La decisión se da tras la firma del Decreto 0150, mediante el cual la Presidencia declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en parte del territorio nacional. La norma faculta al Ejecutivo para adoptar medidas legales urgentes que permitan recuperar y mantener la prestación del servicio público de telecomunicaciones, afectado por el frente frío.

La mesa estará integrada por MinTIC, Claro, Tigo, Movistar, ETB y el gremio Asomóvil. Su función será evaluar en terreno el estado de las redes, priorizar municipios críticos y coordinar acciones para restablecer la comunicación en las zonas más aisladas. Santa Cruz de Lorica y Tierralta figuran entre los puntos con mayores afectaciones, por lo que allí podría concentrarse inicialmente el trabajo técnico.

La ministra TIC, Carina Murcia, señaló que la conectividad cumple un papel decisivo en medio de la tragedia. Más allá de garantizar llamadas o acceso a internet, permite coordinar rescates, ubicar personas desaparecidas, articular albergues y canalizar ayudas humanitarias. Desde el Gobierno se insiste en que mantener activas las redes puede marcar la diferencia en situaciones de riesgo.

Reorganización de infraestructura y apoyo a instituciones educativas

El Decreto 0150 autoriza medidas como el otorgamiento de subsidios, así como el despliegue o reubicación ágil de infraestructura de telecomunicaciones. En la práctica, esto significa que antenas, equipos o capacidades técnicas podrán trasladarse hacia los municipios con mayores daños para asegurar cobertura mínima mientras se estabiliza la situación climática.

La mesa técnica también realizará seguimiento constante al comportamiento de las redes y analizará la necesidad de dotación tecnológica en instituciones educativas afectadas. La intención es que, aun en medio de la emergencia, se mantenga algún nivel de conectividad que facilite la comunicación institucional y el acceso a información oficial.

Te puede interesar: Análisis | Cambios de directivos tras la fusión Tigo–Movistar: ¿qué señales envían estos movimientos sobre el futuro de sus empleados?

El rol de MinTIC será el de articulador y coordinador. La cartera liderará la evaluación técnica, canalizará decisiones regulatorias que se requieran y facilitará la cooperación entre operadores para optimizar recursos. Además, hará seguimiento a los compromisos adoptados mientras se mantenga la declaratoria de emergencia.

Desde Asomóvil, su presidente Samuel Hoyos aseguró que los operadores ya trabajan en la priorización de sitios estratégicos y están listos para reforzar labores donde sea necesario. La coordinación público-privada busca evitar interrupciones prolongadas que compliquen la atención humanitaria.

Más allá de la contingencia inmediata, la iniciativa pretende dejar capacidades instaladas en territorios vulnerables. El frente frío evidenció la fragilidad de algunas infraestructuras frente a fenómenos climáticos extremos. Con esta intervención, el Gobierno y el sector buscan fortalecer la resiliencia digital de la región y reducir el impacto de futuras emergencias.

Esta banda ha sido, desde su anuncio, muy apetecida por los operadores porque requiere de una menor inversión en infraestructura para llevar cobertura de servicios móviles, en especial para la red 4G.

La subasta del espectro de 700 MHz se debería aplazar: Asomóvil

En su comunicado, Asomóvil, que reúne a los tres operadores de telefonía móvil mayoritarios en Colombia, se refirió a las recomendaciones de la Superintendencia de industria y comercio (SIC) frente a las condiciones de la subasta.

La primera tiene que ver con la solicitud de no dejar ninguna duda en el proceso de convocatoria y términos de la subasta, pues esto fomentará la transparencia del proceso y sirve a que este se desarrolle de manera competitiva, ágil y dinámica.

Además, la SIC recomienda que se debería efectuar una nueva revisión sobre el procedimiento de subasta, con el fin de concederle la mayor claridad posible.

Por otra parte, afirma Asomóvil, “en un proceso de tal magnitud y estando a menos de 27 días del inicio del nuevo Gobierno, no es oportuno definir de manera apresurada y sin claridad, las condiciones de la subasta, dejándole un hecho cumplido a la entrante administración, que además debe asumir las consecuencias”.

Otras de las razones incluyen solicitudes adicionales hechas por el sector de telecomunicaciones como la flexibilización para acceso a terminales 4G, regulador convergente y la ampliación del pazo de uso del espectro. Esta última, por ejemplo, incluyó la propuesta de ampliación a 20 años el plazo máximo para el otorgamiento de permiso para el uso del espectro electromagnético. Sin embargo, ninguna de estas propuestas prosperó.

Sin respuestas

Por el momento no se conoce cuál será la respuesta del Gobierno en este sentido. Eso sí, esta semana se publicó el aviso de convocatoria para asignación del espectro. En cuanto al comunicado de Asomóvil, el Ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, esta subasta se ha aplazado en múltiples ocasiones. La más reciente tuvo que ver con todo el proceso electoral que vivió el país.

