Con el nombre de ‘New IP’ la propuesta del país busca remplazar el modelo de Transmission Control Protocol (TCP), que para ser justos fue diseñada hace poco menos de medio siglo. De manera muy sencilla, el modelo actual funciona de manera similar a como operaba el servicio de mensajería tradicional. La información se envía a paquetes y está marcada con una dirección IP (propia de cada red) que identifica los dispositivos únicos que lo reciben.

¿En qué cambia este modelo el protocolo de Internet que propone China? La idea es implementar un sistema de direcciones que permita que dispositivos dentro de una misma red se comuniquen de manera privada, sin tener que enviar su información a través de la red. Esto, en teoría, ofrece un proceso de direccionamiento más eficiente y un mejor manejo de las redes. De acuerdo con las estimaciones, este nuevo protocolo comenzaría sus pruebas en 2021.

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El problema está en que también le entrega más autoridades a entidades para controlar contenido o espiar a las personas dentro de la red. Por ejemplo, existe la posibilidad de integrar un ‘comando de apagado’. Esto significaría que, por ejemplo, un régimen puede cortar el envío de información desde o hacía una IP, silenciando de manera efectiva a un grupo, por ejemplo una ciudad que esté comunicando acciones brutales o protestas.

La segunda preocupación está en que es este nuevo protocolo también puede exigir autenticación y validación de la persona que ingresa a la red. Es decir, que cuando ingreses a Internet lo harías a través de un ID que permita saber qué ‘humano’ está enviando o recibiendo la información. Una idea que ha sido promovida por las autoridades chinas que cinco años atrás levantó una propuesta para vincular nombres reales a usuarios.

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Gómez, un biólogo de 26 años graduado de la Universidad del Quindío, se dedica a investigar la conservación de las especies de anfibios y actualmente estudia una maestría en Costa Rica. Según cuenta en una carta difundida por la Fundación Karisma, internet le ayudó a suplir las carencias de la biblioteca de su universidad. Por medio de la red, afirma, “solicitaba y accedía a la información necesaria para dar los primeros pasos en investigación y conservación de la biodiversidad de mi región y, como retribución, […] compartía documentos útiles“, algo que –asegura– se convirtió en una “práctica cotidiana“.

Tras compartir uno de esos documentos –una tesis de maestría de una universidad pública de Bogotá–,  fue acusado penalmente por su autor, por el delito de Violación a los Derechos Patrimoniales de Autor y Derechos Conexos, y el proceso se adelanta actualmente en la Fiscalía General de la Nación. La audiencia preparatoria, que había sido programada para el pasado 16 de julio, fue aplazada.

Derechos de autor, al banquillo

“Me sorprende que lo que es indispensable para las actividades de investigación y conservación (compartir conocimiento) pueda ser considerado un delito […] Me sorprende que algunos investigadores en ciencias biológicas también consideren impertinente, y sobre todo ilegal, que otros difundan su trabajo sin buscar ánimo de lucro“, escribe Gómez en su carta. A su juicio, las actividades de investigación y difusión de ciencia y tecnología no deberían ser tratadas por la Ley como los contenidos comerciales, pues, precisamente, son hechos para su difusión libre, y es ella en la que le encuentran valor, especialmente en entornos en los que el acceso ‘legal’ a esa clase de contenidos es tan limitado.

Según el abogado Germán Realpe Delgado, quien representa a Gómez en este proceso, el caso “pone de manifiesto que hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“. Tras la caída de las leyes Lleras, el marco legal colombiano sobre estos derechos sigue sin estar pensado para la red, por lo que actos como el de Diego son vulnerables de ser señalados como delitos. En el pasado, los activistas de la red han manifestado la necesidad de llevar a cabo un debate amplio sobre este tema, y aunque el Gobierno ha abierto algunos espacios para la discusión, el tema no se ha movido en los últimos meses.

“Hay un debate pendiente sobre los derechos de autor en internet“

Además, es la primera acusación penal que se hace pública en Colombia en la que se enfrentan los derechos de autor con las dinámicas de internet y los debates que se han dado durante años en diferentes orillas. Como dice María del Pilar Sáenz de la Fundación Karisma en un ‘post’ en Las2Orillas, en este caso “la premisa de que Compartir no es Delito tiene un nombre y un rostro detrás. La injusticia hipotética de enfrentar el desbalanceado sistema de los derechos de autor donde priman los intereses comerciales sobre el interés del acceso se volvió cercanamente dolorosa“.

Mientras eso ocurre, la mejor esperanza para quienes, como Gómez, comparten contenidos de buena fe, es que los jueces entiendan las lógicas de la red. La abogada Carolina Botero asegura en su columna en El Espectador que “si los jueces se quedan en la letra del código, sin mirar lo que los abogados llamamos ‘antijuridicidad’, van a procesar a muchos Diegos“.

Usted, ¿qué opina del caso de Gómez?

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