La Asamblea General de Accionistas aprobó, con una votación cercana a la unanimidad, el relevo de siete miembros principales de la Junta Directiva. En paralelo, la Junta designó nuevo gerente general, nueva secretaria general y ajustes en la representación legal. En el papel, se trata de decisiones corporativas habituales en procesos de adquisición. En la práctica, marcan el comienzo de una reorganización profunda en una empresa que, hasta hace poco, operaba de forma independiente y con una estructura propia.

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El mensaje oficial se ha concentrado en la continuidad del negocio y en la normalidad de los servicios. Para los usuarios, al menos por ahora, no habrá cambios en planes, precios ni condiciones contractuales. Pero puertas adentro la conversación es otra. ¿Hasta dónde llegarán los ajustes internos? ¿Se trata solo de una alineación directiva o del primer paso de una reconfiguración más amplia?

Movistar llegó a tener más de 5.000 empleados directos en Colombia, además de miles de puestos indirectos asociados a su operación. La integración con Tigo supone la unión de dos organizaciones que, hasta hace semanas, competían en los mismos segmentos y territorios. La lógica empresarial indica que habrá áreas duplicadas, procesos que se unifican y estructuras que se revisan. La incógnita es cuándo y cómo se traducirá eso en decisiones sobre el talento humano.

Cambios que abren preguntas laborales

Los comunicados publicados por la compañía no mencionan recortes ni reestructuraciones laborales. Tampoco hacen promesas en ese sentido. Se limitan a informar los cambios en la cúpula directiva y a señalar que las decisiones se tomaron conforme a los estatutos y a las autorizaciones regulatorias. Sin embargo, en casi cualquier proceso de fusión de esta magnitud, los ajustes de personal suelen aparecer más temprano que tarde.

¿Habrá despidos? ¿Se ofrecerán planes de retiro voluntario? ¿Se mantendrán las condiciones laborales actuales para los trabajadores de Movistar? Son preguntas que hoy no tienen respuesta pública, pero que circulan entre los empleados y en el sector. Más aún cuando el traslado de la sede principal —los equipos de Tigo se moverán al edificio de Movistar— sugiere una integración operativa acelerada.

A este escenario se suma un elemento adicional: la participación del Estado colombiano en la compañía. Aunque el Gobierno anunció su intención de vender sus acciones, la operación no se ha hecho efectiva. Eso significa que Movistar sigue teniendo presencia estatal en su estructura accionaria, un factor que introduce otras variables en la discusión sobre empleo, gobernanza y responsabilidad pública.

La coexistencia de un nuevo controlador privado con una participación estatal pendiente de definirse plantea interrogantes legítimos. ¿Qué papel jugará el Estado en las decisiones estratégicas mientras siga siendo accionista? ¿Habrá algún tipo de salvaguarda frente a eventuales impactos laborales? ¿O la lógica del mercado se impondrá sin matices?

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El sector de telecomunicaciones en Colombia ya venía mostrando señales de concentración. Claro mantiene una posición dominante en varios segmentos, y la integración Tigo–Movistar reduce el número de grandes jugadores con red propia. En ese contexto, la creación de un nuevo grupo empresarial fuerte puede leerse como una apuesta por competir en escala y capacidad tecnológica, especialmente de cara al despliegue de 5G y a las ofertas convergentes.

Pero toda consolidación tiene costos y efectos secundarios. Más allá de los beneficios para el mercado o los usuarios, queda abierta la discusión sobre el impacto interno. El relevo casi completo de la Junta Directiva y de la alta gerencia es una señal clara de que el control cambió y que la hoja de ruta será distinta.

Tal vez la pregunta de fondo no sea si habrá cambios, sino cuáles y con qué alcance. En ese sentido, una respuesta más detallada por parte de las empresas involucradas ayudaría a despejar dudas. No para anticipar decisiones que aún no existen, sino para entender qué viene después de la fusión, especialmente para quienes han sostenido la operación durante años.

Por ahora, los comunicados hablan de nombramientos y de gobernanza. Lo que no dicen —y lo que muchos esperan escuchar— es qué pasará con las personas más allá del organigrama.

De acuerdo con el decreto expedido por el Ministerio de Hacienda, la Nación pondrá en venta 1.108 millones de acciones que posee en Colombia Telecomunicaciones, equivalentes al 32,5 % del capital de la empresa. El precio inicial establecido es de 772 pesos por acción, lo que permitiría al Estado obtener ingresos superiores a los 850.000 millones de pesos, según las proyecciones oficiales.

La medida se adopta en un momento de reordenamiento del sector de telecomunicaciones en el país, marcado por la consolidación de operadores y por la necesidad de fortalecer financieramente a las empresas para competir en un mercado cada vez más exigente en inversión, cobertura y calidad de servicio.

¿Cómo funcionará la venta de las acciones?

El decreto establece que el proceso de enajenación se realizará en dos etapas. En la primera, el Gobierno hará una oferta pública dirigida a los llamados destinatarios de condiciones especiales, una categoría definida por la ley que incluye, entre otros, a trabajadores, exempleados, fondos de pensiones y organizaciones solidarias vinculadas a la compañía.

Esta etapa tendrá una duración mínima de dos meses y se desarrollará bajo un esquema de amplia publicidad y libre concurrencia. Durante ese periodo, las acciones se ofrecerán al precio fijo determinado por el Gobierno. Si al cierre de esta fase no se logra vender la totalidad de los títulos, se dará paso a una segunda etapa.

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En esa instancia, las acciones restantes se pondrán a disposición del público en general, tanto en el mercado local como en eventuales escenarios internacionales, siempre bajo las condiciones y requisitos definidos en el reglamento del proceso. El precio no podrá ser inferior al valor fijado en la primera etapa, aunque podrá ajustarse de acuerdo con las condiciones del mercado.

El decreto aclara que la venta de esta participación no implica un cambio en el control de la empresa ni afecta la continuidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones.

¿Qué busca el Gobierno con esta decisión?

Desde la perspectiva fiscal, la operación permitirá al Estado obtener recursos significativos en un contexto de restricciones presupuestales. Aunque el decreto no detalla el destino específico del dinero, este tipo de ingresos suele incorporarse al presupuesto nacional para financiar gasto público o reducir presiones sobre las finanzas del Estado.

En términos de política pública, la decisión responde a la línea adoptada por el Gobierno de concentrar su rol en la regulación y supervisión del sector, en lugar de mantener participaciones accionarias en empresas que operan en mercados competitivos. Esta orientación ha sido respaldada en documentos oficiales que recomiendan al Estado desprenderse de activos que no cumplen una función estratégica directa.

La venta también se produce en medio del debate sobre la concentración del mercado tras la integración entre Movistar y Tigo. Frente a ese escenario, el Ministerio TIC ha reiterado que la operación no configura un duopolio y que existen mecanismos regulatorios para garantizar la competencia.

Con esta decisión, el Gobierno cierra un capítulo de su participación directa en Movistar Colombia y deja en manos del mercado el futuro accionario de la compañía, mientras mantiene su papel como autoridad reguladora en un sector clave para la conectividad y el desarrollo digital del país.