Imagen: pondpony (vía iStock).

Actualizado: incluye información de donaciones para usuarios de TigoUne y ETB. 

Mocoa, capital del departamento del Putumayo, vive uno de los peores momentos de su historia por cuenta de una avalancha que ha cobrado más de 250 vidas.

Desde la mañana del sábado, luego de que se conociera la magnitud de la tragedia ocurrida en este municipio, miles de colombianos se han dado a la tarea de entregar ayudas en especie para mitigar parte de las necesidades que puedan tener los damnificados. 

Una de las opciones para apoyar a los ciudadanos de Mocoa es hacer donaciones económicas a través de mensajes de texto en el operador de telefonía móvil Claro. A continuación te explicamos cómo puedes donar:

Usuarios Claro: Los usuarios pospago de Claro pueden hacer sus donaciones enviando un mensaje de texto con la palabra ‘SÍ’ al número 87889. El valor de la donación por cada mensaje es de 5.000 pesos, recursos que serán entregados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Claro explicó que “el monto total de los  aportes se  verá reflejado en la factura y los mensajes enviados no generan ningún costo adicional”.

Envía SI desde tu Postpago al 87889 y donaremos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – NGRD #TodosPorMocoa pic.twitter.com/QVfrT1zIa2

— ClaroColombiaOficial (@ClaroColombia) April 2, 2017

Usuarios ETB: Los clientes de la ETB que quieran hacer donaciones deben escribir la palabra MOCOA al código 7123 (sin numeral ni asterisco). Por cada SMS o mensaje de texto enviado serán donados 5 mil pesos que serán descontados en la próxima factura.

Usuarios Tigo: Los usuarios de TigoUne deben enviar un mensaje de texto con la palabra MOCOA al 37317. Cada mensaje enviado equivale a una donación de 5.000 pesos que será enviada a Antioquia Presente.

Adicionalmente, los tres principales operadores móviles del país (Claro, Movistar y Tigo) anunciaron durante el fin de semana que todos sus usuarios en modalidad prepago recibieron recargas de 10.000 pesos para que tuvieran la posibilidad de comunicarse tras la tragedia. Por su parte, la ETB hizo una recarga de 60 minutos y 200 megas para navegar para sus usuarios en Mocoa.

Consultamos con el operador  Movistar frente a las alternativas de las que disponen para hacer donaciones. Cuando recibamos una respuesta la incluiremos en esta nota.

Asomóvil, agremiación de la que hacen parte Claro, Movistar y TigoUne, reiteró a través de redes sociales que los servicios de comunicaciones móviles están garantizados en la zona afectada por el desastre.

Imágenes: withbeautiful (vía Flickr)

Se acerca la hora de empezar a pagar más impuestos en los planes de telefonía e internet móvil, solo dos de los servicios de telecomunicaciones que subieron de precio con la reforma tributaria.

Si bien es claro que los planes de internet y telefonía móvil van a subir de precio por cuenta de los nuevos impuestos, muchos usuarios tenemos preguntas relacionadas con la forma en la que dichos cargos se van a hacer mensualmente en nuestras facturas. Incluso, parece no haber claridad frente a la forma en la que se van a cobrar gravámenes como el impuesto al consumo en los planes de datos en prepago cuyo valor supere los $45.000. 

El escenario es el siguiente: a partir de febrero los planes de datos que superen los $45.000 serán gravados con un 4% de impuesto al consumo (adicional al 3% que subió el IVA, que se empezó a cobrar desde enero de este año y que también aplica para planes de voz).

Muchos de los planes pospago de telefonía e internet con los que contamos los usuarios vienen empaquetados, esto significa que en la factura no se suele discriminar qué parte de nuestra mensualidad corresponde a datos y qué parte a voz. Ya que de ahora en adelante cada servicio va a tener impuestos que varían dependiendo del valor y tipo de servicio, lo más lógico es que en las facturas los operadores empiecen a incluir el precio del plan de datos separado del de voz, para así mostrar de forma específica cuánto paga cada usuario por cuenta de impuestos.

¿Tenemos claro cuánto nos cobra nuestro operador por cada servicio?

Si bien esto suena como un procedimiento simple, requiere que los operadores modifiquen sus sistemas de facturación para cerca de 12 millones de usuarios. Consultamos con algunos operadores de telefonía móvil para saber cómo implementarán estos cobros segmentados, pero parecen estar tan enredados con el tema como nosotros. En definitiva, no sabemos cómo nos mostrarán cuánto vamos a pagar por impuestos cada mes.

Algunas fuentes del sector que consultamos nos aseguraron que un mes “es muy poco tiempo para aplicar este tipo de cambios en las facturas de los clientes”, lo cual es una muestra “del poco conocimiento acerca del sector que tienen quienes aprobaron estos cambios tributarios”.

