El concepto de salario vital, vigente en la Constitución de 1991 pero que no se había implementado en 34 años, busca garantizar un nivel de vida digno para los trabajadores y sus familias, reconociendo que la remuneración mínima no solo debe cubrir necesidades individuales, sino también las del núcleo familiar. Petro explicó que esta medida contempla los principios de igualdad de oportunidades, estabilidad laboral, irrenunciabilidad de beneficios y seguridad social, todos previstos en el artículo 53 de la Carta Magna.

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Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un salario vital debe incluir componentes esenciales como alimentación suficiente y nutritiva, vivienda digna y servicios públicos, acceso a salud y educación, transporte y otros gastos cotidianos. En este marco, el salario deja de ser únicamente una variable económica y se convierte en una herramienta de justicia social, destinada a mejorar las condiciones de vida de los hogares trabajadores y a garantizar acceso efectivo a bienes y servicios fundamentales.

El presidente Petro enfatizó que el nuevo salario vital no afectará negativamente a las empresas ni al empleo, como algunos críticos han advertido. “Estas medidas buscan reducir la pobreza, aumentar el empleo y dinamizar la economía.

Si la población tiene mayor poder adquisitivo, la demanda se incrementa, las empresas venden más y necesitan más trabajadores”, señaló. Según el mandatario, el aumento real de 18,7 % supera lo logrado en los últimos tres años de gobierno y es un esfuerzo por democratizar la riqueza, alejándose de la concentración en grupos privilegiados.

El impacto sobre los trabajadores será significativo. Para quienes reciben el salario mínimo, el incremento garantiza un mejor acceso a bienes y servicios básicos, mayor estabilidad económica y capacidad de planificación familiar. Además, al integrar el auxilio de transporte dentro del salario vital, se busca reducir la presión financiera de los desplazamientos diarios, especialmente en áreas urbanas.

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Para las empresas, el gobierno ha indicado que no se trasladará el aumento salarial al consumidor a través de mayores precios. En cambio, se espera que los negocios se beneficien del aumento de la productividad y del consumo interno, generando un círculo virtuoso que fortalezca la economía y el empleo formal.

Petro concluyó que los dos millones de pesos representan “vida y dignidad” para los trabajadores y enfatizó que el salario vital es una medida histórica, que consolida un enfoque de justicia social y bienestar familiar en Colombia.

Con esta decisión, el país da un paso hacia una política laboral más equitativa, en la que el ingreso mínimo ya no solo cubre subsistencia individual, sino que busca garantizar condiciones de vida dignas para toda la familia, fortaleciendo tanto la economía como la cohesión social.