La decisión reconoce que la manipulación digital tiene un alcance mayor que las formas tradicionales de suplantación. A partir de julio de 2026, quienes usen inteligencia artificial para atribuirse identidades o crear contenidos falsos podrán recibir multas más altas y penas de prisión que se extienden hasta seis años, dependiendo de la gravedad del caso.

El deepfake se ha convertido en el ejemplo más preocupante de esta amenaza. Mediante algoritmos avanzados, se pueden producir audios y videos que replican de manera convincente la voz o la apariencia de una persona, aunque nunca haya dicho o hecho lo que se muestra. Estas prácticas han sido usadas en fraudes, extorsiones y campañas de desinformación en distintos países.

En el texto de la nueva ley se especifica que, cuando la falsedad personal se realice con el uso de inteligencia artificial, la sanción aumentará hasta en una tercera parte. Esto significa que la justicia ahora considera que el daño provocado por estas tecnologías merece un castigo proporcional a su capacidad de impacto.

El tema no es exclusivo de Colombia. En el Reino Unido, por ejemplo, se aprobó recientemente una reforma que penaliza la creación y distribución de deepfakes sexuales sin consentimiento, con hasta dos años de prisión para los responsables. La experiencia internacional muestra que la regulación es una respuesta necesaria frente a un problema que no deja de crecer.

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Simbad Ceballos, CEO de OlimpIA, asegura que esta norma llega en un momento decisivo. Para él, la suplantación digital no puede seguir tratándose como un simple engaño tecnológico. Al contrario, exige medidas jurídicas claras y sanciones que reflejen la magnitud del riesgo. También advierte que los deepfakes no son hechos aislados sino un fenómeno global que exige preparación y capacidad de respuesta.

Más allá de las sanciones, la Ley 2502 abre la puerta a una política pública sobre el uso de la inteligencia artificial en fraudes y suplantaciones. Esta deberá ser diseñada por entidades como la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ministerio de Justicia, en coordinación con el Ministerio TIC. Se espera que incluya estrategias de educación, cooperación internacional y desarrollo de herramientas de detección.

La protección de la dignidad y la integridad personal es uno de los pilares de esta regulación. Manipular la voz o la imagen de alguien puede convertirse en un acto de acoso, extorsión o humillación. También está en juego la validez de las pruebas digitales en procesos judiciales y el impacto que estas falsificaciones pueden tener en la opinión pública o en la estabilidad política de un país.

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El análisis deja ver que la ley busca un balance. No pretende frenar la innovación tecnológica, sino establecer límites que eviten que la inteligencia artificial sea usada de manera abusiva. Al mismo tiempo, la norma envía un mensaje a los ciudadanos sobre la importancia de mantenerse informados y denunciar cuando su identidad digital sea vulnerada.

La identidad en internet hoy pesa tanto como la identidad física. Una imagen alterada o un audio manipulado pueden arruinar la reputación de una persona, desviar procesos democráticos o poner en riesgo la confianza en la información. Con esta reforma, Colombia se suma al grupo de países que empiezan a trazar una ruta de defensa frente a un fenómeno que apenas está comenzando.

Imagen: Archivo ENTER.CO

¿Por qué se pide cárcel para Jay Y. Lee?  

El caso se centra en la fusión entre Samsung C&T y Cheil Industries en 2015, un movimiento estratégico que supuestamente buscaba fortalecer el control de Jay Y. Lee sobre el conglomerado antes de su ascenso como presidente de Samsung Electronics. Según los fiscales, esta operación perjudicó a los accionistas minoritarios y manipuló el valor de las empresas involucradas para beneficiar al propio Lee.  

Además, se acusa a Lee de haber utilizado la influencia de Samsung para obtener apoyo político y gubernamental para la fusión, incluyendo la participación de funcionarios de alto nivel en la validación del proceso. Esta no es la primera vez que el líder de Samsung enfrenta cargos legales por corrupción y abuso de poder. En 2017, fue sentenciado a prisión en otro caso relacionado con sobornos a la expresidenta Park Geun-hye, aunque posteriormente fue liberado tras un fallo de apelación.