En planes de datos en prepago el enredo es aún mayor

El cobro del impuesto al consumo en los planes de datos aplica tanto para planes pospago como para planes prepago, siempre y cuando el valor del plan o la recarga supere los $45.000. En la modalidad pospago el cálculo es elemental, si mi plan de datos supera dicho monto, voy a tener que pagar un 4% más cada mes.

Sin embargo, el cobro de este impuesto para quienes cuentan con una línea prepago es más complejo. Lo lógico sería que quien compre un paquete de navegación que sobrepase los $45.000 tenga que pagar impuesto al consumo. Pero, ¿qué pasa si -por ejemplo- durante el mes compro dos planes de datos de $30.000 cada uno? ¿me cobran el impuesto al consumo sobre los $15.000 que superan el límite mensual? ¿le puedo hacer ‘conejo’ al impuesto comprando planes mensuales de $44.000?

Otra vez, al consultar con algunos operadores de telefonía sobre estos temas pudimos ver que ni siquiera para ellos es claro cómo se va a hacer el cobro. Desde Asomóvil (gremio del que hacen parte Claro, Movistar y TigoUne) nos aseguraron que trabajan en dar respuesta a algunas de nuestras preguntas. Imaginamos que luego de consultar este artículo surgirán nuevas dudas por parte de ustedes, nuestros lectores, por lo que los invitamos a dejarlas en los comentarios.

Imágenes: Véronique Debord-Lazaro, Dave Dugdale (vía Flickr)

No es contrabando, ni mucho menos: normalmente los compramos en una tienda en línea estadounidense o china, y los importamos a través de una empresa de correos seria y legal (incluso de propiedad del Estado, algunas veces), que pasa los equipos por la aduana y nos cobra muy puntualmente los impuestos en la factura.
Esto no es nada ilegal. Simplemente es libre mercado. Es una mejor forma de adquirir un equipo, bien sea porque en Colombia no se consigue, o porque el ahorro puede llegar a ser sustancial.

“Es el mercado gris”, dicen los operadores con desdén. Y las razones por las que lo detestan son obvias: los usuarios astutos les quitan las ganancias que vienen del sobreprecio de los celulares, sobre todo en la gama alta, que es donde están los márgenes.

Ese sobreprecio no solo viene de los impuestos. También de las tácticas de negociación de los operadores, que tienen la escala suficiente para pagar lo que quieran y la voluntad de ganarse cualquier centavo extra que se puedan obtener.

Por eso huele muy mal que en un paquete de medidas que, se supone, son para combatir el robo de celulares, se prohíba esta práctica. El Decreto 2025 de 2015 dice que “no se permitirá la importación teléfonos móviles inteligentes o teléfonos móviles celulares, o partes, bajo la modalidad tráfico postal y envíos urgentes”. Esta medida forma parte de la nueva ofensiva contra el robo de celulares que develó el Gobierno Nacional hace unos meses. La medida entrará en vigencia el 1 de diciembre.

Un problema que no es problema

Pero, ¿qué tiene que ver la importación de celulares por correo con el robo de celulares? Le pregunté al Gobierno sobre el tema. La respuesta fue que “el correo y los envíos urgentes eran dos de los mecanismos que utilizan con mayor frecuencia las estructuras criminales para movilizar los equipos robados”.

Eso tiene sentido a la hora de sacar los equipos robados en el país a otros mercados, pero, ¿por qué prohibir la importación? Un funcionario del Ministerio de Comercio nos dijo que esa prohibición tiene que ver con “la imposibilidad de registrar dichos equipos previo a que se surta el proceso de nacionalización”. Lo que busca el Gobierno es que todos los celulares que entren a Colombia sean registrados en la base de datos positiva, de modo que si alguno no lo está, sea fácil bloquearlo.

¿Esto era realmente necesario? Si alguien compra legalmente un celular en el exterior, siempre puede mostrar la factura cuando llegue el momento de registrarlo en la base de datos positiva. El problema nunca ha sido ese, sino que la bases de datos ‘blanca’ se actualizaba tan lentamente que en la práctica no servía para nada.

El envío de celulares por correo nunca ha sido un problema

El Gobierno dice que esta restricción “permitirá el bloqueo efectivo de los celulares que han sido robados o han sido manipulados para modificarles el IMEI”: hasta ahora, si alguien compra en el exterior un celular robado al que le hayan cambiado el IMEI, podría legalizarlo en Colombia.

Esto tendría sentido si los celulares no tuvieran impreso en alguna parte el IMEI con el que salieron de la fábrica. En caso de duda, que miren el equipo por dentro, que en algún lado tiene una etiqueta. De hecho, eso es lo que hacen los operadores cuando quieren verificar la identidad de un equipo.

