En una entrevista con Caracol Radio, Andrés López, asesor de la Superintendencia y uno de los autores del proyecto, aseguró que la normativa ni siquiera tiene la intención de crear leyes específicas para estas aplicaciones.

“Nosotros, siendo una norma de rango legal, realmente no nos aproximamos directamente al tema de las plataformas por una razón fundamental: las plataformas de transporte están actualmente reguladas y son legítimas”, aseguró López.

¿Le falta claridad al proyecto o al Gobierno?

El problema con la respuesta oficial es que ignora varios puntos críticos. El primero es que, aunque el Gobierno afirma que las aplicaciones son legales, la realidad es que operan en un vacío legal en el que no están prohibidas, pero tampoco cuentan con una regulación oficial.

Es por este motivo que el proyecto de ley abre la puerta a que estos servicios terminen siendo sancionados. Aunque López sostenga que no se menciona la intención de prohibir Uber por nombre, el texto estipula que cualquier servicio de transporte no autorizado puede ser objetivo de sanciones.

De hecho, en la sección de definiciones, el proyecto califica como transporte irregular o ilegal aquel que “se realiza desbordando los términos de la autorización conferida por la autoridad competente, por fuera del radio de acción de la modalidad o en servicios que no le han sido asignados”.

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Actualmente, esta descripción encaja con la forma en la que operan Uber, DiDi y otras plataformas. En la práctica, los vehículos particulares no cuentan con los permisos necesarios para el transporte de pasajeros. Por ello, la razón por la que hoy es posible utilizarlas se debe más a una falta de normativa que a una regulación de transporte real.

Por lo tanto, existe una contradicción cuando el Gobierno afirma que estas aplicaciones son plenamente legales. De ahí surge el problema y el pedido permanente de crear una ley que formalice su funcionamiento en el país.

Aunque la intención del Gobierno sea legítima en cuanto a combatir el transporte irregular, volvemos al punto de inicio: al no estar reguladas, estas leyes terminan incluyendo a las plataformas y crean escenarios de pesadilla en los que la normativa podría ser utilizada para perseguir a conductores y usuarios.

Imágenes: Imágenes Bogotá.Gov

“El proyecto de ley de régimen sancionatorio del Ministerio de Transporte confunde la innovación con una amenaza y traslada a la fuerza pública un debate que debería darse en el marco del diálogo, el sentido común y una visión de futuro para la economía y la movilidad en Colombia”, menciona el comunicado compartido por la compañía.

En el documento, la empresa le recuerda al Gobierno que Uber y las otras plataformas digitales no son nuevas; llevan años en el país siendo una solución para los problemas de transporte en diferentes regiones. “Convertir esas decisiones cotidianas en un asunto penal no es el camino para Colombia, ni refleja el país moderno, libre y práctico que los ciudadanos construyen todos los días”.

El verdadero riesgo público es para los conductores

Uno de los puntos que más escozor ha causado en la propuesta para prohibir Uber en Colombia es la definición de estos servicios como un riesgo público, denominación que se utiliza para instar a la policía a perseguir a conductores y usuarios. La lógica del proyecto sostiene que, al no estar regulado, el uso de vehículos particulares supone peligros para diversos actores.

“Criminalizar el uso de una aplicación no protege a nadie”, responde Uber, asegurando que el único riesgo real recae sobre la seguridad y estabilidad de millones de usuarios, conductores de taxi y arrendadores de motos y vehículos. Este punto es vital, pues según cifras de Alianza In, en Colombia existen 1.283.577 cuentas de conductores que generan ingresos a través de plataformas y 21.566.073 cuentas de usuarios que las utilizan como alternativa.

“Esperamos que el Gobierno Nacional retire este proyecto, escuche a todos los actores involucrados y, sobre todo, que no ponga en riesgo la estabilidad de millones de personas que saben que utilizar la tecnología no es un delito. Los colombianos ya eligieron cómo moverse”, aseguró Camilo Segura, gerente de Comunicaciones de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

¿Qué propone el proyecto de ley del Gobierno para prohibir Uber en Colombia?

En la mañana de este lunes, Alianza In denunció el proyecto que pretende prohibir actividades de transporte en vehículos particulares. Bajo una fachada de supervisión, la propuesta eliminaría la indefinición regulatoria en la que operan estas aplicaciones, cerrando la puerta a la economía colaborativa en el país.

El impacto para los ciudadanos sería drástico, estableciendo sanciones económicas diseñadas para asfixiar el ecosistema digital. El proyecto faculta a las autoridades para realizar la inmovilización de vehículos hasta por 120 días y contempla multas de hasta $4,7 millones de pesos por cada viaje. Lo más alarmante es que la normativa ordena a la fuerza pública priorizar su prohibición como si se tratara de una amenaza a la seguridad nacional.

La ofensiva regulatoria llega incluso a la propiedad privada, involucrando a los administradores de edificios. El proyecto de ley propone multas de hasta $726 millones de pesos para conjuntos residenciales o locales que faciliten el estacionamiento o la oferta de estos servicios. Mientras el mundo avanza, esta propuesta parece decidida a retroceder el reloj, criminalizando a las plataformas y a todo su entorno de funcionamiento.

Imágenes: Archivo ENTER.CO

La alerta fue presentada a través de un comunicado de Alianza In, el gremio que representa a algunas de las plataformas más importantes del país, entre las que se encuentran Cabify, DiDi, Mercado Libre, Pibox y Uber. De acuerdo con la información compartida, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte habrían presentado el Proyecto de Ley 347 de 2026, que tiene como intención catalogar los servicios de estas aplicaciones de transporte como ilegales.

