El padre de una mujer que murió en los ataques en París en Noviembre está acusando a Google, Facebook y Twitter por supuestamente ayudar a que se cometieran los actos terroristas. Durante los atentados en esa ciudad murieron 130 personas.

De acuerdo con Reynaldo González, el acusante, las compañías de tecnología ‘permitieron conscientemente’ al grupo extremista ISIS difundir propaganda extremista para reclutar miembros y recolectar fondos. Las compañías aseguran que sus políticas internas están contra el contenido extremista o violento, según reportó BBC.

La demanda, presentada en una corte en California el martes 14 de junio, asegura que las compañías saben que desde hace muchos años el grupo terrorista ISIS usa sus redes sociales como herramienta para difundir sus mensajes y atraer nuevos miembros. Gracias a estas herramientas, según González, se pudieron coordinar ataques como el de París, en el que murió su hija, Nohemí González. Según el acusante, de no ser por Twitter, Facebook y YouTube (que pertenece a Google), ISIS no tuviera el gran crecimiento que ha tenido en los últimos años.

Por su parte las compañías acusadas dijeron a Associated Press que el caso no tenía suficientes fundamentos para salir adelante, y que en su defensa, citarán sus políticas de uso contra el contenido extremista en sus plataformas.

Twitter declaró que tiene varios equipos en todo el mundo que investigan constantemente reportes sobre violaciones a sus términos y actividad proterrorismo en la red social. Incluso hace unos meses se reveló que cada día se cierran cientos de cuentas que podrían estar relacionadas con grupos terroristas como ISIS.

Facebook dijo que la compañía está atenta a cualquier señal de amenazas o terrorismo en su plataforma para contactar a las autoridades. Google no comentó sobre la acción legal, pero resaltó que sus políticas de uso son estrictas para evitar que se incite a la violencia.

De acuerdo con la ley en Estados Unidos, las compañías de tecnología no son responsables del contenido que sus usuarios publican en sus redes. La Acta de 1996 de comunicaciones les da un ‘muelle seguro’ ante cualquier problema que se genere a partir de lo que publican otras personas en sus plataformas.

Sin embargo, el equipo de abogados de González dice que la demanda no es en contra del contenido publicado en las redes sociales, sino contra la permisividad de las compañías.

Imagen: Mstyslav Chernov (vía Wikipedia). 

Además de la actual disputa en Estados Unidos de Apple con el FBI por desbloquear un iPhone que pertenecía a un terrorista, ahora la cuestión del cifrado de datos tiene otro frente de batalla.

Luego de los recientes ataques terroristas en Europa, como los atentados en Bruselas, y la emergencia en París en noviembre del año pasado, los gobiernos de la Unión Europea han comenzado una cruzada para que las leyes permitan que las autoridades de seguridad tengan más acceso a la información personal de los dispositivos móviles, según lo reportó The New York Times.

Los gigantes de la tecnología como Apple, Google y Facebook insisten en que, si se debilitan las tecnologías de cifrado para tener acceso a la información de las personas, se crearían ‘puertas traseras’ que podrían ser mal usadas por las entidades públicas, y hasta les servirían a las agencias de inteligencia de países enemigos.

Los recientes ataques terroristas han impulsado a los europeos a considerar esta clase de medidas. Sin embargo, aún hay países que se ponen del lado de la privacidad. En el viejo continente, Alemania y Holanda se han manifestado en contra de las nuevas leyes sobre el cifrado de datos que Gran Bretaña y Francia quieren implementar.

Estos dos últimos países han presentado nuevas propuestas que le darían a las agencias de inteligencia nuevos poderes para obligar a empresas como Apple, Google y Facebook a entregar información que esté cifrada.

En Gran Bretaña, el Parlamento está planeando una nueva ley que obligaría a las compañías tecnológicas a quebrantar las protecciones de cifrados de los smartphones y computadores ‘en nombre de la ‘seguridad nacional’.

Además, este martes los congresistas franceses comenzarán los debates sobre una posible restructuración de la actual legislación antiterrorismo. Estas nuevas leyes les darían más poder a los servicios de inteligencia para acceder a la información personal de los ciudadanos.

Según informó a principios de este mes The Verge, este nuevo proyecto de ley busca sancionar a las empresas tecnológicas que no cooperen con las investigaciones nacionales. El gobierno podría condenar a los ejecutivos de las empresas de tecnología hasta cinco años de prisión y a pagar multas de 390.000 dólares, si se niegan a cooperar con las investigaciones del gobierno.

Frente a estas posibles leyes, Apple ya se manifestó. Según The New York Times, Tim Cook se reunió con un grupo de políticos europeos para hacer lobby frente a la posible legislación contra las tecnologías de cifrado de datos. En esa reunión estuvieron el Primer Ministro de Francia, Manuel Valls, y la Secretaria del Interior de Gran Bretaña, Theresa May.

Además, Apple también les brindó a los gobiernos información no cifrada para mostrar su intención de colaborar. Dentro de esa información estaban algunos datos de llamadas y coordenadas GPS que servirían para actuales investigaciones sobre terroristas. 

Mientras tanto, en Estados Unidos la disputa sobre el iPhone de San Bernardino tomó un rumbo inesperado la semana pasada cuando el FBI anunció que había encontrado quien le ayudara a desbloquear el celular, sin necesidad de la ayuda de Apple. Si el FBI logra hacer esto sin requerir de Apple, entonces el proceso legal acabaría.

Pero seguiría existiendo un vacío en la legislación nacional sobre el cifrado de datos, lo que causaría un nuevo proceso contra Apple cada vez que alguna autoridad requiera desbloquear un iPhone. Es por eso que la empresa ha insistido en que espera que este asunto se resuelva por medio de una legislación actualizada sobre el cifrado de datos y el poder de las entidades de seguridad.

Aunque aún no se sabe con certeza que pasará en esta batalla, es muy probable que lo que se decida en Estados Unidos pueda influir en el rumbo de las nuevas propuestas de ley contra el cifrado de datos que ya están en los congresos europeos.

Imagen: ymgerman (vía Shutterstock).