Algo no cuadra

Mejor dicho, el Gobierno está curando una gripa con una eutanasia. Y no puedo evitar sentir que algo no cuadra: los mismos operadores fueron quienes ayudaron al Gobierno a escribir el decreto. El CEO de Asomóvil, Sergio González, me describió hace un par de meses cómo el gremio que lidera trabajó al lado del Gobierno para implementar las medidas contra el robo de celulares que anunció el presidente Juan Manuel Santos.

Le pregunté hace varios días por qué un paquete de medidas en el que hubo tanta mano de los operadores terminó beneficiándolos. No ha habido respuesta hasta ahora (actualizaré este texto tan pronto responda, si lo hace).

Huele mal que los operadores probablemente estén usando su influencia para intentar quitarse de encima un competidor (si eso no es así, que por favor nos cuenten). Huele aun peor cuando los precios de los equipos que ellos mismos fijan están tan inflados, lo que hace que traerlos del exterior se convierta en una opción muy atractiva.

Es como si nos estuvieran haciendo una encerrona: están volviendo ilegal lo único que les impide cobrarnos lo que les da la gana. Y aunque quizás estamos viendo un mico donde no lo hay, no se entiende por qué ir tan lejos para solucionar un problema que ya tenía solución.

Imagen: Aniwhite (vía Shutterstock).

La meta es reducir a la mitad la incidencia de este crimen: hoy ocurren 2.247 hurtos de celulares por cada 100.000 habitantes, y el objetivo es estar cerca de los 1.110. Aun así, Colombia quedaría detrás de países como Estados Unidos y el Reino Unido, que tienen menos de 1.000 robos por cada 100.000 habitantes.

Las medidas se tomarán en tres frentes: aumento de la lucha policial y judicial contra el robo de los celulares, ajuste de la base de datos positiva –en la que se supone que deben estar los equipos que pueden operar legalmente en Colombia–, mayor control a la entrada y salida de equipos del país. Para los usuarios, estos serán los principales cambios:

Denunciar un robo será más fácil

Si un usuario quiere denunciar el robo de su celular y asegurarse de que su IMEI está en la ‘lista negra’ y así quede inservible, debe hacer dos trámites. Por una parte, denunciar el hurto ante la Policía, y por otro lado, reportar el IMEI ante su operador. El objetivo del Gobierno es que las dos diligencias se hagan con una sola llamada, o en la misma página web de Asomóvil –el gremio de los principales operadores móviles del país–, de modo que –según las respuestas de la Presidencia de la República a un cuestionario enviado por ENTER.CO– ese “sea el único paso que debe realizar el ciudadano”. El problema surge que solo el 2% de los reportes ante la ‘lista negra’ son acompañados de una denuncia formal ante la Policía.

Sergio González, CEO de Asomóvil, nos contó que, aunque el mecanismo concreto está siendo definido por las empresas, el objetivo es “que el usuario llame a reportar su equipo y enseguida se le hagan una serie de preguntas, para que se le transmitan a la Policía y la Fiscalía para que se conviertan en una denuncia formal”.

La lista blanca se hará más fuerte

El Gobierno calcula que hoy hay 23 millones de celulares activos que no están ni bloqueados ni en la base de datos positiva. La cifra más reciente de Asomóvil (marzo de 2015) dice que en Colombia hay cerca de 51 millones de líneas celulares, por lo que se puede estimar que el 45% de los celulares activos en Colombia están ‘en el limbo’. El objetivo es reducir el tamaño de ese hueco, que es el que permite que los equipos con IMEI cambiado puedan ser usados a pesar de haber sido reportados en la base de datos negativa.

El 45% de los celulares activos en Colombia están ‘en el limbo’

Para eso, se espera que los operadores refuercen la ‘caza’ de estos celulares y logren que sus usuarios los reporten en la ‘lista blanca’. “Se está concertando con los operadores una solución intermedia que permitirá la construcción de una base positiva preliminar a partir de un diagnóstico de la red. Dicha base de datos deberá ser depurada en los próximos tres meses”, nos dijo la Presidencia de la República.

Esto suena un poco extraño si se tiene en cuenta que, hace apenas unos meses, los operadores eran reticentes a ampliar el alcance de estas medidas. Hoy, solo se contacta al 3% de los equipos que no están registrados en la base de datos positiva. Asomóvil le había dicho a ENTER.CO en marzo de este año que “aumentar este universo exige un procesamiento de datos demasiado alto para los sistemas de los operadores, lo cual impide que se pueda realizar un escaneo del 100% de los cambios que ocurren en el mes”.

¿Qué cambió en estos seis meses? Según González, en este momento “estamos por encima de 48 millones de equipos ya registrado. Estamos partiendo de un número mayor, entonces la situación es distinta. Sin decir que no sea compleja”. Los mecanismos concretos con los que se hará este registro aun están siendo definidos por los operadores, y según González, serán comunicados en las próximas semanas. La idea es que en febrero todos los celulares activos en Colombia estén registrados en esta lista, y los que no lo estén, sean bloqueados.