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¿Qué dice la defensa de Lee?  

El equipo legal de Jay Y. Lee sostiene que la fusión fue un movimiento empresarial legítimo y necesario para asegurar la estabilidad y competitividad de Samsung en el mercado global. También argumentan que las acusaciones carecen de pruebas contundentes y que el proceso judicial ha sido excesivamente prolongado, afectando tanto a Lee como a la reputación del conglomerado.

Los “chaebols” y su influencia en Corea del Sur  

Los chaebols, como Samsung, Hyundai y LG, han sido fundamentales en el desarrollo económico de Corea del Sur, pero también han sido criticados por su influencia desmedida en la política y la economía. Este caso toma importancia porque refleja los intentos del gobierno y del sistema judicial surcoreano por limitar el poder de este tipo de grandes corporaciones y exigir mayor responsabilidad a sus líderes.  

Sin embargo, algunos sectores argumentan que un fallo en contra de Jay Y. Lee podría afectar negativamente a Samsung y, por ende, a la economía del país, dado que la empresa es responsable de una parte significativa del PIB surcoreano.

Imagen: Bloomberg

Al-Ghail, explica que en lugar de pasar años en una celda de prisión actual, los presos podrían terminar aquí su sentencia en sólo unos minutos.

“Cognify algún día podría crear e implantar recuerdos artificiales directamente en el cerebro del prisionero. Podría ofrecer un nuevo enfoque para la rehabilitación criminal, transformando la forma en que la sociedad trata a los delincuentes al centrarse en la rehabilitación en lugar del castigo”, explica en una publicación de Instagram.

 

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De acuerdo con el video un delincuente violento sería obligado a sentir y ver el crimen desde el sufrimiento de la víctima.

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En tanto a delitos que están relacionados con las drogas, a los reos tendrán visiones falsas y simuladas sobre las “luchas de la adicción y la recuperación”.

Esto con el fin de que los delincuentes puedan sentir y tener estados emocionales como el remordimiento y el arrepentimiento mediante la modificación de neurotransmisores y hormonas en tiempo real.

Aunque esto parezca de ciencia ficción, cabe mencionar que científicos ya han hecho estudios en laboratorios. Han implantado recuerdos falsos en ratones y han aprendido a cambiar sus recuerdos violentos por recuerdos felices.

Otro caso fue cuando en 2018, investigadores transfirieron un recuerdo de un caracol marino a otro, un año después de que descubrieran cómo codificar un clip de película en el ADN de la bacteria intestinal E. coli.

Aunque esta es una idea innovadora y una alternativa para presos y los sistemas carcelarios,el propio Hashem Al-Ghaili, expone algunas preocupaciones como el ético.

“Existen preocupaciones sobre el consentimiento, la privacidad y la posibilidad de consecuencias psicológicas no deseadas por la alteración de los recuerdos, incluso si son artificiales (…). La implantación de recuerdos artificiales también plantea preguntas sobre la autenticidad del yo”, explica.

 

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En un comunicado, explica que en el proceso de reintegrar a un delincuente a la sociedad en segundos, los “familiares del sujeto podrían recibir un informe completo sobre los nuevos recuerdos artificiales”. Sin embargo esto tendría graves consecuencias en tanto a la disonancia cognitiva sería una locura.

Cabe mencionar que esto es solo un proyecto conceptual, recordemos que este no es el primero de Hashem Al-Ghaili, pues hace algunos meses también presentó El Centro de Úteros Artificiales EctoLife, un proyecto científico y tecnológico plantea la creación de una fábrica de bebés con úteros sintéticos.

