Una nueva resolución expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) simplifica el modelo de contrato para la prestación de servicios fijos de telefonía, internet y televisión por suscripción. Con esto se pretende contribuir a mejorar la relación entre operador y usuario, con el fin de favorecer el derecho de elección de los ciudadanos.

En la Resolución la CRC 5151 de 2017: “se establece el modelo de contrato único de prestación de servicios fijos de telefonía, internet y/o televisión por suscripción, se modifican los artículos 2.1.3.2, 2.1.10.3. y 2.1.10.5 del Capítulo 1 del Título II y se adiciona un formato al Anexo 2.3. del Título “Anexos Título II” de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones”. 

Este nuevo modelo de contrato ocupará una sola hoja y contará con un tamaño de letra legible. Será redactado en un lenguaje claro y sencillo que, acompañado de títulos introductorios, facilitará a los usuarios la contextualización y entendimiento del mismo, como explica la CRC. La simplificación se da gracias al uso de herramientas como la psicología del consumidor, economía del comportamiento y técnicas de comunicación visual, utilizadas en el proceso regulatorio adelantado por la Comisión.

¿Cuándo se acaba la ‘letra pequeña’ en los contratos?

El contrato será implementado por los operadores a partir del 1 de enero de 2018. Se espera que este se convierta en la principal fuente de información para el usuario acerca de sus derechos, obligaciones y las condiciones de prestación de los servicios contratados.

“Con la entrada en vigencia de este nuevo contrato simplificado, se busca contribuir al adecuado ejercicio del derecho a la información, lo que genera decisiones de compra mejor informadas y claridad en la relación de los usuarios con su operador” afirma Germán Darío Arias, director ejecutivo de la CRC.

La nueva medida regulatoria se da como fruto de la segunda fase de la iniciativa de simplificación de contratos que adelanta la CRC, y que en su primera etapa implementó el formato único de contrato para la prestación de servicios móviles y el documento de condiciones generales para la prestación de estos servicios en modalidad prepago, en 2014.

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Las alcaldías de 25 municipios de Colombia tienen seis meses para revisar las prohibiciones que les imponen a los operadores móviles de construir antenas en algunas partes de su territorio. Así lo informó el Ministerio TIC este jueves, en una charla con periodistas. El objetivo de la medida, según el MinTIC, es mejorar la calidad del servicio celular en Colombia. 

En concreto, el Ministerio TIC envió una carta de obligatorio cumplimiento a los alcaldes de esos municipios para solicitarles “tomar medidas para que mejore la calidad celular”, según dijo el ministro de las TIC, David Luna.

Según el Ministerio TIC y los operadores, uno de los principales obstáculos para mejorar la calidad del servicio de móviles en Colombia son los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) de algunas ciudades. Estos son los documentos que definen qué es lo que puede o no hacer con el suelo de una ciudad. Los redactan los alcaldes y los aprueba el Concejo de cada municipio, y son obligatorios para todo aquel que quiera construir en la ciudad.

Muchas veces, estos POT imponen restricciones a la instalación de antenas celulares. Lo hacen por muchas razones: a veces, para no impactar la arquitectura de parques o reservas naturales, y otras veces por precaución frente a las posibles consecuencias de la radiación emitida por las antenas en la salud de las personas.

En algunas ciudades, por ejemplo, se prohíbe que se instalen antenas a 250 metros de colegios u hospitales. “Hemos encontrado casos extremos, como no permitir instalar ningún tipo de infraestructura en suelo residencial o urbano”, asegura Claudia Ximena Bustamante, coordinadora de relaciones de gobierno de la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC).

Las ciudades deberán revisar sus planes de ordenamiento territorial

“Las prohibiciones de instalar infraestructura no permiten que haya una importante, adecuada y óptima señal”, aseguró Luna. Esa, dice, es la causa por la que el servicio celular no llega a algunas partes de las ciudades colombianas.

En algunos casos, se podrá permitir la instalación de antenas y celdas mimetizadas, que no rompan la unidad arquitectónica. En otros, según Luna, las ciudades podrán cobrarles a los operadores por permitirles usar el espacio público para instalar antenas.

Con esta medida, los alcaldes estarán obligados a revisar los POT para que éstos no les impidan a los operadores instalar infraestructura, y deberán dar respuesta a la CRC en un plazo máximo de seis meses. Al final del proceso, el Gobierno espera que llegue la señal celular a algunas zonas de las ciudades en las que ésta siempre ha sido débil o estado ausente.

