El grupo operaba en un espacio aparentemente “privado” dentro de Telegram. Sus integrantes intercambiaban material explícito, incluidas imágenes de ellos mismos u otros hombres abusando sexualmente de mujeres, además de discutir cómo acceder sexualmente a sus víctimas. Entre los temas más escalofriantes se incluían tutoriales para administrar drogas a mujeres con el fin de anular su voluntad, así como técnicas para eludir la detección de las autoridades.

El caso salió a la luz gracias a la denuncia de colectivos feministas y expertos en ciberseguridad, quienes durante meses estuvieron monitoreando estas actividades y documentando las pruebas necesarias para poner el tema en manos de las autoridades. Aunque la investigación inicial fue liderada en Portugal, las ramificaciones del grupo abarcan múltiples países, evidenciando la naturaleza transnacional del problema.

De acuerdo con la investigación, los usuarios de estos grupos confesado haber agredido sexualmente a mujeres de su círculo cercano, incluyendo familiares y parejas. Además de los consejos y los videos compartidos, se compartían enlaces de tiendas en línea que venden sedantes disfrazados de productos de belleza. Sin embargo, lo más escalofriante es que entre ellos se ofrecían a las mujeres cercanas (vecinas, hermanas, mamá) para que otros abusaran sexualmente de ellas, así como si fueran una muñeca inflable.

Telegram, conocido por sus políticas de privacidad y la posibilidad de crear grupos masivos, ha sido señalado por facilitar la formación de estos espacios peligrosos. Aunque la plataforma afirma colaborar con las autoridades para combatir actividades ilegales, también enfrenta críticas por su falta de regulación proactiva y transparencia en estos casos.

El impacto de este descubrimiento no solo pone en evidencia el uso de la tecnología como herramienta para perpetuar la violencia de género, sino que también subraya la necesidad urgente de actualizar los marcos legales para abordar estos delitos digitales. La mayoría de las leyes actuales están enfocadas en crímenes tradicionales y carecen de disposiciones específicas para enfrentar la difusión no consensuada de contenido sexual o la incitación al abuso mediante redes sociales.

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Por su parte, las autoridades han comenzado a rastrear a los responsables y a los participantes más activos del grupo, aunque el anonimato que ofrece Telegram representa un desafío significativo. Sin embargo, expertos en ciberseguridad han destacado que, aunque eliminar el grupo es un paso crucial, no resuelve el problema de fondo: la normalización de una cultura que cosifica y vulnera a las mujeres.

El caso también ha desatado una ola de indignación en las redes sociales, donde miles de usuarios han exigido justicia y han cuestionado la responsabilidad tanto de las plataformas digitales como de los sistemas judiciales. Mientras tanto, organizaciones feministas han aprovechado la ocasión para reforzar sus campañas de sensibilización y educación sobre violencia de género, insistiendo en la importancia de crear espacios seguros tanto en el mundo físico como en el digital.

Este descubrimiento no solo expone un acto repugnante de violencia sistemática, sino que también llama a la acción colectiva para enfrentar la misoginia en todas sus formas. La pregunta que queda es: ¿cómo transformaremos esta indignación en medidas concretas para garantizar que las plataformas tecnológicas sean un espacio seguro para todos y TODAS?

Imagen: Artem Labunsky

La querella, que fue presentada ante  el Tribunal de Distrito Norte de California, asegura que los acosadores han hecho un uso indebido de los AirTags. Según la demanda  estos dispositivos no solo han sido utilizados para acosar sino para cometer asesinatos

El juez, Vince Chhabria, señaló que los tres demandantes (iniciales) habían entregado suficientes pruebas  que dan cuenta de la negligencia y responsabilidad de Apple. Cabe mencionar que esta se había presentado en diciembre de 2022 y se modificó en octubre de 2023.

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En el mismo mes de la modificación se  presentaron 30 víctimas de acoso y  que usaban Apple AirTags. Estas alegaron estar aterrorizadas, pues aseguraron que esta tecnología es fácil de usar, rentable y encubierta para “determinar información de ubicación en tiempo real y rastrear a las víctimas”.

Por su parte, Apple comentó que ha reforzado las medidas de seguridad, por ejemplo, el dispositivo cuenta con nuevas funciones como emitir sonidos cuando se separa del propietario y notificaciones sobre rastreadores desconocidos. 

No obstante, la demanda señala que este tipo de funciones no han sido efectivas  y adecuadas para contrarrestar los riesgos que plantean los AirTags; y más bien es “una de las tecnologías más peligrosas y aterradoras utilizadas por los acosadores”. 

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Finalmente, Apple alegó que la compañía  no debe ser considerada culpable por el uso indebido del  dispositivo, ante esto el juez explicó que “en última instancia, Apple puede tener razón en que la ley de California no le exige hacer más para disminuir la capacidad de los acosadores de usar AirTags de manera efectiva, pero esa determinación no se puede tomar en esta etapa temprana”. 

Los documentos de la demanda muestran que Apple tiene hasta el 27 de octubre para responder a la denuncia revisada.

Imagen: Archivo ENTER.CO