Imagen: Cognify

El proyecto de ley que ha sido nombrado “Seguridad en Línea”, que tiene varios ítems para proteger a niños, niñas, adolescentes y adultos en línea, es apoyado por la oficina del primer ministro, Rishi Sunak, lo que significa que muy probablemente sea aprobada.

Lo que busca esta iniciativa del Partido Conservador, es por ejemplo, evitar que se publique contenido ilegal como abuso sexual infantil, comportamiento controlador o coercitivo, violencia sexual extrema, fraude, delitos de odio, incitación a la violencia, inmigración ilegal y tráfico de personas, promover o facilitar el suicidio, promoción de las autolesiones, porno venganza, venta de drogas o armas ilegales, la explotación sexual y el terrorismo.

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También, que no se permita a los menores de edad tener acceso a contenidos dañinos e inapropiados, aclarando que sin ser ilegal puede llegar hacer pernicioso como la pornografía, el acoso en línea o la incitación a ciertas actividades como los desórdenes de alimentación.

El documento señala que las redes sociales deben tener herramientas efectivas y de fácil acceso para que se pueda moderar el contenido. También la ley obligaría a cumplir los límites de edad, haciendo verificaciones para evitar lo que sucede actualmente, con niños menores de 13 años con perfiles en redes sociales.

Al hacerse ley, quién estaría vigilando de que se cumpla las disposiciones, sería la Oficina de Comunicaciones, conocida como Ofcom, el ente regulador y de competencia de radiodifusión, telecomunicaciones y correos del Reino Unido.

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Si las compañías no cumplen estarían expuestas a ser multadas hasta con 18 millones de libras esterlinas o el 10 por ciento de su facturación global anual.

“Nuestro objetivo es hacer que las plataformas de redes sociales rindan cuentas por el contenido dañino, al mismo tiempo que garantizamos que el Reino Unido siga siendo un excelente lugar para invertir y hacer crecer un negocio tecnológico. Estamos seguros de que podemos lograr ambas cosas. Consideraremos cuidadosamente todas las enmiendas propuestas al proyecto de ley de seguridad en línea y estableceremos la posición cuando continúe la etapa del informe”, señaló la oficina del Primer Ministro.

Según The Guardian, las redes sociales tendrían máximo una hora para remover dichos contenidos luego de ser notificadas de su publicación. Claramente, “de manera expedita” no es un plazo preciso, pero se considera que 60 minutos son un tiempo razonable. Se tiene claro, sin embargo, que el tiempo podría depender de varias circunstancias.

“El proyecto de ley sobre Compartir material violento aberrante crea nuevos delitos para los proveedores de servicios de contenido y los servicios de alojamiento que no notifican a la policía federal australiana sobre o no eliminan rápidamente los videos que muestran ‘una conducta violenta abominable’. Esa conducta se define como videos que representan actos terroristas, asesinatos, intentos de asesinato, tortura, violación o secuestro”, afirman las autoridades australianas en un texto reproducido por el portal 9to5google.

Las penas a las que se enfrentan las redes sociales

Aunque la difusión de hechos violentos en las redes sociales no es una novedad, todo parece indicar que la gota que llenó la copa fue el video de una masacre perpetrada en Nueva Zelanda el pasado 15 de marzo. En él, un asesino, al parecer miembro de un grupo que apoya la supremacía blanca, acaba con la vida de unas 50 personas y causa heridas a decenas que estaban orando en una mezquita.

Las empresas de tecnología, asegura The New York Times, se oponen con fuerza a la medida, que contempla el pago de hasta el 10% de las ganancias anuales de quienes no cumplan la ley y prisión de hasta 3 años a sus empleados.

Imágenes: LoboStudioHamburg y Clker-Free-Vector-Images (vía Pixabay).

Japón desplegó una nueva arma al arsenal de la lucha de los gobiernos y la industria del entretenimiento contra la piratería. El lunes entró en vigencia en ese país una ley que decreta una pena de dos años de prisión y una multa de hasta dos millones de yenes (US$ 25.700) a quien sea encontrado culpable de bajar una canción sin permiso del dueño de sus derechos de autor, según reporta la BBC.

