que alimenta el fenómeno son las deficiencias del mercado.

Faltan más ’rounds’

Aunque el nuevo proyecto de ley hasta ahora comienza su camino, ese no es el único tema pendiente. El asunto más fuerte, que es la responsabilidad de las ISP y el procedimiento para el bloqueo de contenidos, sigue sin discutirse tras el hundimiento de la primera ‘Ley Lleras’.

El ministro Molano nos dijo el año pasado que ese debate se haría sobre la mesa: la discusión, aseguró, la “daremos abiertamente al país […] y le explicaremos a todo el mundo cuál es el alcance del TLC en esa materia“. De hacerlo, el Gobierno tendría la oportunidad de crear una mejor ley, y de pagar un menor costo político por ella. No es gratuito que, después de más dos años de haber radicado la primera iniciativa, hoy nada de esto esté vigente en nuestra legislación.

Mientras tanto, como dice Villegas, “la sociedad civil toma conciencia de su importancia en todo este tema“. Y a pesar de que ya le pasaron por encima dos veces, esa misma sociedad civil está esperando que el Gobierno cumpla esa promesa.

Actualización 5:45 p.m.: La Dirección Nacional de Derechos de Autor le confirmó a ENTER.CO que este fue el proyecto de Ley  radicado en el Congreso y firmado por el Ministro del Interior, Fernando Carrillo, y por el Ministerio de Comercio, Sergio Díaz Granados.

Su texto coincide plenamente con el que publicamos en esta misma nota esta mañana. En próximos días el Ministerio divulgará más información sobre la iniciativa.

Nota original:

Como ENTER.CO lo había anticipado, el Gobierno habría presentado de nuevo ante el Congreso de la República la ‘Ley Lleras 2’ o ‘Ley del TLC’. Se trataría de un nuevo proyecto de Ley, esta vez firmado por los ministros del Interior, Fernando Carrillo, y de Comercio, Sergio Díaz Granados, que fue revelado por varios grupos de activistas.

ENTER.CO se comunicó con el Ministerio de Comercio y con fuentes del Congreso de la República para verificar la veracidad del Proyecto de Ley. Cuando haya confirmación o desmentido actualizaremos esta nota.

El texto (PDF) básicamente transcribe el texto de la Ley que fue derogada por la Corte Constitucional, excepto el apartado relativo a las cuotas de pantalla, que ya había sido presentado anteriormente al Congreso por el Gobierno.

Desde ya se avecina una nueva batalla de opinión entre los activistas y defensores de internet con el Gobierno. Antes de la radicación de la Ley, grupos como Red Pa Todos estaban abogando por una oportunidad para discutir y negociar seriamente una legislación de derechos de autor en internet.

El Gobierno, hasta ahora, había guardado silencio sobre el tema: el Ministerio TIC le había dicho a ENTER.CO que no había posición oficial sobre el tema, y el Ministerio de Comercio no respondió una serie de preguntas que ENTER.CO le hizo llegar sobre la Ley. Hasta el momento, no hay comunicaciones oficiales ni boletines de prensa sobre este proyecto de ley.

Actualización: El colectivo RedPaTodos nos aclaró en un tuit que el texto no fue una filtración como publicamos en un principio, sino que fue rastreado y publicado este viernes por el servicio de información jurídica Articulo20.com.