Los primeros reportes de los hechos en Argel, la capital de Argelia, parecen rememorar lo ocurrido en El Cairo hacia el 25 de enero: alrededor de 2.000 manifestantes se reunieron en la Plaza de la Concordia, para protestar por el régimen de Abdelaziz Bouteflika, su presidente, que lleva 12 años en el poder

La respuesta fue doble: la tradicional de la historia de la humanidad –represión policía o militar– y la que ya se empieza a convertir en ‘obligatoria’ para todo gobernante que quiera impedir la libre expresión de un pueblo: censurar Internet.

Así, las 2.000 personas que iniciaron lo que ya denominan ‘La Revolución del 12 de febrero’ debieron enfrentar la salida a las calles de alrededor de 30.000 policías que tenían la misión de disolver las manifestaciones, con un resultado de alrededor de 400 detenidos.

Un día después, ante el creciente uso de Internet por parte de los argelinos para organizarse, y ante el riesgo de que se repita la historia de Egipto, que terminó con la renuncia del presidente Hosni Mubarak tras 18 días de protestas, Internet empezó a ser censurado.

Los primeros reportes indicaban que el régimen ya había eliminado cuentas de Facebook de activistas y opositores –se desconoce si ‘hackeando’ a Facebook, o con su autorización–, y posteriormente The Telegraph  publicó una noticia titulada ‘Argelia apaga Internet y Facebook mientas la protesta crece’.

Sin embargo, durante el día la firma Renesys, que informó al mundo sobre el apagón de Internet en Egipto, señaló que aún no hay evidencia de que esto se esté repitiendo.

Según su blog corporativo, sí hay reportes de conexiones caídas a la Red, pero el país tiene una lista mucho mayor de proveedores de Internet y algunos de ellos tienen conexiones directas internacionales, por lo que bloquear totalmente el acceso como lo hizo Mubarak en Egipto sería algo mucho más difícil de lograr (y, como está visto, no dio los resultados esperados, al punto que la conexión en ese país resucitó 6 días después).

Si bien el bloqueo total de Internet en Argelia es menos factible que en Egipto, un ‘punto a favor’ del régimen es la menor penetración de la Red: mientras en Egipto, según InternetWorldStats basado en fuentes oficiales, hay 17 millones de usuarios y una penetración del 21%, en Argelia hay solo 4,7 millones de personas conectadas y una penetración del 13,6%, una de las más bajas de África del Norte.

¿Qué ocurrirá en Argelia? ¿Logrará el gobierno disuadir a los aún pocos activistas, o estos conseguirán el éxito de sus similares en Egipto? ¿Y qué países seguirán en este efecto dominó?

Actualización (2011/02/14, 12 m):

Si bien el gobierno liderado por Abdelaziz Bouterflika minimizó las protestas en Argel, y no ha suspendido sus intentos de censura en Internet, los manifestantes han logrado uno de sus objetivos principales: en próximos días se suprimirá el Estado de emergencia, que rige el país desde 1992, lo que significa que Argelia regresará al Estado de Derecho y esto se traducirá en una mayor libertad de expresión (y en consecuencia, en una Internet menos censurada).

El anuncio lo hizo el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Murad Medelci, según el cual  “hablaremos muy pronto del Estado de emergencia como algo del pasado”.

Estaremos atentos a lo que ocurra en este país, y especialmente con Internet, que a pesar de ser un medio perseguido por estos días, podría ser uno de los beneficiados de las protestas.

Entre todas las noticias que han salido de Egipto durante la última semana, quizás una de las más destacables para los fanáticos de al tecnología fue el ‘apagón’ de Internet que vive este país por cortesía del gobierno de Hosni Mubarak. Aunque parezca absurdo y contradictorio con los principios democráticos de su país, en un futuro los estadounidenses podrían conferirles los mismos poderes absolutos a sus gobernantes.

La semana pasada, un comité legislativo del Senado de Estados Unidos aprobó el proyecto de Ley S. 3480 (inglés), por medio del cual se crearía el National Center for Cybersecurity and Communications (Centro Nacional para la Ciberseguridad y las Comunicaciones, NCCC por su sigla en inglés). Esta nueva entidad quedaría bajo el mando del presidente y tendría una potestad absoluta para controlar la Red, incluyendo la posibilidad de ‘apagar’ Internet por 30 días.