Los esquemas de tres strikes penalizan a quien comparta los archivos piratas y le dan dos oportunidades de ‘redimirse’ antes de tomar acción contra él. Lo novedoso esta vez es que el usuario final es directamente culpabilizado, lo que le añade un nuevo elemento disuasor a la medida pero complica algunas definiciones legales.

Como afirma TorrentFreak, hacer que los usuarios sean culpables penalmente de haber usado música pirata tiene implicaciones fuertes. La parte técnica es lo de menos, pues ya existen los mecanismos para localizar a quienes descargan los archivos bien sea a través de redes de torrent o de cyberlockers. Lo complicado del asunto es que hay ocasiones en las que probar el delito va a ser muy difícil.

Puede ocurrir, por ejemplo, que la música pirata suene de fondo en un video de YouTube, o que sea incluso subida por los mismos dueños de los derechos como carnada. En el primer caso, queda la duda de si la ley va a ir tan lejos como para pedir cárcel para alguien que comete el delito de forma accidental; y el segundo –que debe ocurrir para que los dueños de los derechos puedan rastrear los archivos–  vuelve difusa la línea legal entre la piratería y un acto legítimo.

La medida, según reporta la BBC, fue impulsada agresivamente por el lobby de la industria. El japonés es el segundo mercado de música más grande del mundo, después del estadounidense. La IFPI, el gremio internacional de las productoras musicales, asegura que por cada descarga legal en Japón se hacen 10 ilegales.

Además, Japón ya era uno de los países más agresivos para combatir la piratería: allí, poner a disposición archivos de música sin autorización de los dueños de los derechos de autor ya tiene una pena de 10 años de cárcel.

Al navegar en la Web es común encontrarse con personas que la usan para ventilar sus ideas sin ser censurados. Es una de las libertades más valiosas que ofrece toda Internet, pero hay que recordar que lo que uno hace y dice en el ciberespacio tiene repercusiones en los demás planos de la vida –justas o injustas–, como lo demuestran los siguientes 10 casos.

1. Nicolás Castro.

País: Colombia.

Cargos: Instigar al asesinato de Jerónimo Uribe (hijo del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez) por medio de Facebook.

¿Qué pasó?: A finales del año pasado, Nicolás Castro, un joven que entonces tenía 23 años de edad, fue arrestado por la Dijín por participar en un grupo en Facebook llamado ‘Me comprometo a matar a Jerónimo Alberto Uribe, hijo de Álvaro Uribe’ (también fue acusado de crearlo, pero la persona detrás del grupo era alguien llamado conocido como El cuervo de El Salado). Según su descripción, el grupo fue creado“para aquellos que quieren vengarse del bellaco tirano, gobernante ilegítimo, masacrador, genocida, cobarde, monstruo, llamado Álvaro Uribe Vélez, asesinando a su no menos criminal y no menos bárbaro hijo Jerónimo Alberto Uribe”. Nicolás quedó libre el pasado 1 de julio por vencimiento de términos, aunque también hay versiones que dicen que fue porque las pruebas de la Fiscalía y el FBI fueron desestimadas por el juez.

2. Hossein Derakhshan (Hoder).

País: Irán.

Cargos: Cooperar con países enemigos, difundir propaganda contra las autoridades e insultar el Islam por medio de su blog.

¿Qué pasó?: En Irán hay leyes muy estrictas en contra de la diseminación de comentarios negativos sobre el gobierno, pero eso no detuvo a este hombre de 35 años, conocido como el ‘padre de los blogs’ en este país, en su misión por criticar al presidente Ahmadineyad y otras figuras y facetas de su administración. Después de 2 años de detención, el proceso legal de Hossein llegó a su fin con una condena de 19 años de prisión. Aunque para muchos esta cifra puede parecer atroz, para la familia de Hossein fue todo un alivio, pues el fiscal estaba pidiendo la pena de muerte por los comentarios en su blog. El lugar donde ‘cometió los delitos’, su blog también llamado Hoder, ya no está en línea, pues su dirección expiró y nadie se encargó de mantenerla.

