La situación inició cuando la Corte Suprema ordenó la eliminación de algunos contenidos colgados en la red social X, los cuales consideró como “publicaciones de desinformación y propaganda política”. Todo indica que dichos contenidos pertenecían a promoción política de los partidos de derecha, específicamente a militantes del expresidente Jair Bolsonaro. 

Estas publicaciones se consideraban parte de una campaña de desinformación y propaganda política, que cuestionaba la integridad del sistema electoral brasileño y promovía teorías de conspiración relacionadas con un supuesto intento de golpe de Estado. 

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Musk se negó a cumplir con las órdenes de Alexandre Moraes, lo que llevó a la corte a imponer multas y ordenar el cierre de la oficina de X en Brasil. Además, las cuentas bancarias de Starlink en el país, otra de las empresas de Elon Musk, fueron bloqueadas para garantizar el pago de dichas multas, afectando a más de 215,000 líneas activas de Starlink en Brasil. 

La situación podría empeorar, ya que la Corte Suprema ha amenazado con bloquear completamente la red social X en Brasil si Musk no cumple con las órdenes judiciales. El dueño de Starlink ha desafiado esta posibilidad, insinuando que el juez está intentando censurar a sus opositores políticos.

Además, Elon Musk respondió con fuertes críticas hacia el juez De Moraes, calificándolo de “dictador” y “criminal”, y acusando al gobierno brasileño de actuar en contra de sus empresas por razones políticas. A pesar de las sanciones y amenazas, Starlink ha decidido continuar ofreciendo sus servicios en Brasil de forma gratuita. Y es que la compañía ha llevado conexión a muchos hospitales y escuelas que se encuentran en zonas remotas.  

Este conflicto refleja las tensiones crecientes entre las empresas tecnológicas y los gobiernos en temas de regulación y censura, con Musk en una posición particularmente confrontativa en este caso.

Imagen: montaje ENTER.CO con foto de Andre Taissin

El último informe de Twitter hace ruido por eso mismo. Pues la red social reveló que solo entre enero y junio del 2021 se batieron récords en el número de peticiones hechas por gobiernos para retirar publicaciones hechas en la plataforma por otros usuarios. Durante ese período de seis meses, se recibieron más requerimientos de este tipo de los que se han presentado desde el año 2012, cuando se comenzó a compilar esta información.

De acuerdo al documento publicado, la compañía recibió más de 43.000 demandas legales de gobiernos que exigieron retirar contenidos de al menos 196.878 cuentas. El 95% de estos requerimientos se concentraron en cinco países: la mayoría de ellas llegaron desde Japón, Rusia, Turquía, India y Corea del Sur. China y Corea del Norte no aparecen en el informe, pues el acceso a Twitter está bloqueado en esos países.

¿Se eliminaron los contenidos incómodos para los gobiernos?

Sí, pero no todos. Según el Centro de Transparencia de la compañía, en el 54 % de los casos la red social solicitó a las cuentas denunciadas que modificaran el contenido o que, en su defecto, lo eliminaran.

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Cabe resaltar también que por fuera de las 43.000 solicitudes, la red social también reunió los datos de aquellas peticiones hechas por civiles (no por gobiernos) que han buscado el mismo objetivo desde 2014: evitar que ciertos contenidos se compartan y se hagan virales en Twitter. El informe subraya que, desde ese año, este tipo de requerimientos civiles han llegado de 35 países dentro de los que se cuentan Suiza, Israel y Argentina; sin embargo, el 87 % de estas peticiones se han hecho desde Japón, Brasil y EE.UU.

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