En un listado de 14 países de América Latina, Colombia se posiciona como el país con el internet que más se acerca a ser asequible para los usuarios. El resultado fue revelado por la Alianza para una Internet Asequible (A4AI), entidad que examina las políticas públicas y los marcos regulatorios que les permiten a los países contar con un acceso económico y universal a la banda ancha.

De acuerdo con A4AI, un país tiene un internet asequible cuando cumple la regla ‘1 por 2’, que consiste en que 1 GB de datos móviles prepagados equivalen al 2% o menos de los ingresos mensuales medios de las personas. Actualmente, en América Latina y el Caribe, 1 GB de datos le cuesta a un ciudadano del común un 3,7% de sus ingresos mensuales.

Aun así, Colombia lidera la tabla del Índice de Impulsores de Asequibilidad (ADI) con 72,87 sobre 100 puntos, seguido por México, Perú, Costa Rica y Ecuador en el ‘Top 5’. El país con menor puntuación es Haití con 14,12 de calificación.

El estudio también resaltó que la región tiene uno de los niveles de desigualdad de ingresos más altos del mundo. En promedio, en los 14 países del estudio, 1 GB de navegación solo es asequible para el 40% de la población con ingresos más altos. En el caso de Perú, 1 GB de datos solo es asequible para el 20% de la población que cuenta con mayores ingresos.

Los resultados de la tabla fueron obtenidos teniendo en cuenta el cumplimiento de cinco políticas para banda ancha, espectro, uso compartido de la infraestructura, entre otras. Estas son:

Política y reglamentos

En el rango de asequibilidad claramente intervienen la calificación aportada por las cinco políticas del estudio. La primera consiste en las políticas y los reglamentos para la competencia, que representa una independencia regulatoria, la toma de decisiones transparentes y basadas en evidencias, además de regímenes de licencias simplificados.

En este caso sobresale México, país que creó un regulador independiente para la industria desde hace tres años. Esto impulsó el incremento de la competencia en el mercado, la transparencia y la apertura en los procesos relacionados con la toma de decisiones reglamentarias. Quienes no salieron bien librados fueron Ecuador y República Dominicana, ya que no tienen reguladores independientes. Igualmente, el marco jurídico y regulatorio de Haití necesita una reforma.

Política de internet banda ancha

En la política de banda ancha, los países deben contar con objetivos claros y estrategias para reducir costos y aumentar el acceso. En este punto la mayoría de los países tienen planes de banda ancha que cumplen la norma. Diez de los 14 países cuentan con un plan de banda ancha. Perú y Costa Rica han introducido cambios en sus planes de banda ancha hace dos años, en parte para ampliar los servicios de banda ancha a las poblaciones sin conexión. Pero Bolivia, República Dominicana, Haití y Nicaragua no cuentan con un plan de banda ancha o no han sido aprobados.

Política de acceso al público

La tercera es políticas de acceso público, más uso de fondos de acceso y servicio universal. Aquí los programas de acceso público y los fondos de acceso y servicio universal (USAF) son usados para ampliar la infraestructura de acceso, apoyar el desarrollo de contenidos locales y aumentar las competencias digitales.

Los dos países que sobresalen son Costa Rica y Chile. En el caso de Costa Rica, se han usado los USAF para financiar el acceso al servicio en poblaciones indígenas y rurales, mientras que en Chile se autorizó el uso de una nueva banda espectral para servicios comerciales en 2016, siempre y cuando los operadores ofrezcan acceso gratuito a poblaciones específicas. En un panorama no tan positivo se encuentra Nicaragua, ya que no son claras las inversiones que se han realizado. Y en Brasil están subutilizados y con fondos sin invertir a la fecha.

Uso compartido de infraestructura

Esta política establece que el gobierno debe fomentar y facilitar activamente el uso compartido de los recursos entre operadores. Perú es el país que lo logró en 2015, lo que le ha permitido realizar contratos de manera abierta para el uso compartido de la infraestructura. Por su parte, un estudio en República Dominicana ya reveló las observaciones pertinentes para mejorar el uso compartido de la infraestructura, las cuales deben ser tenidas en cuenta lo más pronto posible.

En el caso de Nicaragua, el acceso a los derechos de paso públicos no han sido manejados de forma correcta. Jamaica cuenta con un marco regulatorio ineficaz por falta de claridad en las normas a la hora de aplicarse. Por ello el gobierno inició una consulta para la creación de un nuevo marco regulatorio.

Política del espectro

Finalmente, en esta política los países deben contar con un plan detallado para la liberación oportuna de suficiente espectro para satisfacer la demanda. En esta última, Colombia es el país que acaparó la atención. De acuerdo con el documento, “Colombia ha demostrado su voluntad de promover la transparencia y la competencia en los mercados del espectro y ha realizado esfuerzos significativos para asignar el espectro de manera justa”. En la otra cara de la moneda se encuentran Ecuador y Argentina. Allí los gobiernos se han comprometido a garantizar la disponibilidad del espectro, pero su planificación no es clara.

No obstante, el estudio concluyó que los 14 países latinoamericanos y del Caribe en la lista tienen una puntuación superior a la media global.

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