Son seguras para la salud

El encuentro con periodistas se realizó a pocos metros del Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt, en el oriente de la ciudad. El objetivo era mostrar que, a juicio del Ministerio, las ondas electromagnéticas que producen estas antenas no representan un peligro para la salud humana.

En la azotea del Hospital se instaló una antena hace pocos días. Para probar que sus efectos son inofensivos para las personas, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) hizo pruebas con un medidor de intensidad de campos electromagnéticos, un dispositivo que puede detectar el nivel de potencia de las radiaciones. La lectura arrojó una radiación máxima de 0,04 por ciento del límite considerado seguro para la salud humana (en el momento de la prueba, mi celular tenía dos ‘rayas’ de señal de 4G sobre cuatro posibles).

El Gobierno está convencido de que las antenas son seguras para las personas. Desde 2011 “hemos realizado 23 millones de mediciones de emisiones de campos electromagnéticos, y en ninguna de ellas hemos evidenciado que se hayan superado los niveles”, afirma Sandra Viviana Rincón, ingeniera de la ANE.

La posición de la Organización Mundial de la Salud concuerda con la del Gobierno. “Al nivel del suelo y en regiones que normalmente son de acceso público las intensidades de los campos de radiofrecuencia son muy inferiores a los niveles considerados peligrosos. Sólo se superarían los niveles recomendados si una persona se acercara a menos de un metro o dos de las antenas”, explica la entidad en un documento publicado en su sitio web.

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Ni fue un desastre, como lo vaticinaban sus críticos; ni fue la liberación definitiva de los usuarios, como decían sus impulsores. Aunque la eliminación de las cláusulas de permanencia en Colombia, que comenzó a regir hace exactamente un año, ha causado los efectos previstos, su efecto no ha sido tan dramático.

Los celulares caros son caros, y se venden menos

El principal mensaje que han enviado los fabricantes de celulares es que los equipos de gama alta perdieron impulso. Lo han dicho de todas las maneras: directamente o por medio de terceros, en público y en privado, en comunicados de prensa o en confesiones impublicables.

Hay cifras que dicen que el mercado de la gama alta está resentido. Un estudio de GFK (PDF), difundido por la Comisión Reguladora de Comunicaciones (CRC), revela que la participación de ese segmento –equipos que valen más de 1,2 millones– en el mercado de smartphones en Colombia se redujo a más de la mitad: pasó de ser el 5,4% del total de equipos vendidos en el primer trimestre del año pasado –aún con cláusulas–, al 2,8% en el último trimestre –ya sin cláusulas–.

En tanto, el mercado de gama baja –equipos de hasta $350.000– creció. El 73,5% de los smartphones vendidos en Colombia fueron de entrada y gama baja, pues costaron $350.000 o menos. En el último período, cuando las cláusulas ya estaban prohibidas, ese segmento representó el 79,9% de las unidades vendidas.

Otro asunto importante es que los equipos de gama media hoy son lo suficientemente poderosos como para todo lo que un usuario necesite hacer. Un smartphone intermedio de 2015 –como el Sony Xperia M4 Aqua o el LG Magna– tiene un procesador Snapdragon de cuatro u ocho núcleos a 1,2 GHz, y 1 ó 2 GB de RAM. Un ‘flagship’ de 2013 tiene más o menos las mismas especificaciones, como el Samsung Galaxy S4, mientras que los requerimientos de hardware de las aplicaciones y los sistemas operativos casi no han subido en el último año y medio.

Todo el mercado creció 9,1% en 2014, según el mismo estudio. La CRC señala esta cifra en una infografía que publicó en días pasados, y aunque en el comunicado de prensa que la acompaña no dice que el crecimiento haya ocurrido gracias a las cláusulas, ese fue tratamiento que le dieron varios medios a la cifra.

¿El mercado creció gracias al fin de las cláusulas, o a pesar del fin de las cláusulas?

En su momento, la Comisión Reguladora de Comunicaciones dijo que la medida hizo que bajaran los precios de los equipos, aunque luego sacó de YouTube el video en el que hacía esa afirmación y admitió –según El Tiempo– que no tenía estudios serios para soportar esa afirmación. De todos modos, si se venden más equipos baratos, el precio promedio de todos los equipos vendidos baja. De hecho, el precio de los equipos de gama media y alta subió fuertemente por cuenta de la devaluación del peso: el precio de un dólar en pesos aumentó 40% en el último año.