¿Qué es lo que dice el Proyecto de Ley 347 de 2026?

De acuerdo con Alianza In, el proyecto presentado por el Gobierno estaría “disfrazado” como una propuesta para fortalecer la supervisión de los medios y plataformas de transporte en el país. Sin embargo, también contaría con un cambio importante: dejaría establecidas sanciones de carácter prohibitivo y punitivo para los servicios de transporte a través de vehículos particulares.

Dicho de manera más sencilla, el proyecto de ley hace que aplicaciones como Uber —que actualmente se encuentran en una indefinición regulatoria— pasen a estar bajo una ilegalidad explícita, convirtiendo estos servicios de movilidad en una actividad prohibida.

“Este es un proyecto cuya consecuencia práctica es la prohibición absoluta de las plataformas de movilidad y de las libertades y derechos que estas representan. Se trata de un esquema de persecución contra conductores, usuarios y empresas, justo cuando el mundo avanza hacia regulaciones inteligentes y modernas“, afirmó José Daniel López, presidente ejecutivo de Alianza In Colombia.

Sanciones millonarias y carros inmovilizados

Quizás uno de los puntos que más puede poner en alerta a los conductores de estas aplicaciones son las sanciones que el proyecto habilitaría:

– Inmovilización hasta por tres meses: El proyecto les daría facultad a las autoridades para inmovilizar vehículos hasta por 120 días, sin necesidad de una decisión judicial de fondo.

– Multas para conductores y plataformas: Establece multas de hasta $4,7 millones de pesos por cada viaje, aplicadas tanto a conductores como a plataformas. También abre el espacio para que las autoridades impongan multas de hasta $2.179 millones de pesos en los casos en los que no exista una sanción explícita.

– Califica a las apps de transporte como peligrosas: El proyecto asegura que las actividades en aplicaciones de transporte representan un “riesgo público” y ordena a la policía priorizar su prohibición.

– Los parqueaderos también pueden ser multados: El proyecto de ley contempla sanciones de hasta $726 millones de pesos para propiedades horizontales que permitan o faciliten la oferta, el estacionamiento o la prestación de estos servicios.

Imágenes: Bogotá.gov

De acuerdo con el anuncio, en las próximas semanas los usuarios de Uber encontrarán en la app una función llamada Uber Taxi. La app permitirá a la persona el tomar un Taxi de manera similar a otros servicios en las tiendas de aplicaciones (Como Easy Taxi o Taxis libres). Pero, el valor se calculará antes de realizar el viaje y se mantendrá así. El costo de cada viaje utilizará las tarifas de taxi en cada ciudad, junto con la información de distancia y tiempo estimado de llegada.

Los conductores de Taxi registrados en TaxiExpress podrán solicitar una suscripción a Uber y así ser registrados como conductores de Uber Taxi. Por supuesto, esto levanta ciertas dudas en los usuarios de la app de particulares. Una de las ventajas que siempre se resaltó de Uber eran los filtros a los conductores que se realizaban. De hecho, algunos de estos requisitos fueron reforzados después de que la compañía ‘regresara’ a Colombia. De acuerdo con Uber, lo conductores de Uber Taxi deberán pasar también los filtros de la aplicación, entre los que se solicita el comprobar los antecedentes judiciales del conductor y confirmar tener al día los papeles del vehículo.

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También, los usuarios podrán calificar a los conductores de la misma manera como lo hacen en Uber. La compañía aseguró que el taxista en Uber Taxi deberá contar con una calificación mínima para poder mantenerse dentro de la app. Inicialmente el servicio solo operará en Bogotá y Cali, con la compañía esperando el poder extenderlo a más ciudades en las próximas semanas.

“Hoy más que nunca, queremos mostrarle al país que sí podemos trabajar juntos para ofrecer más alternativas y más oportunidades para que las personas en Colombia puedan generar ganancias adicionales. Nos entusiasma poder impulsar la movilidad del país en la única dirección que conocemos: hacia adelante y con un aliado líder en su sector como lo es TaxExpress”, comentó Marcela Torres Gerente General de Uber en Colombia .

Imágenes: Secretaría de Movilidad 

En una conversación con el Espectador, voceros del gremio anunciaron que la iniciativa invitará a los conductores en las principales ciudades del país a no utilizar las plataformas antes mencionadas, como una manera de enviar un mensaje a las compañías detrás de ella. En una conversación con El Espectador, representantes del gremio informaron que el apagón se realizaría en los últimos días de este mes. Los días asignados del Appagón serían por aplicación, con el 27 de noviembre, Beat; 28 de noviembre, DiDi; 29 de noviembre, Uber; y todo el fin de semana InDriver y Way Cali.

Al parecer, la mayor molestia estaría con el costo actual de los viajes en las aplicaciones. De acuerdo con los conductores, las plataformas han ajustado sus precios de manera que los trayectos son cobrados con tarifas mucho menores a las normales. También denuncian que la inseguridad en las principales ciudades ha incrementado contra ellos, con modus operandi en el que los ladrones crean perfiles falsos y en medio del viaje atracan a los conductores. La falta de garantías por parte de las plataformas, que no responden en estos casos, es otra razón más del descontento de los conductores.

Por supuesto, el mensaje no solo va para los dueños de estas aplicaciones, sino también el gobierno. Desde inicio de este año se ha prometido regular las plataformas y ofrecer mayores garantías. Para muchos estas plataformas se han convertido en la única opción para jóvenes, madres cabeza de familia, personas de la tercera edad y otros grupos vulnerables. Para muchos de ellos resulta paradójico de que, no solo se tengan que cuidar de los ladrones, sino también de las autoridades que los tratan como delincuentes.