Meter y sacar celulares del país será más difícil

Como la gran mayoría de celulares robados son sacados del país, el Gobierno quiere ponerle dientes a la salida de los equipos. Ahora, exportar celulares será ilegal “salvo en casos como reciclaje y disposición final”, los cuales se verificarán con la dirección de destino. Las personas que salgan del país podrán hacerlo máximo con tres celulares y los comerciantes que tengan equipos para exportación tendrán dos meses para venderlos.

Los importadores de grandes volúmenes tendrán que registrar en la ‘lista blanca’ cada uno de los IMEI de los equipos que traigan al país. Además, quien traiga un celular del extranjero y quiera activarlo en Colombia deberá probar que es dueño del equipo, con la factura de compra o un documento similar. La Presidencia de la República nos indicó que quienes lleguen del extranjero y tengan roaming con su operador local para funcionar en el país no se verán afectados con la medida.

Imágenes: Sfio Cracho, ENTER.CO, Brian A Jackson (vía Shutterstock).

La táctica más común para conseguirlo son las llamadas bases de datos negativas. Básicamente, son listados de equipos que han sido reportados como robados. La idea es que si alguien intenta activarlos, no lo pueda hacer. Eso, en teoría, debería reducir su valor en el mercado negro, lo que disuadiría a los ladrones de meterse en ese negocio.

En la práctica, eso no es tan sencillo.

Su implementación

Colombia ha seguido al pie de la letra el libreto de las bases de datos. En 2009 los operadores comenzaron a armar la base de datos negativa, y hoy esta tiene 26,2 millones de códigos IMEI, de acuerdo con Asomóvil –el gremio de los operadores móviles en Colombia–. Cuando el usuario hace el reporte, el equipo debe quedar bloqueado en máximo 20 minutos. Según la Comisión Reguladora de Comunicaciones colombiana, los operadores están cumpliendo con su obligación al pie de la letra.

De hecho, los operadores colombianos alimentan dos ‘listas negras’. También reportan los IMEI de los equipos robados a la base de datos negativa de la GSMA –el gremio de los operadores que usan la tecnología GSM–. En ella participan 140 operadores de 44 países, según el sitio web de la organización.

Los operadores colombianos usan dos ‘listas negras’

Pero el problema siguió creciendo, y en 2012, el Gobierno decidió que también era necesaria la base de datos positiva. La idea original era que los equipos fueran listados tan pronto fueran importados al país, pero ninguna autoridad se quiso hacer cargo de esa tarea. Entonces, se decidió que debían ser los usuarios quienes registraran sus equipos.

La experiencia ha sido complicada. La mayoría de usuarios pospago financiaban sus celulares –antes del fin de las cláusulas de permanencia– con los operadores, y las empresas podían saber qué equipos eran comprados legalmente y qué usuarios los tenían en su poder. El problema es que en Colombia, según cifras del Ministerio TIC, solo el 20% de las líneas activas son pospago, lo que significa que el 80% de ellas no están atadas a un equipo.

(Como nota al pie: por ahí va uno de los argumentos de quienes se opusieron al fin de las cláusulas de permanencia. Al eliminar los subsidios, desaparece el incentivo para que los celulares sean comprados a los operadores, y eso no solo aumenta la demanda por equipos robados, sino también hace más difícil mantener el registro de los usuarios y los equipos).

Por eso, hoy los operadores tienen que pedirles a cerca de 600.000 usuarios cada mes que registren sus equipos. La mayoría lo hace, pero este proceso –como veremos más adelante en este especial– camufla un gran problema.

El laberinto internacional

Si la idea es evitar que en Colombia sea buen negocio robar celulares, no sirve de mucho que la base de datos local funcione bien. Cuando el mercado colombiano se llenó de equipos que no podían ser activados, los criminales comenzaron a exportarlos a países vecinos, como Venezuela, Ecuador o Perú. Allí pueden ser activados como si fueran nuevos, y vendidos, en promedio, a 400.000 pesos (cerca de 160 dólares) por unidad, según cifras de la Policía.

Las fronteras de Colombia son puntos de tráfico de productos ilegales desde hace décadas. Por allí se mueve el mercado de cocaína, por lo que camuflar uno que otro cargamento de celulares –o de cualquier otra cosa que deba pasar por debajo del radar– es cosa de rutina. Ya del otro lado, la demanda por equipos baratos hace el resto del trabajo.

El nuevo objetivo del gobierno colombiano es, entonces, cortarles ese chorro a los criminales. La mejor forma de hacerlo es lograr que en esos países las bases de datos funcionen tan bien como en Colombia, y además bloqueen los equipos que son hurtados aquí. El problema es que, para lograrlo, cada Estado debe surtir sus propios y engorrosos trámites legislativos.