3. Alexandre Planade.

País: Francia.

Cargos: Insultar a la policía francesa por medio de su muro de Facebook.

¿Qué pasó?: A principios de octubre, Alexandre iba manejando borracho por las calles de Locmaria-Plouzané cuando una patrulla de policía lo detuvo. Después de confirmarse su estado de embriaguez y ser multado por ello, Alexandre se fue a casa y desahogó toda su ira en su muro de Facebook. Para su desgracia, su perfil no era privado y las autoridades francesas vieron sus insultos. Como en ese país ofender a las autoridades es delito, Alexandre fue condenado a 3 meses de cárcel y a pagar una multa de 750 euros (1,9 millones de pesos).

4. Cheng Jiaping.

País: China.

Cargos: Trastocar el orden social de la república por medio de Twitter.

¿Qué pasó?: El día de su boda, Cheng no llegó a la ceremonia, pero su ausencia no se debió a dudas o arrepentimientos: estaba siendo retenida por el gobierno chino a causa de un retweet. Lo que para Cheng y su prometido, Hua Chunhui, fue un chiste político en Twitter, para el gobierno fue una instigación a la rebelión, por lo cual Cheng fue arrestada y condenada 1 año de trabajo forzoso en la ciudad de Zhengzhou. Organizaciones no gubernamentales han denunciado (inglés) que se trata de una persecución política, ya que Cheng estaba involucrada en organizaciones a favor de los derechos humanos, una labor que es celosamente vigilada por las autoridades del país asiático.

5. Jesús Enrique Majano.

País: Venezuela.

Cargos: Incurrir en el delito de ‘instigación al odio público’ al incitar a sus seguidores de Twitter a atentar contra la vida del presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

¿Qué pasó?: En septiembre, la policía venezolana recibió un informe anónimo que denunciaba un delito informático por parte del ingeniero de sistemas Jesús Enrique Majano. Ese delito resultó ser unos tweets que, según las autoridades venezolanas, aparecían con “fotografías del primer mandatario Hugo Chávez Frías, con heridas en su rostro y sugiriendo cómo se puede hacer el magnicidio”. Majano quedó libre bajo libertad condicional en octubre, aunque debe presentarse ante un tribunal de control cada 15 días mientras se decide la apelación a la libertad condicional. Por ahora, sigue twitteando.

6. Paul Chambers.

País: Inglaterra.

Cargos: Amenazar con explotar el aeropuerto Robin Hood de South Yorkshire, vía Twitter.

¿Qué pasó?: El 6 de enero, una nevada obligó el cierre del aeropuerto Robin Hood, cosa que le inspiró a Paul un chiste pesado. Dijo en Twitter (inglés): “El aeropuerto Robin Hood está cerrado. Tienen una semana y un poco para organizar su mierda, ¡de lo contrario voy a volar el aeropuerto hasta las nubes!”. Aunque para él y sus amigos se trataba evidentemente de un comentario sarcástico, para las autoridades no fue tan gracioso y por ello Paul fue condenado (inglés) a pagar una multa de 1.000 libras esterlinas por el delito de ‘amenazar’. Chambers reconoció en una crónica que él mismo escribió en Guardian que “mi tweet fue tonto, pero la reacción de la policía fue absurda”. Su usario en Twitter, @pauljchambers, sigue muy activo y con más de 6.000 seguidores.

7. Jean Anleu.

País: Guatemala.

Cargos: Difundir el pánico financiero a través de Twitter.