Imágenes: Pexels

De acuerdo al documento que ordena la liquidación, compartido por El Tiempo, se advierte que se prohíbe toda actividad en el país. El proceso también requiere de la venta de todos los bienes de la compañía para cumplir con el pago de deudas pendientes.

Ni el documento ni el comunicado emitido por la Supersociedades aclara la razón por la que Picap desaparecerá. Dicho esto, al igual que otros servicios de transporte no regulados, la aplicación se encontraba en medio de una tormenta que ya anunciaba su desaparición. De hecho, tenía el precedente de una demanda por parte del gobierno, además de una solicitud previa de liquidación por parte de la Superintendencia de Transporte a través de la Resolución 15457 de diciembre 20 de 2019.

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En este documento, entre otras cosas, se acusó a la aplicación de “poner en riesgo la seguridad y salud de los usuarios de transporte”. La justificación era que Picap no contaba con la habilitación del Ministerio de Transporte o con las disposiciones legales. También se argumentó que los vehículos utilizados no “son aptos para el transporte público”. De hecho, la entidad resaltó que CAP Technologies S.A.S no garantizaba el estado óptimo de los vehículos utilizados ya que solo solicitaban a sus conductores contar con el SOAT y revisión tecnomecanica.

El documento antes mencionado también solicitaba el proceso de liquidación de la empresa detrás de Picap al detectar una situación crítica de orden contable, que se traducía en incapacidad para cubrir sus gastos a corto plazo, así como hacer frente a sus deudas.

Dentro del proceso fue designado como liquidador el abogado César Laureano Negret Mosquera y tiene como finalidad la liquidación pronta y ordenada de los activos para el pago de los pasivos, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.

Imágenes: montaje ENTER.CO

Hoy muchos madrugaron con la noticia de un nuevo paro en el calendario colombiano. A través de un video, Ospina informó e invitó a los conductores de taxis a participar en un paro el próximo 16 de marzo, protestando por el regreso de Uber. Se espera que al menos seis asociaciones de taxistas se unan al paro.

#Atención | Taxistas anuncian “gran paro nacional” para el 16 de marzohttps://t.co/Zh6C61Pv8m pic.twitter.com/pON7T1BC2Z

— NOTICIERO CM& (@CMILANOTICIA) February 21, 2020

Lo interesante del asunto es que mientras que #UberOTaxi es tendencia en Twitter, invitando a los usuarios a comentar cuál de los dos servicios prefieren, otro numeral ha tomado fuerza en la mañana de este viernes: #LosApoyaraSuMadre.

Como podrá adivinar la mayoría, con este numeral muchos usuarios han expresado su descontento con la respuesta del gremio de taxistas al regreso de Uber. La mayoría de los comentarios son de personas que recriminan a los taxis amarillos el llamar a protestas, cuando ellos no participaron en las marchas que se dieron a finales de año. La razón que se dio para su ausencia estaba en la promesa del gobierno Duque de ‘echar’ la app del país y, aunque el mandatario nunca ha confirmado esto, declaraciones de Ospina dan a entender que su molestia está en la falta de garantías para mantener los vehículos de Uber por fuera de las calles.

Cuando un taxista pida apoyo para su protesta, hay que recordarles con todo cariño éste video. #LosApoyaráSuMadre. Le dieron la espalda a las protestas y a los justos reclamos de pueblo cuando los necesitábamos, decidieron estar con Uribe y apoyar a Duque. Ahora chupelo… https://t.co/yKLjsDTIvl

— MáximoDecimoMeridio (@MximoDecimoMer4) February 21, 2020

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Por supuesto, otros comentarios están más cercanos a las quejas usuales de las personas: taxímetros adulterados, conductores que se rehúsan a llevar a sus pasajeros al destino, vehículos en mal estado, inseguridad, etc. Un panorama que se ha visto alimentado por las denuncias diarias de usuarios y los escándalos permanentes que rodean a este tipo de servicios.

#LosApoyaraSuMadre Con respeto por los taxistas, hacer un paro es una demostración de la incapacidad que sienten por transformar el servicio.Deberían incentivar y promover la cultura de la excelencia en el servicio, crear su propia plataforma para hacerle frente a la competencia

— Antonio Durán (@opita2003) February 21, 2020

Lo cierto es que, parece que un paro de los taxistas era inevitable. Antes del regreso de Uber se estaba impulsando el proyecto de ley  292 de 2019, propuesto por el representante Mauricio Toro de la Alianza Verde, que buscaba regular las aplicaciones de transporte poder funcionar de manera legal. Se trata de un esfuerzo que ya contaba con 6 plataformas a bordo y que planteaba seis compromisos entre los que se encontraban la aplicación de una póliza de seguros especial para este tipo de vehículos y la creación de una nueva categoría de licencia de conducción.

Pero incluso con estas concesiones Ospina ya había amenazado con una reunión en la que invitaría al gremio a realizar un paro contra la ley 292 para el 9 de marzo.

Imágenes: montaje ENTER.CO

Quizás respondiendo a estos ecos, ayer el Gobierno Nacional anunció una propuesta para regular las plataformas como Uber. El proyecto de ley fue anunciado por la ministra de Transporte Ángela María Orozco y el Consejero Económico y de Transformación Digital, Victor Muñoz. En este sentido, lo primero que hay que tener en cuenta es que se trata de una iniciativa, por lo que su aplicación debe pasar una serie de filtros, el primero es un debate en la  Comisión VI de Cámara de Representantes.