La parte fácil es hacer que cada uno de esos países comparta su ‘lista negra’ con Colombia, de modo que los operadores de allá sepan qué celulares fueron robados aquí, y viceversa. Esto se ha logrado a través de convenios binacionales entre Colombia y esos países, y también por medio de la GSMA, pues la mayoría de operadores venezolanos, ecuatorianos y peruanos participan de la base de datos del organismo.

Pero, como admite Alejandro Delgado, director de la oficina internacional del Ministerio TIC, “el reto es hacer que la regulación interna de muchos países obligue a los operadores a hacer el bloqueo”. Esa es la parte difícil: aquí entran en juego las minucias burocráticas, legislativas y políticas de cada uno de los países, que son las que hacen que este proceso sea tan engorroso.

Hay avances, por supuesto. La Comunidad Andina de Naciones, de la que forman parte Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, obliga desde 2013 a sus países miembros a unirse a la base de datos de la GSMA y a bloquear los equipos reportados en ella, pero esto todavía está en implementación.

Con Ecuador “el intercambio bilateral funciona” y se han bloqueado muchos equipos. Perú ya tiene sus propias bases de datos y, según el funcionario, está en medio del proceso para bloquear los equipos robados en Colombia. Con Venezuela hay un convenio desde 2013. Allí, según el funcionario, los operadores querían comenzar a bloquear, pero la norma no se los permitía.

Una red muy porosa

La base de datos global de la GSMA pretende ser una especie de red que impida que los celulares robados sigan su curso en el mercado negro global. Pero es una red muy porosa: muchos de estos equipos se escapan entre sus múltiples aberturas.

En Latinoamérica, según cifras del gremio, hay 41 operadores conectados a la red que intercambian información sobre equipos robados y ocho más que, aunque tienen acceso, no envían sus propios reportes. Según Sebastián Cabello, director de la GSMA en Latinoamérica, estos 49 operadores funcionan en 18 países y “representan cerca del 90% de los usuarios de la región”.

No todas las empresas reportan inmediatamente los equipos robados. De ellas, 32 lo hacen todos los días, seis lo hacen varias veces a la semana y 11 tienen una frecuencia baja. Llama la atención que ningún operador de Paraguay está conectado. “Allá ha sido complicado porque hay mucho tráfico”, dice Cabello.

La base de datos de la GSMA deja muchos países por fuera

Otro problema es que la base de datos de la GSMA deja muchos países por fuera (recuerden que solo 44 participan de ella), y los casos de robo internacional son muy frecuentes. Uno entre millones, que se conoció hace poco, ocurrió cuando un periodista de Buzzfeed se dio cuenta de su iCloud le mostraba fotos de un naranjo en China. El iPhone que le robaron en un bar de Nueva York terminó en las manos de un joven de Meizhou, una ciudad en el sur de ese país. Las fotos que tomaba el nuevo dueño del teléfono aun se estaban subiendo a la nube del antiguo propietario.

En China, como cuenta Zigor Aldama, reportero del diario español El País en Shanghái, los iPhone robados en Occidente son vendidos en la calle. Allí, “los vendedores los muestran subrepticiamente a viandantes que consideran posibles compradores”.

Todo este intercambio internacional ocurre porque las bases de datos negativas siguen estando llenas de grietas: mientras que los gobiernos requieren de engorrosas gestiones diplomáticas para actuar fuera de sus fronteras, a los criminales les basta esconder unos cuantos equipos en una maleta y tomar un avión.

Imagen: Montaje ENTER.CO.

Actualmente, el país cuenta con más de 51 millones de líneas móviles. Sin embargo, las cifras más importantes tienen que ver con la adopción del internet móvil en el país. En el último trimestre, se presentó un tráfico de 91 terabytes de datos móviles, que correspondió a más de 25 millones de usuarios, que de acuerdo con información de Asomóvil, corresponden al 54% de las líneas móviles en el país. Por lo tanto, el gremio estima que el uso de smartphones y tabletas en Colombia tiene una cifra similar.

Los smartphones y las tabletas tienen una participación de más del 50% en el mercado de telefonía celular, según Asomóvil

Adicionalmente, el consumo de datos con velocidad 4G LTE ha venido en aumento en el último año, y actualmente los operadores afiliados a Asomóvil (Claro, Tigo y Movistar) cuentan con 1.304.000 usuarios de esta tecnología. Además, el número de usuarios de internet 3G aumentó en más del 50% en el mismo periodo de tiempo, mientras que los usuarios de datos 2G disminuyeron en cerca de 31,3%. En unos años, el gremio espera que el número de abonados 3G comience a decrecer, algo difícil en el actual panorama del país, donde durante este año veremos una nueva subasta del espectro que aumentar las redes 3G en municipios apartados.

