Según medios rusos, desde diciembre las autoridades hicieron que WhatsApp funcionara alrededor de un 80% más lento. Sin embargo, en las últimas horas el gobierno ruso confirmó el bloqueo total del acceso a WhatsApp tras eliminar el servicio de su directorio digital. El ente regulador de internet nacional gestiona ese directorio.

Como resultado, la plataforma quedó fuera de la internet rusa. Esto hace casi imposible acceder a WhatsApp en ese país. Aunque se desconocen los hechos puntuales que llevaron a esta decisión, desde hace semanas millones de personas perdieron acceso a diversas plataformas.

“Debido a la renuencia de Meta a cumplir con la legislación rusa, se tomó e implementó dicha decisión”, dijo el portavoz ruso, Dmitry Peskov. Por otra parte, WhatsApp expresó en sus cuentas oficiales que “intentar aislar a más de 100 millones de usuarios de una comunicación privada y segura es un paso atrás y solo puede conducir a una menor seguridad para los ciudadanos de Rusia”.

La plataforma aseguró que seguirá haciendo todo lo posible para mantener a los usuarios conectados. También afirmó que el gobierno ruso “tiene el fin de controlar y obligar a los usuarios a utilizar una aplicación de vigilancia estatal”.

Max, la aplicación nacional que promueve Rusia

Los bloqueos a aplicaciones no afines al gobierno forman parte de un plan de Rusia. El objetivo es obligar a las personas a usar una aplicación nacional llamada “Max”, inspirada en la plataforma china WeChat. Esta app ofrecerá mensajería, red social y servicios gubernamentales como el ID digital en un solo lugar.

El gobierno designó oficialmente a Max como la app de “mensajería nacional” el año pasado. La aplicación pertenece a VKontakte (VK), red social que controla el círculo cercano del presidente Vladimir Putin. A diferencia de WhatsApp o Telegram, esta aplicación no ofrece un cifrado fuerte. Por eso, el gobierno podría acceder a datos y conversaciones de los usuarios.

Con esta estrategia, Rusia busca bloquear aplicaciones externas que impiden al gobierno acceder a los datos de los usuarios.

Telegram y otras plataformas bajo presión

Las autoridades también eliminaron Facebook e Instagram de Meta del directorio, según Financial Times. En este caso, los usuarios solo pueden acceder a las apps a través de VPN, después de que el gobierno designó a Meta como “extremista”. Según analistas rusos de internet, el acceso a YouTube también se degradó visiblemente. Sin embargo, no está claro si las autoridades eliminaron por completo este servicio del directorio digital.

Además, Rusia intensificó las interrupciones a Telegram, una aplicación más popular que WhatsApp en ese país. Su fundador, el ruso Pavel Durov, reaccionó públicamente. Aseguró que “restringir la libertad de los ciudadanos nunca es la respuesta correcta. Telegram representa la libertad de expresión y la privacidad, sin importar la presión”, dijo Durov.

En el caso de Telegram, los bloqueos generaron debate interno y críticas en algunos sectores del gobierno. Soldados rusos y habitantes de regiones fronterizas con Ucrania usan esta aplicación para recibir alertas sobre ataques.

Por ahora, se desconoce si los bloqueos serán temporales o definitivos. Sin embargo, la medida evidencia un nuevo intento de implementar un sistema que facilite la vigilancia digital.

Imagen: Amanz / Unsplash

La jugada funcionó. En pocas horas, el desempleo dejó de ser tendencia y fue reemplazado por un debate emocionalmente potente: la protección de los menores. Es un terreno difícil de cuestionar sin pagar costos políticos. Sin embargo, detrás del discurso protector aparece una agenda mucho más amplia que tiene que ver con poder, control y narrativa.

El paquete presentado por el Gobierno no se limita a una restricción etaria. Incluye responsabilizar penalmente a directivos de plataformas, castigar la manipulación algorítmica, crear sistemas de medición del odio y reforzar la capacidad del Estado para intervenir contenidos considerados ilegales. Todo gira alrededor de una palabra que Sánchez repite con insistencia: control.

Del cuidado infantil al control del espacio digital

Prohibir redes sociales a menores no es una medida inocua ni simple. Para que sea efectiva, exige verificar la edad de todos los usuarios. Y verificar la edad de todos implica, en la práctica, acabar con el anonimato digital, centralizar datos sensibles y normalizar sistemas de identificación obligatoria. No solo para adolescentes, sino para toda la ciudadanía.