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¿Qué es lo que propone este proyecto de Ley? Para las plataformas mayores controles y para los taxistas una modificación del sistema que ‘equilibre’ la balanza.

¿Se trata de una nueva ley?

No. Lo que la iniciativa propone es una modificación a la Ley 336 de 1996 y la Ley 769 del 2002. Estas establecen las normas del transporte público en Colombia. La modificación pretende hacer un ingreso a las plataformas, de forma que se cree una categoría para este tipo de servicios bajo el nombre de ‘transporte privado mediado por plataforma’.

¿Qué exige a las plataformas?

Para las plataformas de transporte, la exigencia principal es un pago (adicional) de impuestos en Colombia. Empresas como Uber han argumentado que este tipo de aportes ya se estaba realizando, por lo que se asume que la recaudación que se les pedirá a las empresas será diferente bajo la nueva categoría que se creará con la modificación.

El segundo cambio tiene efecto inmediato en los conductores, pues es la exigencia de seguros similares a los que tienen los taxistas. En este caso, supone la imposición de una tarjeta de operación anual (el documento único que autoriza a un vehículo automotor para prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una empresa), que tiene un costo cercano al millón de pesos.

¿Qué se les pide a los Taxistas?

El principal cambio que traería la modificación sería la eliminación de la regulación de cupos. En su remplazo, se propone crear un fondo que estaría sostenido en el 1% de la facturación de las plataformas. También modificaría el sistema de los taxímetros, permitiendo a los taxis manejar una tarifa dinámica. De acuerdo a los expositores, esto incentivaría que los taxistas acojan nuevas tecnologías.

Imágenes: Archivo ENTER.CO

La pelea de Uber no termina. Hoy se reveló, a través de un documento publicado por la W, que la empresa envío una notificación al Estado Colombiano sobre su intención de adelantar un pleito. La compañía argumenta que la decisión de bloquear la aplicación y solicitar a los operadores el impedir su uso es una violación al Tratado de Libre Comercio (TLC) que Colombia tiene con los Estados Unidos.

La argumentación de la compañía está en que se trata de una empresa que se encuentra establecida bajo las leyes de los Estados Unidos. Así, sus inversiones en nuestro país y Uber Colombia es una subsidiaria de Uber. Por lo tanto, la empresa es un inversor que se encuentra protegido por los Estados Unidos y el tratado.

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El documento también explica como la orden de la SIC fue emitida bajo circunstancias cuestionables. El documento afirma que la citación fue publicada el último día del calendario judicial en Colombia con la aparente intención de impedir su revisión inmediata en apelación. Según la compañía, debido a que la orden tuvo efecto inmediato, ha frustrado sustancialmente las operaciones comerciales de la empresa en Colombia. Además, en un aparente esfuerzo concertado contra la aplicaciín, la orden del SIC fue precedida por una que la Superintendencia de Transporte impuso a Uber Colombia en un tiempo récord unos minutos antes, sin siquiera brindarle la oportunidad de revisar las quejas que supuestamente llevaron a la sanción.

“En contraste, otras compañías de Colombia y terceros países que ofrecen formas similares en Colombia no han sido sometidas al mismo tratamiento y continúan operando en Colombia sin interferencia similar de la República. Las medidas arbitrarias y discriminatorias de la República contra Uber han sido tomadas ante la presión política de los  intereses nacionales para que la República prohíba a Uber en Colombia y anule las inversiones de Uber”, lee el documento presentado por Uber.

Imágenes: Archivo ENTER.CO

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el viernes 20 de diciembre, durante una audiencia, la orden de “el cese de la prestación de servicio de Uber”. La decisión tiene como argumento que, de acuerdo con la entidad, la plataforma incurrió en competencia desleal.

La orden de la SIC tiene efecto de cumplimiento inmediato, pero procede el recurso de apelación ante la sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

La decisión viene acompañada de una multa que se impuso el miércoles 18 de diciembre a  Uber por 414.058.000 pesos (o 500 salarios mínimos legales vigentes). Es una sanción radical, considerando que es la máxima multa a una empresa por la facilitación y promoción de servicios de transporte no autorizados en el país. Es una lucha que la plataforma perdió cuando, por ejemplo, en los últimos meses se le ordenó el desmonte de vallas publicitarias en algunas de las ciudades más importantes de Colombia.

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Se trata de un conflicto que ha escalado, en parte por la decisión de la plataforma de no cesar sus actividades frente a las solicitudes repetidas de diferentes entidades del Estado. Ya en 2015 y 2017 la Supertransporte había impuesto sanciones a Uber por la prestación de servicios ilegales.

En 2017, según la SIC, Uber obstruyó una visita que se realizó en octubre. Según la entidad, a los empleados se les instruyó para no entregar información del negocio o acceso a hardware (como computadores). El resultado en su momento fue una multa por 2.130 millones a Uber y tres personas naturales. Sobre esta acusación, la plataforma afirmó que no recibió notificación de la decisión de primera instancia adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El 6 de diciembre de este año, la SIC solicitó explicaciones a Uber por el incumplimiento de una orden que esta entidad había emitido para que cesara la facilitación y promoción de servicios de transporte terrestre no autorizados. Las acciones más recientes parecen ser la respuesta a la negativa del servicio de acatar con las órdenes de la entidad.

Imágenes: Freepik

Hablar de Uber ya no es hacer referencia a un simple servicio digital o a una de las empresas más destacadas de la era digital. Hablamos de un gigante económico que ha ingresado en nuevos negocios y que hace presencia en diferentes países con servicios que van más allá del transporte de pasajeros. Sin embargo, así como ha crecido su relevancia también han aumentado sus problemas. 2017 será recordado como un año en el que Uber tuvo que librar múltiples batallas, muchas de ellas con un saldo negativo.