Los precios bajos estimulan la demanda

Además, de acuerdo con Asomóvil, durante 2014 las tarifas de telefonía móvil se redujeron en un 8,4%, mientras que las de internet móvil lo hicieron en un 18,7%.  El promedio de las tarifas de voz móvil pasó de 74 pesos por minuto en el primer trimestre a 68 pesos por minuto en el último trimestre del año. Adicionalmente, el promedio del valor por GB pasó de 30.144 pesos en el primer trimestre a 24.515 en el cuatro trimestre de 2014.

Así las cosas, la reducción en el precio de los servicios ofrecidos por las operadoras de telefonía móvil podría haber estimulado la demanda de los mismos. Adicionalmente, debido a un crecimiento en la oferta de equipos de gama media y baja con conectividad 4G LTE, sumado a la ya existente oferta de equipos 3G en estas gamas, podría también influir en el aumento de la demanda de los servicios, especialmente el de datos.

El panorama para el país es alentador en cuanto a los servicios de comunicación móvil. De acuerdo con el informe de Asomóvil, el precio promedio por minuto de llamadas de voz móvil en Colombia (3,7 centavos de dólar) se encuentra por debajo del promedio de Latinoamérica (3,8 centavos de dólar) y por debajo del promedio global (5 centavos de dólar). En este informe, no se conoció la comparación de Colombia con respecto a los planes de datos, pero debido a la reducción de las tarifas durante 2014, es probable que el país también se encuentre bien posicionado en este campo.

Imagen: Nata-Lia (vía Shutterstock).

Los planes pospago de datos, según el gremio, tienen 4,8 millones de suscriptores, lo que representó un crecimiento de 6,5% con respecto al trimestre anterior. Los planes por demanda, que agrupan los prepago y los que se usan sin que haya un contrato entre operador y usuario para el servicio de datos, tienen 18,9 millones de usuarios, un 8,6% más que el anterior período.

Consecuentemente, la cantidad de datos que se movieron por las redes móviles creció un 58,3% de un año al otro.

Los SMS cayeron a la mitad en un año

En total, las tres empresas asociadas a Asomóvil (Claro, Movistar y Tigo) tienen 50,5 millones de usuarios en el trimestre. La cifra aumentó un 6,9% en el último año. Eso quiere decir que en Colombia hay 1,095 líneas celulares por habitante, una cifra por encima del promedio de los países en desarrollo, que tienen una penetración de 9,02 líneas por habitante.

Tal vez la cifra más reveladora sobre la magnitud del crecimiento del internet móvil en Colombia es la caída de los mensajes de texto.  Los colombianos, según Asomóvil, enviaron 50% menos mensajes de texto que en el año anterior, lo que se tradujo en una caída de los ingresos de los operadores por ese rubro de un 13,9%.

La industria goza de buena salud

En comparación con el año pasado, los operadores agremiados con Asomóvil  crecieron en ingresos un 14,7%, un ritmo muy superior al total de la economía colombiana: el PIB ha aumentado 4,3% en el mismo período.

Además, según Asomóvil, los precios tanto de voz como de datos bajaron. El precio promedio del minuto celular pasó de $72 en Q3 2013 a $68 a Q3 2014, y el MB de datos promedio pasó de $26.715 a $25.268.

Con estas cifras, Asomóvil quiere reclamar crédito ante el Gobierno en su éxito a la hora de conectar el país a Internet. “Debe reconocerse el importante aporte de las empresas afiliadas a Asomóvil al logro de las metas fijadas en el Plan Vive Digital, y por ende a la transición del país hacia una economía digital”, asegura Sergio González, CEO de la agremiación.

La Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el Proyecto de Ley 306 de 2013, que busca eliminar las cláusulas de permanencia impuestas por los operadores a los usuarios que compran teléfonos celulares de alta gama. Como sabemos que al tratarse de un tema legislativo llega a despertar varias preguntas, en ENTER.CO queremos explicar bien qué es lo que pasa con todo esto de las cláusulas de permanencia y las implicaciones que esto trae para los usuarios de telefonía celular. 

¿Qué son las cláusulas de permanencia?

Desde 2007 la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones aprobó una resolución en la que definió la cláusula de permanencia mínima que pueden imponer a los clientes los proveedores de telefonía móvil, internet y televisión por cable o satelital. Tal y como lo dice el texto jurídico, una cláusula de permanencia es un pacto que se establece en un contrato con el que el suscriptor se obliga a no terminar anticipadamente y sin justa causa su contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones. En caso de no cumplir con esta cláusula, el usuario tendrá que pagar una suma de dinero al operador de acuerdo a lo que hayan pactado.

¿Qué busca el proyecto de ley?

De un tiempo para acá los operadores móviles empezaron a imponer con mayor fuerza esta norma, haciendo que los usuarios de telefonía móvil pudieran adquirir teléfonos de alta gama a precios más bajos a cambio de firmar cláusulas de permanencia de hasta dos años.

Ante las repetidas quejas de varios usuarios de telefonía celular en el país por esta situación, el Representante a la Cámara David Barguil presentó un proyecto de ley que busca eliminar las cláusulas de permanencia. La iniciativa también busca regular los contratos a los que se ven obligados los usuarios cuando compran nuevos equipos móviles. El proyecto aplica para los servicios de telefonía móvil y fija, internet y televisión.

Para Barguil, este tipo de acuerdos posibilitan atropellos contra los usuarios, como la mala calidad en la prestación del servicio de telefonía móvil. Esa, dice, “es apenas la punta del iceberg de una serie de irregularidades que vienen cometiendo los operadores, no sólo en materia de telefonía sino también en la prestación de servicios de televisión, internet y telefonía fija”.

Además, Barguil asegura que con la eliminación de esta figura se incentivará la competencia en el sector, permitiendo a los operadores atraer a los usuarios con mejores ofertas y servicios. 

¿Qué pasa si el proyecto es aprobado?

Hoy, si el usuario no quiere estar obligado a someterse a una cláusula de permanencia, debe comprar un equipo a precio completo o disponer de uno para activarlo con el servicio. El problema es que se firma un mismo contrato por dos cosas diferentes: la cláusula aplica para el servicio de telecomunicaciones, pero que lo que la genera es la compra a plazos de un equipo.

Si el proyecto de ley es aprobado, quedarán prohibidas las cláusulas de permanencia mínima en los contratos de telefonía móvil, más aun cuando no se generan cuando el usuario contrata un servicio de telecomunicaciones, como el plan de datos o de minutos; sino con la adquisición de los dispositivos móviles, es decir, con la compra del celular, tableta o módem.

Con esto, los usuarios que firmen un contrato con los operadores estarán en la libertad de cancelar cualquier servicio empaquetado (telefonía fija, internet y televisión) sin recibir ningún tipo de sanción por parte de la empresa. La iniciativa también exige que los contratos de conexión sean independientes de los contratos de compraventa de equipos celulares u otros dispositivos requeridos para el uso del servicio, como por ejemplo los módem inalámbricos.

Por ahora, como lo establece el texto, los efectos de la iniciativa no aplicarán para los usuarios que tengan una cláusula de permanencia en el momento en que sea aprobada, pues el proyecto asegura que la Ley entrará a regir a partir de su promulgación.

¿Qué dicen los operadores?

Es evidente que este tipo de iniciativas iba a despertar polémica entre los operadores móviles. Por eso, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia (Asomovil) –a la cuál están afiliados los tres operadores que cuentan con redes en el país– asegura que es probable que la eliminación de este esquema de financiación de equipos a través de las cláusulas de permanencia aumente considerablemente el precio de los celulares.

“Esto puede implicar que en el mediano y largo plazo, el costo de todos los teléfonos nuevos, en su gran mayoría los equipos denominados de ‘alta gama’, deban ser asumidos en su totalidad por el usuario, y por lo tanto la probabilidad de la adquisición a terminales móviles de mejor tecnología disminuirá”, indicó Asomovil en un comunicado de prensa.

Así mismo, la organización asegura que esta iniciativa pondrá potenciales obstáculos al buen ritmo de crecimiento y expansión de la masificación en el uso de internet móvil en el país, y que el aumento en el precio de estos teléfonos puede incentivar el aumento en el hurto de celulares, lo cual podría llevar mayores problemas.

Ante este hecho, el representante Barguil asegura que la eliminación de esta figura no ocasionaría un aumento en el costo de los equipos móviles, porque estos ya están sobrevalorados. “Con los precios tan exagerados que nos cobran en Colombia, no vemos hacia dónde pueda tender un alza en los precios […] El mismo poder de mercado de estas compañías les permite vender equipos de gama alta, en prepago, con un sobrecosto de más del 30% frente al precio de reconocidas vitrinas online que existen en todo el mundo”, indicó Barguil.

¿En qué estado se encuentra el proyecto?

Hace unos días la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto en segundo debate, con lo que ya concluyó el debate en ese cuerpo legislativo. A partir de ese momento, el representante Barguil pidió al Senado dar celeridad al trámite de la iniciativa, que ahora tendrá que pasar a consideración del Senado en la próxima legislatura, que arranca el 20 de julio.

Actualmente en el Senado avanza otro proyecto con las mismas características, que también pretende que los usuarios de telefonía móvil no sean presionados con las cláusulas de permanencia. David Barguil asegura que el ambiente está dado para que las dos iniciativas sean aprobadas. Si el Senado la aprueba, entonces pasará a sanción presidencial para que sea Ley de la República.