De acuerdo con Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, la gran mayoría de gremios y representantes de las empresas en Colombia parecen estar de acuerdo con mantener dicha cifra. Esto significa que, como ya había anticipado el presidente Gustavo Petro, el nuevo decreto que presentará el gobierno mantendrá el ajuste del 23,7%. “Nos parece una buena noticia para los trabajadores no alterar ni generar incertidumbre en el mercado laboral colombiano y el comportamiento de la economía, porque el salario ya ha venido siendo incorporado en la dinámica empresarial y en los ingresos y gastos de las familias”, aseguró  el ministro Sanguino.

¿Qué gremios están a favor y en contra del incremento al salario mínimo?

Desde que se anunció la suspensión del decreto para incrementar el salario mínimo, algunas voces salieron a defender la propuesta del gobierno. A través de diferentes medios de comunicación, Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), aseguró que la principal razón para mantener la medida está en el alto grado de complejidad que supondría para la economía revertir este cambio.

“Para muchos de los 2,4 millones de trabajadores, este ha sido un incremento muy importante que ya tienen en sus cuentas y presupuestos. Sería muy complejo retroceder en este momento”, aseguró en una entrevista para Caracol Radio. Dicho de otro modo, la razón por la que la mayoría de los gremios apoyan la decisión radica en los problemas jurídicos que supone dar un paso atrás; sin embargo, siguen culpando al gobierno por los efectos de la decisión unilateral de incrementar el salario un 23%.

Por otro lado, otras voces parecen estar todavía en contra. La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios aseguró que los efectos en las pequeñas y medianas empresas son demasiado importantes para ser ignorados.

“Nos preocupa que, de mantenerse ese incremento, se afecte a más de 11 millones de colombianos que en la informalidad ganan por debajo del salario mínimo, a más de 13 millones de informales o trabajadores por cuenta propia que no se benefician y a más de 2,1 millones de desempleados. Además, los hogares verán encarecidos sus bienes y servicios”, aseguró Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien advirtió que el incremento pone en riesgo a más de 700.000 puestos de trabajo.

¿Qué pasará ahora después de la reunión con los gremios?

El gobierno tiene hasta el 20 de febrero para presentar su nuevo decreto. El problema radica en que una de las razones por las que el Consejo de Estado suspendió el decreto del salario mínimo fue porque no estaba debidamente justificado en valores como la inflación o la tasa de productividad. Dicho de otra manera, la orden era presentar un documento que reajustara el salario a una cifra diferente.

La duda ahora es si el Consejo de Estado aceptará este nuevo decreto o si considerará que el gobierno tiene la obligación de ajustarse a los requisitos técnicos. Si este último fuera el caso, se abre la posibilidad de aplicar el último incremento con respaldo jurídico vigente. Esto implicaría que el aumento salarial sería igual al de 2025, el cual fue del 9,54%.

Imágenes: Carlos Andrés Ruiz Palacio from Pixabay

La decisión no elimina el aumento de manera definitiva, pero sí exige que el nuevo decreto cumpla estrictamente con los parámetros establecidos en la ley. El alto tribunal considera que el porcentaje adoptado debe estar soportado en criterios técnicos verificables y en la fórmula prevista para estos casos.

¿Qué está pidiendo el Consejo de Estado?

El tribunal exige que el ajuste tenga como base principal la inflación causada en 2025, medida a través del Índice de Precios al Consumidor entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de ese año. A ese dato debe sumarse la productividad oficial certificada.

Además, el nuevo decreto deberá considerar la meta de inflación proyectada, el crecimiento del PIB y la participación de los salarios en el ingreso nacional. En otras palabras, el aumento no puede definirse únicamente como una decisión política, sino que debe responder a una estructura técnica sustentada.

Bajo la fórmula tradicional —inflación más productividad— el incremento estaría alrededor del 6% o 7%. Si se toma como referencia una inflación cercana al 5,3% y una productividad de 0,9%, el resultado sería aproximadamente 6,2%.

Esto implica una diferencia significativa frente al 23,7% decretado inicialmente.

La posición del Gobierno

El presidente ha defendido el concepto de “salario vital”, argumentando que la Constitución ordena proteger el poder adquisitivo del trabajador y que el Ejecutivo tiene la facultad de fijar el aumento cuando no hay acuerdo en la mesa de concertación.

Desde el Gobierno se sostiene que el decreto expedido sí incorporó variables económicas y que responde a un criterio social. También se ha anunciado que, por respeto a la decisión judicial, el Ministerio de Trabajo convocará de inmediato una reunión de concertación para expedir el decreto transitorio solicitado.

El Ejecutivo insiste en que suspender un aumento que busca fortalecer el ingreso real puede afectar la demanda interna y, en consecuencia, el dinamismo económico.

Si se aplica estrictamente la fórmula técnica, el salario base quedaría cerca de $1.512.600, es decir, más de $238.000 por debajo del monto fijado en el decreto suspendido.

Es decir:

¿Qué muestran los cálculos?

• Con el decreto del Gobierno, el salario sube $327.405 y llega a $1.750.905.

• Si se aplica la fórmula tradicional (inflación 5,30% + productividad 0,91% = 6,21%), el aumento sería de $88.401.

El debate ahora no es solo jurídico, sino económico y político. De un lado está la interpretación constitucional que impulsa el Gobierno; del otro, la exigencia de un cálculo ajustado a los criterios legales vigentes.

La decisión definitiva del Consejo de Estado definirá si el salario mínimo de 2026 se mantiene en el nivel decretado o si se reduce a un rango cercano al 6%–7%, lo que cambiaría de forma sustancial el ingreso mensual de millones de trabajadores en el país.