Este año, solo por citar algunos ejemplos, la compañía enfrentó reveses en tribunales judiciales, se vio afectada por demandas de parte de sus usuarios, fue víctima de robo de datos y perdió dinero como nunca en su historia.

Los hechos que marcaron el mal año de Uber

Las denuncias de usuarios de Uber en diferentes lugares del mundo fueron una constante durante el año. Casos de robo e intentos de violación fueron algunos de los más repetidos. SI bien la compañía siempre actuó en defensa de sus usuarios, dada la cantidad de conductores que usan la aplicación y el poco control que la empresa puede ejercer sobre ellos, es difícil que Uber pueda hacer frente a este tipo de problemas. Otra de las demandas que tuvo que enfrentar la empresa fue la de Waymoo (empresa de Google), que le acusa de robar información relacionada con conducción autónoma.  

Recientemente, la justicia europea falló en contra de Uber. Según su decisión, Uber es, de forma oficial, una empresa de transporte y no una plataforma tecnológica. Esto significa que la plataforma debe estar sometida a los mismos requisitos y exigencias de cualquier compañía de taxis.

Por otra parte, durante el año se conoció que Uber fue víctima de un robo datos que afectó a unos 57 millones de clientes, incluidos usuarios y conductores. Más allá del ‘hackeo’, el escándalo estalló luego de que se conociera que, en vez de dar aviso a las autoridades, Uber pagó 100.000 dólares a los atacantes para deshacerse de los datos a fin de mantener el robo de datos en secreto.

Además, recientemente se conocieron los estados financieros de la compañía. Medios internacionales como Arstechnica reportaron que Uber perdió 1.500 millones de dólares durante el tercer trimestre del año, un periodo en el que la empresa estuvo por un largo periodo sin CEO tras la renuncia de Travis Kalanick, quien es también uno de sus fundadores.

Vota en los premios ENTER.CO 2017 y llévate un Alcatel A7

¿Qué debes hacer? Vota en todas nuestras categorías de los Premios ENTER.CO 2017 usando el mismo correo electrónico (este correo nos ayudará a filtrar tus respuestas correctas). ¿Cómo elegiremos al ganador? El ganador del Alcatel A7 será quien haya votado en el mayor número de categorías por el nominado que se lleve el premio de la audiencia. En caso de empate entre dos o más participantes, el jurado de ENTER.CO verificará los registros para saber quién respondió más rápido en la última categoría publicada.

Luego, desde ENTER.CO elegiremos al ganador de la actividad, quien será contactado a través del correo electrónico con el que diligenció el formulario de votación.

El concurso se cerrará el próximo viernes 5 de enero de 2018 a las 11:59 p.m. Hasta esa fecha tendrás plazo para votar por tu ganador. Todo formulario que sea diligenciado después de la fecha no será tenido en cuenta para entregar el premio, así que no te quedes por fuera y participa.

*Actividad válida únicamente para Colombia

Conoce la política de datos y privacidad de ENTER.CO.

Mientras esperamos por un pronunciamiento de parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que por estos días revisa una acción judicial con la que el Ministerio de Transporte busca que la aplicación Uber sea bloqueada en Colombia, una de las iniciativas legislativas con las que se buscaba legalizar dicho servicio tecnológico en el país, fue archivada en el Congreso de la República. 

La Cámara de Representantes se encontraba debatiendo una iniciativa popular mediante la cual se buscaba hacer legal la operación de Uber en Colombia. Sin embargo, como informó este martes La W Radio, el proyecto de ley fue archivado.

Carlos Guevara, representante a la Cámara por Bogotá, aseguró a dicho medio que la iniciativa no avanzó gracias a que el proyecto de ley había sido “mal presentado”, y no tenía en cuenta elementos como la normatividad de las ciudades en lo referente a servicios de transporte.

Por su parte, Fredy Anaya, representante a la Cámara por Santander, confirmó a través de Twitter la Cámara de Representantes aprobó su ponencia y decidió archivar la iniciativa.

Comisión 6ta de @CamaraColombia acaba de aprobar proposición que presente como ponente y se archiva el proyecto de ley q legalizaba el UBER

— Fredy Anaya (@FredyAnayaMar) April 18, 2017

El proyecto, presentado por un grupo ciudadano del que participaban empleados de Uber, llegó al Congreso de la República luego de que se recogieran tres millones de firmas de colombianos que apoyan la plataforma tecnológica. Sin embargo, durante la discusión del proyecto de ley hace un par de semanas, algunos integrantes de la Comisión Sexta de la Cámara ya habían mostrado su intención de archivar la iniciativa.

Uber sigue en el limbo

El debate generado alrededor de las aplicaciones en Colombia sigue abierto. El tema tiene enfrentados incluso a los ministerios TIC y de Transporte, que tienen visiones totalmente opuestas en relación al futuro de esta aplicación.

Mientras el Ministerio de Transporte ha acudido a las vías legales para que la aplicación sea desactivada en el país, la cartera TIC ha reiterado en múltiples ocasiones que no bloquea aplicaciones, tomando como base para su decisión el principio de neutralidad de la red. Expertos en temas de innovación y tecnología han advertido acerca de las negativas consecuencias que traería ‘vetar’ a Uber en Colombia, en lo que se podría traducir en un mensaje en contra del emprendimiento.