El choque con Elon Musk ayudó a consolidar el relato. El propietario de X respondió con acusaciones de autoritarismo que escalaron el conflicto a nivel internacional. Lejos de debilitar la estrategia del Gobierno, el enfrentamiento amplificó el mensaje y desplazó aún más otros debates incómodos. La polémica se volvió global, el ruido aumentó y la agenda quedó capturada.

Mientras tanto, las dudas técnicas y sociales quedaron relegadas. Especialistas advierten que la prohibición puede esquivarse fácilmente con herramientas básicas y que no existe consenso científico sólido sobre su impacto positivo en la salud mental de los jóvenes. También señalan que una política basada en vetos puede ser más simbólica que efectiva.

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Más allá de la discusión técnica, emergen motivaciones políticas menos explícitas. Una es la necesidad de recuperar control sobre un espacio donde el poder institucional ha perdido capacidad de marcar límites. Las redes sociales no solo amplifican desinformación, también amplifican críticas, disidencias y narrativas incómodas para los gobiernos.

Otra razón es el manejo de la agenda. Convertir la regulación digital en el eje del debate permite desplazar temas económicos adversos sin confrontarlos directamente. No se niegan los datos, pero se les quita oxígeno mediático.

La discusión de fondo no es si los menores deben o no usar redes sociales. Es quién define qué contenidos son aceptables, quién controla esa definición y qué contrapesos existen. En ese punto, la propuesta deja de ser una política pública y se convierte en una disputa abierta por el poder en el espacio digital.

Algunos youtubers afectados señalaron en un principio a la inteligencia artificial como responsable. Creían que los algoritmos de la plataforma habían detectado erróneamente los vídeos como potencialmente dañinos. Sin embargo, YouTube confirmó que las eliminaciones fueron realizadas de forma manual y que no intervinieron sistemas automáticos en el proceso.

Los vídeos, en su mayoría tutoriales paso a paso para instalar Windows 11 en ordenadores antiguos o sin conexión a Internet, fueron marcados como peligrosos o dañinos, a pesar de haber estado disponibles desde hace tiempo sin inconvenientes ni sanciones.

La situación se conoció después de un informe de Ars Technica que reunió las quejas de varios creadores. Según explicaron, no pudieron solicitar una revisión humana ni obtener una explicación clara sobre los motivos de la eliminación de sus contenidos.

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Entre los más afectados está Rich White, creador del canal CyberCPU Tech, quien afirmó que buena parte de sus ingresos provenía de estos tutoriales. Otro youtuber advirtió que la medida podría ser el inicio de un control más estricto sobre los canales de tecnología y alertó sobre el riesgo que enfrentan los creadores.

El contexto tampoco contribuye a calmar la polémica. Desde octubre, Microsoft reforzó las restricciones para instalar Windows 11 y exige el uso obligatorio de una cuenta en línea. Además, bloqueó los métodos alternativos que permitían crear una cuenta local o realizar la instalación sin conexión a Internet.

Estas limitaciones impulsaron el uso de versiones modificadas como Tiny11, que eliminan requisitos y programas preinstalados. Aunque estas ediciones son populares entre los usuarios, operan fuera de los canales oficiales y generan dudas sobre su seguridad y legalidad.

La coincidencia entre las nuevas políticas de Microsoft y la eliminación de vídeos en YouTube despertó sospechas de una posible presión indirecta para frenar la difusión de guías no autorizadas. No existen pruebas que lo confirmen, pero la simultaneidad de ambos hechos reavivó el debate sobre la libertad del usuario para administrar su propio sistema operativo.

YouTube aseguró haber restablecido algunos de los vídeos eliminados y anunció que revisará sus procedimientos para evitar errores similares. Aun así, los creadores temen que este episodio marque un precedente en la forma en que se gestionan los contenidos técnicos dentro de la plataforma.

Mientras la comunidad espera una explicación más concreta, el caso deja en evidencia un dilema que crece entre los usuarios. Las plataformas intentan proteger sus políticas de seguridad, pero al mismo tiempo deben garantizar el acceso a información útil y legítima. La pregunta que muchos se hacen es quién decide realmente qué puede compartirse en Internet.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT