La Ley Sinde o Ley de Economía Sostenible, que se empezó a proponer en 2009 y entró en vigor el 6 de marzo de 2011 tras numerosas protestas de los usuarios de Internet, podría no celebrar su primer cumpleaños. La máxima autoridad judicial de España, el Tribunal Supremo, aceptó estudiar un recurso de la Asociación de Internautas de España contra la medida.

La Ley Sinde no fue reglamentada rápidamente y debió seguir un largo proceso después de que entraba en vigor, hasta que en enero pasado el Partido Popular le dio el impulso en el ente legislativo. Por ello, en marzo de 2012 entraría a funcionar la comisión encargada de ‘tumbar’ los sitios web que violaran los derechos de autor, y ya se ha filtrado la lista con los primeros 122 sitios que serían castigados.

Ahora, con la decisión del Tribunal Supremo, esto podría cambiar. En 10 días se decidirá si la Ley Sinde es suspendida provisionalmente mientras se toma una medida de fondo, como pide la Asociación en la demanda. Ese podría ser el primer paso para su caída definitiva.

La impugnación afirma que la nueva regulación hace que la Comisión de Propiedad Intelectual lleve a cabo funciones que solo deberían ejercer los jueces (esta comisión es el organismo que determinaría si un sitio infringe los derechos de autor). Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas, le dijo a El País de España que se trataría de una situación “inadmisible en democracia”.

Además, dice la asociación, la ley crea “una notable inseguridad jurídica que pone en peligro los derechos fundamentales de los ciudadanos” a la “libertad de expresión y la libertad de información”. La demanda, según afirman, “ha recibido la adhesión de miles de internautas”.

Cabe recordar que en un evento llevado a cabo el año pasado en Campus Party Bogotá 2011, la abogada Carolina Botero afirmó que una de las principales razones por las cuales la Ley Lleras (el equivalente colombiano de la Ley Sinde) era inconveniente era, básicamente, esa misma: les daba a los proveedores de Internet funciones que deberían ser exclusivas de los jueces.

¿Qué sigue, entonces, para la Ley Sinde? Una vez aceptada la demanda, el abogado del Estado debe dar una opinión legal antes de 10 días sobre la petición de la Asociación de Internautas de frenar la aplicación de la ley, para que luego el Tribunal Supremo decida qué hacer. Así que, muy pronto, los internautas podrían obtener una nueva victoria, como la que lograron en Estados Unidos al lograr la retirada de la Ley SOPA.