Si la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca es opuesta a las pretensiones del Ministerio de Transporte, la legalidad de aplicaciones como Uber seguirá siendo debatida hasta que se genere un marco legal que establezca cómo deben operar este tipo de servicios en Colombia, por lo que el debate tendrá que volver el Congreso de la República en algún momento.

Imágenes: Uber

Se trata del Decreto 431 de 2017, el cual modifica algunas de las obligaciones que deben cumplir las empresas que quieran prestar servicios a través de aplicaciones tecnológicas. Cabe recordar que en 2015, el Ministerio de Transporte emitió una primera normativa en la que establecía las obligaciones que debían cumplir las empresas que quisieran hacer parte del segmento de transporte especial.

Cabify, un servicio de transporte que opera en Colombia a través de una aplicación móvil, se pronunció frente a los cambios realizados por el Ministerio de Transporte, al cual acusó de estar “en contra de la movilidad en la era digital”.

“El decreto 431, establece, entre otras implicaciones, elevar exageradamente la obligación de cumplir con mínimos de flota propia, atentando contra la libertad de empresa y la libertad de asociación”, señaló Cabify a través de un comunicado de prensa.

Este decreto establece, por ejemplo, que las empresas deben ser dueñas, como mínimo, del 10 por ciento sobre el total de los vehículos que hacen parte de la flota. Según el MinTransporte, la norma busca “atacar la informalidad y la ilegalidad, así como equilibrar las relaciones entre empresa y propietarios”.

Detalles del pronunciamiento de Cabify

Camilo Sarasti, director general de Cabify Colombia, aseguró en dicha comunicación que: “pareciera que a cada esfuerzo realizado por empresas como Cabify para dar cumplimiento a lo que la norma (no actualizada) dice, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte se esfuerza aún más por emitir nuevas políticas restrictivas, excluyentes y contradictorias, en vez de buscar una adaptación legislativa coherente y actualizada, como lo han hecho muchos países a nivel regional y mundial”.

Finalmente, la empresa de transporte asegura además que la nueva reglamentación emitida por el Ministerio no aborda las necesidades de los consumidores, ni reglamenta el alcance de las aplicaciones digitales que hacen una intermediación entre los transportadores y los usuarios, lo cual genera que “nuestro modelo de negocio sea inviable y que miles de personas pierdan su principal fuente de ingreso. Un retroceso para el país”.

Imágenes: thecrazyfilmgirl (vía Flickr)

El experto en economía colaborativa Arun Sundararajan está de paso por Colombia. Este profesor de NYU Stern, quien recientemente publicó el libro ‘The Sharing Economy’, participó de un foro de economía digital realizado en Bogotá, espacio en el que habló acerca de temas como regulación de plataformas tecnológicas, los retos de las empresas tradicionales en el marco de la nueva economía y los retos de Colombia para fomentar el emprendimiento.

Para Sundararajan, plataformas como Uber, Airbnb o Lyft -que brindan soluciones a las necesidades diarias de millones de personas alrededor del mundo- se enmarcan dentro del concepto de capitalismo de base colaborativa.

“En el pasado, si querías financiar tu compañía tecnológica tenías que ir a Sand Hill Road, donde estaban los grandes fondos de capital de Silicon Valley. Hoy solo debes ir a plataformas como AngelList o CircleUp, en las que enlistas tu compañía y recibes fondos a partir de un grupo de personas que están invirtiendo… así nos estamos alejando de la capitalización basada en recursos institucionales, para pasar a un modelo de capitalización de base colaborativa”, explica Sundararajan.

Este capitalismo de base colaborativa ha llevado a que algunas de las principales industrias reciban un impacto directo como consecuencia de la digitalización del comercio. Para Sundararajan, estos cambios son una parte natural de la evolución de la economía, por lo que las empresas tradicionales “tienen que pensar en cómo dar dos pasos adelante” para beneficiarse de estos nuevos modelos de negocio.

Estamos pasando a un modelo de capitalización de base colaborativa.

“A través de la historia, cuando hay nuevas formas de crear bienes y servicios, las industrias tradicionales sufren. Hace unos años les dije a participantes de la industria hotelera que debían adoptar el modelo de Airbnb y empezar a crear su propia versión”, asegura.

Sin embargo, esta transición no solo corre por cuenta de las empresas. Este experto asegura que los gobiernos deben formular nuevas políticas para asumir el reto de la economía colaborativa, creando modelos de transición que permitan nivelar las condiciones para que las empresas tradicionales y las que son producto de la economía digital puedan coexistir.

Al respecto el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna, aseguro que “ningún país tiene una fórmula exacta para acomodar la economía digital y colaborativa al mundo real, pero tenemos la responsabilidad de afrontar este reto con rapidez, porque cada minuto que pasa es una oportunidad que perdemos”.

La restricción no es el camino 

Los retos regulatorios que se generan como consecuencia de la digitalización de la economía son analizados en la actualidad en todo el mundo. Las discusiones sobre la legalidad de plataformas como Uber -declarada ilegal en Colombia pero que aun así sigue en operación- es moneda corriente tanto en países de desarrollados como en los que se encuentran en vías de desarrollo.

Si bien Sundararajan asegura que la restricción de este tipo de servicios no es positiva si se aplica en el largo plazo, es consciente de que en la medida en que se trabaje en soluciones regulatorias, muchas ciudades y países van a aplicar medidas restrictivas momentáneas.

En lo relacionado a la restricción aplicada a aplicaciones o plataformas, el profesor asegura que no hay una ley general, ya que depende de la situación de cada país o ciudad. Para Sundararajan, no significa que los gobiernos que por algún motivo tomen estas medidas vayan en contra de la innovación, sino que en una situación específica no pudieron encontrar la regulación adecuada.