¿Qué pasó?: A mediados del año pasado, en Guatemala se desató un escándalo político que implicó al banco Banrural. Para expresar su desacuerdo con el banco, Jean hizo publicó un tweet que invitaba a la gente a sacar su plata de Banrural para “quebrar el banco de los corruptos”. Aunque en principio estaba enfrentándose a una condena de 5 años de cárcel y una multa de 6.200 dólares (cosa que inspiró todo un movimiento en redes sociales e Internet en defensa de @Jeanfer, como se le conoce en la Red), en julio ganó la apelación y quedó libre. Sigue en Twitter y actualiza su blog de vez en cuando.

8. José Alejandro Godoy.

País: Perú.

Cargos: Difamación agravada de un exministro por un artículo de su blog personal.

¿Qué pasó?: El señor Godoy es el autor del blog ‘Desde el Tercer Piso’, un lugar donde ventila sus opiniones sobre asuntos políticos de Perú y el mundo. En abril de 2009, publicó unas cartas y documentos que mostraban al exministro fujimorista, Jorge Mufarech Nemy, amenazando al asesor de la bancada nacionalista Julio Arzibú Gonzales. Mufarech le pidió que quitara el artículo, pero como no lo hizo, lo demandó por difamación agravada. En octubre 29 de este año, Godoy fue declarado culpable, sentenciado a 3 años de prisión suspendida, multado por 350.000 soles (237 millones de pesos) y condenado a pagar 120 días de trabajo social, algo que el Instituto de Prensa y Sociedad considera “inconstitucional y sin precedentes”.

9. Chang y Li.

País: China (Taiwán).

Cargos: Vender su voto en Facebook.

¿Qué pasó?: 2 estudiantes de derecho taiwaneses, que son mencionados solamente con los apellidos Chang y Li (inglés), decidieron vender su voto en Facebook para las elecciones de alcalde de Xinbei. Chang, de 28 años, y Li, de 23, pedían 13 euros (inglés) por cada voto (unos 30.000 pesos) e incluso estaban ofreciendo el de la madre de Li.  Aunque los jóvenes dicen que estaban bromeando, las autoridades los arrestaron y podrían enfrentar hasta 3 años en prisión si son declarados culpables.

10. Joshua Simon Ashby.

País: Nueva Zelanda.

Cargos: Distribuir material indecente (una foto de su ex novia desnuda) por medio de Facebook.

¿Qué pasó?: Joshua, de 20 años, tuvo una fuerte discusión con su novia en julio y, en medio de su ira, no solo la amenazó de muerte por medio de mensajes de texto, sino que además publicó una foto de ella desnuda en su perfil y cambió la clave de la cuenta. Para rematar, cambió las opciones de privacidad para que los más de 500 millones de usuarios de Facebook pudieran ver la foto. Pasaron 12 horas antes de que la policía y Facebook desactivaran la cuenta. El joven fue condenado en noviembre (inglés)a 4 meses de prisión, una pena que la juez y los padres del muchacho esperan disuada a otros desenamorados impulsivos.

Las revueltas en las prisiones no son algo extraño y tampoco lo son los celulares contrabandeados que usan muchos reclusos,  pero ambas cosas juntas producen un fenómeno que no se había visto hasta la semana pasada. Gracias a sus aparatos de comunicaciones, los prisioneros de al menos 7 cárceles del estado de Georgia (Estados Unidos) lograron coordinar una protesta simultánea en contra de las condiciones en las que viven.

Según ‘The New York Times’ (ingles), los reclusos de Georgia están cansados de varias cosas y han redactado una lista de demandas, incluyendo que les paguen por su trabajo, que haya mejores oportunidades educativas dentro de la prisión para preparar a los reclusos cuando salgan y que se mejore la calidad de la comida.

La protesta comenzó el jueves pasado, pero su planeación duró meses y contó con la colaboración de diferentes facciones de prisioneros. Pandillas y grupos raciales que bajo otras circunstancias serían enemigos a muerte, han dejado a un lado sus diferencias para protestar pacíficamente en contra del sistema penitenciario. Todo, aseguran los presos, hubiera sido imposible sin celulares.