Da la impresión de que la CRC buscaba defenderse de quienes afirmaban que la eliminación de las cláusulas iba a estancar el mercado. Pero hay cifras que sugieren que la medida sí frenó un poco la actividad. El mismo estudio de GFK de 2013, según datos obtenidos por Techcetera, dice que el crecimiento en ese año fue del 10%.

Y es difícil creer que Colombia sea un mercado de smartphones saturado –lo que explicaría el frenazo–: las cifras de 2014 indican que el 26% de los teléfonos vendidos no fueron ‘inteligentes’, y un estudio de Asomóvil –el gremio de los operadores móviles– revelado en marzo dice que, en el cuarto trimestre del año pasado, la mitad de los celulares activos en Colombia eran smartphones.

Consultados por ENTER.CO, varios fabricantes de celulares prefirieron no pronunciarse.

Los planes tienen más servicios pero no son más baratos

Otro de los argumentos con los que la CRC defiende las cláusulas es que las opciones para los usuarios crecieron en este último año. En teoría, tiene sentido: si la gente ya no está obligada a estar con un operador, debe ser seducida para no abandonarlo. Y es cierto que este año aumentaron las opciones, desde planes ‘ilimitados’ –es decir, con límites muy amplios– hasta servicios cuyo consumo no se descuenta de los planes de datos.

Esto, sin embargo, no se debe solo al fin de las cláusulas. La llegada de servicios como las llamadas de WhatsApp hizo que los operadores se movieran muy rápido. Ante la perspectiva de que la gente dejara de consumir voz para hacer sus llamadas por medio del servicio de datos –y ahorrara mucho dinero en el proceso–, los paquetes se hicieron mucho más generosos. Los primeros planes ‘ilimitados’, de hecho, solo aparecieron después de que la app de Facebook anunció su nueva función.

Las llamadas de WhatsApp hicieron que los operadores se ‘pusieran las pilas’

Además, la CRC dice que los precios promedio del minuto y del GB bajaron entre el primer y el cuarto trimestre de 2014: el minuto pasó de $72 a $68, y el GB, de $37.000 a $24.000. Esto está en sintonía con lo que Asomóvil dice en sus cifras, aunque el gremio tiene números un poco diferentes.

Pero los operadores no creen que esto esté haciendo que la gente gaste menos dinero en servicios de telecomunicaciones que antes. “Por la misma plata de hace un año, un usuario de telefonía móvil recibe más beneficios en sus servicios“, aseguró a El Tiempo un vocero de los operadores.

Los minoristas crecieron, pero no se dispararon

Un comentario usual era que los grandes beneficiarios de esta medida iban a ser los canales minoristas: tiendas grandes como Éxito o Falabella, operadores pequeños como ETB o Avantel, entre otros. Estos estaban en una posición inmejorable: tenían experiencia en manejo de inventarios, una marca poderosa, contacto con el consumidor, mecanismos de financiación e, incluso, tenían operadores virtuales en Colombia u otros países.

Y aunque no desbancaron a los operadores, sí les están comenzando a morder el mercado. Mientras que en el primer trimestre de 2014 del mercado solo el 1,8% de los equipos fueron vendidos eran de Claro, Movistar o Tigo, en el último trimestre de ese año el 8,7% de los celulares fueron expendidos en ese segmento del mercado. De hecho, en ese período, los otros canales vendieron más equipos que Tigo y Movistar.

Los nuevos canales ya venden más que Tigo y que Movistar

De todos modos, Tigo creció considerablemente el año pasado, pues pasó de vender el 5,5% de los teléfonos celulares en el primer trimestre a vender el 8,8% en el último. Claro tuvo una caída del 7,2%, pero sigue dominando ampliamente el mercado, con el 72,4% de las ventas. Movistar sí sufrió una caída importante: pasó de expender el 12,5% de los dispositivos al 5,5%. GFK advierte que estas cifras revelan la realidad del 68% del mercado, por lo que no pueden tomarse como un dato definitivo.

Hay que tener en cuenta que los operadores comenzaron agresivamente a implementar facilidades de crédito en 2015, y los resultados de ese esfuerzo no están reflejados en este estudio.

El robo no se disparó

En la medida en la que el valor de cambio de los celulares crecía gracias al fin de las cláusulas, se temía que el robo de celulares se dispararía. Pero en este último año, este delito sigue su marcha descendente. Hasta marzo de este año, la Policía ha tenido 40% menos denuncias por robo que en el mismo período de 2014. En ese año, se reportaron 20% menos robos de terminales que en 2013,

En resumen, el mercado se ha comportado como se esperaba: la mayor presión por los precios de los equipos y las mejores opciones de movilidad entre los usuarios cambiaron el mercado de celulares en nuestro país. Pero también ha habido factores externos que han llevado las cosas en la misma dirección, por lo que es difícil saber hasta qué punto los cambios que han ocurrido se deben al fin de las cláusulas o no.

Imágenes: ENTER.CO, CRC

Desde el pasado 1 de junio, los contratos y acuerdos de prestación de servicio que se suscriben entre los usuarios y los operadores de telefonía móvil celular tendrán un cambio importante. En lugar de los usuales ‘ladrillos’ en los que la letra grande es pequeña y la pequeña es microscópica, las empresas estarán obligadas a explicar las obligaciones y los servicios que contrató el usuario de forma muy clara y en una sola página para los planes prepago, y en dos, en el caso de los pospago.

Para los usuarios prepago, los operadores deberán dejar claras las tarifas de minutos, mensajes y datos, la vigencia de las recargas, en qué condiciones se renuevan o se pierden el saldo y la línea y cómo funcionan los servicios adicionales. Para los pospago, además, los contratos deben explicar las obligaciones de pago del usuario, qué hacer en caso de que no llegue la factura y cómo ceder, suspender y cancelar la línea.

Además, ambas facturas deben incluir información sobre portabilidad numérica, condiciones mínimas de calidad y cómo hacer reclamos sobre el servicio. Aquí pueden ver un modelo del contrato de prepago (PDF), y aquí uno de pospago (PDF).

Juan Manuel Wilches, director ejecutivo de la Comisión Reguladora de Comunicaciones, explicó a El Tiempo que esta medida tienen como objetivo que “el usuario puede saber qué servicio está adquiriendo con la información relevante y sencilla que le permite decidir y conocer sus derechos y cumplir con sus obligaciones”.

La CRC explicó que todos los nuevos contratos en pospago y condiciones de prestación de servicio en prepago deberán tener el nuevo formato, igual que las modificaciones de plan o condiciones que hagan los usuarios actuales.

Imagen: Olga Lebedeva (vía Shutterstock)

La táctica más común para conseguirlo son las llamadas bases de datos negativas. Básicamente, son listados de equipos que han sido reportados como robados. La idea es que si alguien intenta activarlos, no lo pueda hacer. Eso, en teoría, debería reducir su valor en el mercado negro, lo que disuadiría a los ladrones de meterse en ese negocio.

En la práctica, eso no es tan sencillo.

Su implementación

Colombia ha seguido al pie de la letra el libreto de las bases de datos. En 2009 los operadores comenzaron a armar la base de datos negativa, y hoy esta tiene 26,2 millones de códigos IMEI, de acuerdo con Asomóvil –el gremio de los operadores móviles en Colombia–. Cuando el usuario hace el reporte, el equipo debe quedar bloqueado en máximo 20 minutos. Según la Comisión Reguladora de Comunicaciones colombiana, los operadores están cumpliendo con su obligación al pie de la letra.

De hecho, los operadores colombianos alimentan dos ‘listas negras’. También reportan los IMEI de los equipos robados a la base de datos negativa de la GSMA –el gremio de los operadores que usan la tecnología GSM–. En ella participan 140 operadores de 44 países, según el sitio web de la organización.

Los operadores colombianos usan dos ‘listas negras’

Pero el problema siguió creciendo, y en 2012, el Gobierno decidió que también era necesaria la base de datos positiva. La idea original era que los equipos fueran listados tan pronto fueran importados al país, pero ninguna autoridad se quiso hacer cargo de esa tarea. Entonces, se decidió que debían ser los usuarios quienes registraran sus equipos.

La experiencia ha sido complicada. La mayoría de usuarios pospago financiaban sus celulares –antes del fin de las cláusulas de permanencia– con los operadores, y las empresas podían saber qué equipos eran comprados legalmente y qué usuarios los tenían en su poder. El problema es que en Colombia, según cifras del Ministerio TIC, solo el 20% de las líneas activas son pospago, lo que significa que el 80% de ellas no están atadas a un equipo.

(Como nota al pie: por ahí va uno de los argumentos de quienes se opusieron al fin de las cláusulas de permanencia. Al eliminar los subsidios, desaparece el incentivo para que los celulares sean comprados a los operadores, y eso no solo aumenta la demanda por equipos robados, sino también hace más difícil mantener el registro de los usuarios y los equipos).

Por eso, hoy los operadores tienen que pedirles a cerca de 600.000 usuarios cada mes que registren sus equipos. La mayoría lo hace, pero este proceso –como veremos más adelante en este especial– camufla un gran problema.

El laberinto internacional

Si la idea es evitar que en Colombia sea buen negocio robar celulares, no sirve de mucho que la base de datos local funcione bien. Cuando el mercado colombiano se llenó de equipos que no podían ser activados, los criminales comenzaron a exportarlos a países vecinos, como Venezuela, Ecuador o Perú. Allí pueden ser activados como si fueran nuevos, y vendidos, en promedio, a 400.000 pesos (cerca de 160 dólares) por unidad, según cifras de la Policía.

Las fronteras de Colombia son puntos de tráfico de productos ilegales desde hace décadas. Por allí se mueve el mercado de cocaína, por lo que camuflar uno que otro cargamento de celulares –o de cualquier otra cosa que deba pasar por debajo del radar– es cosa de rutina. Ya del otro lado, la demanda por equipos baratos hace el resto del trabajo.

El nuevo objetivo del gobierno colombiano es, entonces, cortarles ese chorro a los criminales. La mejor forma de hacerlo es lograr que en esos países las bases de datos funcionen tan bien como en Colombia, y además bloqueen los equipos que son hurtados aquí. El problema es que, para lograrlo, cada Estado debe surtir sus propios y engorrosos trámites legislativos.

La parte fácil es hacer que cada uno de esos países comparta su ‘lista negra’ con Colombia, de modo que los operadores de allá sepan qué celulares fueron robados aquí, y viceversa. Esto se ha logrado a través de convenios binacionales entre Colombia y esos países, y también por medio de la GSMA, pues la mayoría de operadores venezolanos, ecuatorianos y peruanos participan de la base de datos del organismo.

Pero, como admite Alejandro Delgado, director de la oficina internacional del Ministerio TIC, “el reto es hacer que la regulación interna de muchos países obligue a los operadores a hacer el bloqueo”. Esa es la parte difícil: aquí entran en juego las minucias burocráticas, legislativas y políticas de cada uno de los países, que son las que hacen que este proceso sea tan engorroso.

Hay avances, por supuesto. La Comunidad Andina de Naciones, de la que forman parte Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, obliga desde 2013 a sus países miembros a unirse a la base de datos de la GSMA y a bloquear los equipos reportados en ella, pero esto todavía está en implementación.

Con Ecuador “el intercambio bilateral funciona” y se han bloqueado muchos equipos. Perú ya tiene sus propias bases de datos y, según el funcionario, está en medio del proceso para bloquear los equipos robados en Colombia. Con Venezuela hay un convenio desde 2013. Allí, según el funcionario, los operadores querían comenzar a bloquear, pero la norma no se los permitía.

Una red muy porosa

La base de datos global de la GSMA pretende ser una especie de red que impida que los celulares robados sigan su curso en el mercado negro global. Pero es una red muy porosa: muchos de estos equipos se escapan entre sus múltiples aberturas.

En Latinoamérica, según cifras del gremio, hay 41 operadores conectados a la red que intercambian información sobre equipos robados y ocho más que, aunque tienen acceso, no envían sus propios reportes. Según Sebastián Cabello, director de la GSMA en Latinoamérica, estos 49 operadores funcionan en 18 países y “representan cerca del 90% de los usuarios de la región”.

No todas las empresas reportan inmediatamente los equipos robados. De ellas, 32 lo hacen todos los días, seis lo hacen varias veces a la semana y 11 tienen una frecuencia baja. Llama la atención que ningún operador de Paraguay está conectado. “Allá ha sido complicado porque hay mucho tráfico”, dice Cabello.

La base de datos de la GSMA deja muchos países por fuera

Otro problema es que la base de datos de la GSMA deja muchos países por fuera (recuerden que solo 44 participan de ella), y los casos de robo internacional son muy frecuentes. Uno entre millones, que se conoció hace poco, ocurrió cuando un periodista de Buzzfeed se dio cuenta de su iCloud le mostraba fotos de un naranjo en China. El iPhone que le robaron en un bar de Nueva York terminó en las manos de un joven de Meizhou, una ciudad en el sur de ese país. Las fotos que tomaba el nuevo dueño del teléfono aun se estaban subiendo a la nube del antiguo propietario.