Al analizar las fortalezas que Colombia puede usar para sacar provecho de la economía digital, el académico aseguró que el país es un caso de éxito en la región en materia digital. Asegura que en temas como adopción móvil y disponibilidad de internet de alta velocidad, Colombia va más adelante que muchos otros países en la región, por lo que el siguiente paso es pensar en qué nuevos servicios se pueden generar para aprovechar estas ventajas, y cómo se fomenta el emprendimiento entre los colombianos.

Imagen: MinTIC 

Dicho anuncio generó el descontento del gremio de taxistas, quienes según informaron medios locales, han pedido a las autoridades de algunas ciudades que se implementen sanciones para los usuarios de las plataformas digitales tipo Uber.

Si bien las posibles sanciones contra los usuarios de plataformas tecnológicas no han tenido respuesta por parte de las autoridades, la presión para los conductores y las empresas de transporte que usan este tipo de plataformas sí ha aumentado, al punto que el Gobierno Nacional reiteró este miércoles su respaldo al “plan de choque contra la ilegalidad en el transporte público individual de pasajeros”.

A través de un comunicado, el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Puertos y Transporte y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (Ditra), reiteraron su apoyo a “la implementación del plan de choque que ejecutarán las autoridades locales para combatir la ilegalidad en el servicio de transporte público individual de pasajeros”.

Los planes a los que hace referencia el Ministerio en su comunicación son operativos y controles en las vías, con sanciones ante la “violación de las normas vigentes para la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros, incluyendo aquellos servicios que utilizan plataformas tecnológicas que no están habilitadas para la prestación del servicio público individual de transporte”.

Tras una reunión adelantada por el Gobierno y los representantes del gremio de taxistas, los transportadores se comprometieron a no realizar ningún cese de actividades, al igual que a mejorar la calidad del servicio que prestan.

El compromiso del Ministerio de Transporte fue el de brindar apoyo a las autoridades locales en la ejecución del plan de choque, los cuales contemplan sanciones como: suspensión de la licencia de conducción, inmovilización hasta por 40 días para vehículos de transporte individual o público, suspensión de la licencia de vehículos particulares y públicos, investigación a los propietarios de vehículos de servicio público, entre otras.

Imagen: montaje ENTER.CO

La respuesta es con un contundente sí, porque el marco normativo de tecnología de Colombia habilita el uso de plataformas electrónicas, entre ellas Uber.

Para entender el tema se debe señalar que desde el año 1999, por medio de la Ley 527, las personas puede hacer todo tipo de transacciones con el uso de mensaje de datos. Un mensaje de datos es cualquier intercambio que se haga por un medio digital: correo electrónico,redes sociales, plataformas electrónicas, aplicaciones, etc.

La Ley es clara en señalar, en su artículo 14: “En la formación del contrato, salvo acuerdo expreso entre las partes, la oferta y su aceptación podrán ser expresadas por medio de un mensaje de datos. No se negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos”.

Esto que significa que, cuando uno solicita un Uber, lo hace a través de un mensaje de datos, el cual tiene toda la validez jurídica y probatoria. La oferta de servicio y su aceptación se realizan por medios electrónicos; en este caso, toques en la aplicación móviles.

Además, la Ley 1341 de 2009 obliga al Ministerio de las TIC –entre otras cosas— a garantizar el desarrollo de contenidos y aplicaciones, pues los considera “pilares de la sociedad de la información”.

¿Es posible un bloqueo tecnológico?

Muchos se preguntan si es posible realizar un bloqueo tecnológico como el que se realizó en España. La respuesta legal es ‘no’. Sería ilegal que el Gobierno decidiera realizar un bloqueo tecnológico a alguna aplicación: la misma Ley 1341 de 2009 obliga a respetar el principio de neutralidad tecnológica, el cual se define como la libre adopción de tecnologías para usuarios. En otras palabras: no se les puede impedir a los usuarios elegir el servicio que prefieran.

No se les puede impedir a los usuarios elegir el servicio que prefieran

Además, al hacerse un bloqueo podría configurarse un delito informático, pues para hacerlo habría que interceptar la comunicación entre el usuario y la aplicación. Sobre eso, la Ley 1273 de 2009 dice que “el que, sin orden judicial previa intercepte datos informáticos en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte incurrirá en pena de prisión de treinta y seis (36) a setenta y dos (72) meses”. Esa conducta se llama ‘interceptación de datos informáticos’.

En días pasados, una fuente del Ministerio TIC le dijo a ENTER.CO que la única manera en la que podría efectuar un cierre es “en aquellos casos que por disposición legal o reglamentaria estén prohibidos”. Es decir, si un juez o una Superintendencia lo ordenan. Aun en ese caso, es poco probable que estos argumentos jurídicos no sean tenidos en cuenta a la hora de tomar una decisión de este tipo, por lo que es poco probable que ocurra. Si lo hicieran, además, violarían varias normas de comercio electrónico, así como los principios de neutralidad tecnológica.

En suma, un bloqueo tecnológico contra Uber sería una clara violación al acceso a la información, al manejo de datos y a la neutralidad tecnológica.

Dónde está el conflicto

Desde el aspecto tecnológico, Uber es 100% legal. La app entra en conflicto con las normas especiales de transporte público. La ley obliga a las compañías de taxis a cumplir con obligaciones como el pago de pólizas, prestaciones sociales, condiciones de operación o constitución legal, algo que no realiza Uber.