“Usamos mensajes de texto frecuentemente”, dijo Mike, un recluso que prefirió no revelar su verdadero nombre, al diario estadounidense. “Tratamos de mantenernos al tanto de lo que está pasando en las noticias y en otras cárceles. Esas son nuestras voces”.

En lugar de acudir a la violencia, los presos han decidido que la mejor forma de protestar es dejar de trabajar y de hacer caso hasta que sus demandas sean cumplidas. Por eso desde el jueves todas las prisiones están en estado de ‘lockdown’ (es decir que los prisioneros no pueden salir de sus celdas).

“Escuchamos en las noticias que están haciendo ver esto como si estuviéramos empezando un motín y que por eso nos pusieron a todos en las celdas”, dijo un recluso en la prisión Hays State, otra de las instituciones que han visto a sus presos rebelarse. “Nosotros mismos nos pusimos en las celdas”.

Ahora, gracias a sus celulares, todo el mundo lo sabe.

China tiene fama de muchas cosas positivas –como su comida y su Gran Muralla– pero también es reconocida por hechos controversiales (las imágenes de 1989 en la Plaza de Tian’anmen perduran en la memoria de muchos). Hoy se suma un ítem a esta última categoría, pues las autoridades chinas arrestaron a una mujer por hacer un retweet (inglés) que consideraron “trastocaba el orden social”.

Todo comenzó a mediados de octubre, cuando Japón y China estaban en una crisis diplomática (inglés) por un desacuerdo territorial. Jóvenes chinos salieron a las calles a protestar en contra de Japón rompiendo productos nipones.

Al ver estos actos, Hua Chunhui publicó en su cuenta de Twitter un mensaje sarcástico que les sugería a los manifestantes antijaponeses dejar de protestar con actos simples. Si querían tener un verdadero impacto, debían destrozar el pabellón de Japón en la feria internacional Expo Shanghái.

La prometida de Hua, Cheng Jiaping, pensó que fue un buen chiste, así que le hizo un retweet. Sin embargo, le agregó la frase, “a la carga,  juventud enojada”.

Eso no le pareció tan chistoso al gobierno chino.

10 días después de su fatídico retweet, en la fecha en debía contraer matrimonio con Hua, Cheng desapareció. Su allegados pensaron que se había arrepentido de casarse, pero después de varios días de no saber de ella, supusieron que algo más estaba mal.

Finalmente, la semana pasada se enteraron de que Cheng había sido sentenciada por el gobierno chino a 1 año de “reeducación”, en un campo de trabajo forzoso en la ciudad de Zhengzhou, en la provincia de Henan.

Aunque la razón oficial detrás del arresto es el retweet, Cheng tenía un pasado que la tenía en la mira del gobierno chino.

Cheng estaba involucrada en organizaciones a favor de los derechos humanos, una labor que es celosamente vigilada por las autoridades del país. Ya había sido advertida e incluso retenida por autoridades gracias a su cercanía con Liu Xianbinm, uno de los chinos más vocales a favor de la democracia en ese país (y quien estuvo involucrado en los hechos de 1989 en la Plaza Tian’anmen).

Quizás fue su cercanía con los enemigos del régimen comunista lo que le costó su libertad a Cheng. El retweet simplemente fue la excusa legal que el gobierno necesitaba para poder llevársela.

Hua, mientras tanto, está luchando por la libertad de su amada. Ya pidió que la dejen cumplir su sentencia en casa dada su alta presión arterial y ahora le toca esperar a que las autoridades decidan.

A diferencia de otros países menos fieles a sus leyes, en Francia las normas están para cumplirse. Si alguien es sorprendido mientras maneja en estado de embriaguez, esa persona será multada debidamente, como lo dice la ley. Y si esa persona decide insultar a la policía por hacer el trabajo que le corresponde, también será castigada, así su pataleta haya ocurrido en Facebook.

