No es contrabando, ni mucho menos: normalmente los compramos en una tienda en línea estadounidense o china, y los importamos a través de una empresa de correos seria y legal (incluso de propiedad del Estado, algunas veces), que pasa los equipos por la aduana y nos cobra muy puntualmente los impuestos en la factura.
Esto no es nada ilegal. Simplemente es libre mercado. Es una mejor forma de adquirir un equipo, bien sea porque en Colombia no se consigue, o porque el ahorro puede llegar a ser sustancial.

“Es el mercado gris”, dicen los operadores con desdén. Y las razones por las que lo detestan son obvias: los usuarios astutos les quitan las ganancias que vienen del sobreprecio de los celulares, sobre todo en la gama alta, que es donde están los márgenes.

Ese sobreprecio no solo viene de los impuestos. También de las tácticas de negociación de los operadores, que tienen la escala suficiente para pagar lo que quieran y la voluntad de ganarse cualquier centavo extra que se puedan obtener.

Por eso huele muy mal que en un paquete de medidas que, se supone, son para combatir el robo de celulares, se prohíba esta práctica. El Decreto 2025 de 2015 dice que “no se permitirá la importación teléfonos móviles inteligentes o teléfonos móviles celulares, o partes, bajo la modalidad tráfico postal y envíos urgentes”. Esta medida forma parte de la nueva ofensiva contra el robo de celulares que develó el Gobierno Nacional hace unos meses. La medida entrará en vigencia el 1 de diciembre.

Un problema que no es problema

Pero, ¿qué tiene que ver la importación de celulares por correo con el robo de celulares? Le pregunté al Gobierno sobre el tema. La respuesta fue que “el correo y los envíos urgentes eran dos de los mecanismos que utilizan con mayor frecuencia las estructuras criminales para movilizar los equipos robados”.

Eso tiene sentido a la hora de sacar los equipos robados en el país a otros mercados, pero, ¿por qué prohibir la importación? Un funcionario del Ministerio de Comercio nos dijo que esa prohibición tiene que ver con “la imposibilidad de registrar dichos equipos previo a que se surta el proceso de nacionalización”. Lo que busca el Gobierno es que todos los celulares que entren a Colombia sean registrados en la base de datos positiva, de modo que si alguno no lo está, sea fácil bloquearlo.

¿Esto era realmente necesario? Si alguien compra legalmente un celular en el exterior, siempre puede mostrar la factura cuando llegue el momento de registrarlo en la base de datos positiva. El problema nunca ha sido ese, sino que la bases de datos ‘blanca’ se actualizaba tan lentamente que en la práctica no servía para nada.

El envío de celulares por correo nunca ha sido un problema

El Gobierno dice que esta restricción “permitirá el bloqueo efectivo de los celulares que han sido robados o han sido manipulados para modificarles el IMEI”: hasta ahora, si alguien compra en el exterior un celular robado al que le hayan cambiado el IMEI, podría legalizarlo en Colombia.

Esto tendría sentido si los celulares no tuvieran impreso en alguna parte el IMEI con el que salieron de la fábrica. En caso de duda, que miren el equipo por dentro, que en algún lado tiene una etiqueta. De hecho, eso es lo que hacen los operadores cuando quieren verificar la identidad de un equipo.

Algo no cuadra

Mejor dicho, el Gobierno está curando una gripa con una eutanasia. Y no puedo evitar sentir que algo no cuadra: los mismos operadores fueron quienes ayudaron al Gobierno a escribir el decreto. El CEO de Asomóvil, Sergio González, me describió hace un par de meses cómo el gremio que lidera trabajó al lado del Gobierno para implementar las medidas contra el robo de celulares que anunció el presidente Juan Manuel Santos.

Le pregunté hace varios días por qué un paquete de medidas en el que hubo tanta mano de los operadores terminó beneficiándolos. No ha habido respuesta hasta ahora (actualizaré este texto tan pronto responda, si lo hace).

Huele mal que los operadores probablemente estén usando su influencia para intentar quitarse de encima un competidor (si eso no es así, que por favor nos cuenten). Huele aun peor cuando los precios de los equipos que ellos mismos fijan están tan inflados, lo que hace que traerlos del exterior se convierta en una opción muy atractiva.

Es como si nos estuvieran haciendo una encerrona: están volviendo ilegal lo único que les impide cobrarnos lo que les da la gana. Y aunque quizás estamos viendo un mico donde no lo hay, no se entiende por qué ir tan lejos para solucionar un problema que ya tenía solución.

Imagen: Aniwhite (vía Shutterstock).

El bagaje creativo del ser humano es infinito, y hay dispositivos que permiten llevar las ideas de la mente a la realidad, como la impresora 3D. Cody Wilson, abogado de la Universidad de Texas, llevó al limite de lo impensado al hacer un arma de fuego en plástico, terminada 100% en una de esas impresoras 3D, informa Forbes.

‘The Liberator’ como fue bautizado el artefacto bélico, cuenta 16 piezas que fueron impresas en plástico ABS con una impresora 3D Stratasys, con la excepción de un solo clavo que se utiliza como percutor del proyectil.

CNET reporta que el arma está diseñada para disparar munición de pistolas estándar, y cuenta con cañones intercambiables para diferentes calibres de munición. Lo bueno o malo del caso, según sea visto, es que Cody Wilson pretende colgar un video en una página web, donde explica paso a paso como construir un arma como la que él ya fabricó desde la comodidad de la casa.

Hay otro punto clave en la fabricación de armas, y es que según explica Forbes, las leyes norteamericanas exigen que cualquier instrumento bélico sea descubierto por un detector de metales. Wilson incluyo una parte adicional de metal para ese fin y así cumplir con la exigencia normativa. Sin embargo, aquel que imprima este tipo de armas podría modificar el artefacto para no ser detectado, y es ahí cuando vienen los problemas.

Las normas globales van a tener que voltear la mirada hacia este tipo de tecnología aplicada a las armas, y empezar a cambiar para mantener la seguridad de la comunidad, y con la rapidez que suceden las cosas, podría pasar más temprano que tarde.