La solución es buscar un modelo para que Uber cumpla requisitos legales

Es por eso que la solución al conflicto es buscar un modelo donde se llegue a un acuerdo para que Uber trabaje sin problemas y que también cumpla unos requisitos legales. De hecho, esto ya está en discusión en el Congreso de Colombia.

El mejor ejemplo que pueden operar nuevos modelos es México. Allí, en 2015, se aprobó el funcionamiento de Uber siempre y cuando una parte de sus ingresos sean aportados a fondos de movilidad o impuestos, que sus conductores sean identificados y que los carros sean seguros para sus usuarios.

Lamentablemente, es difícil saber qué pasará con Uber en Colombia, ya que el Gobierno se está dejando presionar por los taxistas y se les ha olvidado que Uber tecnológicamente es legal. El debate apenas comienza.

Por Germán Realpe

Imagen: ENTER.CO

Inspirados por una decisión de un juez en España que les ordenó a los proveedores de acceso a internet un bloqueo a Uber, los taxistas llevan meses pidiendo que las ISP colombianas hagan algo parecido y les impidan a sus usuarios acceder a los servicios de la app en nuestro país. 

Este viernes nos enteramos en El Tiempo de que el Gobierno estaría tanteando una solución similar –al parecer, según el diario, para calmar a los taxistas e impedir que se vayan a paro–. Una acción de ese tipo, hasta donde sabemos, buscaría que la gente no pudiera comunicarse con los servidores de la aplicación por medio de sus conexiones a internet. Lo podría hacer de dos maneras: desconectando el DNS local de Uber –esto se hizo en España, pero es muy fácil de vulnerar– o poniendo un filtro que bloquee el acceso a esos contenidos, similar al que se usa hoy en Colombia para los contenidos que se reportan como pornografía infantil.

Pero una revisión de la reglamentación vigente deja claro que un bloqueo tecnológico a Uber es ilegal, sin importar cómo se haga. En primer lugar, la reglamentación de la neutralidad de la red en Colombia –la Resolución 3502 de 2011 de la Comisión Reguladora de Comunicaciones– prohíbe a los operadores “bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho del usuario para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio a través de Internet, sin el consentimiento expreso del usuario”. Ese, básicamente, es el principio de la neutralidad en la red: que los contenidos sean tratados igual sin importar de dónde vengan o para dónde vayan. La única excepción que admite la Ley colombiana es cuando se trata de sitios reportados como pornografía infantil, como ya mencionamos.

Por ese mismo camino va la crítica de Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones. “Cualquier medida de bloqueo tecnológico contra aplicación alguna constituye un atentado contra la libertad de uso de internet, contemplada en normas de la República relacionadas con la neutralidad de la red promulgadas por el mismo Gobierno”, le dijo a El Tiempo.

Un bloqueo a Uber violaría la neutralidad en la red

A juicio del abogado Germán Realpe Delgado, experto en derecho informático, un eventual bloqueo a Uber “va en contra de la neutralidad tecnológica [la libertad que tienen los usuarios y prestadores de usar las tecnologías y servicios que prefieran] y seria ilegal”. Realpe le dijo a ENTER.CO que “el Gobierno tiene que garantizar la neutralidad tecnologica y el libre acceso a los contenidos y servicios para el usuario”, y una decisión en ese sentido iría en contra de esa obligación, que está consagrada en la Ley 1341 de 2009 [PDF], conocida como la Ley TIC.

Además, según el abogado, “para hacer el bloqueo tendrían que interceptar datos de los usuarios, y la única forma legal de hacerlo es por medio de una orden judicial”.

Actualización: Una fuente del Ministerio de las TIC dijo a ENTER.CO que ese despacho no tiene autoridad para cerrar aplicaciones, y que la única manera en la que podría efectuar un cierre es “en aquellos casos que por disposición legal o reglamentaria estén prohibidos”, como consta en el artículo 97 de la Resolución 3066 de 2011 de la CRC. Es decir, en los casos en los que alguna Superintendencia o Juez de la República den la orden.

Imagen: Montaje ENTER.CO.

Según el diario, la medida “zanjaría las exigencias del gremio taxista bogotano”, y aplacaría un supuesto paro programado para el 29 de julio.  Los taxistas ya habían perdido una tutela en la que solicitaban una medida similar.

En una comunicación enviada a medios, Uber Colombia manifestó que “no sólo sacrifica la libre competencia, sino que condena la innovación tecnológica en el país a un futuro de incertidumbre jurídica. De bloquear cualquier aplicación de internet el MinTIC atentaría contra el libre uso de la red y el futuro del emprendimiento tecnológico en Colombia”.

Las opciones tecnológicas para bloquear la app ya han sido usadas en otros lugares. En España, un juez le otorgó una medida cautelar a un gremio de taxistas para que los operadores intentaran impedir el acceso a Uber de sus usuarios, por medio de un cambio del DNS, el servicio que direcciona el tráfico de internet.

Esas medidas, sin embargo, son fáciles de vulnerar. Basta cambiar la DNS de tu conexión a internet, un proceso que requiere cierta configuración pero no toma mucho tiempo. Aquí hay una guía sencilla para hacerlo en todos los sistemas operativos móviles.

Uber está siendo investigada por la Superintendencia de Puertos y Transporte para averiguar si su operación viola normas de tránsito. La autoridad ya se ha pronunciado en primera instancia con multas a algunos particulares y empresas acusadas de infringir la normatividad, pero no ha dicho quiénes son porque se trata de una decisión preliminar. Uber le dijo a ENTER.CO que no ha sido sancionada.

Imagen: Uber (vía Facebook)