Esa fue la lección que aprendió a las malas un joven francés durante el fin de semana. Según el dominical galo Le Journal du Dimanche, después de haber sido multado por manejar borracho, el personaje llegó a su casa y desahogó por Facebook su ira en contra de los policías que lo detuvieron. En muchos países, eso no sería problema, pero para la desgracia del bravucón en Francia hay una ley muy estricta que prohíbe tajantemente los insultos y las amenazas a las autoridades.

De alguna manera, la Fiscalía gala se enteró de la ‘ciberpataleta’ del muchacho y decidió emplear todo el peso de la ley para castigarlo. En el juicio, los fiscales pidieron que el imputado fuera condenado a 6 meses de cárcel y multado con 1.200 euros por sus fechorías. Sin embargo, a pesar de tener antecedentes, el juez tuvo misericordia y lo castigó con una multa de 750 euros (más o menos 1,85 millones de pesos) además de 3 meses de cárcel.

Ésta es la primera vez que Francia condena a alguien por amenazar a un policía por medio de Facebook, pero en el resto del mundo se han dado casos similares. En Colombia es famosa la historia de Nicolás Castro, un joven que supuestamente amenazó a los hijos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. En ese caso, sin embargo, no hubo condena y al final Castro quedó libre, aunque no por ser declarado inocente sino por vencimiento de términos. Otro caso reciente que viene a la memoria es  el de Jesús Enrique Majano Rodríguez, quien fue arrestado por autoridades venezolanas después de expresar en Twitter su disgusto por el presidente Chávez.

La lección para todos es clara: lo que pasa en Facebook, Twitter o cualquier otra red social no está extento de la ley.

Hossein Derakhshan, el pionero de los blogs en Irán, recibió la condena más alta dictada contra un bloguero en ese país. Tras 2 años de detención, acusado por “cooperar con países enemigos, difundir propaganda contra las autoridades e insultar el Islam” se dictó esta sentencia que, según su familia y defensores de la libertad de expresión –por supuesto, fuera de Irán, en un grupo en Facebook o en un sitio web creado para defenderlo–, es intolerable.

Su delito: hacer desde su blog, publicado en la plataforma Blogger, un escrutinio permanente de las autoridades y criticar sin tapujos al gobierno, así como hacer viajes a Canadá, Israel y otros países.

El bloguero, de 35 años, también tiene nacionalidad canadiense, por lo que en el grupo de Facebook se está pidiendo que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá dé la pelea por su ciudadano.

Una de las organizaciones que se han pronunciado con mayor dureza al respecto ha sido Reporteros Sin Fronteras, que en un comunicado sugiere que con esta condena se quiere imponer una cultura del miedo entre los blogueros y periodistas y ‘dar una lección’, e invita al presidente Mahmud Ahmadineyad a que ayude a la liberación del bloguero.

Pese a que los 19 años parecen excesivos para condenar a alguien que desde su blog criticó el régimen, había altas posibilidades de que el juez aceptara la petición del fiscal de condenarlo a pena de muerte, por lo que la condena alivió a sus familiares y amigos.

Reporteros Sin Fronteras señala en su sitio en español que desde la llegada de Ahmadineyad al poder la censura se ha incrementado, más de 50 blogueros y periodistas están en la cárcel (como Shiva Nazar-Ahari, condenada hace 12 días a 6 años) e incluso un par de ellos ha muerto en prisión: Zahra Kazemi y Omid Reza Mir Sayafi.

La censura a los blogueros no es un asunto exclusivo de Irán, aunque probablemente allí se vivan los casos más dramáticos. A este lado del mundo, en Cuba, la filósofa y bloguera Yoani Sánchez mantiene su blog Generación Y a pesar de las presiones del gobierno y de las críticas despiadadas que hacen de ella otros blogueros más cercanos al régimen castrista.