En China, como cuenta Zigor Aldama, reportero del diario español El País en Shanghái, los iPhone robados en Occidente son vendidos en la calle. Allí, “los vendedores los muestran subrepticiamente a viandantes que consideran posibles compradores”.

Todo este intercambio internacional ocurre porque las bases de datos negativas siguen estando llenas de grietas: mientras que los gobiernos requieren de engorrosas gestiones diplomáticas para actuar fuera de sus fronteras, a los criminales les basta esconder unos cuantos equipos en una maleta y tomar un avión.

Imagen: Montaje ENTER.CO.

Muchos se han levantado en contra de las cláusulas de permanencia que los operadores móviles les ofrecen a sus usuarios, con las que ofrecen dispositivos subsidiados a cambio del compromiso de seguir en un contrato por uno o más años.

Este viernes, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitió un borrador de resolución en el que busca que las empresas les aclaren a los usuarios cuáles son los costos causados por uno u otro concepto, y –más importante aun– hacer que sea más fácil que los usuarios cambien de operador si así lo desean, aun cuando tengan un contrato de permanencia vigente con otro prestador.

El borrador pretende que los operadores separen los contratos y los cobros respectivos por el valor del equipo y por el servicio de voz y datos que el usuario tenga contratado. Además, también busca que los operadores no puedan exigir cláusulas de permanencia mínima en sus servicios de comunicaciones.

Este paquete de medidas abre varias posibilidades. La más importante de todas, desde el punto de vista de los usuarios móviles, consiste en que ya no habría obstáculos para portarse de operador aun cuando se tenga una deuda por el dispositivo. Dice el borrador [PDF]: “el proveedor no podrá oponerse a que el usuario decida terminar su contrato […] ni podrá oponerse a que el nuevo proveedor que elija el usuario pague los valores asociados a la terminación anticipada“. Y El Tiempo explica: “Al no existir un tiempo mínimo de contrato, se podrá marchar de su operador cuando quiera sin penalidades“.

Por supuesto, los operadores no están muy contentos. En un comunicado de hace unos meses, Asomóvil –el gremio de los operadores móviles– había dicho que la eliminación de las cláusulas causará que “el costo de todos los teléfonos nuevos, en su gran mayoría los equipos denominados de ‘alta gama’, deban ser asumidos en su totalidad por el usuario, y por lo tanto la probabilidad de la adquisición a terminales móviles de mejor tecnología disminuirá”.

Este tema ya había sido ventilado en el Congreso de la República, donde ya fue aprobado por la Cámara de Representantes y estaba pendiente en el Senado. Sin embargo, la CRC dice que este borrador no nació tras ese Proyecto de Ley, sino que fue producto de una iniciativa independiente.

A la iniciativa aun le faltan varios para convertirse en norma. Todos los interesados podrán hacer llegar sus comentarios a la CRC hasta el 22 de noviembre, tras lo cual los estudiará y decidirá si los incorpora o no a la resolución.

En el borrador de resolución de la Comisión Reguladora de Comunicaciones [PDF] publicado este viernes, en el que se busca que los operadores facturen por separado los cargos de subsidio del teléfono y los del servicio de voz y datos en servicios móviles, hay otra cláusula que hasta ahora ha pasado inadvertida.

En el documento se busca que se considere como un acto de competencia desleal que los operadores móviles firmen contratos de exclusividad con los fabricantes para importar los teléfonos. Eso se traduciría en que ningún prestador podría garantizar exclusividad a la hora de vender ningún modelo terminal, pues no podría acordar esa clase de privilegios con un fabricante. Los actos de competencia desleal son conocidos por la Superintendencia de Industria y Comercio y penalizados con multas.

Esa es una práctica usual hoy en Colombia: en esta misma semana, Claro afirmó que el Sony Xperia Z1, el BlackBerry Z30 y el LG G2 son modelos exclusivos de ese operador. Movistar, por su parte, desde hace tiempo promociona su exclusividad sobre los teléfonos con Firefox OS.

Ya nos comunicamos con los operadores pero no han comentado sobre el tema hasta el momento. Estamos muy pendientes de su respuesta, que publicaremos apenas nos la comuniquen.

Ningún prestador podría garantizar exclusividad a la hora de vender ningún modelo

Para que esto se convierta en norma, aún debe surtirse un periodo de recepción de observaciones y comentarios por parte de todos los interesados, tras lo cual la CRC deberá analizarlas y adoptar las que considere pertinentes en el texto definitivo.