A pesar de sus evidentes implicaciones negativas, la iniciativa estadounidense tiene fines muy diferentes a los que inspiraron a apagar la Red en Egipto. En teoría, el NCCC usaría sus poderes únicamente cuando haya ataques a la infraestructura informática de Estados Unidos, no para suprimir las opiniones o manifestaciones de sus ciudadanos.

Una fuente del gobierno le dijo a Wired (inglés) que el proyecto no ordena que se apague la Red del todo, sino que se limita a que se desconecte “infraestructura crítica”. Por ejemplo, desconectar la presa Hoover de la Red cuando un ciberataque sea inminente. La pregunta que se hacen grupos de libertades cívicas que han cuestionado la ley, como ACLU, es ¿por qué no apagar esos sistemas afectados si ya se sabe que viene un ataque en lugar de desmontar los sistemas críticos de la Red?

Otros, como el periodista Dan Costa, de la revista PC Magazine (inglés), resaltan las dificultades técnicas y prácticas de apagar Internet en Estados Unidos. A diferencia de Egipto, la sociedad estadounidense tiene millones de conexiones de todo tipo –privadas, públicas y secretas–, por lo cual un apagón total de Internet al estilo egipcio sería muy difícil de lograr, por no decir imposible.

Por otro lado, la economía estadounidense y su sistema financiero dependen de las transacciones instantáneas que permite la Red. Apagar Internet por 30 días puede evitar que un ciberataque afecte la vida de sus ciudadanos, pero también podría causar daños profundos e imprevisibles al país.

No obstante su peligrosidad, precisamente el alto grado de sofisticación que tiene esta sociedad la hace más vulnerable a los ataques cibernéticos. Un ataque tan sofisticado como Stuxnet –el virus creado contra plantas nucleares iraníes– que atente contra las redes del país podría poner en serios aprietos la maquinaria social y económica de la nación más poderosa del mundo y, en consecuencia, pondría en juego la seguridad del resto del planeta.

¿Cree usted que es buena idea tener este tipo de mecanismos de defensa, o le parecen más dañinos y peligrosos que beneficiosos y preventivos?

¿Quién debe tener el poder de apagar sectores de Internet? Según el reciente Índice de Seguridad de Unisys (ingés), el 61% de los estadounidenses apoya una ley que le da a Barack Obama o al presidente de turno el poder de apagar sectores de Internet como medida ante un ataque cibernético.

Los resultados del estudio muestran que el público está más consciente de los ataques del terrorismo después del gusano Stuxnet que atacó a Irán y el atentado fallido a Times Square en Nueva York.

La ley, propuesta por el senador Joseph Lieberman (inglés), le daría al gobierno la potestad para usar el ‘Kill Switch’, una herramienta que apagaría sectores de Internet sin tener en cuenta los daños generados, en caso de un ataque contra Estados Unidos.

“Una mayoría de la población estadounidense está dispuesta a otorgarle la autoridad al presidente para cortar el acceso a Internet y, de este modo, proteger tanto los bienes de Estados Unidos como a los ciudadanos, lo cual sugiere que el público está tomando la guerra cibernética muy en serio”, dice en el informe Patricia Titus, vicepresidente y directora de seguridad de Unisys.

“Nuestra encuesta muestra que el público estadounidense reconoce el peligro de un ataque cibernético y desea que el gobierno federal adopte un rol activo para extender la defensa cibernética de la nación. Dependerá de los funcionarios de todas las ramas del gobierno federal responder a esta llamada y ponerse en acción de manera moderada y bien planificada”, agrega.

La iniciativa no ha caído muy bien en el sector privado. Para poder cortar el acceso a Internet es necesario que muchas empresas privadas cedan control de sus operaciones el gobierno. Sin embargo, Joseph Lieberman ha defendido su proyecto de ley mencionado que la seguridad económica y nacional son la prioridad.